Silvia Nunes Rocha
Expediente 369/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 369/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Silvia Nunes Rocha y Otros.
- Silvia Nunes Rocha
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, quince de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que se advierte que el término de cinco días hábiles que concede el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído dictado en el presente juicio de amparo el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, que puso fin a este expediente, transcurrió del veintiocho de abril al tres de mayo de dos mil veintitrés, con exclusión de los días veintinueve y treinta de abril así como del uno de mayo, todos del dos mil veintitrés, por ser inhábiles de conformidad con lo que establece el artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que dentro de dicho plazo se interpusiera el aludido medio de impugnación; por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al citado precepto legal, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. PLAZO DE CONSERVACIÓN. Expediente destruible en un plazo de tres años. Por otra parte, toda vez que se trata de un juicio de amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, el cual carece de relevancia documental, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente, deberá ser DESTRUIDO una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a partir de esta fecha, lo que deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes y remitir el Acta y listado de destrucción, relativa a la baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa las anotaciones en los sistemas o libros de control correspondientes, tal como lo establece el numeral 23 del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Notifíquese.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Vistos los autos se advierte, que en proveído de treinta de marzo de dos mil veintitrés, se le dio vista al promovente de amparo, a fin de que presentara a los quejosos ******************, a ratificar la demanda de amparo, en virtud de que los citados se encuentran en libertad. Toda vez que ha transcurrido el término de tres días hábiles concedido sin que se haya logrado la comparecencia de los citados quejosos. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de treinta de marzo del año en curso y con fundamento en el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo, promovida por ******************. En virtud, de lo citado en el párrafo que antecede, se deja sin efectos el apercibimiento decretado al promovente en auto de cuatro del mes y año en curso. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma Perla Fabiola Estrada Ayala, Juez Primero de Distrito en el Estado de Campeche, quien actúa asistida de José Abelardo Rodríguez Cantú, Secretario que autoriza y da fe.RIMP
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial que antecede, se advierte la imposibilidad que tuvo la actuaria adscrita para notificar personalmente a los directos quejosos, la suspensión concedida a su favor, por las razones que expone en la misma; asimismo, ténganse por recibos los oficios del Representante local adscrito al Instituto Nacional de Migración con residencia en Escárcega, Campeche, con el que rinde su informe de cumplimiento a la suspensión de plano e informa que los citados agraviados fueron puestos en libertad, en virtud de que el Instituto Nacional de Migración, les acordó la salida de la estancia migratoria de provisional B con la finalidad de que en el término de quince días naturales abandonen el territorio nacional, sin posibilidad de beneficios para tramitar una condición de estancia. Ahora bien, no es el caso hacer pronunciamiento al respecto, toda vez que mediante proveído de treinta de marzo actual, se tuvo por recibida dicha información y se acordó lo conducente. Por otra parte, agréguese a los presentes autos, el escrito signado por *******, en representación de *********; a través del cual presenta desistimiento del presente juicio de amparo. En atención a lo anterior, se reserva proveer la mencionada solicitud en sus términos, en tanto se ratifique el contenido del ocurso que se provee. En consecuencia, prevéngase al aludido promovente, para que dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del momento en que quede legalmente notificado de este proveído, presente a los directos quejoso ante este Juzgado para la práctica de dicha diligencia, o en su caso, proporcione como herramienta tecnológica, un número telefónico que contenga el soporte técnico necesario para realizar una video conferencia con los directos quejosos, la cual deberá ser certificada por el Secretario judicial adscrito a este juzgado, junto con la identificación que al efecto exhiba en tal actuación, a fin de estar en aptitud de ratificar dicho desistimiento y dar por concluido el asunto. Apercibido que en caso de no hacerlo así dentro del término señalado, se continuará con el trámite correspondiente.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Téngase por presentada la demanda de amparo promovida por ***. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción V, 15, 20 y 109 de la Ley de Amparo, téngase por presentado el citado libelo. En ese sentido, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 369/2023-II-A. Atendiendo a que el promovente atribuye la detención de los directos agraviados a la autoridad migratoria, precisando que se encuentran privados de su libertad en la estación migratoria y se infiere que se trata de actos previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo, cuya tramitación es de naturaleza urgente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125 y 126 del citado ordenamiento legal, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO de toda incomunicación o acto prohibido por el artículo 22 constitucional. En el entendido que, las autoridades responsables deben GARANTIZAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSICOLÓGICA DE LA PARTE QUEJOSA, para lo cual deberán adoptar las medidas necesarias. Además, las autoridades responsables en el informe del cumplimiento dado a la suspensión de plano deberán manifestar y, a la vez, justificar con las constancias respectivas: a) Si permitió a los directos agraviados comunicarse con algún familiar para que hicieran saber el motivo de su detención y el lugar en que se encuentran detenidos. b) Si les facilitó los medios adecuados para que designaran libremente un defensor, sin perjuicio de la obligación por parte de las autoridades responsables de nombrarles uno de oficio en el evento probable de que los peticionarios no cuenten con la asistencia de un abogado. c) Si se les ha permitido la comunicación con su defensor, en el supuesto de que ya cuenten con uno. d) Si se les ha autorizado visitas o entrevistas con sus familiares, acorde a la reglamentación del lugar de su detención. e) Si se les ha permitido la asistencia consular a la cual tienen derecho. Luego, por lo que respecta a la suspensión de plano del acto reclamado detención y privación ilegal de la libertad, se hace el siguiente pronunciamiento. Tomando en consideración que según lo manifestado por el promovente, bajo protesta de decir verdad, el acto de privación de la libertad que reclama fue emitido por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, como son las autoridades migratorias, y de autos no se advierte que se encuentren relacionados con la comisión de un delito. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD FUERA DE PROCEDIMIENTO; por tanto, el efecto de la medida cautelar debe ser para que los directos quejosos sean puestos en inmediata libertad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 164, segundo párrafo, del citado ordenamiento (con las condicionantes que se precisarán más adelante). Así es, el efecto de la suspensión de plano en este caso en específico debe consistir en dejar en libertad a los directos quejosos, por tratarse de actos prohibidos por los artículos 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo, considerando que en este momento procesal no se advierte prueba alguna relacionada con algún procedimiento administrativo incoado en contra de los accionantes. Es importante señalar, que no todos los actos privativos de la libertad son materia de la suspensión de oficio y de plano que establece el artículo 126 de la Ley de Amparo, sino sólo aquellos que se susciten fuera de procedimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de dicha ley. En el caso, como se ha expuesto, no se advierte que la detención señalada por la quejosa derive de algún procedimiento migratorio de su conocimiento o alguno de índole diversa, motivo por el cual se aborda desde esta perspectiva; pues hasta este momento no se advierte constancia alguna en la demanda de amparo de la que se aprecie algún procedimiento administrativo incoado en contra de los quejosos por parte de las autoridades responsables. Por ello, con fundamento en los artículos 15, 125, 126 y 164, de la Ley de Amparo, la suspensión de plano del acto consistente en la privación de la libertad de los quejosos fuera de procedimiento debe tener como efecto, para que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencias, y de no existir causa legal diversa que lo impida, instruyan la inmediata libertad de los quejosos ***. En concordancia con lo anterior, el artículo 126 de la Ley de Amparo, establece que procede conceder la suspensión de oficio y de plano, entre otros actos, contra la deportación, expulsión, proscripción, destierro o extradición del territorio nacional, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Federal, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. En el presente caso, debe considerarse que de los hechos narrados en la demanda de amparo, se advierte que los quejosos son de nacionalidad brasileña, que se encuentran detenidos ante la Estación Migratoria de Escárcega, del Instituto Nacional de Migración, lugar donde al parecer se encuentran privados de su libertad, con la finalidad de concretar su deportación y expulsión del país. Con base en lo anterior, es factible arribar a que el hecho generador que motivó la acción constitucional, es la situación irregular de la persona extranjera en territorio nacional, que trajo como consecuencia que se le privara de su libertad como medida de aseguramiento con motivo del procedimiento migratorio y que derivado de ello, eventualmente, se le pudiera deportar a su país de origen; actos que evidentemente se encuentran vinculados, por lo que debe observarse la continencia de la causa. En consecuencia, este órgano jurisdiccional determina que cuando una persona en calidad de migrante, solicita el amparo contra su posible deportación o repatriación y simultáneamente reclama actos restrictivos de su libertad personal, el Juez de Distrito debe resolver tales actos de modo conjunto, al resolver sobre la suspensión de plano. Por ende, en este punto corresponde discernir si es facultad del Juez Federal fijar los requisitos para que surta sus efectos la suspensión o ello está reservado a la autoridad migratoria. De la lectura de los numerales de la Ley de Migración, se puede desprender que la presentación de extranjeros es la medida dictada por la autoridad administrativa, mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno, es decir, el alojamiento durará en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. El acuerdo de presentación se emitirá en un término de veinticuatro horas, cuando el extranjero vaya a ser deportado por haber incurrido en alguna de las conductas establecidas en el artículo 144 de la Ley de Migración. Por lo que, en los casos en que una persona con calidad de inmigrante reclame el alojamiento excesivo y solicite la libertad, se debe de conceder en términos de los artículos 138, fracción I, y 164 de la Ley de Amparo, aun cuando el primero de los indicados artículos se refiera a la suspensión provisional; lo anterior, en razón de que no se puede ordenar la libertad de los quejosos, sin que se fijen medidas de eficacia y tampoco se pueden desvincular los actos privativos de la libertad del diverso consistente en la deportación de los quejosos; en consecuencia, se procede a fijar las MEDIDAS DE EFECTIVIDAD señaladas en los incisos b) y c) del artículo 102 de la Ley de Migración2, consistentes en establecer ante la autoridad responsable que sigue el procedimiento administrativo correspondiente, el domicilio o lugar en el que permanecerá, y no ausentarse del mismo sin su previa autorización, lo que implica que deberá encontrarse disponible para su apersonamiento a la estación migratoria correspondiente, cuando así sea requerido, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio respectivo y para el caso de no cumplir con lo anterior, la medida cautelar otorgada quedará sin efecto. Cabe destacar que la exclusión de la medida prevista en el inciso a) 3 del artículo en comento, consistente en la "exhibición de una garantía", obedece a la finalidad de armonizar la Ley migratoria con la Ley de Amparo, pues, en esta última la caución sólo se prevé para procedimientos penales, en términos de su numeral 168. Por su parte, respecto al inciso d) del citado numeral, esto es, la medida consistente en que la parte quejosa deba "presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana", no es proporcional para el fin perseguido con la suspensión de plano y con la finalidad de asegurar que los quejosos continúen con su trámite migratorio. En efecto, no se considera proporcional establecer como condición para la eficacia de la suspensión, presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana, toda vez que en el caso, por los antecedentes narrados, solamente se tiene noticia de que los quejosos se encuentran recluidos en la estación migratoria señalada, pero sin tener información respecto a la forma en que ingresaron al país, ni el tiempo que llevan en territorio nacional, si contaban con algún tipo de permiso que en su caso ya hubiere vencido o que tuvieran algún conocido o familiar que radicara en este país. De ahí que, al encontrarse actualmente con una restricción a su libertad personal y sin tener posibilidad de comunicarse con personas externas, se estaría exigiendo un requisito de difícil cumplimiento para los quejosos y se podría provocar el no surtimiento de efectos de la suspensión, al exigir un requisito cuya satisfacción no depende del extranjero, sino de la manifestación de voluntad de una persona ajena al proceso. Ahora bien, toda vez que del escrito de demanda se advierte que los directos quejosos se encuentran privados de su libertad en las instalaciones de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en Escárcega; por tanto, se comisiona a los actuarios de guardia adscritos a este Juzgado Federal, para que se constituya en las instalaciones de dicha Estación Migratoria, a efecto de que localice a los directos quejosos ***, y en caso de encontrarlos, les comunique esta determinación y los requiera para que en ese acto procesal o dentro del término de tres días, a que se refiere el artículo 15 de la ley de la materia, manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo promovida a su favor; apercibiéndolos que en caso de no hacerlo, o transcurrido el plazo concedido, se tendrá por no presentada la misma, quedando sin efecto las providencias aquí decretadas. Asimismo, de fe del estado físico en que se encuentran los directos quejosos, a efecto de verificar su integridad personal. Además, deberá prevenirlos que, de no señalar domicilio en esta ciudad, se les notificará por lista, incluyendo las notificaciones de tipo personal. Se faculta al actuario federal, para que en el caso de que al constituirse al lugar señalado y fuere informado de que los quejosos pueden ser notificados en uno diverso que se le proporcione, practique en dicho domicilio la notificación ordenada, debiendo asentar en cualquier caso la razón que correspondiere. Notifíquese.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · 16,452 expedientes
- Silvia Landeros Perez420/2019
- Silvia López Roca723/2018
- Silvia María Cutz Tuyub226/2015
- Silvia María Guerra y Pinto1128/2014
- Silvia María Herrera Castillo1662/2017
- Silvia Masiel Hernández Gómez464/2013
- Silvia Patricia Rebolledo Pérez529/2018
- Silvia Pérez Jiménez2115/2019
- Silvia Rosa Santini Peraza1142/2018
- Silvia Selene Sandoval Estrella1220/2017
- Silvia Teresa Azar Wabi1435/2021
- Silvia Varenka Garcia Casados1123/2023