Silvia Reyna Luján Suárez

Expediente 276/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 7 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
276/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
26/07/2023

Partes del expediente

  • Silvia Reyna Luján Suárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    P 276/2023, mesa 6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación secretarial que antecede que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia engrosada el treinta de junio de dos mil veintitrés, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso contra dicho fallo. 1.1. Causa ejecutoria la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Plazo de diversas autoridades. Resulta innecesario jurídicamente hacer pronunciamiento y esperar a que transcurra el plazo respectivo para la autoridad responsable, terceros interesados y para la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado; dado que, como se precisó, en la sentencia emitida se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, ningún agravio les genera, pues carecen de legitimación para inconformarse. 3. Devolución de tomos. Devuélvase a la autoridad responsable, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, el original del recurso de revisión ********************de su estadística y el original del juicio de nulidad ********************del índice de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, que obran como tomos anexos I y II relativos a este juicio 4. Publicación de los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; por tanto, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que la versión pública de la resolución respectiva sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 5. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14 y 17 de este último Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5.1. Destino (conservable). Al haberse negado a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), de ese Acuerdo General, este expediente es CONSERVABLE; por tanto, una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la fecha de este proveído, procédase a lo dispuesto en primer párrafo del artículo 17 del acuerdo mencionado. 5.2 Archivo reciente. Se comunica a las partes que, en atención a lo dispuesto en el artículo 17 del multicitado acuerdo, este expediente será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es conservable. 6. Instrucción (certificación). Asimismo, se le instruye para que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que en el expediente electrónico se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho durante las vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, con las facultades derivadas de la interpretación del numeral 161 de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, comunicado por la secretaria técnica de Comisión Permanente mediante oficio CCJ/ST/3773/2023, de la misma fecha; y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 276/2023 MESA 6 Vistos para resolver el juicio de amparo 276/2023, de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés ante la Sala Superior del Tribunal de Justica Administrativa del Estado de Oaxaca y remitido el quince de marzo de este año a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa de este circuito y turnado en la misma data al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, S***, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra un acto de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo directo. En proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, registró la demanda de amparo con el amparo directo 139/2023 y en dicho auto determinó carecer de competencia legal para conocer de dicha demanda en atención a que el acto reclamado no constituye una sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio. En proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés por razón de turno, este órgano jurisdiccional aceptó la competencia y registró el asunto con el expediente 276/2023 y se previno a la parte quejosa en los términos ahí indicados. Previo cumplimiento en auto de once de abril del año en curso se admitió la demanda de amparo; además, se dio intervención a la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado y se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable. En auto de esa misma fecha (once de abril del año en curso) se ordenó el emplazamiento del, a) secretario de Movilidad del Estado de Oaxaca en su carácter de tercero interesado; quien quedó emplazado el veintiuno de abril de dos mil veintitrés y se apersonó mediante proveído de once de mayo de este año. Por acuerdo de once de mayo de dos mil veintitrés se ordenó el emplazamiento de los diversos terceros interesados, b) Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Oaxaca (antes Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca), c) director General de la Policía Vial Estatal (antes director de Tránsito del Estado) y d) Comisionado de la Policía Estatal de Oaxaca (antes comisionado de la Policía Estatal Preventiva del Estado de Oaxaca); quienes quedaron emplazados el uno, seis y cinco de junio y treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, respectivamente; además, el primero de ellos, se le tuvo apersonándose mediante proveído de veintinueve de mayo de este año; en tanto que, los demás terceros interesados no se apersonaron a este juicio de amparo. Previo los trámites respectivos, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, y los actos se reclaman a autoridades residentes en un lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Con base en lo anterior, se arriba a la conclusión que, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: De la Sala Superior del Tribunal de Justica Administrativa del Estado de Oaxaca: La resolución de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de revisión 213/2022, que confirmó el acuerdo emitido el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós por la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, en el expediente 332/2016, con el que se declaró cumplida la sentencia emitida en ese juicio de nulidad. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir el informe justificado, la autoridad responsable, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal de Justica Administrativa del Estado de Oaxaca, aceptó la existencia del acto reclamado que se le atribuye. CUARTO. Causa de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causas de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, conforme a lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. El director jurídico de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca, en su carácter de parte tercera interesada, afirma en su oficio de apersonamiento que este juicio de amparo es improcedente, en términos de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo; esto es, sostiene que la quejosa carece de interés jurídico para instar el juicio. Sin embargo, no le asiste razón, pues la quejosa sí tiene interés para promover este juicio de amparo, conforme a la fracción XII del numeral 61 de la Ley de Amparo que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) En relación con ese precepto, los artículos 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (...) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (...) Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; Como se aprecia de los numerales invocados, el juicio de amparo puede promoverse por la persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, en cuyo caso la parte quejosa deberá alegar que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de Amparo y, con ello, se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden público. En esta instancia constitucional la parte quejosa defiende un interés jurídico; entonces, es preciso que acredite a) la titularidad del derecho (que una norma constitucional, legal o contractual, confiera un derecho a un gobernado y le otorgue legitimación para hacerlo valer frente a cualquier autoridad) y b) que ese derecho sea desconocido o transgredido por un acto de autoridad (se refiere a la afectación que sufre ese derecho; es decir, al menoscabo o perjuicio que resiente el patrimonio -en sentido amplio- del particular con el acto de autoridad.) Al respecto, Silvia Reyna Luján Suárez promovió este juicio de amparo en su carácter de parte actora recurrente en el recurso de revisión 213/2022, de la estadística de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca y en el juicio de nulidad 332/2016, del índice de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca; y ese carácter está reconocido en los dos expedientes que obran como cuadernos auxiliares. Además, se aprecia que el acto reclamado emana, precisamente, de la secuela procesal seguida en ese juicio administrativo; el cual ha versado en torno al derecho de propiedad y trabajo de la quejosa, específicamente por lo que hace a un vehículo de motor, pues en ese juicio de nulidad se dilucidó la renovación del acuerdo de concesión que le fue otorgado a la quejosa por el Ejecutivo del Estado, y la expedición del certificado de certeza jurídica, alta en papel seguridad, oficio para emplacamiento y oficio de publicación de la concesión. Condiciones suficientes para afirmar que el acto reclamado proviene de un tribunal administrativo y que la quejosa sí es titular de un derecho subjetivo que se afecta de manera personal y directa; de ahí que es infundada la causa de improcedencia invocada por la parte tercera interesada, prevista en la fracción XII del numeral 61 de la Ley de Amparo. Así, se concluye que no le asiste razón a la parte tercera interesada, y tampoco se advierte la actualización de alguna diversa causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo; como tampoco la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 del referido ordenamiento legal, que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, ya sea que la hayan hecho valer las partes, o bien, que se adviertan de oficio; por lo anterior el juicio de amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal. QUINTO. Conceptos de violación e improcedencia de la suplencia de queja deficiente. La parte quejosa expresó conceptos de violación que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este Juzgado Federal a transcribirlos, sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar. Aunado a ello se precisa que, en el caso, es improcedente suplir la deficiencia de la queja, en virtud de que no se actualiza alguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo. SEXTO. Antecedentes del asunto. De las constancias remitidas por la Sala responsable que, como se anticipó, tienen valor probatorio pleno, se aprecia que: 1) El doce de enero de dos mil dieciocho la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca dictó sentencia en el juicio de nulidad 332/2016, promovido por la ahora quejosa Silvia Reyna Luján Suárez, contra el 1) secretario de Vialidad y Transporte, 2) secretario de Seguridad Pública, 3) director de Tránsito y Vialidad y 4) comisionado de la Policía Estatal; todos del Estado de Oaxaca. En dicha sentencia, por una parte, sobreseyó el juicio y, en otro aspecto, reconoció la validez de las resoluciones negativas fictas impugnadas. 2) Inconforme la quejosa interpuso recurso de revisión ante la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca, bajo el registro 55/2018; dicho medio de impugnación se resolvió en sentencia de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, revocando la sentencia de primera instancia, en los términos siguientes:En esta medida con fundamento en los artículos 7, fracción V; 178 fracción VI y 179 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, procede declarar la NULIDAD de las resoluciones negativa ficta recaídas a los escritos recepcionados por la Secretaría de Vialidad y Transporte el 11 once de noviembre de 2008 dos mil ocho, 4 cuatro de febrero y 15 quince de octubre, ambos de 2009 dos mil nueve para EFECTO de que la Secretaría de Vialidad y Transporte funde y motive su negativa a otorgar a SILVIA REYNA LUJÁN SUÁREZ la renovación de su Acuerdo de Concesión 16301 para prestar el servicio público de alquiler (taxi) en la población de Huajuapan de León, Oaxaca; el otorgamiento de la certeza jurídica, oficio de emplacamiento, alta en papel seguridad, alta de unidad y oficio de publicación de Acuerdo de Concesión 16301 en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado. Por las narradas consideraciones, se REVOCA la sentencia de 12 doce de enero de 2018 dos mil dieciocho." (Transcripción y el énfasis es añadido). 3) En auto dictado el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho en el juicio de nulidad 332/2016, la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca radicó nuevamente los autos originales y requirió el cumplimiento de la resolución dictada por la Sala Superior a la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado de Oaxaca. 4) En auto de once de febrero de dos mil diecinueve la referida Sala Unitaria glosó al juicio de nulidad un oficio signado por el director jurídico de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Gobierno del Estado de Oaxaca, hoy Secretaría de Movilidad, por medio del cual informó el cumplimiento de la sentencia, pues exhibió copia certificada de la resolución de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, por lo cual se ordenó dar vista a la parte actora por el plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a su notificación. 5) El proveído relativo a la vista de cumplimiento fue notificado a Silvia Reyna Luján Suárez el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve y, en su atención, contestó la vista mediante ocurso presentado el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve y solicitó que no se tuviera cumplida la sentencia de nulidad pues, en esencia, alegó que dicho director jurídico de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Gobierno del Estado de Oaxaca, carecía de competencia para dictar la resolución respectiva; además, sostuvo que fue ilegal esa resolución al no acordar favorablemente su petición de renovación del acuerdo de concesión basándose en el hecho de que no contaba con la boleta de certeza jurídica. 6) En proveído de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve la Sala Unitaria tuvo por no cumplida la sentencia pues refirió que la autoridad demandada resolvió que no había lugar a acordar favorablemente la petición de la parte actora Silvia Reyna Luján Suárez contenida en los escritos recepcionados por esa Secretaría el once de noviembre de dos mil cuatro, cuatro de febrero y quince de octubre de dos mil nueve; sin embargo, señaló que esos no fueron los efectos de la sentencia de segunda instancia, ya que en la misma se ordenó al titular de la Secretaría de Movilidad del Estado, fundara y motivara su negativa a otorgar a la actora la renovación de su acuerdo de concesión 16301. Además, dijo que el actuar del director jurídico de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Gobierno del Estado de Oaxaca, contravenía el artículo 7 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, porque no tiene la facultad de conocer y resolver la solicitud de renovación y publicación de la concesión de transporte de la administrada, ya que la ley otorga esas atribuciones para ejercer actos propios de la Secretaría, mismas que no le habían sido delegadas, incumpliendo el principio de legalidad jurídica, dejando en completo estado de indefensión a la administrada. Así, se ordenó requerir al titular de la Secretaría de Movilidad del Estado para que en el plazo de veinticuatro horas contados a partir del momento en que quedara notificada de ese auto, remitiera las constancias con las cuales acreditara su pronunciamiento respecto de las peticiones formuladas por la actora y sobre el otorgamiento a la administrada de la certeza jurídica, oficio de emplacamiento, alta en papel de seguridad, al de unidad y oficio de publicación del acuerdo de concesión 16301 en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, apercibiéndolo con una multa de cien unidades de medida de actualización, sin perjuicio de ser requerido por conducto del gobernador del Estado. 7) En auto de siete de mayo de dos mil diecinueve la referida Sala Unitaria glosó al juicio de nulidad un oficio signado por el director jurídico de la Secretaría de Movilidad, por medio del cual informó el cumplimiento de la sentencia, pues exhibió copia certificada de la resolución contenida en el oficio SEMOVI/DJ/DCAA/705/2019 de veintitrés de abril de dos mil diecinueve; sin embargo, determinó que no se encontraba cumplida la sentencia de segunda instancia en el sentido de otorgar certeza jurídica, oficio de emplacamiento, alta en papel seguridad, alta de unidad y oficio para la publicación del acuerdo de concesión 16301 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; por lo cual, comisionó al actuario adscrito a dicha Sala en unión con la actora Silvia Reyna Luján Suárez se constituyeran en las oficinas que ocupan la Dirección Jurídica de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado y en presencia de la actuaria le fuera entregado a la administrada los documentos antes citados. 8) Contra ese auto, el director jurídico de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado interpuso recurso de revisión, mismo que quedó radicado con el toca 197/2019 ante la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca quien mediante determinación de trece de marzo de dos mil veinte desechó por improcedente el mismo. 9) Así, en auto de nueve de octubre de dos mil veinte la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, instruyó a la actuaria adscrita diera cumplimiento al auto de siete de mayo de dos mil diecinueve; aspecto que reiteró en el diverso acuerdo de cuatro de junio de dos mil veintiuno. 10) Mediante diligencia de entrega de documentos de veintinueve de marzo de dos mil veintidós se hizo constar que se le entregó a Silvia Reyna Luján Suárez: a) Oficio de publicación. b) Boleta de certeza jurídica. c) Oficio de emplacamiento. d) Oficio alta de unidad. 11) El veinticuatro de mayo de dos mil veintidós la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, declaró cumplida la sentencia dictada en ese juicio de nulidad y ordenó el archivo del expediente como asunto concluido. 12) Inconforme, Silvia Reyna Luján Suárez interpuso recurso de revisión contra esa determinación; por lo cual, en acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintidós se ordenó formar cuaderno por separado para la tramitación de ese medio de impugnación. 13) De tal medio de impugnación conoció la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, con el registro 213/2022 y previo el trámite correspondiente, el diecinueve de enero de dos mil veintitrés resolvió el recurso de revisión, confirmando el acuerdo recurrido de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, dictado en el expediente 332/2016 de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. Siendo ésta la actuación reclamada en este juicio. SÉPTIMO. Análisis de los conceptos de violación. Para evidenciar la inconstitucionalidad de la resolución reclamada, la parte quejosa formuló como concepto de violación que se sintetiza de la manera siguiente: Afirma que Sala responsable vulnera los preceptos constitucionales 1, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en la resolución reclamada se declaró infundado su agravio por el simple hecho de que la autoridad demandada en el juicio natural ya acató la resolución a cumplir, toda vez que la titular de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado emitió el acuerdo de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, en el que se determinó que no había lugar a acordar favorablemente su petición contenida en los escritos recibidos en dicha Secretaría el once de noviembre de dos mil dieciocho, cuatro de febrero y quince de octubre de dos mil diecinueve, por las razones que ahí se expusieron; sin embargo, trunca los alcances de la sentencia que declaró la nulidad de las resoluciones en las que fictamente se le negó la renovación de la concesión de transporte que ostenta, porque la sentencia exige que la resolución que emitida la autoridad administrativa de transporte este fundada y motivada. De ahí que el alcance y efecto de la ejecutoria de la Sala Superior se extiende a la revisión del acuerdo administrativo por parte de la autoridad jurisdiccional, quien está obligada a revisar y analizar si los fundamentos y los argumentos vertidos por la autoridad administrativa de transporte a fin de determinar si cumple la sentencia, y si están correctamente aplicados y de no suceder así, la sentencia no está cabalmente cumplida. Sostiene que no debe inferirse que la sentencia ejecutoriada sostenida por la sala superior se limite forzosamente a que la autoridad de trasporte tenga que dictar una resolución en sentido de negarle necesariamente la renovación de su concesión de transporte público, pues sería absurdo, pues al establecer que la autoridad demandada debe fundar y motivar su negativa, sustancialmente establece que esa autoridad tiene la oportunidad de corregir esa negativa resolviendo favorablemente su petición; es decir, otorgarle la renovación de la concesión, por encontrar elementos para su procedencia al momento de fundar y motivar la misma. Por tanto, los alcances y efecto de la sentencia se extienden a la atribución y obligación de la sala superior a analizar la debida fundamentación y motivación del acuerdo de la Secretaría de Movilidad del Estado. Además, aduce que la resolución reclamada al limitar los alcances de la ejecutoria pronunciada en el recurso de revisión 55/2018 traslada la controversia de nulidad primaria originada por el silencio de la autoridad que derivó en la ficta negativa de otorgarme la renovación a un nuevo litigio entre dicha quejosa y la sala superior. Invoca la tesis con registros digitales 2024104 y 2010987 con los rubros siguientes: "DERECHOS HUMANOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y AL DEBIDO PROCESO. ESTÁNDARES CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALES QUE DEBE SEGUIR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO, AL APLICAR EL ARTÍCULO 72 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD". SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Los referidos conceptos de violación son infundados. Lo anterior, pues se estima correcta la determinación de la sala responsable al confirmar el acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, al considerar cumplida la sentencia ejecutoriada en el expediente 332/2016 de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. En efecto, no le asiste razón a la parte quejosa, pues de la lectura íntegra efectuada a la resolución reclamada se demuestra que la Sala Superior efectuó la relación clara y resumida de todas las actuaciones encaminadas a dar cumplimiento a los efectos de la sentencia, y puntualizó que los mismos consistieron en declarar la nulidad de las resoluciones negativa ficta recaídas a los escritos recepcionados por la Secretaría de Vialidad y Transporte el once de noviembre de dos mil dieciocho, cuatro de febrero y quince de octubre, ambos de dos mil diecinueve, para el EFECTO de que la Secretaría de Vialidad y Transporte fundara y motivara su negativa a otorgar a Silvia Reyna Luján Suárez la renovación de su Acuerdo de Concesión 16301 para prestar el servicio público de alquiler (taxi) en la población de Huajuapan de León, Oaxaca; el otorgamiento de la certeza jurídica, oficio de emplacamiento, alta en papel seguridad, alta de unidad y oficio de publicación de Acuerdo de Concesión 16301 en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado. Y, sobre ese efecto, corroboró que mediante oficio SEMOVI/DJ/DCAA/705/2019 el director jurídico de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca exhibió la resolución de veintitrés de abril de dos mil diecinueve en el cual se pronunció respecto a la fundamentación y motivación de su negativa a otorgar a Silvia Reyna Luján Suárez la renovación de su acuerdo de concesión 16301 para prestar el servicio público de alquiler (taxi) en la población de Huajuapan de León, Oaxaca; el otorgamiento de la certeza jurídica, oficio de emplacamiento, alta en papel seguridad, alta de unidad y oficio de publicación del acuerdo de concesión 16301 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; de ahí que se satisfizo dicho efecto. También refirió que no obstante ello, es decir, la negativa sustentada por la parte demandada a otorgar a Silvia Reyna Luján Suárez la renovación de su acuerdo de concesión 16301 para prestar el servicio público de alquiler (taxi) en la población de Huajuapan de León, Oaxaca y demás documentos, con motivo del requerimiento realizado por la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, mediante diligencia de entrega de documentos de veintinueve de marzo de dos mil veintidós la actuaria adscrita a esa Sala Unitaria hizo constar que se le entregó los documentos denominados certeza jurídica, orden de emplacamiento, alta en papel de seguridad, alta de unidad y oficio de publicación del citado acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca. Por lo anterior, consideró acatada la sentencia por la parte demandada, pues conforme al efecto de la sentencia ejecutoriada en auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho emitió la resolución de veintitrés de abril de dos mil diecinueve en el cual se pronunció respecto a las peticiones de los escritos recibidos en dicha Secretaría el once de noviembre de dos mil dieciocho, cuatro de febrero y quince de octubre de dos mil diecinueve; aspecto del cual tuvo conocimiento la parte actora el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, sin que fuera impugnado. A esto debe decirse que al hacerse sabedora de esa resolución con la oportunidad que se refleja en autos, se estima que, en su caso, debió controvertirla en recurso procedente, pues la contestación dada, en su caso, sería materia de diverso medio de impugnación. Pero no obstante de la respuesta negativa que le fue otorgada a dicha parte quejosa, la parte demandada, Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca, mediante diligencia de entrega de documentos de veintinueve de marzo de dos mil veintidós se le entregó a Silvia Reyna Luján Suárez los documentos denominados certeza jurídica, orden de emplacamiento, alta en papel de seguridad, alta de unidad y oficio de publicación del citado acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca; aspecto que lleva a concluir que a ningún fin practico llevaría que la sala unitaria estudie sobre la fundamentación y motivación de la resolución de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, pues, como lo refirió esta última, la entrega de esos documentales fue una circunstancia benéfica para la parte actora, ya que inicialmente la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca, al cumplir con el efecto de la sentencia ejecutoriada de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, precisó que no había lugar al otorgamiento de la renovación de su acuerdo de concesión 16301 para prestar el servicio público de alquiler (taxi) en la población de Huajuapan de León, Oaxaca; empero, se le otorgó la certeza jurídica, oficio de empacamiento, alta en papel seguridad, alta de unidad y oficio de publicación del acuerdo de concesión 16301 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, pero aun así le entregó tales documentales. Por ello, en caso de que hubiera estado en discrepancia con los efectos de la concesión de la sentencia, en su momento, debió promover el medio de impugnación respectivo a fin de combatir precisamente los efectos de la concesión emitida por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez; motivo por el que se considera que le asiste razón a la Sala responsable al afirmar en la resolución reclamada se encuentra cumplida, por haberse emitido la resolución de veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Sin que las tesis que invoca la parte quejosa sean aplicables al caso concreto, pues se considera que a ningún fin practico llegaría que se ordene a la sala responsable que estudie respecto a la fundamentación y motivación de la resolución emitida el veintitrés de abril de dos mil diecinueve por la parte demandada, cuando esta última excedió, incluso, en el cumplimiento de la misma al otorgarle a la parte quejosa la documentación respectiva, aun cuando no fue materia de la sentencia ejecutoriada, pues, contrario a lo que afirma la parte quejosa, el cumplimiento de aquélla debe constreñirse únicamente a como fue emitida tal resolución. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación hecho valer y no advertir deficiencia alguna que suplir, se estima apegada a derecho la resolución de la Sala responsable, dictada el diecinueve de enero de dos mil veintitrés en el recurso de revisión 213/2022, que confirmó el acuerdo emitido el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós por la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, en el expediente 332/2016, con el que se declaró cumplida la sentencia emitida en ese juicio de nulidad; lo que impone negar el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa Silvia Reyna Luján Suárez. OCTAVO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 37, 74, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Silvia Reyna Luján Suárez, contra el acto reclamado a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, consistente en la resolución de diecinueve de enero de dos mil veintitrés dictada en el recurso de revisión 213/2022, que confirmó el acuerdo emitido el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós por la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, en el expediente 332/2016, con el que se declaró cumplida la sentencia emitida en ese juicio de nulidad; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando octavo de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo; asimismo, háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hasta el día de hoy treinta de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO CITATORIO. - Vistos para resolver el juicio de amparo 276/2023, de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés ante la Sala Superior del Tribunal de Justica Administrativa del Estado de Oaxaca y remitido el quince de marzo de este año a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa de este circuito y turnado en la misma data al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, S***, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra un acto de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo directo. En proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, registró la demanda de amparo con el amparo directo 139/2023 y en dicho auto determinó carecer de competencia legal para conocer de dicha demanda en atención a que el acto reclamado no constituye una sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio. En proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés por razón de turno, este órgano jurisdiccional aceptó la competencia y registró el asunto con el expediente 276/2023 y se previno a la parte quejosa en los términos ahí indicados. Previo cumplimiento en auto de once de abril del año en curso se admitió la demanda de amparo; además, se dio intervención a la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado y se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable. En auto de esa misma fecha (once de abril del año en curso) se ordenó el emplazamiento del, a) secretario de Movilidad del Estado de Oaxaca en su carácter de tercero interesado; quien quedó emplazado el veintiuno de abril de dos mil veintitrés y se apersonó mediante proveído de once de mayo de este año. Por acuerdo de once de mayo de dos mil veintitrés se ordenó el emplazamiento de los diversos terceros interesados, b) Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Oaxaca (antes Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca), c) director General de la Policía Vial Estatal (antes director de Tránsito del Estado) y d) Comisionado de la Policía Estatal de Oaxaca (antes comisionado de la Policía Estatal Preventiva del Estado de Oaxaca); quienes quedaron emplazados el uno, seis y cinco de junio y treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, respectivamente; además, el primero de ellos, se le tuvo apersonándose mediante proveído de veintinueve de mayo de este año; en tanto que, los demás terceros interesados no se apersonaron a este juicio de amparo. Previo los trámites respectivos, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, y los actos se reclaman a autoridades residentes en un lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Con base en lo anterior, se arriba a la conclusión que, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: De la Sala Superior del Tribunal de Justica Administrativa del Estado de Oaxaca: La resolución de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de revisión 213/2022, que confirmó el acuerdo emitido el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós por la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, en el expediente 332/2016, con el que se declaró cumplida la sentencia emitida en ese juicio de nulidad. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir el informe justificado, la autoridad responsable, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal de Justica Administrativa del Estado de Oaxaca, aceptó la existencia del acto reclamado que se le atribuye. CUARTO. Causa de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causas de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, conforme a lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. El director jurídico de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca, en su carácter de parte tercera interesada, afirma en su oficio de apersonamiento que este juicio de amparo es improcedente, en términos de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo; esto es, sostiene que la quejosa carece de interés jurídico para instar el juicio. Sin embargo, no le asiste razón, pues la quejosa sí tiene interés para promover este juicio de amparo, conforme a la fracción XII del numeral 61 de la Ley de Amparo que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) En relación con ese precepto, los artículos 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (...) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (...) Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; Como se aprecia de los numerales invocados, el juicio de amparo puede promoverse por la persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, en cuyo caso la parte quejosa deberá alegar que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de Amparo y, con ello, se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden público. En esta instancia constitucional la parte quejosa defiende un interés jurídico; entonces, es preciso que acredite a) la titularidad del derecho (que una norma constitucional, legal o contractual, confiera un derecho a un gobernado y le otorgue legitimación para hacerlo valer frente a cualquier autoridad) y b) que ese derecho sea desconocido o transgredido por un acto de autoridad (se refiere a la afectación que sufre ese derecho; es decir, al menoscabo o perjuicio que resiente el patrimonio -en sentido amplio- del particular con el acto de autoridad.) Al respecto, Silvia Reyna Luján Suárez promovió este juicio de amparo en su carácter de parte actora recurrente en el recurso de revisión 213/2022, de la estadística de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca y en el juicio de nulidad 332/2016, del índice de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca; y ese carácter está reconocido en los dos expedientes que obran como cuadernos auxiliares. Además, se aprecia que el acto reclamado emana, precisamente, de la secuela procesal seguida en ese juicio administrativo; el cual ha versado en torno al derecho de propiedad y trabajo de la quejosa, específicamente por lo que hace a un vehículo de motor, pues en ese juicio de nulidad se dilucidó la renovación del acuerdo de concesión que le fue otorgado a la quejosa por el Ejecutivo del Estado, y la expedición del certificado de certeza jurídica, alta en papel seguridad, oficio para emplacamiento y oficio de publicación de la concesión. Condiciones suficientes para afirmar que el acto reclamado proviene de un tribunal administrativo y que la quejosa sí es titular de un derecho subjetivo que se afecta de manera personal y directa; de ahí que es infundada la causa de improcedencia invocada por la parte tercera interesada, prevista en la fracción XII del numeral 61 de la Ley de Amparo. Así, se concluye que no le asiste razón a la parte tercera interesada, y tampoco se advierte la actualización de alguna diversa causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo; como tampoco la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 del referido ordenamiento legal, que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, ya sea que la hayan hecho valer las partes, o bien, que se adviertan de oficio; por lo anterior el juicio de amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal. QUINTO. Conceptos de violación e improcedencia de la suplencia de queja deficiente. La parte quejosa expresó conceptos de violación que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este Juzgado Federal a transcribirlos, sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar. Aunado a ello se precisa que, en el caso, es improcedente suplir la deficiencia de la queja, en virtud de que no se actualiza alguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo. SEXTO. Antecedentes del asunto. De las constancias remitidas por la Sala responsable que, como se anticipó, tienen valor probatorio pleno, se aprecia que: 1) El doce de enero de dos mil dieciocho la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca dictó sentencia en el juicio de nulidad 332/2016, promovido por la ahora quejosa Silvia Reyna Luján Suárez, contra el 1) secretario de Vialidad y Transporte, 2) secretario de Seguridad Pública, 3) director de Tránsito y Vialidad y 4) comisionado de la Policía Estatal; todos del Estado de Oaxaca. En dicha sentencia, por una parte, sobreseyó el juicio y, en otro aspecto, reconoció la validez de las resoluciones negativas fictas impugnadas. 2) Inconforme la quejosa interpuso recurso de revisión ante la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca, bajo el registro 55/2018; dicho medio de impugnación se resolvió en sentencia de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, revocando la sentencia de primera instancia, en los términos siguientes:En esta medida con fundamento en los artículos 7, fracción V; 178 fracción VI y 179 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, procede declarar la NULIDAD de las resoluciones negativa ficta recaídas a los escritos recepcionados por la Secretaría de Vialidad y Transporte el 11 once de noviembre de 2008 dos mil ocho, 4 cuatro de febrero y 15 quince de octubre, ambos de 2009 dos mil nueve para EFECTO de que la Secretaría de Vialidad y Transporte funde y motive su negativa a otorgar a SILVIA REYNA LUJÁN SUÁREZ la renovación de su Acuerdo de Concesión 16301 para prestar el servicio público de alquiler (taxi) en la población de Huajuapan de León, Oaxaca; el otorgamiento de la certeza jurídica, oficio de emplacamiento, alta en papel seguridad, alta de unidad y oficio de publicación de Acuerdo de Concesión 16301 en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado. Por las narradas consideraciones, se REVOCA la sentencia de 12 doce de enero de 2018 dos mil dieciocho." (Transcripción y el énfasis es añadido). 3) En auto dictado el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho en el juicio de nulidad 332/2016, la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca radicó nuevamente los autos originales y requirió el cumplimiento de la resolución dictada por la Sala Superior a la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado de Oaxaca. 4) En auto de once de febrero de dos mil diecinueve la referida Sala Unitaria glosó al juicio de nulidad un oficio signado por el director jurídico de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Gobierno del Estado de Oaxaca, hoy Secretaría de Movilidad, por medio del cual informó el cumplimiento de la sentencia, pues exhibió copia certificada de la resolución de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, por lo cual se ordenó dar vista a la parte actora por el plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a su notificación. 5) El proveído relativo a la vista de cumplimiento fue notificado a Silvia Reyna Luján Suárez el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve y, en su atención, contestó la vista mediante ocurso presentado el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve y solicitó que no se tuviera cumplida la sentencia de nulidad pues, en esencia, alegó que dicho director jurídico de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Gobierno del Estado de Oaxaca, carecía de competencia para dictar la resolución respectiva; además, sostuvo que fue ilegal esa resolución al no acordar favorablemente su petición de renovación del acuerdo de concesión basándose en el hecho de que no contaba con la boleta de certeza jurídica. 6) En proveído de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve la Sala Unitaria tuvo por no cumplida la sentencia pues refirió que la autoridad demandada resolvió que no había lugar a acordar favorablemente la petición de la parte actora Silvia Reyna Luján Suárez contenida en los escritos recepcionados por esa Secretaría el once de noviembre de dos mil cuatro, cuatro de febrero y quince de octubre de dos mil nueve; sin embargo, señaló que esos no fueron los efectos de la sentencia de segunda instancia, ya que en la misma se ordenó al titular de la Secretaría de Movilidad del Estado, fundara y motivara su negativa a otorgar a la actora la renovación de su acuerdo de concesión 16301. Además, dijo que el actuar del director jurídico de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Gobierno del Estado de Oaxaca, contravenía el artículo 7 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, porque no tiene la facultad de conocer y resolver la solicitud de renovación y publicación de la concesión de transporte de la administrada, ya que la ley otorga esas atribuciones para ejercer actos propios de la Secretaría, mismas que no le habían sido delegadas, incumpliendo el principio de legalidad jurídica, dejando en completo estado de indefensión a la administrada. Así, se ordenó requerir al titular de la Secretaría de Movilidad del Estado para que en el plazo de veinticuatro horas contados a partir del momento en que quedara notificada de ese auto, remitiera las constancias con las cuales acreditara su pronunciamiento respecto de las peticiones formuladas por la actora y sobre el otorgamiento a la administrada de la certeza jurídica, oficio de emplacamiento, alta en papel de seguridad, al de unidad y oficio de publicación del acuerdo de concesión 16301 en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, apercibiéndolo con una multa de cien unidades de medida de actualización, sin perjuicio de ser requerido por conducto del gobernador del Estado. 7) En auto de siete de mayo de dos mil diecinueve la referida Sala Unitaria glosó al juicio de nulidad un oficio signado por el director jurídico de la Secretaría de Movilidad, por medio del cual informó el cumplimiento de la sentencia, pues exhibió copia certificada de la resolución contenida en el oficio SEMOVI/DJ/DCAA/705/2019 de veintitrés de abril de dos mil diecinueve; sin embargo, determinó que no se encontraba cumplida la sentencia de segunda instancia en el sentido de otorgar certeza jurídica, oficio de emplacamiento, alta en papel seguridad, alta de unidad y oficio para la publicación del acuerdo de concesión 16301 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; por lo cual, comisionó al actuario adscrito a dicha Sala en unión con la actora Silvia Reyna Luján Suárez se constituyeran en las oficinas que ocupan la Dirección Jurídica de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado y en presencia de la actuaria le fuera entregado a la administrada los documentos antes citados. 8) Contra ese auto, el director jurídico de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado interpuso recurso de revisión, mismo que quedó radicado con el toca 197/2019 ante la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca quien mediante determinación de trece de marzo de dos mil veinte desechó por improcedente el mismo. 9) Así, en auto de nueve de octubre de dos mil veinte la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, instruyó a la actuaria adscrita diera cumplimiento al auto de siete de mayo de dos mil diecinueve; aspecto que reiteró en el diverso acuerdo de cuatro de junio de dos mil veintiuno. 10) Mediante diligencia de entrega de documentos de veintinueve de marzo de dos mil veintidós se hizo constar que se le entregó a Silvia Reyna Luján Suárez: a) Oficio de publicación. b) Boleta de certeza jurídica. c) Oficio de emplacamiento. d) Oficio alta de unidad. 11) El veinticuatro de mayo de dos mil veintidós la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, declaró cumplida la sentencia dictada en ese juicio de nulidad y ordenó el archivo del expediente como asunto concluido. 12) Inconforme, Silvia Reyna Luján Suárez interpuso recurso de revisión contra esa determinación; por lo cual, en acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintidós se ordenó formar cuaderno por separado para la tramitación de ese medio de impugnación. 13) De tal medio de impugnación conoció la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, con el registro 213/2022 y previo el trámite correspondiente, el diecinueve de enero de dos mil veintitrés resolvió el recurso de revisión, confirmando el acuerdo recurrido de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, dictado en el expediente 332/2016 de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. Siendo ésta la actuación reclamada en este juicio. SÉPTIMO. Análisis de los conceptos de violación. Para evidenciar la inconstitucionalidad de la resolución reclamada, la parte quejosa formuló como concepto de violación que se sintetiza de la manera siguiente: Afirma que Sala responsable vulnera los preceptos constitucionales 1, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en la resolución reclamada se declaró infundado su agravio por el simple hecho de que la autoridad demandada en el juicio natural ya acató la resolución a cumplir, toda vez que la titular de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado emitió el acuerdo de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, en el que se determinó que no había lugar a acordar favorablemente su petición contenida en los escritos recibidos en dicha Secretaría el once de noviembre de dos mil dieciocho, cuatro de febrero y quince de octubre de dos mil diecinueve, por las razones que ahí se expusieron; sin embargo, trunca los alcances de la sentencia que declaró la nulidad de las resoluciones en las que fictamente se le negó la renovación de la concesión de transporte que ostenta, porque la sentencia exige que la resolución que emitida la autoridad administrativa de transporte este fundada y motivada. De ahí que el alcance y efecto de la ejecutoria de la Sala Superior se extiende a la revisión del acuerdo administrativo por parte de la autoridad jurisdiccional, quien está obligada a revisar y analizar si los fundamentos y los argumentos vertidos por la autoridad administrativa de transporte a fin de determinar si cumple la sentencia, y si están correctamente aplicados y de no suceder así, la sentencia no está cabalmente cumplida. Sostiene que no debe inferirse que la sentencia ejecutoriada sostenida por la sala superior se limite forzosamente a que la autoridad de trasporte tenga que dictar una resolución en sentido de negarle necesariamente la renovación de su concesión de transporte público, pues sería absurdo, pues al establecer que la autoridad demandada debe fundar y motivar su negativa, sustancialmente establece que esa autoridad tiene la oportunidad de corregir esa negativa resolviendo favorablemente su petición; es decir, otorgarle la renovación de la concesión, por encontrar elementos para su procedencia al momento de fundar y motivar la misma. Por tanto, los alcances y efecto de la sentencia se extienden a la atribución y obligación de la sala superior a analizar la debida fundamentación y motivación del acuerdo de la Secretaría de Movilidad del Estado. Además, aduce que la resolución reclamada al limitar los alcances de la ejecutoria pronunciada en el recurso de revisión 55/2018 traslada la controversia de nulidad primaria originada por el silencio de la autoridad que derivó en la ficta negativa de otorgarme la renovación a un nuevo litigio entre dicha quejosa y la sala superior. Invoca la tesis con registros digitales 2024104 y 2010987 con los rubros siguientes: "DERECHOS HUMANOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y AL DEBIDO PROCESO. ESTÁNDARES CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALES QUE DEBE SEGUIR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO, AL APLICAR EL ARTÍCULO 72 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD". SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Los referidos conceptos de violación son infundados. Lo anterior, pues se estima correcta la determinación de la sala responsable al confirmar el acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, al considerar cumplida la sentencia ejecutoriada en el expediente 332/2016 de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. En efecto, no le asiste razón a la parte quejosa, pues de la lectura íntegra efectuada a la resolución reclamada se demuestra que la Sala Superior efectuó la relación clara y resumida de todas las actuaciones encaminadas a dar cumplimiento a los efectos de la sentencia, y puntualizó que los mismos consistieron en declarar la nulidad de las resoluciones negativa ficta recaídas a los escritos recepcionados por la Secretaría de Vialidad y Transporte el once de noviembre de dos mil dieciocho, cuatro de febrero y quince de octubre, ambos de dos mil diecinueve, para el EFECTO de que la Secretaría de Vialidad y Transporte fundara y motivara su negativa a otorgar a Silvia Reyna Luján Suárez la renovación de su Acuerdo de Concesión 16301 para prestar el servicio público de alquiler (taxi) en la población de Huajuapan de León, Oaxaca; el otorgamiento de la certeza jurídica, oficio de emplacamiento, alta en papel seguridad, alta de unidad y oficio de publicación de Acuerdo de Concesión 16301 en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado. Y, sobre ese efecto, corroboró que mediante oficio SEMOVI/DJ/DCAA/705/2019 el director jurídico de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca exhibió la resolución de veintitrés de abril de dos mil diecinueve en el cual se pronunció respecto a la fundamentación y motivación de su negativa a otorgar a Silvia Reyna Luján Suárez la renovación de su acuerdo de concesión 16301 para prestar el servicio público de alquiler (taxi) en la población de Huajuapan de León, Oaxaca; el otorgamiento de la certeza jurídica, oficio de emplacamiento, alta en papel seguridad, alta de unidad y oficio de publicación del acuerdo de concesión 16301 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; de ahí que se satisfizo dicho efecto. También refirió que no obstante ello, es decir, la negativa sustentada por la parte demandada a otorgar a Silvia Reyna Luján Suárez la renovación de su acuerdo de concesión 16301 para prestar el servicio público de alquiler (taxi) en la población de Huajuapan de León, Oaxaca y demás documentos, con motivo del requerimiento realizado por la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, mediante diligencia de entrega de documentos de veintinueve de marzo de dos mil veintidós la actuaria adscrita a esa Sala Unitaria hizo constar que se le entregó los documentos denominados certeza jurídica, orden de emplacamiento, alta en papel de seguridad, alta de unidad y oficio de publicación del citado acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca. Por lo anterior, consideró acatada la sentencia por la parte demandada, pues conforme al efecto de la sentencia ejecutoriada en auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho emitió la resolución de veintitrés de abril de dos mil diecinueve en el cual se pronunció respecto a las peticiones de los escritos recibidos en dicha Secretaría el once de noviembre de dos mil dieciocho, cuatro de febrero y quince de octubre de dos mil diecinueve; aspecto del cual tuvo conocimiento la parte actora el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, sin que fuera impugnado. A esto debe decirse que al hacerse sabedora de esa resolución con la oportunidad que se refleja en autos, se estima que, en su caso, debió controvertirla en recurso procedente, pues la contestación dada, en su caso, sería materia de diverso medio de impugnación. Pero no obstante de la respuesta negativa que le fue otorgada a dicha parte quejosa, la parte demandada, Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca, mediante diligencia de entrega de documentos de veintinueve de marzo de dos mil veintidós se le entregó a Silvia Reyna Luján Suárez los documentos denominados certeza jurídica, orden de emplacamiento, alta en papel de seguridad, alta de unidad y oficio de publicación del citado acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca; aspecto que lleva a concluir que a ningún fin practico llevaría que la sala unitaria estudie sobre la fundamentación y motivación de la resolución de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, pues, como lo refirió esta última, la entrega de esos documentales fue una circunstancia benéfica para la parte actora, ya que inicialmente la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca, al cumplir con el efecto de la sentencia ejecutoriada de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, precisó que no había lugar al otorgamiento de la renovación de su acuerdo de concesión 16301 para prestar el servicio público de alquiler (taxi) en la población de Huajuapan de León, Oaxaca; empero, se le otorgó la certeza jurídica, oficio de empacamiento, alta en papel seguridad, alta de unidad y oficio de publicación del acuerdo de concesión 16301 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, pero aun así le entregó tales documentales. Por ello, en caso de que hubiera estado en discrepancia con los efectos de la concesión de la sentencia, en su momento, debió promover el medio de impugnación respectivo a fin de combatir precisamente los efectos de la concesión emitida por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez; motivo por el que se considera que le asiste razón a la Sala responsable al afirmar en la resolución reclamada se encuentra cumplida, por haberse emitido la resolución de veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Sin que las tesis que invoca la parte quejosa sean aplicables al caso concreto, pues se considera que a ningún fin practico llegaría que se ordene a la sala responsable que estudie respecto a la fundamentación y motivación de la resolución emitida el veintitrés de abril de dos mil diecinueve por la parte demandada, cuando esta última excedió, incluso, en el cumplimiento de la misma al otorgarle a la parte quejosa la documentación respectiva, aun cuando no fue materia de la sentencia ejecutoriada, pues, contrario a lo que afirma la parte quejosa, el cumplimiento de aquélla debe constreñirse únicamente a como fue emitida tal resolución. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación hecho valer y no advertir deficiencia alguna que suplir, se estima apegada a derecho la resolución de la Sala responsable, dictada el diecinueve de enero de dos mil veintitrés en el recurso de revisión 213/2022, que confirmó el acuerdo emitido el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós por la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, en el expediente 332/2016, con el que se declaró cumplida la sentencia emitida en ese juicio de nulidad; lo que impone negar el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa Silvia Reyna Luján Suárez. OCTAVO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 37, 74, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Silvia Reyna Luján Suárez, contra el acto reclamado a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, consistente en la resolución de diecinueve de enero de dos mil veintitrés dictada en el recurso de revisión 213/2022, que confirmó el acuerdo emitido el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós por la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, en el expediente 332/2016, con el que se declaró cumplida la sentencia emitida en ese juicio de nulidad; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando octavo de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo; asimismo, háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hasta el día de hoy treinta de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores.

  4. Principal

    P 276/2023 mesa 6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de junio de dos mil veintitrés. 1. Se agrega oficio. Agréguese el oficio firmado por el actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual remite el oficio firmado por el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, al cual se adjunta la diversa comunicación signada por el director Jurídico de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca, con motivo que esta autoridad es la competente para acordar dicho oficio; en atención a este último, se acuerda: Como lo solicita la última autoridad mencionada, indíquesele que en este órgano jurisdiccional se tramita el juicio de amparo ******************** promovido por ********************, contra un acto de la Sala Superior del Tribunal de Justica Administrativa del Estado de Oaxaca, en el que se ordenó emplazar, entre otras autoridades, a la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca; además, que la misma se apersonó a juicio mediante oficio recibido en este Juzgado el nueve de mayo de este año; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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