Silvia Teresa Azar Wabi
Expediente 1435/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1435/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Silvia Teresa Azar Wabi
Actuaciones
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, once de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos Interina del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en Mérida, Yucatán, mediante el cual remite el testimonio de la resolución pronunciada en el conflicto competencial 4/2021, de su índice, en el cual se declaró competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Armando Peón Mier y Terán, al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. Por tanto, al no existir cuestión pendiente por acordar, remítase al archivo como asunto concluido, pues en el caso, se declaró la incompetencia en el presente juicio de amparo y se ordenó la remisión de los autos originales al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, diez de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el testimonio de la resolución pronunciada por ese cuerpo colegiado al resolver el recurso de queja x, interpuesto por x, apoderado legal de la moral xx, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, contra el acuerdo de ocho de julio de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y acúsese recibo a la Superioridad. Ahora bien, en atención a que el Tribunal Colegiado declaró fundada la queja interpuesta por la citada quejosa, quien demanda el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Segundo Distrito Judicial del Estado, y Secretaria de Acuerdos de su adscripción, ambos con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, consistente en el acuerdo dictado el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, en el Juicio Ordinario Mercantil x, que desechó el recurso de apelación interpuesto contra la determinación de siete de junio del año en curso, que en ejecución de la sentencia, ordenó el requerimiento de pago de las cantidades a que fue condenada la aquí quejosa. Ahora bien, atento al contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA, por lo que hace a la Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, en virtud de que no le reviste el carácter de autoridad, ya que en la especie se actualiza la casual de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción II de la Ley de Amparo vigente. Esto es así, porque en términos del precepto 5º de la Ley de Amparo, es autoridad responsable aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, en este sentido, para que un funcionario pueda revestir tal carácter, debe reunir las características de imperio, capacidad de decisión y de ejecución de esa ley o acto que se reclama; en consecuencia, resulta evidente que no puede estimarse que tenga el carácter de autoridad responsable el Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta Ciudad del Carmen, Campeche, para los efectos de este juicio constitucional. Con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 de la Ley de Amparo vigente a la presentación de la demanda, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de lo expuesto en la demanda de amparo, este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer de la misma. En vista de lo anterior y toda vez que la suscrita juzgadora no advierte hasta este momento que se actualice algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en los numerales 108, 110, 115 y 117 de la ley de la materia en vigor. SE ADMITE a trámite la demanda de amparo, respecto de la responsable Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche. Por así solicitarlo la parte quejosa, de conformidad con los numerales 125 y 128 de la Ley de Amparo, se ordena dar trámite, por cuerda separada y duplicado, al incidente de suspensión de los actos reclamados. Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDOS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, córrase traslado con copia de la demanda a la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado. Por otra parte, con copia simple de la demanda de amparo, se requiere a la autoridad responsable para que en términos de lo establecido en los artículos 115 y 117, primer párrafo, de la Ley de Amparo rindan su informe con justificación dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, siguientes al en que reciba la notificación relativa, por escrito o en medios magnéticos acompañando copias autorizadas, legibles y completas de las constancias que tomó en consideración para emitir el acto que se le reclama, en caso de que éste sea cierto. Se apercibe a la autoridad que de no rendir su informe con justificación, o lo hace sin remitir las constancias respectivas en copias certificadas, se le aplicará una multa. También, se requiere a la autoridad para que el aludido informe sea presentado con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos OCHO DÍAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se apercibe a la autoridad responsable, que al rendir su informe justificado debe de conducirse con verdad, en la inteligencia que de no actuar con probidad, este órgano de la regularidad constitucional dará vista al Ministerio Público de la Federación, de conformidad con lo estipulado en el numeral 262 de la Ley de amparo. Con apoyo en lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes contendientes en el presente juicio constitucional, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio, lo hagan saber así a este Juzgado Federal, apercibidas que de no cumplir con esa obligación se les impondrá una multa de treinta a trescientos días de unidades de medida y actualización cuantificables al momento de la infracción, de conformidad con el artículo 26, penultimo parrafo del apartado B, del DECRETO por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo. De igual forma, se requiere a la autoridad responsable que remita al correo electrónico x, de este Juzgado Primero de Distrito, la información electrónica que tenga en relación con los actos reclamados. Se hace del conocimiento de la parte quejosa y de sus abogados autorizados, que deberán verificar el sentido en que se conducen ante esta autoridad federal, ya que la infracción a ese deber o a la presentación de testigos o documentos falsos en el juicio de amparo, obligan a los órganos del Poder Judicial de la Federación, a dar noticia de dicha irregularidad al titular de la acción penal federal, ello, en términos de lo dispuesto en el artículo 261, fracciones I y II de la Ley de Amparo. Se exhorta a todas las partes, con apoyo en el artículo 22, fracciones I y II, del multicitado acuerdo, que de estimarlo pertinente, transiten o se mantengan en el esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea; asimismo para que propongan formas especiales y expeditas de contacto para entablar comunicaciones no procesales, tales como: correo electrónico y servicios de mensajería instantánea (messenger, whatssapp, etc), tanto propios como de otros particulares que sean parte en el proceso, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. De igual forma, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las documentales exhibidas por la parte quejosa con su escrito de demanda, sin perjuicio de que se relacionen nuevamente al momento de celebrar la audiencia constitucional. Se tiene como como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Órgano Jurisdiccional, toda vez que, así lo solicita la parte quejosa. Por otra parte, como lo solicita el promovente, con fundamento en los artículos 1, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 13/2020, en relación con los enunciados normativos 6 y 16 del diverso Acuerdo General Conjunto 12/2020, se autoriza al usuario " x", para consultar el expediente en línea, toda vez que se encuentra registrado en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, se ordena realizar el trámite correspondiente a efectos de cumplir materialmente dicha autorización y a tomar las medidas conducentes, para que el expediente electrónico esté conformado con todas las constancias del expediente físico. Con fundamento en los párrafos quinto y sexto del enunciado normativo 3 de la Ley de Amparo, se ordena a la secretaría de acuerdos, que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, para lo cual se dispondrá del apoyo materia del oficial administrativo correspondiente. Lo anterior, a efecto de cumplir con la obligación impuesta por el mencionado precepto, en lo relativo a vigilancia de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema. De conformidad con los artículos 1, 9, 118 y tercero transitorio, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , difundida mediante el DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según los dispone su artículo primero transitorio, en concordancia con el ordinal 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, reglamento vigente hasta en tanto se emita la nueva norma complementaria, se hace saber a las partes que hasta antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, cuentan con el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales que aparecen en resoluciones, pruebas y demás constancias del expediente, ello en el momento de hacerse pública la misma; asimismo, en la etapa de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las Legislaturas de los Estados, todo lo anterior, sin perjuicio de lo que determine la unidad administrativa al instante en que le sea solicitada por terceros, información de este expediente. Notifíquese
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo x/2021-VI-B promovido por x; por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Se ordena la supresión de datos personales de las partes, en la publicación de esta sentencia, en términos del penúltimo considerando. Notifíquese.
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