Silvia Ramirez Jaime

Expediente 241/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
241/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
30/08/2021

Partes del expediente

  • Silvia Ramirez Jaime

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la sentencia en la que este Juzgado sobreseyó el presente juicio, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que haya lugar a realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del recurso de revisión que prevé el numeral 86 de la ley de la materia, en atención a que esa resolución no les irroga perjuicio alguno. Es aplicable la Jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2013630 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 6/2017 (10a.) Página: 556 "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. Expediente principal. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. Documentos: La parte quejosa allegó documentos al presente sumario, pero no son de los considerados originales. Lo anterior, de conformidad con los artículos 12, 15 interpretado a contrario sentido, 20, fracción II, inciso a), y 21, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo en cita, y con apoyo en el oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, suscrito por el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la consulta efectuada por diverso órgano jurisdiccional, respecto al citado instrumento normativo. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. No se omite señalar que, como se precisó en certificación de esta fecha, los documentos exhibidos en el juicio no están catalogados como originales; por lo que su devolución se autoriza desde este momento, en el entendido que, de no presentarse a recibirlos, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente principal en el plazo señalado. En el entendido que, para su obtención, deberá agendar una cita a efecto de que se le permita el acceso a este juzgado a la persona que pretenda hacer el trámite correspondiente; lo cual deberán realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, respecto de lo que se le informa que el horario del Juzgado es de las 12:30 horas a las 18:30 horas, de lunes a viernes, a efecto de que lo tome en consideración, al momento de agendar su cita. Una vez programada la cita, el interesado deberá comunicarse al teléfono 462 123 9428, a efecto de indicar el número del presente expediente, así como la fecha y hora de la cita programada; en el entendido que puede acudir cualquier persona facultada para ello, debidamente identificada con documento oficial (pasaporte, credencial para votar, cédula profesional); siendo que, cualquier error en los datos que proporcione puede ser en su perjuicio, ocasionando un retardo en la devolución de los documentos respectivos. Por otra parte, toda vez que resulta innecesario conservar el tomo de pruebas exhibido en el presente asunto, devuélvase al Juez Cuarto Menor Civil de Partido de Irapuato, Guanajuato, las constancias consistentes en copia certificada del juicio ***, de su índice, constante de un tomo. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo de los oficios que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  2. Principal

    Irapuato, Guanajuato, once de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese el pedimento de cuenta, en el que la fiscal adscrita pretende formular alegatos, sin que implique realizar mayor pronunciamiento, toda vez que su presentación resulta ser extemporánea, pues el nueve de agosto de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional y se emitió la sentencia correspondiente. Ahora, por lo que ve a la solicitud de copias de la sentencia definitiva que se emitió en el presente juicio, expídase a su costa copia simple1, previa razón de recibo que se deje en autos. TRÁMITE PARA EL OTORGAMIENTO DE COPIAS El centro de fotocopiado que se encontraba en el edificio sede de este juzgado dejó de prestar servicio definitivamente, por lo que, para la obtención de copias, personal de este órgano jurisdiccional debe trasladarse a algún centro de fotocopiado, siendo que sólo labora un número reducido de servidores públicos de manera presencial, a fin de llevar a cabo la recepción de todo tipo de promociones e integración de los expedientes que se trabajan diariamente. Ello, con motivo de la pandemia producida por el virus COVID-19, que dio lugar a las medidas dispuestas por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 21/2020, en relación con del diverso Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, con relación al periodo de vigencia. De tal suerte, es que se estima necesario que sujetar el otorgamiento de copias a las siguientes reglas. 1. La reproducción de las copias sólo se efectuará el día miércoles a las nueve horas. 2. Para ello, el interesado deberá comunicarse, cuando menos con dos días de anticipación, al teléfono 462 123 9428, en donde deberá indicar el número del presente expediente, así como la fecha (en día miércoles) en que acudirá a realizar la reproducción fotostática, en el entendido que puede acudir cualquier persona facultada para ello, debidamente identificada con documento oficial (pasaporte, credencial para votar, cédula profesional); siendo que, cualquier error en los datos que proporcione puede ser en su perjuicio, ocasionando un retardo en la obtención de las copias solicitadas. 3. El día miércoles agendado, deberá presentarse en la entrada del edificio sede de este juzgado (sin ingresar a él), donde personal del juzgado le indicará a qué centro de fotocopiado deberán trasladarse para la obtención de sus copias. 4. Si se trata de copias simples, éstas se entregarán en el propio centro de fotocopiado, una vez que obre la razón respectiva en autos y se cubra su costo (el servicio es ajeno a este órgano jurisdiccional). 5. Si se trata de copias certificadas, deberá cubrirse su costo en el dentro de fotocopiado (el servicio es ajeno a este órgano jurisdiccional) y, para su entrega, la parte interesada deberá agendar una cita para ese día o días subsecuentes, a efecto de que se le permita el acceso a este juzgado; lo cual deberá realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx.2, 2 respecto de lo que se le informa que el horario de citas de este Juzgado es de las 12:30 a las 18:00 horas de lunes a viernes; en el entendido que se entregarán previas las formalidades de ley. No obstante lo anterior, se informa que en caso de solicitar el acceso al expediente electrónico, con su firma electrónica, podrá descargar copia de las constancias que obran el expediente electrónico, las cuales, de incluir la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, y las que no la incluyan, se consideran como copias simples. En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de la ocursante que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Notifíquese.

  3. Principal

    .... TERCERO. Existencia de los actos. Es cierto el acto que la parte quejosa le atribuye al Juez Cuarto Menor Civil, Actuaria y Central de Actuarios del Partido Judicial de Irapuato, Guanajuato, pues así lo aceptaron al rendir su informe justificado; manifestación que resulta suficiente para acreditar la existencia del acto que se le reclama. Máxime que así se corrobora de las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil ********************, que la propia autoridad responsable acompañó a su informe con justificación, documentales a las que se les concede plena eficacia probatoria, conforme lo dispuesto por el artículo 202 del enjuiciamiento civil federal aplicado supletoriamente a la ley de la materia. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio del fondo del presente asunto, procede analizar si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia, sea que las partes la propongan o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5o, fracción I de la ley en cita. De la literalidad de tales preceptos, se tiene que el interés jurídico es uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, pues si las leyes o los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del quejoso, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional. Debido a que el acto reclamado deriva de una autoridad jurisdiccional, se exige la acreditación de un interés jurídico ?no legítimo?, aunado a que la afectación a sus derechos debe verificarse en forma fehaciente y no inferirse por presunciones, pues de no comprobarse tales extremos, el juicio de amparo resulta improcedente. Por lo cual, el interesado debe acreditar plenamente, que el acto reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica y que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos. Debido a lo anterior, es necesario determinar si la parte quejosa ******************** tiene interés jurídico en el presente juicio de amparo, atento a que se ostenta como persona extraña al juicio ejecutivo mercantil ********************, del índice del Juzgado Cuarto Menor Civil de Irapuato, Guanajuato; pues alega ser arrendataria del inmueble que asegura tiene en posesión y que fue afectado en el procedimiento de origen, cuando no es parte material, ni fue oída ni vencida en el mismo. Expuesto lo anterior, se observa que, para acreditar su interés jurídico, la parte quejosa exhibió el contrato de arrendamiento de treinta de agosto de dos mil veinte, suscrito entre ********************, en su carácter de arrendadora y la quejosa ********************, en su calidad de arrendataria, respecto del inmueble ubicado en calle ********************143, Colonia ********************, de Irapuato, Guanajuato. Prueba documental privada, que se valora conforme a los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo. Sin embargo, dicho contrato es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico, toda vez que carece de fecha cierta. Al respecto, los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, entendiéndose por ésta, aquella que se tiene a partir de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad; desde que se presenta ante un funcionario público por razón de su oficio; o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Resulta aplicable la jurisprudencia 44/2005, intitulada: "DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL." El motivo toral de ello radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales, de ahí que, si no se surte alguno de esos supuestos, no puede determinarse la fecha cierta de un documento de los señalados con relación a terceros. Ahora, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, por sí solos, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, ya que ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. La exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, porque de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En el caso, el contrato de arrendamiento exhibido carece de fecha cierta, toda vez que no se demostró su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, ni la certificación de funcionario público por razón de su oficio, o bien, que haya muerto cualquiera de los firmantes. Por tanto, es insuficiente por sí mismo para acreditar de manera fehaciente el interés jurídico en este juicio de amparo, al resultar imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al acto reclamado. Sustenta lo anterior la siguiente jurisprudencia: Época: Novena Época Registro: 169963 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Abril de 2008 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 24/2008 Página: 11 ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito. Contradicción de tesis 24/2007-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito (antes Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del mismo circuito) y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. 6 de febrero de 2008. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Martín Adolfo Santos Pérez. Tesis de jurisprudencia 24/2008. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintisiete de febrero de dos mil ocho. Bajo esos parámetros, se concluye la falta de acreditación fehaciente de la afectación al interés jurídico del peticionario de amparo, esto es, no evidenció agravio alguno en su esfera jurídica de derechos con el trámite del juicio de origen. Máxime que aún en el supuesto de que la quejosa hubiera justificado tener la posesión del inmueble controvertido en el juicio civil (lo cual no sucedió), tampoco sería suficiente para acreditar la afectación a su esfera jurídica, si se tiene en consideración que debe también demostrarse fehacientemente la causa que generó la posesión del inmueble; por lo que al no haber ofrecido medio de convicción alguno con el que justifique tener título justo del inmueble que asegura tiene en arrendamiento, se llega al convencimiento de que la posesión simple que ostenta no resulta protegible a través del juicio constitucional. Sirve de apoyo, la siguiente jurisprudencia: Época: Novena Época Registro: 187733 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Febrero de 2002 Materia(s): Civil Tesis: P./J. 1/2002 Página: 5 POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. Contradicción de tesis 17/91. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia del Primer Circuito. 29 de noviembre de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy catorce de febrero en curso, aprobó, con el número 1/2002, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de febrero de dos mil dos. Por tanto, se sobresee el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ante la improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5°, fracción I, penúltimo párrafo, ambos de la ley de la materia (falta de interés jurídico). Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    ... Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en acuerdo de siete de mayo de dos mil veintiuno, se reservó proveer lo conducente a la designación de los terceros interesados, hasta en tanto se recibieran las constancias que remitieran las autoridades responsables como sustento de su informe con justificación, lo que ya aconteció; en esas condiciones, se levanta la reserva de referencia, y al efecto se provee: Del análisis de las constancias remitidas por el Juez Cuarto Menor Civil de Irapuato, Guanajuato, como apoyo a su informe, y con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se advierte que le asiste el carácter de tercero interesado a: ********************(parte actora en el juicio de origen) con domicilio en calle ********************número ********************, interior ********************, ********************, en esta ciudad. ********************(parte demandada en el juicio de origen), con domicilio en calle ********************número ********************, colonia ********************, en esta ciudad. Consecuentemente, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que se constituya en los domicilios referidos, y emplace a juicio a los terceros interesados aludidos, debiéndoles correr traslado con copia autorizada de la demanda de amparo, escritos aclaratorios, auto admisorio de siete de mayo de dos mil veintiuno y del presente proveído. Se hace la observación al funcionario adscrito, que el domicilio del primer tercero interesado corresponde al procesal, por lo que, en su caso (de no encontrar a nadie en el domicilio), podrá emplazarse mediante aviso que deje fijo en la puerta del domicilio; y, en el supuesto de que sea atendido por persona alguna, y ésta se negare a recibir la notificación respectiva, deberá actuar acorde a lo previsto en el artículo 27, fracción I, inciso a), parte final, esto es, asentará la negativa en autos y el emplazamiento se tendrá por hecho. En la inteligencia de que la respectiva diligencia tratándose de la segunda tercera interesada, deberá realizarse acorde a lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, esto es, de manera personal o previo citatorio, en virtud de que no se trata del domicilio procesal. Por economía procesal y para una mayor agilidad en la integración de este negocio, se habilitan días y horas inhábiles en términos del artículo 2******************** de la Ley de Amparo, para la práctica del emplazamiento; de igual forma se faculta al actuario respectivo, para que, de no encontrar a las personas buscadas, y si se entera de un domicilio diverso donde puedan ser emplazadas, podrá constituirse en el lugar que se le informe y llevar a cabo la diligencia de que se trata, ello, sin necesidad de previo acuerdo. En esas condiciones, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que estaba fijada para esta fecha y, en su lugar se señalan las TRECE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo, la cual se fija atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este Juzgado. Notifíquese, y emplácese a los terceros interesados.

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