Silvia Ramirez Jaime

Expediente 316/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
316/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
15/06/2021

Partes del expediente

  • Silvia Ramirez Jaime

Actuaciones

  1. Principal

    ... CAUSA ESTADO DESECHADA. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que en acuerdo de treinta de abril del año en curso, se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, toda vez que no existe diligencia pendiente por desahogar, ni promoción que acordar, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. - VALORACIÓN: No es de relevancia documental. - DESTINO: El expediente es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Lo anterior, en cumplimiento al artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo en cita. - DOCUMENTOS: En el presente asunto no obran documentos exhibidos por la parte promovente. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E).

  2. Principal

    .TERCERO. Certeza del acto reclamado. Una vez que se llevó a cabo la fijación clara y precisa del acto reclamado, se procede al análisis de la certeza o inexistencia de éste, en observancia a la jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 68, tomo 76, abril de 1994, Octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." La autoridad responsable Actuario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Guanajuato, Guanajuato, al rendir informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado por lo que se tiene por cierto para efectos del presente juicio de amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO" . Además, su certeza se corrobora con las constancias que acompañó a su informe, consistentes en copia certificada del juicio ordinario laboral **** de su índice, los que cuentan con valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°. Por su parte, el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Guanajuato, Guanajuato, fue omiso en rendir informe justificado, no obstante, encontrarse debidamente notificado, conforme se advierte de la constancia que obra en folio 58 y 62 de autos; por tanto, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado, pero no así, la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo. Cobra vigencia, la Jurisprudencia 2a./J. 7/94, con registro 2066350, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, Materias Común, consultable en la página 17, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 79, Julio de 1994, del rubro y contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. SU FALTA SOLO HACE PRESUMIR CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA. En términos del artículo 149 párrafo tercero de la Ley de Amparo, la omisión de la autoridad responsable de rendir informe justificado sólo hace presumir la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo". CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Establecida la existencia del acto fijado en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Del análisis de las constancias que obran en autos, de oficio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De acuerdo con esta disposición legal, el amparo indirecto es improcedente contra actos o violaciones acaecidas en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues éstas deben ser alegadas y, en su caso, reparadas en el juicio que se interponga en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, que es aquella en la que en su caso se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; así lo enfatizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 32/2001, del tenor: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Por otra parte, tenemos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 215/2009, si bien es cierto estableció que el juicio de amparo indirecto procede aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, ello únicamente acontecerá cuando el acto infrinja directamente derechos sustantivos de la parte quejosa, a condición de que esos derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. De tal forma, el Máximo Tribunal estimó que con el juicio de amparo no se debe pretender impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Al respecto cobra aplicación la jurisprudencia por contradicción número P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". En el caso, se considera conveniente mencionar que de las constancias que obran en el presente sumario, se advierten los siguientes antecedentes del caso: 1. Por escrito presentado por ***, demandó en la vía ordinaria laboral a la persona jurídica colectiva denominada ***y otros (folio 1 a 3 Tomo I de constancias); 2. Demanda que se admitió por auto de veintitrés de septiembre de dos mil nueve, con el número ***, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en Guanajuato, Guanajuato (folio 4 Tomo I de constancias); 3. La demandada ***, compareció a dar contestación a la demanda instaurada en su contra (folio 73 a 84 del Tomo I de constancias); 4. Seguido el juicio laboral en sus etapas procesales, el veinte de octubre de dos mil once, se dictó laudo, donde entre otras cosas, se condenó a la demandada y hoy quejoso ***., al pago de las prestaciones reclamadas (folio 310 a 317 del Tomo I de constancias); 5. Inconforme la demandada presentó demanda de amparo directo (folio 323 a 338 del Tomo I de constancias). En data ocho de febrero de dos mil trece, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Decimosexto Circuito, al resolver el amparo directo laboral ***, negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso *** (folio 392 a 443 del Tomo II de constancias); 6. El cuatro de mayo y, veintiuno de agosto de dos mil doce, el tribunal laboral, a petición del actor, dictó auto de requerimiento de pago y embargo, contra la demandada *** (folio 359 y 369, del Tomo II de constancias); 7. El veintisiete de septiembre de dos mil doce, se ordenó la inscripción del bien inmueble embargado (folio 373 y 373 del Tomo II de constancias); 8. El once de abril de dos mil trece, y seis de junio de dos mil catorce, se señaló fecha para la audiencia de remate en primera almoneda, respecto del inmueble embargado (folio 450 del Tomo II de constancias); 9. Colmadas las etapas de las convocatorias y avalúos correspondientes, el treinta de septiembre de dos mil dieciséis, se celebró la audiencia de remate en cuarta almoneda, donde el tribunal laboral, adjudicó el bien inmueble embargado, a la parte actora *** (folio 727 del Tomo II de constancias); 10. El cuatro de octubre de dos mil dieciséis, la responsable declaró fincado y adjudicado a favor del actor ***, el bien inmueble rematado (folio 732 del Tomo II de constancias); 11. El treinta y uno de octubre y ocho de noviembre de dos mil dieciséis, se dispuso la escrituración del bien inmueble fincado y adjudicado en rebeldía de la parte demandada (folio 735 del Tomo II de constancias); lo cual, se materializó el trece de octubre de dos mil diecisiete, por parte del notario público número 93 de la Ciudad de *** (folio 746 a 749 del Tomo II de constancias); 12. El veinticinco de agosto de dos mil veinte, el Presidente de la junta laboral, señaló fecha para la diligencia de entrega material y posesión física del bien controvertido, consistente en el inmueble rústico ubicado en el predio denominado ***, para las diez horas, del veintidós de octubre de dos mil veinte, con el auxilio de la fuerza pública y rompimiento de chapas y cerraduras (folio 821 del Tomo III de constancias). Determinación constituye el acto reclamado. Ahora bien, de los antecedentes narrados se advierte que el ocho de noviembre de dos mil dieciséis, culminó el procedimiento de remate en el juicio laboral de origen, en virtud de que se ordenó la escrituración del predio materia de remate (incluso se materializó el trece de octubre de dos mil diecisiete), en términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, al disponer de forma expresa, que dicho procedimiento termina, entre otra hipótesis, con la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación, por tanto, se continuó con el procedimiento de ejecución de laudo, en términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, por las razones que informa, el criterio del tenor siguiente: Registro digital: 2011474 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 13/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1066 Tipo: Jurisprudencia REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. Contradicción de tesis 74/2015. Suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 18 de noviembre de 2015. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en cuanto al fondo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso. Tesis y/o criterios contendientes: El Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisión 237/2014, con la tesis aislada IX.1o.12 C (10a.), de título y subtítulo: "REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESTE PROCEDIMIENTO, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE EN FORMA DEFINITIVA DETERMINA LA ADJUDICACIÓN Y ORDEN DE ESCRITURACIÓN, EXISTA O NO, LA DE ENTREGA DEL BIEN REMATADO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 23 de enero de 2015 a las 9:00 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 14, Tomo III, enero de 2015, página 2046, registro digital: 2008296. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 376/2014, resolvió que la orden de otorgamiento de escritura de adjudicación no es la última resolución del procedimiento de remate; lo anterior en virtud de que el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, señala expresamente que la última resolución en el procedimiento de remate, en contra de la cual procede el amparo indirecto, es aquella que ordena en definitiva tanto el otorgamiento de la escritura de adjudicación como la entrega de los bienes rematados. Tesis de jurisprudencia 13/2016 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis. Esta tesis se publicó el viernes 22 de abril de 2016 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de abril de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. En ese sentido, al haber culminado el procedimiento de remate, es inconcuso que el auto reclamado de veinticinco de agosto de dos mil veinte, mediante el cual, se ordena poner en posesión material el inmueble embargado, a favor de ***, fue dictado en ejecución de sentencia, sin embargo, no es el último acto de ejecución dictado en dicha etapa, sino uno intermedio, por lo que de ninguna forma puede ser impugnable a través del juicio biinstancial, pues, como ya se vio, de acuerdo con el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en los procedimientos de ejecución de sentencia, el amparo procederá en su caso contra la última resolución dictada en el mismo, entendiéndose aquélla como la que, en su caso, aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la improcedencia material o jurídica para darle cumplimiento, lo que en el caso no acontece, precisamente, por tratarse de un acto tendente a ejecutar el laudo, de ahí lo improcedente del presente juicio de amparo. Ello, pues el juicio de amparo prospera, como se dijo, sólo hasta que en su caso se pronuncie la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la improcedencia material o jurídica para darle cumplimiento, o en su caso, la que ordena el archivo definitivo del expediente siendo el amparo que se promueva contra este tipo de actos, donde podrán hacerse valer todas las violaciones al procedimiento que se hayan cometido durante ese período, que hubieren dejado sin defensa a la quejosa y trascendido al resultado de la resolución. Luego, si bien es cierto el acto reclamado afecta el derecho de propiedad de la quejosa, lo cierto es que dicha afectación no es ajena a la ejecución de laudo, de ahí que, se insiste, debe esperar a promover el amparo hasta la última resolución que se dicte en ejecución de sentencia. Consecuentemente, al actualizarse la citada causal de improcedencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV, del numeral 107 de la Ley de Amparo, interpretada en sentido contrario. En la inteligencia que, el sobreseimiento decretado releva a este órgano jurisdiccional del estudio de los conceptos de violación. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo.

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