Silvia Salgado Cabrera
Expediente 463/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 463/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 28/08/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Silvia Salgado Cabrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa: JOSÉ ANTONIO MOCTEZUMA REYES Y MARÍA MAGDALENA OCAMPO TINAJERO, el auto de veinticinco de agosto de dos mil quince, que en lo conducente establece: ... Cuernavaca, Morelos, veinticinco de agosto de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo, del que se advierte que se dio vista a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito con las constancias que al efecto allegaron las autoridades responsables Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, en suplencia por ausencia de las Titulares de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito, por el término de tres días para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, con relación al cumplimiento dado al fallo protector y, debidamente notificados, no desahogaron la vista contenida en el citado acuerdo. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia terminada de engrosar el nueve de diciembre de dos mil trece, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a JOSE ANTONIO MOCTEZUMA REYES Y MARIA MAGDALENA OCAMPO TINAJERO, respecto a los actos consistentes en la discusión, aprobación, expedición, sanción, promulgación y publicación de los artículos 94 bis a 94 bis 10, 119, de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos; 77, fracciones II y IV, de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos, que se reclamaron a las autoridades, Congreso del Estado de Morelos, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", del Gobierno del Estado de Morelos, así como respecto de los actos de aplicación de dichas normas, traducidos en el cobro de las cantidades de $17,124.00 (DIECISIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de derecho de registro público sobre la compraventa, y $4,165.00 (CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) , por concepto de derechos de registro público respecto contrato de apertura de crédito; así como de sus respectivos adicionales; además, $28,540.00 (VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, más el cobro de su impuesto adicional, a razón de $7,135.00 (SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); que se reclamaron de las autoridades responsables Secretario de Hacienda del Estado de Morelos y Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, así como Tesorero del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos. Por auto dictado el tres de enero de dos mil catorce, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. En acatamiento a lo anterior, la Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, en suplencia por ausencia de las Titulares de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito, por oficio acordado el diez de agosto de dos mil quince, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector; para acreditar lo anterior, exhibió copia certificada del título de crédito 0025405, el cual fue recibido la parte quejosa el veintiocho de mayo de dos mil quince, por la cantidad que hace un total de $25,493.27 (veinticinco mil cuatrocientos noventa y tres pesos 27/100 moneda nacional), por concepto de pago improcedente de derechos de inscripción de una escritura pública ante el Registro Público de la Propiedad. Documentales que fueron expedidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos a los cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Consecuentemente, al restituirle a la parte quejosa, el citado monto cobrado por la aplicación de las normas inconstitucionales en este juicio de amparo, solamente en cuanto a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, la sentencia de amparo HA QUEDADO PARCIALMENTE CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado; asimismo, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el 201 de la Ley de Amparo. Finalmente, se ordena digitalizar el presente auto y remitir vía MINTERSCJN a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al incidente de inejecución de sentencia 257/2015. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el Licenciado Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el dieciséis de junio de dos mil quince, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de julio de dos mil quince. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales conducentes, el oficio suscrito por el Delegado de las autoridades responsables Director General del Instituto de Educación Básica del estado de Morelos y Jefe del Departamento de Pagos, mediante el cual exhibe la notificación a la parte quejosa respecto el oficio 1086 de evolución del sueldo y oficio 1554 de hoja de servicios; atento a lo anterior, se tienen por presentado el oficio de cuenta, que será tomado en consideración en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado COSME ERNESTO CÁRDENAS GÓMEZ, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el dieciséis de junio de dos mil quince, ante el secretario JORGE MANUEL DÍAZ CARRANZA, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de junio de dos mil quince. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio 236/2015 suscrito por el Secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos del juicio de amparo 605/2014-II promovido por MARIA ISABEL GARCÍA MANZANO, asimismo remite testimonio de la ejecutoria emitida en sesión del doce de junio del año en curso, en el incidente de inejecución de sentencia 13/2015, a través de la cual, el Tribunal de Alzada resolvió en los siguientes términos: "ÚNICO. Se declara sin materia el presente incidente de inejecución de sentencia." En mérito de lo anterior, remítase copia autorizada del presente proveído a la Superioridad, en vía de acuse de recibo de los autos originales del juicio de amparo 605/2014-II, y testimonio de la ejecutoria dictada en el incidente de inejecución de sentencia 13/2015. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, glósese a los autos el cuaderno relativo al antecedente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de garantías y la sentencia definitiva dictada en los presentes autos. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del uno de junio del dos mil quince, que en lo conducente dice: Se tiene a la vista para resolver el juicio de amparo 463/2015-IV-B, promovido por Silvia Salgado Cabrera por su propio derecho y; RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el dos de marzo de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y remitido en esa fecha a este Juzgado en razón del turno, compareció por derecho propio Silvia Salgado Cabrera, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Director General del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, que hizo consistir en: ".IV.- La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; Acto reclamado Al Director General del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos.- la omisión de dar contestación a mi escrito de recibido en la oficina de correspondencia el fecha 2 de diciembre de 2014." SEGUNDO. La demanda se registró bajo el expediente 463/2015-IV-B, el tres de marzo de dos mil catorce, se admitió, por lo que se solicitó a la autoridad responsable el informe justificado, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Con la llegada del informe justificado, se dio vista a las partes para que se impusieran de su contenido; asimismo se requirió a la quejosa sí era su deseo señalar como autoridad responsable a la Dirección de Personal (ventanilla de jubilados) y Departamento de Pagos del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. CUARTO. Por auto de ocho de abril de dos mil quince, se tuvo por ampliada la demanda de amparo, por lo que se solicitó a la mencionada autoridad responsable el informe justificado con relación a dicha ampliación y, se señaló fecha y hora señalada para celebrar la audiencia constitucional la que se inició en términos del acta que antecede y; CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en vigor a partir del veintiséis de junio del año en curso, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; que es el lugar donde se verificó el acto de aplicación de las leyes que se reclaman. SEGUNDO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado al Director General del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y al Jefe de Pagos de la Dirección de Personal y Relaciones Laboral de dicho Instituto (en su denominación correcta), consistente en la omisión de dar contestación al escrito que presentó la parte quejosa el dos de diciembre de dos mil catorce, toda vez que no obra en autos la respuesta emitida por las responsables, ni que se haya notificado a la quejosa. Toda vez que obra en autos la copia del acuse de dicho escrito dirigido a la Directora General del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos; dicha documental amerita valor probatorio, ya que si bien es cierto que se trata de copia simple que contiene sello de recibido, también lo es que su valor probatorio queda al prudente arbitrio del suscrito juzgador, como indicio, al ser documentos que carecen de certificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tanto, debe estimarse que el hecho que se pretende probar, luego del análisis integral efectuado, queda probado, esto es, que en la fecha ahí consignada la parte quejosa presentó ante la autoridad responsable, un escrito, lo que permite al suscrito resolutor arribar a la convicción de su autenticidad, al no haber sido objetados por la responsable, es inconcuso que sí debe concedérseles valor probatorio en términos del dispositivo antes citado. Se invoca como apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 32/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 127 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Abril de dos mil, correspondiente a la Novena Época, cuyos datos se trascriben a continuación: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a este criterio jurisprudencial no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles.". Asimismo, obra en autos, copias con firma autógrafa del oficio 1086 de cinco de mayo de dos mil quince, en el que se hizo constar que Silvia Salgado Cabrera, las percepciones, deducciones y liquido en las claves presupuestales 7004E0121/170006 y 7004E0181/170684; asimismo, las razones de cinco y seis de mayo de dos mil quince, del personal adscrito al Departamento de Normatividad y Procesos de la Unidad Jurídica del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos; sin embargo, con ello no acreditaron haber dado contestación a la solicitud de la promovente, ni que se haya notificado a la quejosa del mismo. Aunado a ello, que las autoridades responsables al rendir su informe justificado y al de la ampliación de la demanda de amparo, manifestaron haber recibido el escrito de la quejosa TERCERO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. En el presente asunto, las partes no hicieron valer causales de improcedencia, ni este juzgado federal advierte que se actualice alguna de las previstas en el numeral 61 de la Ley de Amparo; por lo tanto, lo procedente es que se examine la materia de fondo de este juicio. CUARTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Así, Silvia Salgado Cabrera reclamó como acto la omisión por parte del Director General del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, de acordar la petición efectuada mediante el escrito presentado el dos de diciembre de dos mil catorce y darle a conocer el acuerdo recaído, situación que, a su juicio, trasgrede lo previsto en el artículo 8º de la Constitución Federal. Dicho argumento resulta fundado y es suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal por las siguientes consideraciones: El artículo 8 Constitucional es del tenor literal siguiente: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa... A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". De la anterior trascripción y del análisis de las constancias del juicio, se advierte claramente que las responsables incurren en una violación de la garantía consagrada en el artículo trascrito anteriormente; puesto que en la fecha referida la impetrante de amparo presentó escrito mediante el cual solicitó se le expidiera constancia o certificación de Ingresos del último salario percibido en las plazas identificadas con las claves presupuestales 110077004E012100.0170006 y 110077004 E018100.0170684 de dicho Instituto en las que además, se incluyeran todas las prestaciones que eran pagadas; asimismo solicitó, la hoja de servicios en donde constara la fecha de ingreso, cargos que desempeñó en dicho Instituto. Así, el Titular de la Unidad Jurídica y Representante legal del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, en representación del Director General de dicho Instituto, al rendir su informe justificado, manifestó que dicha solicitud debía hacerla ante la Dirección de Personal (ventanilla de Jubilados) y Departamento de pagos; sin embargo, no acreditó ante esta instancia constitucional, o bien habérselo hecho del conocimiento a la quejosa de manera fundada y motivada, el impedimento legal que hubiese tenido para dar una respuesta congruente a lo pedido en términos del artículo 8° Constitucional. En lo conducente, se invoca como la jurisprudencia 2a./J. 183/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 207 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, diciembre de dos mil seis, Novena Época, que se transcribe a continuación: "PETICIÓN. PARA RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO SOLICITADO POR UN GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE CONSIDERAR, EN PRINCIPIO, SI TIENE COMPETENCIA. Conforme a la interpretación jurisprudencial del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a toda petición de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, éste deberá responderla por escrito y en forma congruente, haciéndolo del conocimiento de aquéllos en breve plazo, sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. Ahora bien, en virtud de que las autoridades únicamente pueden resolver respecto de las cuestiones que sean de su competencia, en términos que fundada y motivadamente lo estimen conducente, la autoridad ante la que se haya instado deberá considerar, en principio, si dentro del cúmulo de facultades que le confiere el orden jurídico se encuentra la de resolver lo planteado y, de no ser así, para cumplir con el derecho de petición mediante una resolución congruente, deberá dictar y notificar un acuerdo donde precise que carece de competencia para pronunciarse sobre lo pedido." (Lo resaltado es propio). Mientras que el Jefe de Departamento de Pagos de la Dirección de Personal y relaciones Laborales del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado a la ampliación de la demanda de amparo remitió copias con firma autógrafa del oficio 1086 de cinco de mayo de dos mil quince, en el que se hizo constar que Silvia Salgado Cabrera, las percepciones, deducciones y liquido en las claves presupuestales 7004E0121/170006 y 7004E0181/170684; asimismo, remitió las razones de cinco y seis de mayo de dos mil quince, del personal adscrito al Departamento de Normatividad y Procesos de la Unidad Jurídica del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos; empero, tampoco acreditó haber dado contestación a la solicitud de la promovente, ni que se haya notificado. En este orden de ideas, conforme al artículo 8º de la Carta Magna, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud por escrito, ante lo cual aquellas están obligadas a dictar una respuesta que, con independencia del sentido, sea congruente con lo solicitado; además, se impone a la autoridad la obligación de -en breve término- dar a conocer la resolución al solicitante. En ese orden de ideas, al haber colmado la quejosa lo exigido por el artículo 8º del pacto federal (haciendo una petición por escrito, de manera pacífica y respetuosa), es claro que las responsables violan en su perjuicio la referida garantía constitucional. Se invoca como sustento a lo anterior, en lo conducente, la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 318 del Semanario Judicial de la Federación, tomo X, octubre de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, que se transcribe a continuación: "DERECHO DE PETICIÓN. QUE DEBE ENTENDERSE POR BREVE TERMINO Y CUAL ES AQUEL EN QUE LA AUTORIDAD DEBE DICTAR EL ACUERDO RESPECTIVO Y DARLO A CONOCER AL PETICIONARIO. No es verdad que sea necesario que transcurran más de cuatro meses sin dar respuesta a una petición formulada en términos del artículo 8o. constitucional para considerar transgredido dicho precepto, puesto que sobre la observancia del derecho de petición debe estarse siempre a los términos en que está concebido el citado precepto constitucional. En efecto, la respuesta a toda solicitud debe hacerse al peticionario por escrito y "en breve término", debiéndose entender por éste como aquel en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición. En consecuencia, es inexacto que los funcionarios y empleados cuenten con un término de cuatro meses para dar contestación a una solicitud.". En esta tesitura, de conformidad con el artículo 77 fracción II de la Ley de Amparo, se concede el Amparo y Protección de la Justicia Federal para que, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, las autoridades responsables-con libertad de jurisdicción- de inmediato emitan un acuerdo congruente con la petición efectuada el dos de diciembre de dos mil catorce en la que se ocupen de lo solicitado y lo notifiquen a la parte quejosa, en el domicilio que para tal efecto proporcionó. Debe precisarse que la concesión del amparo no vincula en forma alguna a la autoridad responsable para que la respuesta deba ser en determinado sentido, sino sólo a dar contestación a la petición que le formuló el quejoso, en los términos previstos por la Ley aplicable y en forma congruente, respuesta que, se reitera, deberá ser notificada a la inconforme. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La Justicia Federal ampara y protege a Silvia Salgado Cabrera, contra los actos que reclamó al Director General del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y al Jefe de Pagos de la Dirección de Personal y Relaciones Laboral de dicho Instituto, por el razonamiento expuesto y para el efecto contenido en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente. En cumplimiento al acuerdo general 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes; recabándose la constancia de captura de la misma para ser agregada a los autos y, en su oportunidad, archívese el expediente como concluido. Así lo resolvió y firma el Licenciado José Leovigildo Martínez Hidalgo, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos; hoy primero de junio de dos mil quince, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa ante Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario que da fe...
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