Silvia Muñoz Fuerte

Expediente 958/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
958/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
26/11/2019

Partes del expediente

  • Silvia Muñoz Fuerte

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, por medio del cual, el Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta Ciudad, informa que con fecha dieciséis de octubre pasado, se admitió a trámite la demanda de garantías promovida por la quejosa -, misma que fue remitida por esta autoridad a la Superioridad, en atención a que el acto reclamado, es impugnable en amparo directo. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración que a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, el titular de este juzgado lo es el Licenciado SALVADOR MARTÍNEZ CALVILLO, por tanto, hágase saber a las partes tal circunstancia, para los efectos legales a que haya lugar. En atención a lo anterior, vista la constancia de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido, haciéndose la observación de el mismo, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que esta autoridad se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de garantías en comento. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita.

  2. Principal

    Como del estado que guardan los presentes autos se advierte que por oficio 5365 suscrito por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo en este Circuito, con sede en esta ciudad, se informó a este Juzgado que dicha superioridad, con fecha cinco de septiembre pasado, se avocó al conocimiento de la demanda de garantías que motivó el cuaderno de incompetencia en que se actúa, promovida por -, por su propio derecho; y, a efecto de determinar lo conducente, requirió a la autoridad señalada como responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, para que hiciera constar al pie del líbelo constitucional, la certificación donde constara la fecha de notificación del acto reclamado, la de su presentación, así como los días inhábiles que mediaron entre ellas, rindiera informe justificado, remitiera los autos del expediente para procesal afecto, y corriera traslado con copia de la demanda de garantías a la parte tercera interesada, debiendo devolver las constancias al Tribunal de Alzada, con la finalidad de que éste determinara lo procedente respecto de la demanda de garantías en comento; en atención a lo anterior, requiérase al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo en este Circuito, con sede en esta ciudad, para que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar el estado procesal que guarda el cuaderno- de su índice, ello a fin de que este Órgano Jurisdiccional se encuentre en condiciones de proveer lo conducente en el asunto en que se actúa.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que surta los efectos legales correspondientes, el oficio de cuenta suscrito por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado en este Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual acusa recibo de las constancias remitidas por diverso 5799, de treinta de agosto pasado, en atención a que en la propia fecha esta autoridad se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de garantías promovida por - por su propio derecho, e informa que el cinco de septiembre anterior, se avocó al conocimiento del líbelo constitucional de mérito, razón por la cual solicitó a la autoridad señalada como responsable las constancias correspondientes.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por -, por su propio derecho, contra actos del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad, que se promueve contra los actos consistentes en: "IV.-Norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame: I.-Del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, reclamo: El haber dictado el auto de fecha 29 de agosto del año 2018 donde determina desechar el incidente de incompetencia que se le planteo. El anterior acuerdo lo reclamo por ser violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución. 2.- Del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán reclamó el haber dictado la resolución en el expediente Paraprocesal 99/2017." 3.-De la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Michoacán, dependiente del Poder Ejecutivo. Reclamo el pretender cumplir o ejecutar la orden recibida del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, consistente en entregar el 25% de las prestaciones que generó el ahora fallecido -, mi cónyuge, a la señora -, en los términos de la resolución que dictó la autoridad responsable ordenadora dentro del expediente paraprocesal 99/2017; sin que exista fundamentación ni motivación para llevar a cabo esta orden que le han encomendado, y violando en mi agravio los derechos humanos y garantías individuales que consagran los artículos lo, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, como más adelante se detallará." Al respecto, este juzgador estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, virtud a que el acto que se reclama se trata de una sentencia que pone fin al juicio de origen, con fundamento en los artículos 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; [.]" Del precepto legal en cita se desprende la procedencia del juicio de amparo directo en los siguientes supuestos: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. b) Son sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal. c) Son resoluciones que ponen fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. d) Deben agotarse previamente los recursos ordinarios, por virtud de los cuales las sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados. e) Para efectos de la Ley de Amparo, se entiende que el juicio se inicia con la presentación de la demanda. Sentado lo anterior, como se anticipó del análisis integral de la demanda, se aprecia claramente que los actos reclamados se hacen consistir en el proveído dictado el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, por el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, en el expediente paraprocesal 99/2017 de su índice, donde determinó desechar el incidente de incompetencia planteado por la parte quejosa, de igual forma se reclama la resolución dictada en dicho asunto paraprocesal, así como la pretensión de cumplir o ejecutar dicha determinación. Del estudio del acto reclamado, resulta evidente que se trata de una resolución que pone fin al juicio, en virtud de que el procedimiento especial de declaración de beneficiarios, tiene como objetivo determinar quién o quiénes y en qué proporción habrán de suceder al trabajador fallecido en sus derechos laborales, liberando al patrón de responsabilidad en caso de que pague a quien señale la Junta de Conciliación y Arbitraje; procedimiento que es útil en caso de muerte por riesgos de trabajo o cuando se encuentran pendientes de cubrir prestaciones o indemnizaciones, ejercitar acciones o continuar juicios, pues evita la obligación de sustanciar el juicio sucesorio, procedimiento en el cual la Junta está obligada a investigar y convocar a quienes consideran tener derecho a ser declarados beneficiarios del extinto trabajador, y se da la oportunidad de exhibir pruebas, formular alegatos y oponerse al derecho de presuntos beneficiarios, es decir, admite controversia entre éstos y, por tanto, tiene la naturaleza de juicio; sin que constituya una incidencia o etapa preliminar, ya que su objetivo es exclusivamente el mencionado, y lo corrobora el hecho de que en caso de muerte por riesgos de trabajo o prestaciones pendientes, no necesariamente se desarrollará una controversia entre patrón y beneficiarios con posterioridad a su resolución. Por lo anterior, si aquel procedimiento se estableció para admitir una controversia entre partes y no constituye una incidencia ni un acto prejudicial o preparatorio a juicio, la resolución que lo dirime no constituye una actuación dictada en juicio, fuera de juicio o después de concluido, sino que tiene la naturaleza de laudo, y por ende, en su contra procede el juicio de amparo directo. Como consecuencia de lo antes expuesto, la resolución incidental que se reclama y dirime la excepción de incompetencia plateada por la quejosa en el juicio paraprocesal de origen, si bien es cierto que por regla general, de conformidad con el artículo 107, fracciones V y VIII, de la Ley de Amparo, contra la determinación que declara infundada una excepción de incompetencia procede el juicio de amparo indirecto, en virtud de que dicho juicio opera contra actos intraprocesales cuyos efectos sean de imposible reparación (entendiéndose por ellos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos), así como contra actos de autoridad en los que se inhiba o decline la competencia de un asunto, siendo necesario que el acto de autoridad produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontece una vez que el acto es definitivo, como lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 239/2014(1) y 216/2014(2), donde puntualizó que es innecesario esperar a que se dicte la sentencia definitiva en el juicio de origen para impugnar una violación en amparo directo, porque al desestimarse una excepción de esa naturaleza, la cuestión competencial produce una afectación personal y directa en la esfera de derechos del interesado, la cual podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se tramite por una autoridad incompetente e, incluso, con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables, ni siquiera obteniendo una sentencia definitiva favorable. Sin embargo, existe un caso de excepción a la regla general de procedencia del amparo indirecto interpuesto contra la determinación que declara infundada una excepción de incompetencia, la cual surge cuando dentro del expediente relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria, se declara infundada dicha excepción, y adicional a tal determinación se resuelve el procedimiento de origen; de ahí que sea factible que el Tribunal Colegiado de Circuito, por excepción, analice los argumentos hechos valer por la parte quejosa, a título de violación procesal contra la resolución que declaró infundada la excepción de incompetencia por declinatoria que hizo valer la quejosa. A lo anterior tiene aplicación la tesis 154 K, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, Materia Común, Tesis: XXVII.3o. (10a.), Página: 2462, Décima Época, que al rubro es como sigue: "EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA. SI ANTES DE AGOTARSE EL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA INTERPONER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE LA DECLARA INFUNDADA, EL JUEZ EMITE LA SENTENCIA DEFINITIVA, POR EXCEPCIÓN PROCEDE SU ANÁLISIS COMO VIOLACIÓN PROCESAL EN EL AMPARO DIRECTO." Así como la jurisprudencia 1/2017, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, Materia Común, Página 530, Décima Época, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS. LA RESOLUCIÓN QUE LO DIRIME TIENE LA NATURALEZA DE LAUDO, POR LO QUE, EN SU CONTRA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. El procedimiento especial de declaración de beneficiarios a que se refiere el artículo 892, en relación con el 503, ambos de la Ley Federal del Trabajo, tiene como objetivo determinar quién o quiénes y en qué proporción habrán de suceder al trabajador fallecido en sus derechos laborales, liberando al patrón de responsabilidad en caso de que pague a quien señale la Junta de Conciliación y Arbitraje; procedimiento que es útil en caso de muerte por riesgos de trabajo o cuando se encuentran pendientes de cubrir prestaciones o indemnizaciones, ejercitar acciones o continuar juicios, según se advierte de los numerales 115 y 503 de la citada legislación, pues evita la obligación de sustanciar el juicio sucesorio. Ahora bien, en dicho procedimiento la Junta está obligada a investigar y convocar a quienes consideran tener derecho a ser declarados beneficiarios del extinto trabajador, y se da la oportunidad de exhibir pruebas, formular alegatos y oponerse al derecho de presuntos beneficiarios, es decir, admite controversia entre éstos y, por tanto, tiene la naturaleza de juicio; sin que constituya una incidencia o etapa preliminar, ya que su objetivo es exclusivamente el mencionado, y lo corrobora el hecho de que en caso de muerte por riesgos de trabajo o prestaciones pendientes, no necesariamente se desarrollará una controversia entre patrón y beneficiarios con posterioridad a su resolución. Por ello, si aquel procedimiento se estableció para admitir una controversia entre partes y no constituye una incidencia ni un acto prejudicial o preparatorio a juicio, la resolución que lo dirime no constituye una actuación dictada en juicio, fuera de juicio o después de concluido, sino que tiene la naturaleza de laudo, en términos de la fracción III del artículo 837 de la Ley Federal del Trabajo y, por ende, en su contra procede el juicio de amparo directo." De igual manera, esta autoridad advierte, que la quejosa reclama como un tercer acto, la ejecución de la resolución emitida en el expediente paraprocesal de origen, misma que no es dable analizar en amparo indirecto, atento a que el mismo deriva de la resolución en comento, contra la cual como ya quedó asentado en supra líneas, procede el amparo directo, y por ende, el mismo está supeditado al fallo que emita la superioridad al respecto. En ese sentido, esta autoridad concluye que la resolución que dirimió el procedimiento paraprocesal de origen, con lo cual se da por terminado éste, su ejecución, así como la diversa que resuelve la excepción de incompetencia plateada en el mismo, deben reclamarse en la vía de amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito, en específico, ante un Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo en este Circuito, de conformidad con los numerales 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo. A lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Abril de 2015, Tomo I, Libro 17, Materia Común, página 95, del rubro siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia 2ª./J. 5/91 por contradicción de tesis, resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Noviembre de 1991, Materia Administrativa, página 47, del rubro: "DEMANDA FISCAL, DESECHAMIENTO DE LA. EL AMPARO DIRECTO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO CONFIRMA." Por consiguiente, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se ordena remitir este juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo en este Circuito, en turno, para los efectos legales conducentes. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Finalmente, fórmese el cuaderno correspondiente, háganse las anotaciones del caso en el Libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

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