Silvia Palafóx Hurrera

Expediente 752/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
752/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
09/02/2021

Partes del expediente

  • Silvia Palafóx Hurrera
  • Ana María Teresa Gómez Robledo
  • Director de la Policía Estatal del Estado de Tlaxcala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, nueve de febrero de dos mil veintiuno. Causa estado auto no presentada demanda Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de queja en contra del proveído de once de enero de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Silvia Palafox Herrera quien se ostenta como apoderada de Ana María Teresa Gómez Robledo; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente Destruible. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, toda vez que se TUVO POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrucción de expediente. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su destrucción. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos originales o billetes de depósito al no obrar estos en autos.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Quejosa solicita devolución de documentos. Agréguese el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución del instrumento notarial que acompañó a su demanda. Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo segundo, fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, déjese a disposición de la parte quejosa los documentos originales que se adjuntaron a la demanda de amparo, el cual podrán recoger dentro del plazo de noventa días, apercibido que de no hacerlo así, dicho documento será destruido junto con el expediente. Ahora, a fin de dar cumplimiento a lo anterior, en términos del artículo 5 del capítulo II, del diverso Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de los documentos que indica, la solicitante deberá comunicarse al teléfono 241 193 4271 con el licenciado Librado Antonio Gómez Morales, una vez que quede debidamente notificado del presente proveído. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Librado Antonio Gómez Morales, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.LGVR

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, once de enero de dos mil veintiuno. No se tiene por desahogada prevención. Agréguese a los autos el escrito signado por Ana María Teresa Gómez Robledo, Silvia Palafox Herrera y María Magdalena Flores Hernández, la primera, quien se ostenta como apoderada de la quejosa; la segunda, en su carácter de directa quejosa y la última, como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual pretenden dar cumplimiento al requerimiento formulado en auto de catorce y treinta de diciembre de dos mil veinte. Y al respecto manifiestan bajo protesta de decir verdad lo siguiente: "1. Bajo protesta de decir verdad manifestamos que el instrumento notarial número mil setecientos veintiocho, volumen catorce, de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, expedida por el Notario Público Número Tres de la Demarcación de Cuauhtémoc, relativo al poder especial para pleitos y cobranzas, actos de administración y riguroso dominio limitado y con la facultad de escriturarse así mismo, se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Tlaxcala bajo el folio real electrónico TL37-C8N2-ZH9J-4R9Z, antecede de inscripción en partida 338/007 en Cuauhtémoc, sección 01, volumen 0090, tal como se acredita con el sello registral RP27DR-43MF98-YT29N3 de fecha veintidós de diciembre de dos mil veinte; no obstante lo anterior, conforme el contenido del acuerdo de treinta de diciembre de dos mil veinte, nos encontramos imposibilitadas para dar cumplimiento a dicho acuerdo, ya que el poder en comento no fue registrado con fecha anterior a la presentación de la demanda. 2. La suscrita ANA MARIA TERESA GÓMEZ ROBLEDO, bajo protesta de decir verdad manifiesto que, tengo conocimiento de la demanda de garantías signada y presentada por SILVIA PALAFOX HERRERA, en el carácter de mi apoderada legal, así como, de los hechos narrados en el escrito de mérito me encuentro sabedora de su contenido, por ende, solicitó a Usía: a. Se reconozca el carácter de gestor de negocios a la señora SILVIA PALAFOX HERRERA, ya que segunda aquí nombrada funge como mi apoderada legal en lo que atañe a la regulación de la propiedad que le ha sido vendida. Tiene aplicación al caso concreto el criterio jurisprudencial siguiente: "GESTIÓN DE NEGOCIOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SU APLICACIÓN SE ENCUENTRA LIMITADA A LOS CASOS EXPRESAMENTE PREVISTOS EN LA LEY RELATIVA Y NO ADMITE LA SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. De lo dispuesto en el artículo 4o. de la Ley de Amparo se desprende que el juicio de garantías puede promoverse por el agraviado o afectado en sus derechos públicos subjetivos por un acto autoritario, pudiendo hacerlo por sí o por conducto de su representante legal, apoderado o defensor. Sin embargo, del examen de las demás disposiciones de esa ley y, en particular, de la interpretación de sus artículos 6o., 15, 17 y 213, fracción II, se arriba a la conclusión de que, por excepción, la promoción y seguimiento del amparo se puede realizar a través de terceras personas en los supuestos específicos que lo autorizan; de modo que la facultad de dar impulso al procedimiento es limitativa, con las excepciones que la propia ley de la materia establece y que dada la singularidad de sus hipótesis, se trata de casos típicos de gestión judicial, por cuanto permiten que promuevan el juicio de garantías o intervengan en él personas que no son los agraviados directos, sus representantes legales, apoderados o sus defensores. En ese sentido, si la regla general está dispuesta en el artículo 4o., y sólo por excepción se admite la gestión judicial en los supuestos y con las condiciones expresamente establecidas en el ordenamiento de la materia (artículos 6o., 15, 17 y 213, fracción II), es evidente que tanto la institución de la legitimación como la gestión judicial en el amparo, están suficientemente reguladas y no requieren de acudir a los elementos generales de la gestión de negocios prevista en forma diversa en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Además, porque de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1896 a 1909 del Código Civil Federal, la gestión de negocios sólo es una fuente de obligaciones, en la que no existe propiamente una representación aun convencional o que dimane de la ley, porque únicamente constituye una declaración unilateral de la voluntad por parte del gestor cuya eficacia está condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos que no solamente dependen de la ley, sino también de la voluntad del titular del derecho relativo; de ahí que esa institución no puede operar válidamente en casos distintos a los expresamente permitidos en la Ley de Amparo. Consecuentemente, debe negarse intervención a aquella persona que pretenda promover en el juicio de amparo como gestor de negocios, si no se actualiza alguno de los supuestos de gestión oficiosa permitidos en la legislación especial de la materia. (.)" PERSONA MAYOR DE EDAD CON DISCAPACIDAD. CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO CONOCE DE UNA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN NOMBRE DE ÉSTA, POR CONDUCTO DE QUIEN NO ES SU REPRESENTANTE LEGAL, DEBE ORDENAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA NOTIFICARLE PERSONALMENTE E INFORMARLE SOBRE LA EXISTENCIA DE AQUÉLLA, Y PREVENIRLA PARA QUE POR SÍ, O BIEN, POR CONDUCTO DE QUIEN LA APOYE EN LA TOMA DE DECISIONES, LA RATIFIQUE O NO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha expresado en diversos precedentes que en el modelo social de discapacidad, la prioridad es la dignidad de las personas. Así, cuando al Juez de Distrito le corresponda conocer de una demanda de amparo indirecto promovida en nombre de una persona con discapacidad mayor de edad por conducto de quien no es su representante legal y sin exhibir documento alguno en torno al estado de aquélla, debe alejarse de toda visión estereotipada en torno a las personas con discapacidad respecto a la aptitud de gobernarse por sí mismas, y partir de la base de que todo individuo mayor de edad, en principio, ejerce plenamente su derecho a la capacidad jurídica; por ende, debe ordenar la realización de todos los actos necesarios para notificar personalmente a la persona en cuyo nombre se promovió la demanda para informarle sobre la existencia de la misma, y prevenirla para que por sí, o bien, por conducto de quien la apoye en la toma de decisiones, ratifique o no la demanda de amparo indirecto para que, en caso de lograr dicha ratificación, las diligencias subsecuentes sean realizadas directamente con la persona afectada por el acto de autoridad o por su representante. De no proceder así, deben considerarse vulneradas las reglas fundamentales que norman el procedimiento constitucional por parte del Juez de Distrito, en términos del artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, al permitir el ejercicio de la acción constitucional en nombre de una persona cuya voluntad no ha sido conocida. (.). b. Si bien es cierto que inicialmente se ha promovido la demanda de amparo por la señora SILVIA PALAFOX HERRERA, teniendo como base el instrumento notarial número mil setecientos veintiocho, volumen catorce, de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, expedida por el Notario Público Número Tres de la Demarcación de Cuauhtémoc, relativo al poder especial para pleitos y cobranzas, actos de administración y riguroso dominio limitado y con la facultad de escriturarse así mismo, el cual conforme al Código Civil para el Estado de Tlaxcala, no requiere para su validez la inscripción en el Registro Público, por tratarse de un trámite meramente administrativo, cierto tan bien es que, conforme a las reglas del contrato de mandato no requiere de tal requisito para su validez, contrario sensu al criterio jurisprudencial siguiente: ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. PARA LA VALIDEZ DEL PODER POR EL QUE DESIGNAN APODERADO ES REQUISITO QUE EL TESTIMONIO NOTARIAL SE INSCRIBA EN EL REGISTRO PÚBLICO A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES. El artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo dispone que el apoderado de una persona moral debe acreditar dicho carácter con el testimonio notarial respectivo, de lo que se colige que no establece obligación alguna respecto a que ese poder o testimonio notarial deba ser inscrito ante algún registro público; sin embargo, de la redacción de la citada disposición tampoco se advierte que deba soslayarse lo que establecen los artículos 22, fracción VII y 25, fracción IV, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que obligan a la inscripción de los poderes expedidos por los organismos públicos descentralizados para que surtan efectos contra terceros. Entonces es dable cumplir con ese requisito de inscripción en el mencionado registro, para que el testimonio notarial alcance validez y así acreditar el carácter de apoderado de quien comparezca a nombre y representación de algún organismo público descentralizado, de lo contrario carecerá de eficacia ese documento. (.) c. Atento a lo anterior, hago mía en todos y cada uno de sus puntos el escrito inicial de demanda presentado el once de diciembre de dos mil veinte, del cual este Juzgador es conocedor, por ende, solicito se señale día y hora para que la suscrita comparezca ante este Juzgador a ratificar el contenido del libelo de garantías." En atención a la manifestación vertida por Ana María Teresa Gómez Robledo, en el sentido de que se le reconozca el carácter de gestor de negocios a la señora Silvia Palafox Herrera, en virtud de que funge como su apoderada legal en lo que atañe a la regulación de la propiedad que le ha sido vendida; y al efecto señaló como apoyo a su petición la tesis de rubro "GESTIÓN DE NEGOCIOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SU APLICACIÓN SE ENCUENTRA LIMITADA A LOS CASOS EXPRESAMENTE PREVISTOS EN LA LEY RELATIVA Y NO ADMITE LA SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES"; dígase que no ha lugar a proveer de conformidad dicha petición Lo anterior, dado que la tesis que señaló establece que el juicio de amparo puede promoverse por el agraviado o afectado en sus derechos públicos subjetivos por un acto autoritario, pudiendo hacerlo por sí o por conducto de su representante legal, apoderado o defensor, de conformidad con el artículo 4, de la Ley de Amparo abrogada; admitiendo, excepcionalmente la promoción y seguimiento del amparo a través de terceras personas en los supuestos específicos que lo autorizan los artículos 6, 15, 17 y 213, fracción II, de dicho ordenamiento abrogado. Además, estableció que la facultad de dar impulso al procedimiento es limitativa, con las excepciones que la propia ley de la materia establece y que dada la singularidad de sus hipótesis, se trata de casos típicos de gestión judicial, por cuanto permiten que promuevan el juicio de garantías o intervengan en él personas que no son los agraviados directos, sus representantes legales, apoderados o sus defensores. Estableciendo dicho criterio que, la regla general está prevista en el citado numeral 4, y sólo por excepción se admite la gestión judicial en los supuestos y con las condiciones expresamente establecidas en el ordenamiento de la materia (artículos 6o., 15, 17 y 213, fracción II); por lo que, la institución de la legitimación como la gestión judicial en el amparo, están suficientemente reguladas y no requieren de acudir a los elementos generales de la gestión de negocios prevista en forma diversa en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Conforme a lo anterior, resulta evidente que no se actualiza la gestión judicial que solicita Ana María Teresa Gómez Robledo, en favor de Silvia Palafox Herrera, puesto que ésta procede únicamente en términos de los artículos 8, 15 y 16 de la Ley de Amparo vigente, los cuales su contenido similar a los preceptos de la ley de amparo abrogada; los que se establecen, respectivamente, que el menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo. En este supuesto, se autoriza que el menor, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción promuevan su demanda de garantías, sólo que obliga al Juez correspondiente a nombrarle un representante especial para el único efecto de que intervenga en el juicio; por ende, el representante especial que se nombra, participa de la naturaleza de un gestor judicial, puesto que sólo tiene la facultad de darle seguimiento al juicio promovido por una persona que no tiene capacidad legal para hacerlo por sí. Asimismo, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Hipótesis que se actualiza cuando el particular afectado está imposibilitado para promover el amparo por sí mismo, sin embargo, puede hacerlo cualquier persona en su nombre, aunque sea menor de edad, sólo que la tramitación del juicio está condicionada a que el quejoso ratifique la demanda interpuesta en su nombre; lo que revela una gestión judicial, en el que una persona puede promover una demanda en un asunto que no le es propio, sin estar autorizado por el interesado ni tener obligación legal de hacerlo, pero que debido a la naturaleza del daño causado o que pudiera causarse y a la imposibilidad material en que se ubica el afectado, la ley autoriza a que lo haga cualquier persona en su nombre, aun siendo menor de edad, pero condiciona la eficacia de ese acto jurídico a su ratificación por el interesado. Y cuando fallezca el quejoso o el tercero interesado, siempre que lo planteado en el juicio de amparo no afecte sus derechos estrictamente personales, el representante legal del fallecido continuará el juicio en tanto interviene el representante de la sucesión. En este caso, existe una gestión judicial especial, dado que se refiere que durante la tramitación de un juicio de amparo ocurra la muerte del quejoso o del tercero interesado y el acto reclamado afecte sus derechos patrimoniales, por lo que permite a quien fuera su representante, darle trámite al juicio hasta que intervenga la sucesión del fallecido, con el propósito de no dejarlo desprovisto de administración al patrimonio del quejoso o del tercero interesado, mientras esté en posibilidades de comparecer a juicio la sucesión que en su caso deba formarse y en quien en todo momento recae la facultad de velar por los intereses patrimoniales del fallecido. Asimismo, resulta pertinente señalar que la gestión de negocios y el mandato son de naturaleza jurídica disímil, ya que en el primero, se requiere que una persona, sin tener mandato y sin estar obligada legalmente, se encargue de un asunto que esté momentáneamente abandonado por su dueño, por encontrarse ausente o impedido para atenderlo personalmente, pues se trata de una institución que tiene su fundamento en un principio de solidaridad social; mientras que el segundo, es un contrato y requiere de la existencia del concurso de voluntades de los contratantes para que el mandante contraiga las obligaciones que su ejercicio implica, de donde resulta que la eficacia de las acciones derivadas de ese contrato está condicionada a la comprobación del vínculo jurídico existente entre el mandante y el mandatario. Apoya lo anterior, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 175-180, cuarta parte, de la Séptima Época, visible en la página 99, de rubro y texto siguientes: "GESTION DE NEGOCIOS Y EL MANDATO, NATURALEZA JURIDICA DISTINTA DE LA. Son de naturaleza jurídica diferente la gestión de negocios y el mandato, pues este último es un contrato y como tal requiere de la existencia del concurso de voluntades de los contratantes para que el mandante contraiga las obligaciones que su ejercicio implica, de donde resulta que la eficacia de las acciones derivadas de ese contrato está condicionada a la comprobación del vínculo jurídico existente entre el mandante y el mandatario; mientras que para la existencia de la gestión de negocios, se requiere que una persona, sin tener mandato y sin estar obligada legalmente, se encargue de un asunto que esté momentáneamente abandonado por su dueño, por encontrarse ausente o impedido para atenderlo personalmente, pues se trata de una institución que tiene su fundamento en un principio de solidaridad social." Lo que pone de manifiesto que no es dable que se tenga a Silvia Palafox Herrera, como gestora de negocios de la directa quejosa Ana María Teresa Gómez Robledo, dado que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en los artículos 8, 15 y 16 de la Ley de Amparo vigente, conforme a lo expuesto en párrafos que anteceden. Por otra parte, en relación a la manifestación que vierten en el sentido de que conforme al Código Civil para el Estado de Tlaxcala, el instrumento notarial número mil setecientos veintiocho, volumen catorce, de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, no requiere para su validez la inscripción en el Registro Público, por tratarse de un trámite meramente administrativo. Ahora, si bien es cierto que el Código Civil en el Estado de Tlaxcala, no requiere que el poder se inscriba en el Registro Público; también lo es que, el poder es producto de una declaración unilateral de la voluntad que se genera en favor del apoderado la facultad de actuar en nombre del poderdante. Entonces, si el instrumento notarial número mil setecientos veintiocho, volumen catorce, de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, expedida por el Notario Público Número Tres de la Demarcación de Cuauhtémoc, relativo al poder especial para pleitos y cobranzas, actos de administración y riguroso dominio limitado y con la facultad de escriturarse así mismo; que fue otorgado por Ana María Teresa Gómez Robledo, en favor de Silvia Palafox Herrera, conforme a la cláusula Primera, inciso E), último párrafo, que establece expresamente lo siguiente: "PRIMERA.- ANA MARÍA TERESA GÓMEZ ROBLEDO otorga en su carácter de poderdante en favor de SILVIA PALAFOX HERRERA, EL PODER PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y RIGUROSO DOMINIO, LIMITADO Y CON LA FACULTAD DE ESCRITURARSE ASI MISMA. Con todas las facultades generales y aun aquellas que conforme a la ley requieran poder o cláusula especial y expresa, en los términos del artículo dos mil ciento setenta y ocho, del Código Civil para el Estado de Tlaxcala y sus correlativos de las entidades federativas donde se ejercite el poder. (.) E).- Sustituir el presente mandato, conferir poderes generales o especiales, con las mismas facultades o limitados y revocarlos. (.) El presente instrumento deberá ser inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, para que surta sus efectos legales." Se advierte que la voluntad de la otorgante del citado poder, fue precisamente que el instrumento notarial que otorgó se inscribiera en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, para que este surtiera efectos legales; por lo que al no haberse hecho así, dicho poder no surtiría efectos legales como lo señaló la otorgante. Por tanto, si al momento de presentar la demanda de amparo (once de diciembre de dos mil veinte), el referido instrumento no se encontraba inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, como se precisó, este no se encontraba surtiendo sus efectos legales. De tal suerte que si la escritura pública que contiene el poder especial para pleitos y cobranzas, actos de administración y riguroso dominio limitado y con la facultad de escriturarse a sí misma, que otorgó Ana María Teresa Gómez Robledo en favor de Silvia Palafox Herrera, única y exclusivamente respecto del lote número dos, de la manzana cero, cero, sesenta, zona cero, cero, cero, uno ubicado en el núcleo agrario de Santa Ana Huiloac, Municipio de Apizaco, Estado de Tlaxcala, fue presentado para su examen y registro ante la Dirección de Notarias y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, hasta el veintidós de diciembre de dos mil veinte, éste se realizó con posterioridad a la fecha en que se promovió la demanda de amparo. Resulta aplicable a lo anterior, por su idea jurídica sustancial, el siguiente criterio con registro digital 191109: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. NO ES DABLE TENERLA POR ACREDITADA, CONFORME AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL PODER FUE OTORGADO CON POSTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Al ser la representación, en sentido general, un fenómeno jurídico que implica que una persona llamada representante realice actos jurídicos en nombre de otra llamada representado, en forma tal que el acto surte efectos directamente en la esfera jurídica de este último, como si hubiera sido realizado por él, y partiendo de la consideración de que el derecho atribuye efectos jurídicos a la voluntad humana en la medida en que ésta es exteriorizada y se propone fines lícitos, que constituyen intereses jurídicamente tutelados, debe concluirse que no puede tenerse por acreditada la personalidad del representante, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, con un poder general o carta poder otorgados con posterioridad a la presentación de la demanda, pues dicha representación surte sus efectos precisamente a partir de la fecha en que se otorgó." Ahora, en relación a la manifestación vertida por Ana María Teresa Gómez Robledo, en el sentido de que hace suyo en todos y cada uno de sus puntos el escrito inicial de demanda presentado el once de diciembre de dos mil veinte, por Silvia Palafox Herrera, y se señale día y hora para que comparezca ante este órgano jurisdiccional a ratificar el contenido del libelo de garantías. Dígase que no ha lugar a proveer de conformidad dicha petición, dado que la demanda de amparo la promovió la apoderada Silvia Palafox Herrera, quien se ostentó con tal carácter y fue directamente a ella a quien se hizo la prevención para que justificara la personalidad con que promovió la demanda; por ende, la ratificación no puede retrotraerse a la fecha de presentación de la demanda de amparo presentada por la apoderada. No obstante lo anterior, dígase a la directamente quejosa Ana María Teresa Gómez Robledo, que quedan expeditos sus derechos, para que, en su caso, promueva nuevamente la demanda de amparo correspondiente. En virtud de lo expuesto, no se tiene por cumplida la prevención formulada; en ese sentido, toda vez que en auto de treinta de diciembre pasado, se precisó lo relativo al plazo con el que cuenta la parte quejosa para dar cumplimiento a la prevención realizada -1 día-, contado a partir de la notificación de aquél, y en atención a la certificación de cuenta, se provee: Se tiene por no presentada demanda de amparo. Finalmente, en atención al estado procesal de autos, así como a lo determinado en este proveído y a la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que se concedió al promovente del amparo Silvia Palafox Herrera quien se ostenta como apoderada de Ana María Teresa Gómez Robledo, para que cumpliera con los requerimientos formulados en proveídos del catorce y treinta de diciembre de dos mil veinte, sin que lo hubiera hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en el primero de los acuerdos de referencia, por lo que se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la Licenciada Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de treinta de noviembre de dos mil veinte, comunicado a este órgano jurisdiccional mediante oficio CCJ/ST/2878/2020 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación que del citado artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 14/2010, consultable en la página 716, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", quien actúa asistida del licenciado Librado Antonio Gómez Morales, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, seis de enero de dos mil veintiuno. Autorizada de la parte quejosa deberá estarse a lo acordado en autos. Agréguese a los autos el escrito con anexo signado por María Magdalena Flores Hernández, autorizada en términos amplios de Silvia Palafox Herrera, apoderada de Ana María Teresa Gómez Robledo, mediante el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento formulado en auto de catorce de diciembre de dos mil veinte; al respecto dígase que deberá estarse a lo acordado en auto de treinta de diciembre de dos mil veinte, en el que se recibió el escrito de cuenta de manera electrónica y se proveyó lo conducente. Resguardo de documentos. En otro aspecto, toda vez que la autorizada de la parte quejosa exhibe el sello registral RP27DR-43MF98-YT29N3 de veintidós de diciembre de dos mil veinte y copia certificada del instrumento notarial número mil setecientos veintiocho, volumen catorce, de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, expedida por el Notario Público Número Tres de la Demarcación de Cuauhtémoc, relativo al poder especial para pleitos y cobranzas, actos de administración y riguroso dominio limitado y con la facultad de escriturarse a sí misma. Resguárdense en la Secretaría del Juzgado, previa copia certificada que se deje en su lugar. Se autoriza devolución de documento. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, como lo solicita la autorizada de la parte quejosa, devuélvase el documento que exhibió en su escrito inicial de demanda, que refiere en el ocurso de cuenta, previa razón de su recibo se agregue en autos. A fin de llevar la práctica de la referida diligencia y dadas las condiciones de contingencia sanitaria que persisten, se ponen a disposición de la parte promovente, los datos de contacto de los funcionarios judiciales que podrán intervenir en el desahogo de dicha actuación, siendo los siguientes: NOMBRE DEL FUNCIONARIO CARGO DATOS DE CONTACTO Librado Antonio Gómez Morales Secretario librado.gomez.morales@correo.cjf.gob.mx, Teléfono celular: 241 193 4271 Olga Viviana López González Secretaria olga.lopez.gonzalez@correo.cjf.gob.mx Teléfono celular: 246 457 4955 Notifíquese. Así lo proveyó y firma la Licenciada Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de treinta de noviembre de dos mil veinte, comunicado a este órgano jurisdiccional mediante oficio CCJ/ST/2878/2020 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación que del citado artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 14/2010, consultable en la página 716, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", quien actúa asistida de la licenciada Olga Viviana López González, Secretaria que autoriza y da fe.

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