Silvia Santoyo Pérez

Expediente 977/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
977/2017
Año
2017
Actuaciones
15
Última actuación
20/08/2018

Partes del expediente

  • Silvia Santoyo Pérez
  • Silvia Santoyo Pérez y Otros.
  • Ma. Nicolasa Pérez Barajas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de julio de la presente anualidad, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 77, último párrafo, de la ley en consulta, 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2 de la citada ley, dicha sentencia se declara firme para todos los efectos legales. En virtud de lo anterior, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, y por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es DESTRUIBLE, dado que, en la especie, se negó la suspensión provisional y definitiva solicitadas por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Por otro lado, como resulta innecesario que en autos obre el CD que remitió el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia y legajo de copias certificadas remitidas por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, se ordena enviárselos, con la atenta solicitud de acuse de recibo dentro del plazo de tres días, ya que de no hacerlo se tendrán como recibidos a entera satisfacción, sin ulterior acuerdo. Para ello, se ordena desglosar de este expediente en que se actúa la foja 71, ya que obra el CD que será remitido a la autoridad responsable que lo adjuntó a su informe de ley, en consecuencia, hágase certificación que conste dicho desglose. Por otra parte, como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y en los cuadernos incidentales. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales ni de garantía, toda vez que no se exhibieron en este asunto, ni la segunda en el incidente de suspensión. Se ordena agregar transcripción autorizada de la presente determinación a los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, únicamente para que obre como legalmente corresponda. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo V-977/2017; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cinco de octubre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Javier Santoyo Hernández, quien se ostentó representante de Silvia Santoyo Pérez y Ma. Nicolasa Pérez Barajas, promovió juicio de amparo indirecto contra las autoridades siguientes: Fiscalía de Atención Especializada a Delitos de Alto Impacto de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán; Fiscal Especializado de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán; Director de Aprehensiones de la Agencia de Investigación y Análisis de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán; Director de Investigación Criminal, Unidad de Servicios de Inteligencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán; Director de Análisis Unidad de Servicios de Inteligencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán; y, Director de Investigación y Análisis Especializada de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán. Autoridades anteriores a quienes el promovente les atribuyó los actos siguientes: orden de aprehensión, detención, localización presentación, cateo o inspección de inmueble, los cuales consideró violatorios de los derecho humanos reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las garantías otorgadas para su protección; asimismo, relató los antecedentes del caso que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turnó, correspondió su conocimiento a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, demanda de amparo que por auto de seis de octubre de dos mil diecisiete (fojas 17-20), previo a su admisión, se previno al promovente para que realizara la protesta a que alude el numeral 14 de la Ley de Amparo -protestara bajo verdad que tenía reconocido el carácter con que se ostentó-, o bien, como lo disponen los arábigos 11 y 108 de la ley en la materia -acreditara con documento idóneo el carácter con que se ostentó-; precisara cuál o cuáles eran los actos que reclamaba; informara si las quejosas directas se encontraban detenidas o en su residencia; y, exhibiera las copias necesarias de su escrito aclaratorio (fojas 17-20). Por escrito presentado el once siguiente, Javier Santoyo Hernández, quien dijo ser autorizado de las quejosas, pretendió dar cumplimiento a las prevenciones formuladas en proveído de seis anterior, y al no haberlo realizado, por auto de dieciséis posterior, se requirió nuevamente a la parte quejosa a efecto de que cumpliera con la prevención impuesta el seis de octubre de dos mil diecisiete (fojas 24-33). Luego, en acuerdo de veinticuatro del mes y año citados, al tener a las quejosas dando cumplimiento a las prevenciones formuladas en el multicitado proveído, se obtuvo un nuevo punto de prevención, esto es, se requirió a éstas para que manifestaran si era su deseo nombrar a una autoridad -Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Morelia- que no fue señalada como responsable (fojas 37-44). Después, mediante ocurso recibido en este órgano jurisdiccional el veintiséis de octubre del año inmediato anterior, las quejosas dieron cumplimiento al requerimiento citado en el epígrafe que antecede, motivo por el cual por auto de veintisiete siguiente, se desechó parcialmente la demanda de amparo y se admitió contra los actos de las autoridades siguientes: No. AUTORIDADES RESPONSABLES ACTO RECLAMADO 1 JUEZ DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL DE LA REGIÓN MORELIA. ORDEN DE CATEO VERIFICADA EL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 2 DIRECTOR DE APREHENSIONES DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. EJECUCIÓN DEL CATEO 3 DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, UNIDAD DE SERVICIOS DE INTELIGENCIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO EJECUCIÓN DEL CATEO 4 DIRECTOR DE LA ANÁLISIS UNIDAD DE SERVICIOS DE INTELIGENCIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO EJECUCIÓN DEL CATEO 5 DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISISI ESPECIALIZADA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO EJECUCIÓN DEL CATEO Además, dio la intervención legal correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien formuló pedimento, se reservó el llamamiento a juicio de terceros interesados, y señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, en auto de veinticuatro de noviembre de la anualidad inmediata anterior (fojas 82-83), con fundamento en el artículo 46, párrafo primero, fracciones II y III, así como en el párrafo sexto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común publicado el catorce de marzo de dos mil dieciséis, esta potestad federal, ordenó remitir el juicio de amparo al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta localidad, pues advirtió conocimiento previo, ya que el juicio en que se actúa, así como el diverso 945/2017, de su índice, tuvieron su origen derivado de la causa penal 548/2017, del Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia. Así, en proveído de uno de diciembre del año inmediato anterior (fojas 86-88), el órgano jurisdiccional declinado, no aceptó la competencia al establecer que este órgano jurisdiccional tuvo conocimiento previo a los actos reclamados derivados de la causa penal 548/2017, y ordenó devolver el presente sumario al juzgado declinante, circunstancia anterior, por la cual en proveído de siete de diciembre de dos mil diecisiete, se continuó con el trámite, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, se reconoció la calidad de terceros interesados a Santos Gómez Herrera, Antonia Zepeda Ambriz y Daniel Monter Altamirano agentes del Ministerio Público que acudieron a la audiencia para solicitar la orden de cateo, así como a Silvia Joaquina Salto Rangel, esposa del finado Miguel Arreola Villaseñor con el carácter de víctima indirecta. Luego, en proveídos de seis y ocho de noviembre de dos mil diecisiete, se tuvieron por no señaladas como autoridades responsables Director de Investigación y Análisis Especializada de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Director de Investigación Criminal, Unidad de Servicios de Inteligencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán y Director de Análisis Unidad de Servicios de Inteligencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado, todos con residencia en esta ciudad, en virtud a su inexistencia (fojas 61 y 66). Además, por autos de uno de marzo de dos mil dieciocho (foja 134), se requirió a las quejosas para que dentro del plazo de quince días, contados a partir de que surtiera efectos la notificación de ese proveído, indicaran si era su deseo ampliar la demanda por lo que hacía al agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Homicidios de la Fiscalía de Atención Especializada a Delitos de Alto Impacto, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Julio Cesar Estrella Cuevas, con domicilio en esta localidad, como autoridad responsable; así mismo, se le apercibió que de no hacerlo, se seguiría el juicio por las autoridades y los actos reclamados que refirió en su demanda. Del presente sumario, se desprende que en audiencia constitucional, se levantó certificación respecto a la preclusión del plazo para que las quejosas ampliaran su demanda, y se hizo efectivo el apercibimiento decretado en acuerdo de uno de marzo de dos mil dieciocho, por lo que el estudio en el presente juicio se hará únicamente por las autoridades y los actos reclamados que a continuación se citan: No. AUTORIDADES RESPONSABLES ACTO RECLAMADO 1 JUEZ DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL DE LA REGIÓN MORELIA. ORDEN DE CATEO VERIFICADA EL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 2 DIRECTOR DE APREHENSIONES DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. EJECUCIÓN DEL CATEO Finalmente, la audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer del presente juicio, de conformidad con los artículos 103 y 107, fracciones I, II, III y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en vigor a partir del cuatro de octubre de dos mil once; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 52 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, ya que los actos reclamados se atribuyen a autoridades judiciales que tienen su residencia donde esta potestad federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, procede determinar cuáles son los actos reclamados que constituyen la materia del juicio. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 40/2000, estableció la obligación del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a fin de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar el acto materia de la litis constitucional. La jurisprudencia en comento ilustra lo anterior toda vez que estatuye: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Asimismo, la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En esa virtud, de acuerdo con los criterios resaltados, así como en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, que impone la obligación de que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y en consideración al análisis integral de la demanda de amparo, se deben armonizar todos los elementos que se desprenden de la demanda de amparo y del resto de las actuaciones practicadas para descubrir cuál es la verdadera intención del quejoso, lo que resulta especialmente importante en casos como el que nos ocupa, en que, la exposición de la demanda resulta ambigua en varios aspectos. Se afirma lo anterior porque atendiendo a la literalidad del apartado IV de la demanda (foja 10), se advierte que el quejoso señaló como actos reclamados: La orden de cateo emitida el cuatro de octubre de dos mil diecisiete, en el proceso penal 548/2017. Ejecución del mandamiento de allanamiento de morada verificada el cinco de octubre de dos mil diecisiete. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Director de Aprehensiones de la Procuraduría General De Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir el informe justificado (foja 67), manifestó que no es cierto el acto reclamado, en el ámbito de su competencia, consistente en la ejecución de la orden de cateo emitida en el proceso penal 548/2017. En ese tenor, considerando que el anterior informe merece pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, segundo párrafo, toda vez que fue rendido por servidor público en ejercicio de sus funciones legales, y dado que la parte quejosa no ofreció algún medio de prueba apto e idóneo para estimar lo contrario, por ende, se sobresee en el juicio respecto del acto que se atribuye a dicha autoridad responsable, toda vez que no existe; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Determinación anterior que encuentra apoyo, acorde a lo señalado en el artículo sexto transitorio de la ley de la materia en vigor, en la jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Primera parte, página 236, que es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, por cuanto hace al acto reclamado consistente en la orden de cateo dictada el cuatro de octubre de dos mil diecisiete, no así de cinco del citado mes, como lo manifestaron las quejosas en el escrito aclaratorio de demanda de veintitrés de octubre de la referida anualidad; circunstancia que se corrobora con las constancias remitas por la responsable; valoradas conforme los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Así como, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, CONSTANCIAS SUFICIENTES PARA APOYARLO. La autoridad responsable no tiene porqué remitir necesariamente con su informe justificado el expediente original del juicio generador del acto reclamado, pues en términos del párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, al rendir su informe las autoridades deben acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo, lo que sucede cuando, de las remitidas se desprende la existencia de los actos reclamados así como la justificación de los mismos". QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, se impone analizar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que de oficio las advierta este órgano de control constitucional, por ser una cuestión oficiosa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así la Ley de Amparo en su artículo 63, fracción V, al surtirse en el proceso alguna de las hipótesis normativas descritas en el artículo 61 de la propia ley de cita, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por el más Alto Tribunal. Consecuentemente, este órgano de control constitucional, previamente estudiará las causas de improcedencia que hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 62 de la ley de la materia y en la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Apéndice de 1995, Octava época, tomo VI, página 553, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Así, en este sumario constitucional se surte la hipótesis de sobreseimiento establecida en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XII, en relación con el precepto 5, fracción I, del propio ordenamiento, toda vez que las quejosas no acreditaron la afectación a su interés jurídico. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Por su parte, el artículo 5°, fracción II, establece: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" Destacados los anteriores normativos resulta de importancia puntualizar primeramente que el juicio de amparo podrá promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado (interés jurídico) o, en su caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados (interés legítimo), el cual proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio de relatividad o particularidad de las sentencias. Cabe mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios que el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Debe entenderse que la fracción I del artículo 107 constitucional, al hacer referencia a la afectación de un derecho, se hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. El normativo de la Carta Magna aludido prescribe lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Bajo el anterior orden de ideas, es de apuntar que en tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Como se explicó en párrafos anteriores de este considerando, el interés jurídico se traduce en la existencia de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado y la posterior violación o desconocimiento del mismo, lo que configura uno de los presupuestos para promover el juicio de amparo en los términos establecidos por la ley, pues para que algún gobernado pueda estar interesado en que la justicia federal lo ampare es presupuesto indispensable que cuente con un derecho legítimo que haya sido trastocado por los actos de autoridad de que se duele. De tal afirmación se desprende que los supuestos que integran el interés jurídico son: a) La existencia de un derecho establecido en una norma jurídica (derecho objetivo). b) La titularidad de ese derecho por parte de una persona. c) La facultad de exigencia para el respeto de ese derecho, y d) La obligación correlativa a esa facultad de exigencia. Lo que significa que es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional la comprobación del interés jurídico, mismo que no puede tenerse por acreditado por el sólo hecho de haber incitado el juicio de amparo, sino que debe demostrarse que el acto reclamado lesiona a la parte quejosa en los derechos que legítimamente le sean tutelados por la ley. Es pertinente hacer notar que esta obligación procesal es independiente de la existencia del acto reclamado, pues quien promueve el juicio de garantías debe observar en todo caso previamente su interés jurídico, dicho en otras palabras, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de amparo, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite de forma fehaciente que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados y no inferirse a base de presunciones. Apoya en lo atinente el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis identificada con el número 289, localizable en la página 309 del Tomo II, Procesal Constitucional, Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Segunda Sección- Improcedencia y sobreseimiento, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, con registro 1002355, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Bajo ese contexto, se sostiene que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, toda vez que las promoventes del amparo omitieron acreditar con algún medio de prueba apto e idóneo su interés jurídico, extremo que debe demostrarse fehacientemente y no inferirse a base de presunciones. La razón de lo así afirmado estriba en que las quejosas impugnan la orden de cateo emitida en el proceso penal 548/2017, cuya ejecución tuvo lugar el cinco de agosto de dos mil diecisiete, en los inmuebles ubicados en calle Esmeralda, población de Tamanguio, municipio de Acuitzio del Canje, Michoacán, el primer bien raíz resguardado por una reja de dos hojas, con el número 90, con materiales sólidos por portón azul; el segundo, sin número, propiedad con portón de dos hojas de herrería en color negro, con letrero con la leyenda bimbo, circulado con malla ciclónica, en su interior con una construcción de materiales sólidos en obra gris, relacionada con el caso 1003201737005. Pues bien, de la revisión realizada a las constancias de autos, se desprende, como ya se estableció, que el acto reclamado de ninguna manera afecta el interés jurídico de las quejosas, pues éstas omitieron allegar al sumario medios de convicción demostrativos; aun cuando las inconformes aducen bajo el argumento toral de que la orden de cateo ejecutada el cinco de octubre de dos mil diecisiete, transgrede en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, toda vez que dichos actos afectan su domicilio particular, ubicado en la localidad de Tamanguio, perteneciente al municipio de Acuitzio del Canje, Michoacán, con código postal 58460. En efecto, lo único que se advierte de la demanda de amparo y sus aclaraciones es que se emitió una orden de cateo, la cual se ejecutó en el domicilio que dicen habitar las quejosas, sin que al efecto acreditaran que la morada en donde se ejecutó la referida orden, sea de su exclusivo dominio o la calidad en la cual la poseen, toda vez que, atento a lo expuesto, no es válido sostener la conclusión, basada en simples presunciones de que el mandamiento de allanamiento del bien raíz, ejecutada el cinco de octubre de dos mil diecisiete, en los inmuebles ubicados en calle Esmeralda, población de Tamanguio, municipio de Acuitzio del Canje, Michoacán, el primer bien raíz resguardado por una reja de dos hojas, con el número 90, con materiales sólidos por portón azul; el segundo, sin número, propiedad con portón de dos hojas de herrería en color negro, con letrero con la leyenda bimbo, circulado con malla ciclónica, en su interior con una construcción de materiales sólidos en obra gris, afecta su esfera jurídica. Es así, ya que correspondía a la parte quejosa la carga procesal de exhibir elementos de prueba aptos y suficientes para acreditar que le asiste el derecho de propiedad o posesión sobre los inmuebles de que se trata, susceptibles de ser protegidos en la vía de amparo indirecto, lo cual no aconteció. En las relatadas circunstancias, debe concluirse que quienes solicitan el amparo no demostraron con algún medio de prueba apto e idóneo su interés jurídico, razón por la cual el acto que señalan como reclamado no les ocasiona perjuicio, sin que hubieren ofrecido alguna prueba idónea para estimar lo contrario; por ende, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio respecto de los actos reclamados, consistentes en la orden de cateo emitida en el proceso penal 548/2017, con apoyo en lo dispuesto por el diverso numeral 63, fracción V, de la misma legislación. SEXTO. Actualización de diversa causal de improcedencia. Ahora, contra el acto reclamado consistente en la diligencia de cateo realizada el cinco de marzo de dos mil dieciocho, por el licenciado Julio Cesar Estrella Cuevas, agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Homicidios de la Fiscalía de Atención Especializada a Delitos de Alto Impacto, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, en el proceso penal 548/2017, mediante el cual ejecutó el cateo autorizado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 5, fracción II, y 108, fracción III de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se verán. Los artículos 5, fracción II, 61, fracción XXIII, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: . III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;". En efecto, de la interpretación armonizada de los numerales transcritos, se colige que para los efectos del juicio de amparo, el concepto de autoridad responsable converge en establecer, que es aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, siendo obligación de la parte quejosa señalar con precisión en su demanda de amparo la autoridad o autoridades responsables. Esto es, dichos preceptos permiten establecer que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan precisamente de una autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; de igual manera, en el caso de que se atribuyan a un particular, éste podrá tener ese carácter, cuando se conduce como autoridad o su equivalente, al grado de afectar derechos en los términos indicados con antelación, bajo la condición de que esas funciones como tales, estén así determinadas por una norma general, o dicho de otra manera, cuando el particular ejerza facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, y que por tanto se traducirían en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, puesto que sus funciones se encuentran determinadas por una norma general. En el tema anterior, es aplicable en lo conducente, la tesis aislada P.XXVII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, Materia Común, registro 199459, página 118, que dispone: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". Ahora, cabe recordar que el acto reclamado en este juicio consistió en la diligencia de cateo realizada el cinco de octubre de dos mil diecisiete, por el por el licenciado Julio Cesar Estrella Cuevas, agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Homicidios de la Fiscalía de Atención Especializada a Delitos de Alto Impacto, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, en el proceso penal 548/2017, mediante la cual ejecutó el cateo autorizado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia. En esa medida, el artículo 108 de la Ley de Amparo impone como obligación a la parte quejosa, de expresar en su demanda de amparo indirecto entre otras cosas, la autoridad responsable y la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; precisiones que son de la sola incumbencia de la parte quejosa para una correcta integración de la litis, no siendo dable que sea el juzgador el que realice las enmiendas correspondientes, al ser una carga procesal exclusiva de la parte quejosa. En esa tesitura, las solicitantes del amparo debieron señalar como autoridad responsable al licenciado Julio Cesar Estrella Cuevas, agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Homicidios de la Fiscalía de Atención Especializada a Delitos de Alto Impacto, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, por ser quien llevó la diligencia de cinco de octubre de dos mil diecisiete que se combate por esta vía de amparo, lo anterior, para estar en condiciones de examinar su constitucionalidad. Esto es así, porque conforme a lo dispuesto por los artículos 5, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo deberá señalarse la autoridad o autoridades responsables que ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar los actos reclamados. Por ende, si la parte promovente del juicio de amparo, a pesar de que por auto de uno de marzo de dos mil dieciocho (foja 134), se le requirió para que en el plazo de quince días, manifestara si era su deseo ampliar la demanda por lo que hacía al agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Homicidios de la Fiscalía de Atención Especializada a Delitos de Alto Impacto, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Julio Cesar Estrella Cuevas, con domicilio en esta localidad, como autoridad responsable, omitió señalarlo con tal carácter por ser quien llevó a cabo la diligencia de cinco de octubre del año inmediato anterior, no es posible examinar la constitucionalidad de ese acto, si dicho Agente del Ministerio Público no fue oído en el presente juicio, toda vez que es el único que podría controvertir eficazmente el concepto de violación por el que se combaten los supuestos vicios que adolece la diligencia correspondiente, en tanto que fue quien la practicó, por ello, conoció de manera directa los pormenores de la diligencia. En consecuencia, la falta de su señalamiento oportuno, impide pronunciarse sobre el fondo del citado acto reclamado, dado que, en las condiciones apuntadas, se llegaría al extremo de dejar sin efectos un acto, sin oír a la autoridad que participó en el origen y su ejecución; en esas condiciones, es inconcuso que se surte en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 5, fracción II, y 108, fracción III de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis número 93, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice 2000, Quinta Época, tomo VI, Común, Materia Común, registro 917627, página 73, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída". También, por semejanza jurídica, la tesis P./J. 5/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Enero de 1998, Materia Común, registro 196929, página 96, del tenor siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EN EL AMPARO QUE PROMUEVA, SON AUTORIDADES RESPONSABLES LAS QUE DICTAN, ORDENAN, EJECUTAN O TRATAN DE EJECUTAR, LOS ACTOS QUE AFECTAN EL BIEN O DERECHO DEL QUE AQUÉLLA ES TITULAR. De los artículos 4o., 11 y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, se infiere que, como regla general, para determinar qué autoridades han de ser llamadas como responsables cuando alguien demanda el amparo como persona extraña a un juicio, deben precisarse los actos autoritarios que afectan los intereses jurídicos del quejoso; y si bien no puede establecerse, a priori, con precisión, quiénes son autoridades responsables en esta clase de amparos, sí es posible, dentro de la amplia serie de situaciones susceptibles de presentarse, llegar a señalar a título ejemplificativo y como aplicación de la regla general, algunas de las hipótesis más características. Así, cuando el quejoso, como persona extraña, es titular del derecho o bien que debaten actor y demandado en un juicio, sufre el perjuicio desde que se inició el procedimiento sin haber sido emplazado, o haberse realizado el emplazamiento con vicios que le impidieron comparecer a defender sus derechos subsistiendo el perjuicio durante todo el juicio y, en su caso, en la ejecución; en esas condiciones, si todo el procedimiento le causa perjuicio, inclusive la sentencia definitiva y su ejecución (si hasta ahí se llegó), serán autoridades responsables el Juez y, en sus respectivos casos, el actuario, el tribunal de segunda instancia y los ejecutores. En otro supuesto, si los bienes o derechos de que es titular la persona extraña no son debatidos ni tocados durante el procedimiento, sino sólo por el Juez en su sentencia, ésta será el acto reclamado y el Juez la autoridad responsable. En otra aplicación de la regla general, si ni el procedimiento ni la sentencia afectan los intereses del quejoso extraño, pero sí el mandamiento de ejecución, éste y su cumplimiento serán los actos reclamados, y serán responsables el ordenador y el ejecutor. Finalmente, si los derechos del extraño no son tocados por el procedimiento ni por la sentencia, ni por el mandamiento de ejecución, sino sólo por la ejecución, ésta constituye el acto reclamado y el actuario o ejecutor será la autoridad responsable. No es obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que al momento de promover la demanda no se tenga conocimiento de todas las autoridades sino sólo de alguna de ellas, ya que el quejoso tendrá la oportunidad de realizar el señalamiento de las restantes en la ampliación de demanda, que procederá una vez que se conozca el informe justificado y, para tal efecto, si el quejoso omitiera señalar alguna o algunas de las autoridades que participaron en el procedimiento, concurriendo a la afectación de su derecho, debe atenderse a la jurisprudencia número 30/96 de la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, del mes de junio de mil novecientos noventa y seis, a fojas doscientos cincuenta y doscientos cincuenta y uno, bajo el rubro: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA". También la tesis 23, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995, Octava Época, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, registro 393979, página 16, de rubro y texto siguientes: "ACTUARIO, HIPÓTESIS EN QUE DEBE SER SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Amparo, el actuario tiene la calidad de autoridad responsable, por lo que si en el amparo indirecto, el quejoso se ostenta como extraño al juicio, y le atribuye omisiones o irregularidades respecto al emplazamiento, debe señalarse a ese funcionario como autoridad responsable, toda vez que el mismo está obligado a cumplir cabalmente con los lineamientos legales que regulan tal acto; consecuentemente es el directamente encargado de defender la legalidad de su actuación, puesto que es el que conoce los pormenores de la misma, que lleva a cabo bajo su estricta responsabilidad, ello, con independencia de que el titular del Tribunal que igualmente puede tener el carácter de autoridad responsable, cumpla con su deber de revisar de oficio el actuar de su subalterno". Asimismo, la jurisprudencia VI. 3o. J/44, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 74, Febrero de 1994, Materia(s): Común, registro 213345, página 67, del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal". Además, la jurisprudencia VI.2o. J/205, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Octubre de 1995, Materia Común, registro 208065, página 468, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal". Así las cosas, al actualizarse las causales de improcedencia invocadas, procede sobreseer en el juicio, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al respecto la tesis de jurisprudencia número 647, visible en la página 434, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". El sobreseimiento decretado, impide realizar el análisis de los conceptos de violación que se formulen en la demanda de amparo, pues el sentido del fallo no sólo obliga a ello, sino que veda la posibilidad de realizarlo, ya que de lo contrario tal proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo, atento al criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis de jurisprudencia número II.3o. J/58, consultable en la página 57, tomo 70, octubre de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". Por otro lado, cabe precisar que el análisis de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, no constituye una denegación de justicia. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para que exista un recurso efectivo, debe ser idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y establecer lo conducente para remediarlo; pero en el derecho interno existen condiciones que deben observarse para garantizarlos, como criterios de admisibilidad del recurso o relativos al estudio de fondo del mismo, porque por seguridad jurídica, es dable establecerlos para una correcta y funcional administración de justicia y consecuente protección de derechos; sin que ello implique una violación al derecho de acceso a un recurso judicial efectivo. Lo anterior es acorde, con la tesis 1a. CCLXXV/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XV, diciembre de 2012, tomo 1, visible en la página 525, del tenor: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". Por tanto, el incumplimiento de las condiciones necesarias para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, no constituye, en sí mismo, una denegación de justicia, máxime que permitir el acceso en todo momento al juicio de amparo, generaría inseguridad jurídica en detrimento del propio derecho fundamental de acceso a la justicia. Por otra parte, resulta importante destacar, que el suscrito no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita mediante pedimento 353/2017, pues atento a lo dispuesto por los artículos 108, 115 y 117, de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. Ello, en virtud de que dada la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 42, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, del tomo VI, parte SCJN, página 27, que dice: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS. El juez de Distrito está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo." Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes; regístrese esta sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) agregándose al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Silvia Santoyo Pérez y Ma. Nicolasa Pérez Barajas, contra los que reclamó a las autoridades señaladas como responsables en los considerandos tercero, quinto y sexto de la presente resolución, por los motivos expuesto en éstos.

  3. Principal

    Visto el estado de autos de los que se advierte que el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa en auto de uno de marzo de dos mil dieciocho para que amplíe la demanda de amparo, transcurre del doce de marzo al seis de abril del año en curso. Por tanto, para dar margen a lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se DIFIERE la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las diez horas con cuarenta minutos del veintisiete de abril de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte, la participación de una autoridad diversa a las que fueron señaladas como responsables en la ejecución de la orden e cateo emitida el cuatro de octubre de dos mil diecisiete, por el Juez de Control y Enjuiciamiento dentro de la causa penal 548/2017 (fojas 82, 86 a 88 del tomo de pruebas), por tanto, con base en el artículo 111 fracción II de la Ley de Amparo, requiérase al promovente del amparo para que en el plazo de quince días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, indique si desea ampliar su demanda y señalar como responsable al agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Homicidios de la Fiscalía de Atención Especializada a Delitos de Alto Impacto, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Julio Cesar Estrella Cuevas, encargado de ejecutar la orden de cateo, en la inteligencia de que dicha ampliación deberá colmar los requisitos del numeral 108 de la ley en la materia; bajo apercibimiento que de no hacerlo, únicamente se tendrán con tal carácter a las señaladas en su demanda de amparo. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 115, de la Ley de Amparo en vigor, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, fijándose en su lugar, las diez horas con cuarenta minutos del tres de abril de dos mil dieciocho, para su verificativo, fecha que se fija atendiendo a que medie el tiempo necesario para que el quejoso cumpla con lo requerido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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