Silvia Margarita Salgado Pompeyo

Expediente 1072/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1072/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
05/07/2022

Partes del expediente

  • Silvia Margarita Salgado Pompeyo

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guarda este expediente, se acuerda: téngase por recibido del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el oficio con el que remite testimonio de la resolución pronunciada el veintinueve de junio de dos mil veintidós, en la queja 168/2022, relativa al recurso interpuesto por SILVIA MARGARITA POMPEYO VALES, en contra del proveído dictado en estos autos el veintidós de abril de dos mil veintidós; resolución de la que aparece que la citada Superioridad, declaró infundado el aludido recurso de queja. Acúsese recibo vía interconexión. En mérito de lo anterior, y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso d) del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que en el presente asunto se desechó de plano la demanda que dio origen al presente expediente, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha en que se ordena su archivo, se deberá destruir el expediente. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el veintiuno de abril del presente año, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Sin que sea óbice a lo anterior, el que aún no obre en autos la tarjeta de acuse de recibo relativa al oficio con el que se notificó la sentencia de que se trata a la autoridad responsable, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales y hasta el día de hoy, como se dijo, no interpuso el recurso correspondiente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar el acto dictado por la autoridad señalada como responsable. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 18 y 21, inciso a), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que se trata de un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la precisión de que este expediente físico impreso coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    ELECTR.Mérida, Yucatán, tres de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guarda el presente expediente y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los presentes autos el oficio signado conjuntamente por las autoridades responsables Presidente Municipal, Secretario Municipal, Síndico Municipal, Regidores del Cabildo, Director de Obras Públicas y Director de la Policía Municipal, todos del Municipio de Tizimín, Yucatán, con sede en dicha ciudad, acompañado de un anexo, que remiten en cumplimiento a la prevención efectuada en proveído de quince de marzo del año en curso. Y en atención a su contenido, téngaseles por conformes con el dictamen que habrá de rendir el perito oficial de este Juzgado de Distrito y con el cuestionario propuesto por la oferente. Por otra parte, toda vez que el perito oficial designado por este Juzgado (********************), así como el designado por la parte quejosa (********************), ya han aceptado el cargo propuesto y rindieron la protesta de ley; por tanto, córrase traslado a cada uno de ellos del cuestionario exhibido por la parte oferente. De igual forma se les hace saber, que desde este momento queda el expediente de que se trata a su disposición en la Secretaría de este Juzgado para que practiquen la revisión a las constancias y tomen nota de los datos que necesiten para la elaboración del estudio correspondiente con sujeción a los puntos propuestos. Además, para que puedan tener acceso al órgano jurisdiccional, en su caso, deberán generar su cita correspondiente con relación a este expediente, a través del sistema "Agenda OJ", de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso 7/2022, en relación al periodo de vigencia; lo cual está previsto en sus artículos 3, referente al "Micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias" y 6 fracción II, que establece el "Modelo de atención presencial basado en citas". En consecuencia, con fundamento en el artículo 148 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, prevéngaseles para que dentro del plazo de diez días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación que se les haga de este acuerdo, rindan su dictamen pericial. Con el apercibimiento el perito designado por la parte quejosa, que de no hacerlo dentro del plazo fijado para tal fin, se le tendrá por conforme con el dictamen que rinda el perito oficial designado por este Juzgado; y por lo que respecta a este último, con el apercibimiento que de incumplir con lo anterior, se le aplicará una multa por el valor de cien unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil, seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N), a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, tal y como lo dispone el numeral 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, la tesis del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, Materia(s): Común, I.16o.A.1 K (10a.), Página: 2059 y Registro: 2003120, que señala: "PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARO INDIRECTO. ATENTO A LA FORMA SUI GÉNERIS DE SU INTEGRACIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO TIENE LA OBLIGACIÓN DE VIGILAR SU CORRECTO DESAHOGO POR LO QUE SE REFIERE A LOS PERITOS POR ÉL DESIGNADOS. El artículo 78, párrafo segundo, de la Ley de Amparo establece el deber del juzgador de tomar en cuenta las pruebas que justifiquen tanto la existencia del acto reclamado como la constitucionalidad o no de éste. A su vez, el diverso numeral 151 del mismo ordenamiento dispone que una vez anunciada la prueba pericial, aquél debe designar a los peritos que estime necesarios para la práctica de la diligencia, con independencia de que cada parte pueda nombrar a uno para que se asocie al oficial o rinda su dictamen por separado, es decir, le impone la obligación de participar directamente en la integración de tal medio de convicción, concretamente, de encargarse de la designación de los expertos en la materia a peritar. Inclusive, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 81/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, junio de 2011, página 300, de rubro: "PERICIAL EN AMPARO. ANTE LA DIVERGENCIA DE LAS CONCLUSIONES EN LOS DICTÁMENES, ES INDEBIDO NOMBRAR A UN PERITO TERCERO.", determinó que el único peritaje cuyo dictamen es indispensable para su debida integración y desahogo es el del experto nombrado por el Juez. Luego, en atención a esa forma sui géneris de integración de la prueba pericial en el juicio de amparo indirecto, puede considerarse válidamente que la obligación que el precepto legal citado en segundo término le impone al Juez de Distrito, conlleva implícitamente la de vigilar su correcto desahogo por lo que se refiere a los peritos por él designados, en cuanto a que le aporten los elementos indispensables para que pueda resolver el tópico sobre el que versa la prueba, por lo que, al tener por recibido el dictamen debe verificar que cuente con los elementos e información suficientes para que lo ilustren en cuanto a la materia o especialidad requerida; caso contrario, para mejor proveer en términos del artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, debe pedir que se subsane la deficiencia". Notifíquese, haciéndolo personalmente al perito oficial ******************** y al de la parte quejosa ********************, y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Directora General de Autotransporte Federal, perteneciente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, residente en la Ciudad de México. Por tanto, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Así también, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona y como sus delegados en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, los señalados para tal fin en su informe de mérito. Notifíquese y cúmplase.

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