Silvia Magaña Sturcke
Expediente 863/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 863/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Silvia Magaña Sturcke
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, a veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Como de la constancia secretarial de cuenta, se advierte que el término de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el auto de quince de diciembre pasado, que desechó su demanda de amparo, le transcurrió del doce de los actuales, al dieciocho siguiente; por lo tanto ha fenecido, sin que haya interpuesto recurso alguno o manifestado a este órgano jurisdiccional haberlo interpuesto ante la Superioridad; consecuentemente, se declara que el mismo ha causado estado. Por otra parte, como no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, a dos de febrero de dos mil veintiuno. Como se advierte de la constancia secretarial de cuenta, que dentro del presente juicio se encuentra integrado el proveído dictado el quince de diciembre pasado, asimismo, que dicho auto no está autorizado, ni listado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); por tanto, se ordena efectuar las actualizaciones respectivas, a fin de que el acuerdo precisado con anterioridad, quede autorizado, listado y en su momento publicado debidamente; lo anterior, a efecto de que las partes queden legalmente notificadas y no dejarlas en estado de indefensión. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, a veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual la Jefa de la Oficina de Correspondencia aludida, en acatamiento al oficio 7828/2020 hace del conocimiento que realizó la compensación solicitada, misma que quedó registrada con el número de orden 000261/2020, del rubro de incompetencia de amparo y contabilizada a favor de este tribunal; lo cual será tomado en consideración para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio número 3870/2020, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que anexa el cuaderno de incompetencia relativo al juicio de garantías directo civil número -, promovido por -, la demanda de amparo promovida por ésta, informe justificado con anexo rendido por la autoridad responsable Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y acta de emplazamiento a la parte tercero interesada. En consecuencia, de conformidad con el numeral 45 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la demanda de garantías de que se trata. Acúsese el recibo correspondiente, anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número VI-863/2020-2. 2. Análisis sobre la procedencia o no del juicio de amparo. Del estudio de la demanda de garantías aludida, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: ".la sentencia de fecha 12 doce de octubre de 2020 dos mil veinte, dictada por la Magistrada de la Octava Sala Civil de Segunda Instancia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, dentro del toca -, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la suscrita en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 24 veinticuatro de agosto de 2020 dos mil veinte, emitida por el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de La Piedad, Michoacán, en el incidente de previo y especial pronunciamiento sobre litisconsorcio pasivo necesario substanciado en el juicio ordinario civil número -, que sobre acción plenaria de posesión y otras prestaciones promovió -.". Resolución en reclamo, que confirmó la interlocutoria de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, en el incidente de previo y especial pronunciamiento sobre litisconsorcio pasivo necesario, relativo al juicio ordinario civil número -, misma que declaró improcedente dicha incidencia. Acto, respecto del cual este juzgado estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por los numerales 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 107, fracción V -aplicado a contrario sensu-, y 172, fracción XII todos de la ley de la materia. El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe tenerse en consideración que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguno durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, por las razones que se exponen, la tesis de jurisprudencia número 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Precisado lo anterior, se estima como se adelantó, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los numerales 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 107, fracción V -aplicado a contrario sensu-, así como 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establecen respectivamente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo.". Sobre el indicado tipo de actos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la tesis número P. LVII/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 9, cuyo rubro y texto se transcribe: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen un ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que el quejoso no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la sentencia definitiva, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo directo que en su caso se intente contra esa sentencia que pondrá fin al juicio. En ese sentido, en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos dentro de juicio, ya que los actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Como ya se precisó, si el acto reclamado consiste en la sentencia mediante la cual la autoridad responsable confirmó la diversa de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, en el juicio ordinario civil número - relativa al incidente sobre litisconsorcio pasivo necesario, a efecto de que se llamara a juicio a -; entonces es inconcuso que tal acto no tiene una ejecución de imposible reparación, ya que no produce efectos materiales inmediatos sobre derechos sustantivos de la promovente, pues en él, la autoridad responsable no resuelve ni ordena cuestión alguna en agravio de la inconforme, ya que, aun cuando fuera adversa a sus intereses, sólo ocasiona que en el procedimiento se integre a la relación jurídica procesal con las demás partes involucradas y prosiga el procedimiento hasta el dictado de la sentencia correspondiente, lo que en todo caso, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento de origen, podría serle favorable y, en caso contrario, se encontraría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente, y de persistir dicho sentido, impugnar la resolución relativa a través del juicio de amparo directo. Al respecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, pronunció la tesis II.1o.C.4 K (10a.), en que analiza el tópico tratado en esta determinación, bajo el rubro y contenido siguiente: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA EL PROVEÍDO QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN, CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 169/2012 (10a.)]. De conformidad con el artículo 107, fracción V, de la referida ley, el juicio de amparo indirecto procede "contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte", esto es, en dicho precepto se define el concepto de ese tipo de actos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar algunos de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados constitucional y convencionalmente, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Ahora bien, el litisconsorcio pasivo necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más demandados tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllos están interesados en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible condenar a una parte, sin que la condena alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio pasivo necesario constituye un presupuesto procesal que incluso debe analizarse de oficio por el juzgador. Así pues, se considera que la resolución que confirma la diversa por la cual se determina que no se actualiza el litisconsorcio pasivo necesario solicitado por el demandado, es una violación procesal que debe ser reclamable hasta que se dicte el fallo definitivo, a través del juicio de amparo directo, porque no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues los actos de ejecución de esta resolución son reparables, y sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, cuyas consecuencias se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. No es óbice a lo considerado la jurisprudencia 2a./J. 169/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 1230, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO LABORAL. LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.", pues dicho criterio se considera inaplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, debido a que se integró conforme a la ley de la materia vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en donde se interpretaba el artículo 114, fracción IV, el cual no establecía lo que debía entenderse como un acto de ejecución de imposible reparación, mientras que en la ley vigente, el legislador decidió delimitar los alcances de ese término sólo para comprender los derechos sustantivos; además, si bien es cierto que en la jurisprudencia invocada se acepta que la figura del litisconsorcio pasivo necesario no sólo trasciende a aspectos procesales, sino que se extiende a la relación sustancial, también lo es que no se establece concretamente que se vulnere materialmente algún derecho sustantivo, por lo cual ya no resulta aplicable, al oponerse a la nueva legislación". En esas condiciones, al haberse actualizado en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia antes invocada, procede DESECHAR DE PLANO la presente demanda con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. 3. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes, que las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Igualmente, se le informa el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que establece que el acceso a los expedientes electrónicos se autorizará al asociar el "nombre de usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el citado portal con el juicio de amparo respectivo y la captura de los datos de las partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo que se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico, y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios, como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente respectivo, previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. 4. Autorización de días y horas inhábiles. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." 5. Domicilio para recibir notificaciones. Por otra parte, se tiene a la quejosa por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y por autorizados para tal efecto en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los abogados -, en virtud a que como se desprende de la constancia secretarial, se encontraron registradas sus respectivas cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a -. Asimismo, según constancia secretarial de cuenta, se advierte que proporciona el usuario "-", como cuenta de correo electrónico - y número telefónico -; por tanto, se ordena a la Analista Jurídico (SISE) dar de alta el nombre de usuario en cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que la promovente tenga acceso al expediente electrónico; de igual manera, se tiene a la parte quejosa por señalada la cuenta de correo electrónico y número telefónico, precisados anteriormente, para que este órgano jurisdiccional establezca el contacto respectivo en los casos en que lo estime necesario. Finalmente, gírese atento oficio a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, para que realice la compensación correspondiente en favor de este Juzgado.
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