Silvia Lorena Alvarado Peña
Expediente 1027/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1027/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 31/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Silvia Lorena Alvarado Peña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zamora, Michoacán, con el cual se le tiene acusando recibo del diverso 10495/2018, a través del que se le notificó el proveído de dieciocho de mayo del año en curso y se devolvieron las constancias que allegó al juicio en que se actúa para justificar su informe de ley; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo II-111/2017, promovido por Ramón González Baltierra, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido, junto con los cuadernos incidentales relativos. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional. Y por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del juicio en que se actúa, de igual forma es DESTRUIBLE dado que en la especie se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada por el quejoso. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Dado que del sumario se aprecia que la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Maravatío, Michoacán, allegó las constancias de las que deriva el acto reclamado, en razón de que este juicio de amparo ha concluido, siendo innecesaria su retención, se ordena su devolución, con la atenta solicitud del acuse de su recibo, dentro del plazo de tres días, ya que de no hacerlo se tendrán por recibidas a entera satisfacción. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de veintidós de marzo de la anualidad que cursa, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zamora, Michoacán; mismo que fue notificado a las partes el veintitrés siguiente y dos de abril pasado (fojas 161, 162 y 165). En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Al respecto, debe decirse que por sentencia terminada de engrosar el quince de febrero de dos mil dieciocho (fojas 128 a 139), por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en apoyo de este Juzgado de Distrito, se concedió la protección constitucional a la quejosa Silvia Lorena Alvarado Peña, para los efectos que se reproducen: "[.] que el tribunal responsable deje insubsistente el acuerdo reclamado, así como el proveído que le antecede de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, solamente en la parte relativa en el monto de la multa, en otro que emita, de manera fundada y motivada con sustento en el artículo 925, fracción I, determine la cantidad que corresponde derivado de su actitud contumaz". Esto es, en la sentencia de amparo la Juez auxiliar determinó que el auto reclamado de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, así como el diverso de dieciocho de septiembre de esa anualidad, emitidos en el juicio oral familiar 1229/2017, por el juez responsable, en los cuales, respectivamente, apercibió e impuso una multa de treinta unidades de medida y actualización a la quejosa, carecieron de fundamentación y motivación, pues omitió exponer los motivos, razones y circunstancias por las cuales lo llevaron a ello. Sentencia que causó ejecutoria el doce de marzo pasado y en el propio acuerdo se requirió su cumplimiento (fojas 154-155). Ahora bien, en acatamiento a la sentencia de amparo, el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zamora, Michoacán, mediante oficio 987/2018 (foja 157), allegó copia del auto de veintiuno de marzo de la anualidad en curso, emitido en el juicio especial oral familiar 1229/2017, en el cual, realizó lo siguiente: Dejó insubsistente el auto reclamado de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, así como el proveído que le antecedía de dieciocho de septiembre de esa anualidad, únicamente en la parte relativa al monto de la multa. Luego, emitió otro con fundamento en el artículo 925, fracción I, del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, en el que de manera fundada y motivada, determinó la cantidad que correspondería aplicar a la quejosa en caso de persistir la actitud contumaz, esto es: Apercibió a la demandada con sustento en el numeral y fracción citados con antelación, para el caso de no presentar al menor, le sería impuesta una multa de veinticinco días de salario mínimo general vigente. Lo anterior, obedecía al interés superior del infante, así como el derecho que tenía de opinar en relación a la petición que formuló el padre de éste -establecimiento de manera provisional de horarios de convivencia-. Además, consideró la actitud rebelde de la quejosa de no presentar a su menor hijo, lo que también, fue con la finalidad de obligarla -incluso en su desobediencia- a cumplir con una determinación judicial, toda vez que no presentó al infante en la fecha señalada por primera vez -cinco de septiembre de dos mil diecisiete-. Finalmente, tal determinación se emitía acorde al arábigo 17 constitucional, que facultó al juzgador mediante la aplicación de medios de apremio para realizar sus determinaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en el que consideró, además, la experiencia, la lógica y el buen sentido para aplicar el medio más eficaz para compeler a la contumaz a presentar al menor. Ahora, del examen de la documental citada con antelación, la que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tiene pleno valor probatorio, y de la confrontación que se realiza entre lo determinado por la Juez auxiliar y lo resuelto por la autoridad responsable, se advierte que se encuentran satisfechos los efectos de la ejecutoria de amparo, de la manera siguiente: El primer aspecto que debía cumplirse era dejar insubsistente el acuerdo reclamado -veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, así como el auto que le antecedía de dieciocho de septiembre de ese año-, solamente en la parte relativa al monto de la multa, lo cual realizó atento a que de la constancia que integra el presente asunto -proveído de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho-, dejó sin efectos tales autos, dictados en el juicio especial oral familiar 1229/2017, pero únicamente en la parte relativa al monto de la multa. En segundo lugar, dictar otro en el cual de manera fundada y motivada con sustento en el numeral 925, fracción I, del Código Familiar del Estado, determinara la cantidad que correspondería aplicar a la quejosa, derivada de su actitud contumaz. Lo anterior se acató conforme a lo siguiente: El veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, en el juicio oral familiar 1229/2017, dictó un auto con fundamento en el artículo 925, fracción I, del Código Familiar del Estado, así como con el numeral 17 constitucional, en el cual apercibió a la quejosa con aplicarle un medio de apremio consistente en una multa de veinticinco días de salario mínimo general vigente, en caso de que no presentara al menor, a fin de que éste opinara respecto al establecimiento de horarios de convivencia formulados por su progenitor, es decir, expuso los motivos, razones y circunstancias particulares que mediaron para fijar dicho monto, derivado de su actitud rebelde. En consecuencia, es evidente que la autoridad responsable llevó a cabo los actos correspondientes, para el acatamiento de la ejecutoria de amparo; por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por lo contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que la responsable acató lo establecido en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, dejó insubsistente el proveído de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, así como el auto que le antecedía de dieciocho de septiembre de ese año, dictados en el juicio oral familiar 1229/2017, solamente en la parte relativa al monto de la multa. Luego, en su lugar, emitió otro en el que determinó la cantidad que impondría a la quejosa en caso de no presentar al menor, lo que realizó de manera fundada y motivada, pues sustentó su determinación en el artículo 925, fracción I, del Código Familiar del Estado, así como en el numeral 17 constitucional, en el que expresó los motivos, razones y circunstancias para compeler su actitud contumaz. Lo cual muestra que, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso en el cumplimiento, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo. Porque su actuar fue, dejar insubsistente un acuerdo, así como el que le antecedía, solamente en la parte relativa al monto de una multa, dictar otro de manera fundado y motivado con sustento en una fracción relativa a un numeral, determinando la cantidad que correspondería aplicar a la solicitante del amparo derivado de su actitud rebelde dentro de un juicio oral familiar. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, a la valoración de éste, así como lo relativo a los cuadernos incidentales, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTÍFICA A LA PARTE QUEJOSA: SILVIA LORENA ALVARADO PEÑA. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de veintidós de marzo de la anualidad que cursa, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zamora, Michoacán; mismo que fue notificado a las partes el veintitrés siguiente y dos de abril pasado (fojas 161, 162 y 165). En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO Al respecto, debe decirse que por sentencia terminada de engrosar el quince de febrero de dos mil dieciocho (fojas 128 a 139), por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en apoyo de este Juzgado de Distrito, se concedió la protección constitucional a la quejosa Silvia Lorena Alvarado Peña, para los efectos que se reproducen: que el tribunal responsable deje insubsistente el acuerdo reclamado, así como el proveído que le antecede de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, solamente en la parte relativa en el monto de la multa, en otro que emita, de manera fundada y motivada con sustento en el artículo 925, fracción I, determine la cantidad que corresponde derivado de su actitud contumaz". Esto es, en la sentencia de amparo la Juez auxiliar determinó que el auto reclamado de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, así como el diverso de dieciocho de septiembre de esa anualidad, emitidos en el juicio oral familiar 1229/2017, por el juez responsable, en los cuales, respectivamente, apercibió e impuso una multa de treinta unidades de medida y actualización a la quejosa, carecieron de fundamentación y motivación, pues omitió exponer los motivos, razones y circunstancias por las cuales lo llevaron a ello. Sentencia que causó ejecutoria el doce de marzo pasado y en el propio acuerdo se requirió su cumplimiento (fojas 154-155). Ahora bien, en acatamiento a la sentencia de amparo, el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zamora, Michoacán, mediante oficio 987/2018 (foja 157), allegó copia del auto de veintiuno de marzo de la anualidad en curso, emitido en el juicio especial oral familiar 1229/2017, en el cual, realizó lo siguiente: Dejó insubsistente el auto reclamado de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, así como el proveído que le antecedía de dieciocho de septiembre de esa anualidad, únicamente en la parte relativa al monto de la multa. Luego, emitió otro con fundamento en el artículo 925, fracción I, del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, en el que de manera fundada y motivada, determinó la cantidad que correspondería aplicar a la quejosa en caso de persistir la actitud contumaz, esto es: Apercibió a la demandada con sustento en el numeral y fracción citados con antelación, para el caso de no presentar al menor, le sería impuesta una multa de veinticinco días de salario mínimo general vigente. Lo anterior, obedecía al interés superior del infante, así como el derecho que tenía de opinar en relación a la petición que formuló el padre de éste -establecimiento de manera provisional de horarios de convivencia-. Además, consideró la actitud rebelde de la quejosa de no presentar a su menor hijo, lo que también, fue con la finalidad de obligarla -incluso en su desobediencia- a cumplir con una determinación judicial, toda vez que no presentó al infante en la fecha señalada por primera vez -cinco de septiembre de dos mil diecisiete-. Finalmente, tal determinación se emitía acorde al arábigo 17 constitucional, que facultó al juzgador mediante la aplicación de medios de apremio para realizar sus determinaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en el que consideró, además, la experiencia, la lógica y el buen sentido para aplicar el medio más eficaz para compeler a la contumaz a presentar al menor. Ahora, del examen de la documental citada con antelación, la que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tiene pleno valor probatorio, y de la confrontación que se realiza entre lo determinado por la Juez auxiliar y lo resuelto por la autoridad responsable, se advierte que se encuentran satisfechos los efectos de la ejecutoria de amparo, de la manera siguiente: El primer aspecto que debía cumplirse era dejar insubsistente el acuerdo reclamado -veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, así como el auto que le antecedía de dieciocho de septiembre de ese año-, solamente en la parte relativa al monto de la multa, lo cual realizó atento a que de la constancia que integra el presente asunto -proveído de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho-, dejó sin efectos tales autos, dictados en el juicio especial oral familiar 1229/2017, pero únicamente en la parte relativa al monto de la multa. En segundo lugar, dictar otro en el cual de manera fundada y motivada con sustento en el numeral 925, fracción I, del Código Familiar del Estado, determinara la cantidad que correspondería aplicar a la quejosa, derivada de su actitud contumaz. Lo anterior se acató conforme a lo siguiente: El veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, en el juicio oral familiar 1229/2017, dictó un auto con fundamento en el artículo 925, fracción I, del Código Familiar del Estado, así como con el numeral 17 constitucional, en el cual apercibió a la quejosa con aplicarle un medio de apremio consistente en una multa de veinticinco días de salario mínimo general vigente, en caso de que no presentara al menor, a fin de que éste opinara respecto al establecimiento de horarios de convivencia formulados por su progenitor, es decir, expuso los motivos, razones y circunstancias particulares que mediaron para fijar dicho monto, derivado de su actitud rebelde. En consecuencia, es evidente que la autoridad responsable llevó a cabo los actos correspondientes, para el acatamiento de la ejecutoria de amparo; por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por lo contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que la responsable acató lo establecido en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, dejó insubsistente el proveído de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, así como el auto que le antecedía de dieciocho de septiembre de ese año, dictados en el juicio oral familiar 1229/2017, solamente en la parte relativa al monto de la multa. Luego, en su lugar, emitió otro en el que determinó la cantidad que impondría a la quejosa en caso de no presentar al menor, lo que realizó de manera fundada y motivada, pues sustentó su determinación en el artículo 925, fracción I, del Código Familiar del Estado, así como en el numeral 17 constitucional, en el que expresó los motivos, razones y circunstancias para compeler su actitud contumaz. Lo cual muestra que, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso en el cumplimiento, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo. Porque su actuar fue, dejar insubsistente un acuerdo, así como el que le antecedía, solamente en la parte relativa al monto de una multa, dictar otro de manera fundado y motivado con sustento en una fracción relativa a un numeral, determinando la cantidad que correspondería aplicar a la solicitante del amparo derivado de su actitud rebelde dentro de un juicio oral familiar. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, a la valoración de éste, así como lo relativo a los cuadernos incidentales, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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