Silvia Mora Barrera

Expediente 420/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
420/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
20/10/2022

Partes del expediente

  • Silvia Mora Barrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinte de octubre de dos mil veintidós. FIRME FALLO. Del estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma queda firme, para los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. VALOR DOCUMENTAL. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se sobreseyó en el presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. Ahora bien, por cuanto hace al original del incidente de suspensión, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, en atención a lo ordenado en el artículo 21, inciso c) normativa invocada, procede su destrucción; por lo tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con artículo 20, fracción II, inciso a), de la normativa de que se trata, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado trascurridos seis meses a partir de esta data, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo tanto, manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. RECURSO PENDIENTE EN CUADERNO DE SUSPENSIÓN. No. BILLETE. De igual manera, se hace la aclaración que en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa, no se exhibió billete o alguna otra garantía que amerite su devolución o proveer sobre su destino. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo, Silvia Mora Barrera por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que estimaron violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 4, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuidos a la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, los cuales, se precisarán en el apartado correspondiente de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite del juicio. En proveído de once de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, la cual se registró con el progresivo 420/2022. En el propio auto se ordenó emplazar al tercero interesado Juan Carlos Jiménez Onchi y el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. TERCERO. Se informa causal de improcedencia posterior a la celebración de la audiencia constitucional. Por oficio 2307 de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, informó que dentro del juicio ordinario oral familiar sobre divorcio sin expresión de causa 300/2022, promovido por Juan Carlos Jiménez Onchi, frente a Silvia Mora Barrera, el dieciséis de agosto del año en curso, se dictó sentencia definitiva, en la cual se aprobó en su forma y términos el convenio celebrado por las partes, otorgando a la quejosa los alimentos reclamados en este juicio de garantías, determinación que causo ejecutoria el cinco de septiembre actual, para lo cual adjuntó las copias certificadas correspondientes. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, ejerce jurisdicción y es legalmente competente, para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de acuerdo con lo establecido en los artículos 17, 94, 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 49 y 51, fracción I, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 107 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo en relación con el Acuerdo General 3/2013, relativo a "la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito"; por tratarse de un amparo en materia civil y reclamarse un fallo cuya ejecución tiene verificativo dentro del ámbito de competencia territorial de este Juzgado de Distrito (ciudad). SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En cumplimiento a tal disposición, se atenderá al escrito de demanda de amparo, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención de la parte quejosa al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión efectivamente planteada. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, página 255, rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, el acto reclamado de la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, es: "La negativa de conceder alimentos provisionales a la quejosa, en acuerdo de fecha 14 catorce de junio de 2022, dentro el expediente de divorcio sin expresión de causa 300/2022, dentro del Juzgado Tercero de Primera instancia Familiar del distrito judicial de Uruapan, Michoacán.". Actos reclamados que considera violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 4, 8, 14 y 16 de la Constitución General de la República, bajo el argumento esencial de que dicha resolución carece de los requisitos de debida fundamentación y motivación que debe contener. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Jueza Tercero de Primer Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia de los actos reclamados. Lo que se corrobora con el envió de las copias certificadas del expediente de divorcio sin expresión de causa 300/2022, promovido por Juan Carlos Jiménez Onchi, frente a Silvia Mora Barrera. Documentales que gozan de pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, por tratarse de documentales expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia de los actos reclamados, al tenor de la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, tomo VI, materia común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Igualmente, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 153, tomo VI, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causas de improcedencia. Previo estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Para que se actualice la causal de improcedencia en alusión, es menester que la autoridad responsable emita un nuevo acto que no solo revoque o derogue el combatido por la vía constitucional, o que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; esto es, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, se procede a explicar de qué forma se actualiza en el caso la causal de improcedencia en comento. Así, para efecto de corroborar la causal en estudio cabe decir, que de las constancias que obran en el juicio de amparo aparece que el once de junio de dos mil veintidós, la quejosa promovió juicio de amparo en contra de actos la Jueza Tercero de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, en específico, por el acto consistente en la emisión del acuerdo de catorce de junio de dos mil veintidós, dictado dentro el expediente de divorcio sin expresión de causa 300/2022. Posteriormente, la autoridad responsable al rendir su informe con justificación el quince de julio de dos mil veintidós, aceptó la existencia del acto reclamado. Ahora bien, la Jueza responsable, por oficio 2307, informó que en el juicio ordinario oral familiar sobre divorcio sin expresión de causa 300/2022, promovido por Juan Carlos Jiménez Onchi, frente a Silvia Mora Barrera, el dieciséis de agosto del año en curso, se dictó sentencia definitiva, en la cual se aprobó en su forma y términos el convenio celebrado por las partes, otorgando a la quejosa los alimentos reclamados en este juicio de garantías, determinación que causo ejecutoria el cinco de septiembre actual, dándose por concluido dicho juicio. En ese orden de ideas, es inconcuso que en el particular, han cesado los efectos del acto que en esta vía se reclama, pues en el momento en que las partes procesales llegaron a un acuerdo y éste fue aprobado en su forma y términos en la sentencia correspondiente la cual fue elevada a la categoría de cosa juzgada, es dable decir que dejó de existir la afectación inicialmente reclamada. En esas condiciones, se reitera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por ende, lo procedente es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo cuerpo legal es SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. En el entendido de que los diversos criterios antes reproducidos resultan aplicables al caso en términos de lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, el cual dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". QUINTO. Versión pública de la sentencia. Por otra parte, se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1° a 25, 73 y 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley), que la resolución que se dicta en el presente asunto y demás constancias que obren en este expediente, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el ordinal 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del diverso 113 de la ley general citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 120 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. SEXTO. ACUSE DE RECIBO. Para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciba el oficio que derive de la presente determinación, informe a esta autoridad federal al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedó debidamente notificada de esta sentencia, bajo el apercibimiento que de no cumplir con el presente requerimiento, con apoyo en los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener la presente sentencia, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, 63, 74 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Silvia Mora Barrera, por su propio derecho por los actos y razones expuestas en los considerandos segundo y cuarto, respectivamente de este fallo. SEGUNDO. En términos del último considerando de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de julio de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS. Del estado procesal que guarda el juicio en que se actúa y de la cuenta secretarial se advierte que transcurrió el término de tres días que le fue concedido a la parte tercera interesada en proveído de once julio de dos mil veintidós, para que señalara domicilio en esta ciudad donde oír y recibir notificaciones, sin que lo haya hecho. EFECTIVO APERCIBIMIENTO, NO SEÑALA DOMICILIO. En consecuencia, hágase efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, por lo que, las subsecuentes notificaciones que le resulten, aún las de carácter personal, practíquensele por lista de acuerdos que sea publicada en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale uno en esta ciudad para tales efectos. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinte de julio de dos mil veintidós. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, rindiendo su informe justificado con vista a las partes. PRUEBAS. De igual forma, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 119 de la Ley de la materia, ténganse como pruebas de la autoridad responsable las documentales que remite, las que se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional, con vista a las partes. EMPLAZAMIENTO TERCERO INTERESADO. Por otra parte, de las constancias de autos se desprende que el dieciocho de julio del año en curso, se emplazó por medio de lista al tercero interesado Juan Carlos Jiménez Onchi; por tanto, téngase por legalmente emplazado al presente juicio. Hágase del conocimiento de la citada parte tercera interesada, que a partir de que fue legalmente notificada de la instauración en este juzgado del presente juicio de garantías, quedaron expeditos sus derechos a efecto de que, en caso de que lo consideren necesario, ofrezca las pruebas que estime pertinente, en el término legal que refiere el artículo 119 de la Ley de Amparo. NO FENECE TERMINO. En el entendido de que a la fecha continúa transcurriendo el término de tres días que le fue concedido a dicho tercero en el referido auto de once de julio de dos mil veintidós, a efecto de señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones. Notifíquese.

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