Silvia Elena Guillén Blanco

Expediente 497/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
497/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Silvia Elena Guillén Blanco

Actuaciones

  1. Principal

    I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DEL TESTIMONIO DEL RECURSO DE QUEJA. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio número 6010, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, de Ocampo, a través del cual adjunta testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 172/2023, en la que se declaró infundado el citado medio de impugnación, interpuesto en contra del proveído que desechó la demanda de amparo. Acúsese recibo. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; este expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. ADMITE RECURSO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito con sede en Morelia, Michoacán, mediante el cual se informa que se admitió a trámite el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa, contra el auto que desecho la demanda origen del juicio de amparo de donde deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, el cual quedó radicado como queja 172/2023; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, seis de julio de dos mil veintitrés. RECURSO DE QUEJA. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la licenciada María Celia Hernández Sosa, apoderada jurídica de Silvia Elena Guillen Blanco parte quejosa, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, TÉNGASE POR INTERPUESTO EL RECURSO DE QUEJA hecho valer en contra del proveído de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo en que se actúa, en el que se determinó desechar la demanda, por los motivos ahí expuestos. Por lo anterior, ríndase informe justificado sobre la materia de la queja; sin que sea necesario requerir a las partes a fin de que señalen constancias que deberán remitirse al Tribunal, en virtud de que se envía el original del juicio en que se actúa, previa formación del cuaderno de antecedentes. Remítanse al Tribunal Colegiado que corresponda, el original y copia del ocurso en cuestión. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por María Celia Hernández Sosa, apoderada jurídica de Silvia Elena Guillén Blanco, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia y otra autoridad, carácter que se le reconoce al así acreditarlo con el instrumento notarial exhibido. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 497/2023-IV, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora bien, de la intelección integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa se duele de: ".a).- Del Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, se reclama la nueva sentencia de fecha 19 diecinueve de abril del año en curso, dictada dentro del toca civil número 1-261/2022 por el Magistrado antes citado en cuanto autoridad sustituta del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y que ahora este nuevo magistrado de la sexta sala civil en cuanto autoridad sustituta con libertad de jurisdicción, dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo número 648/2022 por el Juez Quinto de Distrito de esta ciudad, dictando una nueva sentencia de fecha 19 diecinueve de abril del año en curso, dentro del cuaderno de amparo numero V- 53/2023 y que por acuerdo de fecha veinticinco de mayo del año en curso, se le tuvo a este magistrado sustituto responsable por cumpliendo con esta ejecutoria de amparo con el dictado de la nueva sentencia dentro del toca civil indicado, listado dicho acuerdo con fecha 26 veintiséis de mayo del año en curso y hasta la fecha a pesar de que se dice que se notifique personalmente no se me ha notificado de dicho acuerdo antes citado. Siendo que esta nueva sentencia dictado en el toca civil antes citado, revoca el auto de fecha 2 dos de agosto del año próximo pasado, dictada por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de los Reyes Michoacán, en donde le fue negado a la señora GRACIELA GUILLEN BLANCO, protocolizar sus escrituras de los bienes de esta sucesión, enviándose para tal efecto a notario público las constancias respectivas, para ahora este magistrado sustituto responsable con total violación a los preceptos legales indicados en los conceptos de violación en agravio de mi poderdante, revoca dicho auto y ordena que se autorice la protocolización solicitada por dicha señora antes citada. b). - Del Juez Segundo de Primera Instancia en materia Civil del Distrito Judicial de Los Reyes, Michoacán, se reclama el ejecutar la sentencia dictada por dicho magistrado sustituto de la sexta sala civil del supremo tribunal de justicia, que ordena la protocolización solicitada por la señora GRACIELA GUILLEN BLANCO." ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". DESECHAMIENTO. En el caso en estudio se actualiza la causa de improcedencia que contempla el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso numeral 17, ambos de la Ley de Amparo. Con el propósito de verificar lo aseverado como preámbulo es menester realizar una breve narración de los antecedentes que dan origen al acto reclamado. a) Ante el Juzgado Segundo en Materia Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Los Reyes, Michoacán de Ocampo, se radicó el juicio sucesorio testamentario número 606/2018 a bienes del señor Fernando Guillen Franco, admitido por auto de fecha tres de octubre del año de dos mil dieciocho, en el cual se declaró legitimo el testamento y valida la institución de herederos entre ellos a la aquí quejosa SILVIA ELENA GUILLEN BLANCO. b) Con fecha veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, se dictó sentencia dentro del toca civil número I-261/2022, por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, en la cual revocó el auto de fecha dos de agosto de dos mil veintidós, dictado por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Los Reyes, Michoacán, en donde le fue negado a GRACIELA GUILLÉN BLANCO, protocolizar sus escrituras de los bienes de esta sucesión, enviándose para tal efecto a notario público las constancias respectivas, el magistrado responsable con total violación a los preceptos legales indicados en los conceptos de violación en agravio de mi poderdante, revoca el auto y ordena que se autorice la protocolización solicitada. c) Por lo que la aquí quejosa Silvia Elena Guillen Blanco, promovió demanda de amparo en contra de la sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, dictada dentro del toca civil número I-261/2022, por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, la cual por razón de turno, tocó conocer a este juzgado, registrada bajo el número 648/2022. d) Con fecha diez de marzo de dos mil veintitrés, se dictó sentencia dentro del juicio de amparo 648/2022, en la cual se amparo a la aquí quejosa, y se ordenó lo siguiente: Deje insubsistente la resolución de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, dictada dentro del toca de apelación I-261/2022, relativo al recurso de apelación interpuesto por Graciela Guillén Blanco, en contra del proveído de dos de agosto de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio sucesorio testamentario número 606/2018; Dicte una nueva resolución, en la que subsanando la omisión apuntada en la presente determinación, se pronuncie en relación a las pretensiones de la aquí quejosa hechas valer al momento de desahogar la vista que se le dio con el recurso de apelación interpuesto; esto es, dé contestación a la totalidad de los motivos de inconformidad hechos valer en su escrito de dieciocho de agosto de dos mil veintidós; y, Con libertad de jurisdicción, y atendiendo a los principios de congruencia y exhaustividad resuelva lo que en derecho corresponda, pero fundando y motivando esa determinación, como un imperativo constitucional. e) Notificándose dicha sentencia a la parte quejosa, el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés vía electrónica. f) Seguida la ejecución del juicio de amparo por sus trámites, el diez de abril de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia, y se ordenó el cumplimiento de la misma a la autoridad responsable, por lo que correspondió al Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, dar dicho cumplimiento. g) Ahora, el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pronunciada por este órgano jurisdiccional, dictó nueva resolución. h) Por lo que en auto de veintiséis de abril del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento de la autoridad, quedado debidamente notificada con fecha veintiséis de abril de dos mil veintitrés (fojas 334 a 339 del juicio de amparo 648/2022). i) En auto de veinticinco de mayo del año en curso, se tuvo por cumplida la sentencia der amparo dictada dentro del juicio de amparo 648/2022, y se ordenó el archivo del mismo (fojas 372 a 389 del juicio de amparo 648/2022). Una vez anotado lo anterior, es menester señalar que la Ley de Amparo establece, en sus artículos 17 y 18, el plazo para promover la demanda de amparo, sus excepciones, así como los lineamientos para computarlo. Dichos preceptos establecen textualmente lo siguiente: PLAZOS PARA PRESENTAR LA DEMANDA DE AMPARO. Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". CÓMPUTO DE PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos transcritos se desprende, que el legislador federal previó un plazo general de quince días para presentar la demanda de amparo, con excepciones específicas de treinta días, tratándose de leyes autoaplicativas o del procedimiento de extradición; ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión; siete años, si el amparo se promueve contra actos que puedan ser violatorios de los derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal, y cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Asimismo, se advierte que, salvo que se trate de normas generales autoaplicativas, el propio legislador determinó de manera categórica tres supuestos a partir de los cuales debe comenzar a computarse ese plazo, a saber: 1. A partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o 2. A partir del día siguiente a aquel en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, o 3. A partir del día siguiente a aquel en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De lo anterior se sigue que la Ley de Amparo prescribe como referente para iniciar el cómputo respectivo el momento en el cual el quejoso tiene noticia del acto reclamado, bien sea por la notificación de este último o porque el propio quejoso tiene conocimiento o se ostenta sabedor del mismo o de su ejecución -supuestos que deben estar plenamente acreditados, con la única salvedad de aquellos casos en que se reclame una norma general autoaplicativa, en que el plazo respectivo comenzará a partir del día de su entrada en vigor. Por lo tanto, en la Ley de Amparo, no se estableció una excepción para el cómputo del plazo tratándose de actos emitidos en cumplimiento de sentencias federales que concedieron la protección constitucional, sin que, resulte posible considerar que en ese supuesto opere una salvedad a la regla general, ya que el legislador federal no lo previó de esa forma. Siendo esto así, es posible señalar que también en esos casos, el plazo transcurre a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación al quejoso del acto reclamado emitido en cumplimiento del fallo protector o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución, lo que es acorde con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo; sin que pueda tomarse como referencia para iniciar el correspondiente cómputo la notificación de la resolución que tiene por cumplido el fallo protector o la fecha en que el quejoso tiene conocimiento de esta última o se ostenta sabedor de la misma, en razón de que ello sería contrario al texto expreso de la ley. Desde esta perspectiva, resulta intrascendente el que exista la posibilidad de que en los hechos la resolución por la que se tenga por cumplido el fallo protector se llegue a emitir ya fenecido el plazo para la presentación de la nueva demanda de amparo, puesto que en la ley no se estableció una excepción a la regla general en tal supuesto. Cierto es, que podría darse el caso de que, de las constancias agregadas en autos, se desprenda que el quejoso no tuvo conocimiento del acto reclamado sino hasta que se llevó a cabo el procedimiento de cumplimiento de la sentencia de amparo o, incluso, hasta que se dictó el auto de cumplimiento respectivo; sin embargo, también en ese supuesto hipotético el referente para realizar el cómputo del plazo para la presentación de la demanda lo será el conocimiento del acto reclamado y no así del auto de cumplimiento propiamente. Cabe reiterar que el artículo 18 de la Ley de Amparo, se funda en un principio de conocimiento de los actos reclamados y desarrolla a través de tres supuestos la forma de computar el plazo para solicitar el amparo, en la inteligencia de que, en el caso que nos ocupa, dichos supuestos deberán entenderse referidos no a las resoluciones por las que el juzgador de amparo tenga por cumplida su sentencia protectora (auto de cumplimiento), sino a los actos emitidos en cumplimiento de dicha sentencia de amparo por la autoridad responsable. Consecuentemente, una interpretación en la que se asumiera que el plazo a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que el quejoso adquiere conocimiento de la resolución que tiene por cumplida la sentencia de amparo, es decir, tomando como referente un supuesto no previsto en el artículo 18 del mismo ordenamiento, traería consigo como consecuencia alterar el contenido de esa norma jurídica -cuya racionalidad descansa en el conocimiento del acto reclamado-, ampliando, sin tener fundamento legal para ello, los plazos establecidos por el legislador democrático. Así, desde el momento en que se actualice la hipótesis que corresponda del artículo 18 de la Ley de Amparo -la cual, se insiste, debe estar acreditada plenamente en autos-, la parte agraviada está en aptitud de formular conceptos de violación en su contra ya que es cuando adquiere conocimiento del acto reclamado. Circunstancia que de ninguna forma deja al quejoso en estado de indefensión, en tanto no se le impide promover el juicio constitucional, ni mucho menos acudir a algún otro medio de defensa en vía de ejecución de la sentencia federal, tal y como puede ser el recurso de inconformidad, en caso de que el órgano de amparo dicte la resolución en la que tenga por cumplido el fallo protector y el quejoso considere que no es así, o bien, la denuncia de repetición del acto reclamado, cuando estime que la autoridad responsable ha incurrido en esta conducta. Por tanto, se considera que computar el plazo para la promoción del juicio de amparo en contra de un acto emitido en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional a partir de que el quejoso es notificado, tiene conocimiento o se ostenta sabedor del mismo, es acorde con el principio de seguridad jurídica, pues este criterio tiene su fundamento en los referentes normativos determinados de manera general, abstracta e impersonal en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Sin que pueda considerarse que este último criterio deje al quejoso en estado de indefensión e incertidumbre, puesto que ellos saben cuáles son las posibles violaciones del acto dictado en cumplimiento que pueden combatir en una nueva demanda de amparo desde el momento en que tienen conocimiento del mismo, aún y cuando la declaración de cumplimiento del fallo protector sea posterior. Así las cosas, se considera que de la recta interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, se sigue que el plazo para promover la demanda de amparo cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concede la protección constitucional debe computarse a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución. Supuestos que, desde luego, deben quedar plenamente acreditados en el expediente respectivo. En ese orden, si en la especie se advierte que la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado (resolución de diecinueve de abril de dos mil veintitrés) por lo menos desde el veintiséis de abril de dos mil veintitrés, (en que se le dio vista con dicha resolución, dentro del juicio de amparo 648/2022, en la fase de cumplimiento de sentencia protectora), es indudable que si presentó su demanda de amparo el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, ya habían transcurrido más de los quince días en los que pudo hacer valer el derecho que aquí ejercita; toda vez que el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover el juicio de amparo empezó a computarse el veintiocho de abril del año en cita y feneció el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, sin contar los días veintinueve y treinta de mayo, uno, cinco, seis, siete, trece, catorce, veinte y veintiuno de mayo, todos del año en cita, al tratarse de días inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por lo que la presentación de dicha demanda resulta extemporánea, pues es claro que el juicio de amparo no fue instado oportunamente y por tanto la quejosa consintió tácitamente el acto reclamado, consistente en la resolución de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, actualizándose así la invocada causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 5, Libro 25, Diciembre de 2015, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva." En consecuencia, dado que en la especie se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en , fracción XIV, de la Ley de Amparo, así como los preceptos 112 y 113, ambos de la citada legislación, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las parte y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa e la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que las mismas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Ahora, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. PRECISIÓN. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda; esto es, el ubicado en calle Francisco Villa, número 17, altos, interior 2, colonia Morelos, de esta ciudad. ACCESO ELECTRÓNICO AL EXPEDIENTE Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. De igual manera, como lo solicita se autoriza la consulta vía electrónica del presente expediente y para ello, proporciona el nombre de usuario "May261082, para tal efecto, de conformidad con el artículo 77 y 78 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal. SE INSTRUYE AL ANALISTA JURÍDICO DE SISE. Asimismo, se instruye al analista jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice el registro correspondiente en el Sistema y agréguese a los autos la constancia respectiva. Asimismo, como lo refiere, se autoriza que las notificaciones que surjan en el presente asunto se practiquen a la parte quejosa por vía electrónica mediante el referido usuario "May261082"; por tanto, con apoyo en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, la parte quejosa está obligada a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, en caso de no hacerlo, se tendrá por hecha la notificación. MEDIO DE CONTACTO. En ese orden de ideas, téngase como medio de contacto, el correo electrónico que refiere lic.hernandez.mich20@gmail.com; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que una vez que se normalicen en su totalidad las labores presenciales en este órgano jurisdiccional, el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo; y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio, acatando en todo momento los protocolos y recomendaciones emitidas por la Secretaria General de Salud a efecto de evitar el contagio y propagación del virus denominado COVID-19 entre los justiciables y el personal que lleva a cabo las diligencias correspondientes; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. De igual manera, en términos del artículo 21 del citado Acuerdo General 21/2020 se hace del conocimiento de las partes que los acuerdos que ordenen notificarse por lista se realizarán únicamente mediante la publicación de internet prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa.

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