Silvia Portillo Sánchez
Expediente 1226/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 52 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1226/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 52
- Última actuación
- 29/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Silvia Portillo Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 52.
- Principal
Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos; mediante el cual, informa que se encuentra imposibilitado para llevar a cabo el emplazamiento de las demandadas en el juicio de origen Silvia Portillo Sánchez y Yatzi Sarahí Méndez Albarrán. Ahora bien, en atención a lo manifestado por la responsable, es importante mencionar, que la concesión del amparo otorgada en la presente contienda constitucional fue únicamente para el efecto de que el juez responsable dejara insubsistente todo lo actuado en el juicio de usucapión 584/2013, y ordenara el emplazamiento de Silvia Portillo Hernández; circunstancia que ya ocurrió, como se dejó establecido en el diverso auto de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, en donde se declaró cumplido el fallo protector otorgado en el presente juicio; por ello, el hecho de que a la fecha no se hayan realizado los emplazamientos a los demandados en el juicio de origen, en nada cambia la conclusión arribada en el aludido proveído de ocho de septiembre de dos mil dieciséis. Además, no debe soslayarse que en el caso concreto los alcances de la protección constitucional deben limitarse en función de los actos reclamados y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúan dichos actos dentro del procedimiento de origen, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Lo anterior, en acatamiento a lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de inconformidad 282/2013, en el que estableció los alcances del cumplimiento de las sentencias en el juicio de amparo, en los siguientes términos: (.) De lo anterior se desprende que se encuentra cabalmente satisfecha la obligación exigida por la ejecutoria de amparo ya que, como lo determinó el Juez de Distrito al haberse desahogado las pruebas correspondientes, realizada la etapa de alegatos y ponerse en estado de resolución dicho asunto, se cumplió con lo ordenado en la sentencia de amparo; lo que es suficiente para tenerla por cumplida, toda vez que el dictado del laudo no fue materia de la concesión de la sentencia de amparo. Esto es así, ya que, contrario a lo que aduce el recurrente, en la ejecutoria de amparo no se determinó que hasta el momento que la autoridad dictara el laudo respectivo se estaría respetando y cumpliendo con la garantía de debido proceso contenida en el artículo 17 constitucional. Toda vez, que como se ha señalado, el Juez de Distrito fue claro en determinar que, en relación con el alcance del fallo protector el efecto recayó únicamente en una etapa específica del proceso relacionada con la dilación u omisión reclamada.Luego entonces, no se desprende, como lo pretende el inconforme, que para poder tener por cumplida la obligación exigida en la sentencia que concede el amparo por violación al principio de pronta impartición de justicia, es necesario esperar hasta el dictado del laudo y verificar que todas las actuaciones procesales se hayan realizado dentro de los plazos previstos en la ley, ya que la sentencia de amparo fue clara en determinar que el alcance de la protección federal se limitaba a la etapa procesal específica donde incurrió la violación y que las nuevas violaciones procesales, como las que alude la inconforme, serían impugnables a través de diverso medio de impugnación." Lo que concluyó en la tesis aislada 2a. CV/2013, visible en la página 732, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, publicada el trece de diciembre de dos mil trece, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Las anteriores consideraciones fueron confirmadas por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, al resolver la diversa inconformidad 17/2016 de su índice, derivada del juicio de amparo 931/2014-VI del índice de este juzgado, el cual se invoca como un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a las partes en proveído de ocho de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 627 y 630), correspondiente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, sin que se inconformaran contra el citado auto; en consecuencia, ha causado estado el proveído de referencia y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ... Por otra parte, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente documentos aportados por la parte quejosa, con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiéraseles para que dentro del término de noventa días comparezcan a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruido junto con el expediente.
- Incidental
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a las partes en proveído de ocho de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 627 y 630), correspondiente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, sin que se inconformaran contra el citado auto; en consecuencia, ha causado estado el proveído de referencia y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ... Por otra parte, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente documentos aportados por la parte quejosa, con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiéraseles para que dentro del término de noventa días comparezcan a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruido junto con el expediente.
- Incidental
NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA SILVIA PORTILLO SÁNCHEZ, EL ACUERDO DE TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, DICTADO EN EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA, EL CUAL, EN LO QUE INTERESA DICE: Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a las partes en proveído de ocho de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 627 y 630), correspondiente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, sin que se inconformaran contra el citado auto; en consecuencia, ha causado estado el proveído de referencia y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción IV, del citado Acuerdo; en virtud que por una parte SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en el Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el cuaderno incidental original, deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue concedida la medida provisional y definitiva solicitada, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente documentos aportados por la parte quejosa, con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiéraseles para que dentro del término de noventa días comparezcan a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruido junto con el expediente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución billetes de depósito al no obrar éstos en autos. Finalmente, dado que las partes nada manifestaron con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio, no deberán suprimirse los datos sensibles de dicha resolución y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.
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