Silvia Reyna Luján Suárez

Expediente 310/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
310/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
01/04/2022

Partes del expediente

  • Silvia Reyna Luján Suárez

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL.310/2022.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de abril de dos mil veintidós. Estado de autos. Vistos los autos y la certificación que antecede, advirtiéndose que ha fenecido el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra la determinación de quince de marzo del año en curso, en la cual se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. 2. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación. 3. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa en este juicio de amparo no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto inicial y las demás resoluciones estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la determinación relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso d) y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo; mientras, será conservado en este órgano jurisdiccional y una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda destruible. 6. Instrucción (certificación). Y se instruye al (a la) secretario(a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo a su archivo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la firel como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 7. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 310/2022 MESA 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de marzo de dos mil veintidós. 1. Demanda de amparo y registro. Por recibida la demanda de amparo promovida por Silvia Reyna Luján Suárez, por propio derecho, contra actos del juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Huajuapan de Léon, Oaxaca y de otras autoridades, presentada el catorce de marzo del año en curso en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnada en la misma fecha a este órgano jurisdiccional; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 310/2022. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 3. Estudio de la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se realiza el análisis de dicha promoción inicial constitucional de la cual se advierte lo siguiente: 1º. Demanda de amparo. Silvia Reyna Luján Suárez, por propio derecho, reclama: a) Del juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Huajuapan de Léon, Oaxaca, el auto de cuatro de marzo de dos mil veinte, que dictó en el cuaderno de pruebas de la parte demandada en el expediente civil 83/2018, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por la aquí quejosa y propietaria del título de crédito denominado pagaré base de la acción, contra Luis Hernández Escobar. b) De la secretaria judicial llevadora de los expedientes nones adscrita a ese Juzgado, la certificación que realizó el cuatro de marzo de dos mil veinte, en el cuaderno de pruebas de la parte demandada, en el referido expediente. c) Del ejecutor llevador de los expedientes nones adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Huajuapan de Léon, Oaxaca, el cumplimiento del mandamiento emitido por la ordenadora. 2º Hechos y abstenciones. Como hechos y abstenciones que constituyen antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa refiere que: a) El diecisiete de abril de dos mil dieciocho presentó demanda en la vía ejecutivo mercantil, recepcionada el tres de mayo siguiente, ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Huajuapan de Léon, Oaxaca, contra Luis Hernández Escobar, que radicó con el número de expediente 83/2018. b) Mediante ocurso de uno de junio de dos mil dieciocho el demandado Luis Hernández Escobar, contestó la demanda y ofreció como prueba la pericial en grafoscopia y documentoscopia, anexando los respectivos puntos. c) Por acuerdo de tres de julio de dos mil dieciocho la autoridad judicial responsable ordenó dar vista a la parte actora para que manifestara lo que a sus intereses conviniera. d) Mediante escrito de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho la parte actora, aquí quejosa, designó a su perito y amplió el cuestionario en base a los ejercicios caligráficos que realizó Luis Hernández Escobar, en presencia de la autoridad judicial responsable. e) Se ordenó el desahogo de la probanza de que se trata por acuerdo de trece de diciembre de dos mil diecinueve. f) En proveído de cuatro de marzo de dos mil veinte, notificado el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, dictado en el cuaderno de pruebas de la parte demandada relativo a ese juicio, se hace del conocimiento de la parte actora, aquí quejosa, que con fecha diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve fue recepcionado el peritaje de la experta en la materia designada por la parte demandada, por lo que se tuvo por admitido en ese acuerdo; además, se determina que la pericial en grafoscopía, documentoscopía y caligrafía fue emitida en forma y tiempo, dándosele vista para que manifestara lo que a sus derechos convenga, no obstante, se dijo, no se hubiere realizado el ejercicio caligráfico ordenado en autos. 3º. Causa de improcedencia. En el caso, se actualiza la hipótesis de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: CONSTITUCION FEDERAL. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: Fracción III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. . ." LEY DE AMPARO "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: Fracción XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: Fracción V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte." De conformidad con el principio de procedencia del juicio de amparo establecido por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionado con el diverso precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto únicamente procede cuando los actos, en el juicio, tengan una ejecución de imposible reparación al afectar de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución Federal o tratados internacionales en el que el Estado Mexicano sea parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en jurisprudencia P./J. 24/92, que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate. Por su parte, la fracción III del artículo 172 de la Ley de Amparo señala: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley". Ahora, los actos que reclama la parte quejosa no son de imposible reparación, que hagan procedente el juicio de amparo, ya que no afectan de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos sustantivos, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho fundamental relativo. En efecto, el acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veinte, con su respectiva certificación y cumplimiento, se trata de actos intraprocesales, porque se refiere al desahogo de la prueba pericial que ofreció el demandado en el cuaderno de pruebas de dicha parte, relacionado con el juicio ejecutivo mercantil 83/2018, sin que se advierta una afectación material de derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues sus consecuencias sólo le producen una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo y, como consecuencia, no es reclamable en amparo indirecto, ya que pudiera ser que la afectación que dice se produjo será susceptible de repararse con el hecho de obtener la emisión de una sentencia favorable en el juicio ejecutivo mercantil, al formar parte la quejosa de la relación procesal. Pero para el caso de que le sea desfavorable dicha sentencia, entonces la parte quejosa puede reclamar esos actos como violación procesal, al promover el juicio de amparo directo en su contra. Se invoca en apoyo la jurisprudencia que dice: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 205484 Instancia: Pleno Octava Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 6/94 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 76, Abril de 1994, página 13 Tipo: Jurisprudencia PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto". En consecuencia, con fundamento, además, en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda de amparo. Sin que ello se considere contrario al principio de progresividad por lo que se refiere al derecho al recurso judicial efectivo porque, como se dijo, conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, sólo los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la vía directa los actos que impliquen alguna violación procesal; ello, con la finalidad de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo. Es aplicable al respecto, la tesis aislada de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2009478 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 19, Junio de 2015, Tomo I Materia(s): Constitucional, Común Tesis: 2a. XLVIII/2015 (10a.) Página: 1070 ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen. 4. Domicilio y autorizados. a) Domicilio. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en la demanda de amparo. b) Autorizados. Con apoyo en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tiene por autorizada en términos amplios a la licenciada Beatriz Lucía Angón Flores, de quien se encontró en la base de datos del sistema computarizado, para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales, mediante el acceso informático ciber.cjf.gob.mx/regprof, el registro 127550, con cédula profesional 5341574, a su nombre. Y como autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las personas restantes, por haberlo solicitado expresamente así la parte quejosa. 5. Precisión. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que respecto a las cuestiones relativas a la a) atención al público, b) funcionamiento de buzones judiciales, c) publicación de lista de acuerdos, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, deberá estarse a lo indicado en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 6. Exhortación a la parte quejosa para continuar la tramitación del juicio en línea mediante el uso de su Firel o e.firma (antes Fiel). Con apoyo en los artículos 22 y 29 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se insta a la parte quejosa para que continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (firel) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes fiel) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal; lo que podrá llevar a cabo en cualquier momento. 7. Canales de comunicación. Como lo establece el párrafo segundo de la fracción I del artículo 23 del acuerdo general 21/2020 invocado, se requiere a la parte quejosa proporcione un correo electrónico y/o número telefónico, a fin de que el (la) actuario (a) de la adscripción, lo contacte a través de ese medio, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia relativa. 8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 9. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) autorizado para asistir o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 10. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, de acuerdo a sus propias funciones, supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos. 11. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 12. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 582/2020 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil veintidós. 1. Se agrega un oficio. Agréguense a los autos para que obren como corresponda los oficios firmados por 1) la jefa de la Oficina Jurídica de la Zona Oaxaca de la Comisión Federal de Electricidad y 2) el encargado del Departamento Jurídico Divisional de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, mediante los cuales, con el primero, solicita una prórroga para cumplir con la sentencia dictada en este juicio de amparo y, con el segundo, cumple el requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional. 2. Prórroga para cumplimiento. En su atención, con fundamento en el párrafo cuarto del numeral 192 de la Ley de Amparo, como lo solicita la autoridad responsable y en atención a los motivos que expone, se le concede una prórroga de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que quede notificada de este proveído a efecto de que cumpla la ejecutoria de mérito. 3. Cumple requerimiento. Por otra parte, agréguese el diverso oficio firmado por el encargado del Departamento Jurídico Divisional de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de ocho de marzo del actual y remite los datos personales del servidor público que ocupa el cargo de la Jefatura de la Oficina Jurídica de la Zona de Distribución Oaxaca, los cuales son necesarios para la imposición de multas que se ordenen en este juicio. Por otra parte, como en el oficio de cuenta se precisaron los datos personales del servidor público que actualmente ocupa el cargo citado y no en sobre cerrado como se solicitó; tómese nota de dichos datos y se ordena a la secretaria testarlos en el oficio que se está agregando, para proteger los datos personales. 4. Domicilio. Finalmente, se les tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones los que indican en los oficios de cuenta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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