Silvia Margarita Salgado Pompeyo
Expediente 984/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 20 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 984/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Silvia Margarita Salgado Pompeyo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, estos autos que devuelve mediante oficio 9989 y remite testimonio de la ejecutoria de veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, dictada en el toca A.R. 435/2022, relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en este juicio, firmada el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós; ejecutoria cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO.- En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. - - -SEGUNDO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra el acto que reclamó del Juez Primero Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en el juicio de sucesiones unidas de intestado ********************.". Acúsese recibo a la Superioridad vía interconexión, y hágase del conocimiento de las partes el sentido de dicha ejecutoria. Realícense las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente, glósese a estos autos las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto en este juicio; debiéndose desechar las copias certificadas que lo originaron para evitar la voluminosidad del presente expediente y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diez de mayo de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es CONSERVABLE, al ser un juicio de amparo negado. Asimismo, carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado Acuerdo General. Por otra parte, se hace la indicación que el cuaderno del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de DESTRUCCIÓN, pues se negó la suspensión definitiva solicitada; lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 20, fracción III, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en dicho numeral, se ordena que una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se proceda a la destrucción del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. En términos de lo dispuesto en el inciso a), de la fracción II, del artículo 19 del citado Acuerdo General conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el artículo 23 del referido acuerdo normativo. Se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad, hasta el día treinta de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Visto: para los efectos legales correspondientes, agréguese a este cuaderno de antecedentes, el oficio 7557/2022, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que comunica que en autos del toca ********************, se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, en contra de la sentencia definitiva dictada en este juicio, firmada el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de octubre de dos mil veintidós. Visto: agréguese a este expediente el escrito de la quejosa ********************, a través del cual, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este expediente, firmada el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. En tal virtud, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos una copia del escrito de agravios, córrase traslado al tercero interesado, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito, así como a la autoridad responsable, con entrega de una copia de dicho escrito. Hecho lo anterior, envíese este expediente y el original del escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, para lo que esa Superioridad estime procedente acordar al respecto. En mérito de lo anterior, fórmese el correspondiente cuaderno de antecedentes, con copia certificada de las constancias conducentes, además de una copia simple del escrito de agravios. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 984/2022-II-B, promovido por SILVIA MARGARITA SALGADO POMPEYO, en contra del acto que reclama al Juez Primero Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad, la cual por razón de turno correspondió conocer a este Órgano de Control Constitucional, compareció SILVIA MARGARITA SALGADO POMPEYO, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclama al Juez Primero Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Desechamiento de demanda. Por auto de doce de abril de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo al estimarse que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo. TERCERO. Recurso de queja. En contra del citado proveído la quejosa interpuso recurso de queja, mismo que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, el cual, en sesión de veintinueve de junio de dos mil veintidós, en autos del toca 162/2022, declaró fundado dicho medio de impugnación. CUARTO. Se recibe queja y se admite demanda. Por auto de cuatro de julio de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la citada ejecutoria, y previo cumplimiento dado al requerimiento efectuado en la misma fecha, por auto de once de julio siguiente, se admitió a trámite la demanda. En esas circunstancias, se dio la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó emplazar al tercero interesado, se solicitó a la responsable su informe justificado, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 60, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados se precisan de la siguiente manera: La parte quejosa reclama del Juez Primero Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, lo siguiente: El acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, dictado en autos del juicio de sucesión 3052/2003. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado al Juez Primero Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que además se corrobora con las constancias que exhibió. En tal virtud deberán tenerse por existentes al tenor de lo señalado en la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Inexistencia de causas de improcedencia. Al no advertirse la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, se procede efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Resultan inoperantes los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, motivo por el cual deberá negársele el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Ahora bien, es importante señalar que de las constancias certificadas remitidas por la responsable, que merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, se desprende lo siguiente: Que por auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, el Juez responsable se pronunció respecto del escrito que la aquí quejosa le presentó en autos del juicio de sucesión 3052/2003, (en su primera sección) en el que solicitó la remoción del albacea Saúl José Pompeyo Vales, y al respecto no accedió a su petición en atención a que en autos de la segunda sección ya existía el inventario y avalúo de los bienes relictos de la sucesión, y que como consecuencia del mismo ya se había aprobado la partición de esos bienes. Que por tal motivo procedía a desechar el recurso de apelación interpuesto por frívolo e improcedente. Acuerdo que constituye el acto reclamado en el presente juicio. Ahora bien, al momento de pronunciarse respecto del escrito de la quejosa, el Juez responsable consideró lo siguiente: Que debía tenerse en cuenta que en audiencia de ocho de abril de dos mil veintiuno, se confirmó el nombramiento de albacea a favor de Saúl José Pompeyo Vales. Que por auto de ocho de junio de dos mil veintiuno, en mérito de la aceptación y protesta de bien y fiel desempeño que había realizado Saúl José Pompeyo Vales, le fue discernido el cargo de albacea de la sucesión de María Josefina Vales y Cervera, dándole al efecto todo el poder y facultades de derecho necesarios, para su libre uso y ejercicio judicial. También señaló que por auto de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, se decretó la reposición de la segunda sección del juicio, y se previno a las partes para que aportaran los documentos auténticos que conservaran en su poder. Que por escrito de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, Silvia Margarita Salgado Pompeyo había solicitado la remoción del albacea, en virtud de que éste no había procedido a la formación del inventario y avalúo de los bienes relictos. Que mediante auto de cuatro de febrero de dos mil veintidós, se concedió al albacea un término de diez días para que presentara el correspondiente inventario y avalúo. Que por resolución de trece de junio de dos mil siete, se había aprobado el proyecto de partición y adjudicación de los bienes relictos. Que ese proyecto había sido apelado por Silvia Margarita Salgado Pompeyo, y que había sido confirmado por la Sala Segunda del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante resolución de veintisiete de febrero de dos mil ocho. Que de todo lo anterior se colegia que el inventario y avalúo de los bienes ya obraba en autos de la segunda sección del juicio de sucesión intestada y que había sido presentado en fecha veintiséis de octubre de dos mil cinco y aprobado, pues sólo concluido y aprobado el inventario y avalúo en su caso se aprobaría el proyecto de partición y adjudicación de la herencia. Que el apoderado legal de Silvia Margarita Salgado Pompeyo, tuvo conocimiento de lo anterior, pues incluso se opuso al proyecto. Que por la reposición ordenada en la segunda sección, no obraba constancia alguna del inventario y avalúo de los bienes relictos. Que en esas condiciones, y al ya haber existido en autos de la segunda sección del juicio el inventario y avalúo correspondiente de los bienes relictos, pues se había aprobado el proyecto de partición de bienes, se reiteraba la negativa de remoción del albacea. Ahora bien, en sus conceptos de violación la quejosa alega se transgrede en su perjuicio lo establecido en los artículos 1088 y 1102 del Código de Procedimientos Civiles, que menciona que el albacea dentro de los diez días de haber aceptado el cargo deberá proceder a la formación de inventarios y avalúo, pasado ese término el albacea deberá ser removido, lo cual no aconteció. También señala la quejosa que se viola el derecho del artículo 16 Constitucional, debido a que la motivación legal del Juez carece de adecuación exacta para el caso concreto, porque su facultad discrecional esta excedida de sus funciones en los autos del juicio al no remover al albacea y darle en exceso indebido tiempo para que exhiba un supuesto inventario y avalúo. Por último señala la quejosa que se violan los artículos 14 y 16 Constitucionales, debido a que la motivación legal del Juez carece de adecuación exacta para el caso concreto, porque su facultad discrecional esta excedida de sus funciones, ya que implica un incumplimiento que viola el principio del debido proceso legal, así como el de taxatividad, que tiene por objeto preservar la certeza jurídica y la imparcialidad en la aplicación de la ley. Tales argumentos son inoperantes por las consideraciones siguientes. Cabe señalar que los conceptos de violación deben indefectiblemente encontrarse vinculados y relacionados con el contexto litigioso que se sometió a la jurisdicción ordinaria. Como antecedente conviene puntualizar el contenido de la frase "pretensión deducida en el juicio" o "petitum" al tenor de lo siguiente: a) La causa puede ser una conducta omitida o realizada ilegalmente, o bien, el acto ilícito que desconoce o viola un derecho subjetivo que es motivo de la demanda y determina la condena que se solicita al Juez que declare en su sentencia, es decir, es la exigencia de subordinación del interés ajeno al propio; b) La pretensión o petitum es la manifestación de voluntad de quien afirma ser titular de un derecho y reclama su realización; c) El efecto jurídico perseguido o pretendido con la acción intentada y la tutela que se reclama; y, d) El porqué del petitum es la causa petendi consistente en la razón y hechos que fundan la demanda. Así las cosas, los conceptos de violación deben referirse, en primer lugar, a la pretensión, esto es, al qué se reclama y, en segundo lugar, a la causa petendi o causa de pedir, que implica el porqué de la pretensión, incluyendo los fundamentos o razones y los hechos de la demanda, así como las pruebas. La conexión o relación de estas últimas sólo debe darse con los hechos, que son determinantes y relevantes para efectos de la pretensión, en virtud de ser el único extremo que amerita y exige ser probado para el éxito de la acción deducida. Por tal motivo, si el quejoso se limitó a realizar meras afirmaciones generales, sin sustento o fundamento, dejando de combatir los argumentos que conllevaron a la responsable a determinar que no era procedente la remoción del albacea, es evidente que tales conceptos de violación a la postre, resultan inoperantes y no pueden ser analizados. Además, si bien es cierto que nuestro Tribunal Supremo ha establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el motivo por el cual estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. De ahí que el suscrito califique como inoperantes esos conceptos de violación hechos valer por el promovente, ya que con tales argumentos no atacan frontalmente los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse, pues los mismos son ambiguos y superficiales, ya que no realiza razonamiento alguno capaz de ser analizado. Es decir, no combatió todas las consideraciones torales que sirvieron de sustento a la autoridad responsable para emitir la resolución que constituye el acto reclamado, tales como: "Sin embargo, a fin de resolver la petición instada por la compareciente es pertinente tener en cuenta las consideraciones jurídicas siguientes: En audiencia de fecha ocho de abril del año dos mil veintiuno, se confirmó el nombramiento de albacea a favor de SAÚL JOSÉ POMPEYO VALES. Por auto de fecha ocho de junio de dos mil veintiuno, en mérito de la aceptación y protesta de bien y fiel desempeño que hizo SAÚL JOSÉ POMPEYO VALES, le fue discernido el cargo de albacea de la sucesión de MARÍA JOSEFINA VALES Y CERVERA alias JOSEFINA VALES CERVERA alias JOSEFINA VALES CERVERA DE POMPEYO alias JOSEFINA VALES CERVERA VIUDA DE POMPEYO, dándole al efecto todo el poder y facultades en derecho necesarios, para su libre uso y ejercicio judicial y extrajudicial, haciéndolo responsable si por su culpa, omisión o negligencia se perdieren o perjudicaren los derechos de su representación. Por auto de fecha veintitrés de septiembre del año dos mil diecinueve, se decretó la reposición de la segunda sección del presente juicio, previéndose a los interesados del presente juicio que aportaran cuantos documentos auténticos que conservaran en su poder Por escrito de fecha catorce de diciembre del año dos mil veintiuno, compareció SILVIA MARGARITA SALGADO POMPEYO, solicitando la remoción del albacea nombrado, en mérito de que éste, no había procedido a la correspondiente formación de inventario y avalúo de los bienes relictos de la presente sucesión. Por auto de fecha cuatro de febrero del año dos mil veintidós, se concedió al albacea nombrado el término de diez días, para que presentara el correspondiente inventario y avalúo de los bienes relictos de la presente sucesión. Por resolución dictada en audiencia de fecha trece de junio del año dos mil siete, se aprobó el proyecto de partición y adjudicación de los bienes relictos de este juicio, en el cual en la parte considerativa conducente, se estableció lo siguiente: . "en primer lugar, por cuando el caudal hereditario que consta en el proyecto de partición que se impugna, son los mismos que se encuentran listados en el inventario y avalúo presentado con fecha veintiséis de octubre del año dos mil cinco, que obra aprobado en autos con fecha doce de marzo del año en curso (dos mil siete), por cuanto con esa fecha se tuvo por desistido al señor Andrés Guerrero López de la oposición que interpuso, ya que no compareció a la audiencia de conformidad con el artículo 1098 del Código de Procedimientos Civiles del Estado." El proyecto de partición referido en el punto que antecede, fue apelado por SILVIA MARGARITA POMPEYO VALES, por conducto de su apoderado ANDRÉS GUERRERO LÓPEZ; sin embargo dicha resolución en la que se aprobó el proyecto de partición y adjudicación de los bienes relictos de este juicio, fue confirmada por resolución de veintisiete de febrero del año dos mil ocho, pronunciada por la Sala Segunda del Tribunal Superior de Justicia del Estado. De lo anterior se colige: El inventario y avalúo de los bienes relictos, ya obrada en autos de la segunda sección de este juicio de sucesión intestada y fue presentado en fecha veintiséis de octubre del año dos mil cinco y aprobado en autos con fecha doce de marzo del año en curso (dos mil siete), pues solo concluido y aprobado el inventario en su caso se aprobaría el proyecto de partición y adjudicación de la herencia. Andrés Guerrero López apoderado de SILVIA MARGARITA POMPEYO VALES tuvo conocimiento del mismo, tan es así que se opuso al proyecto de partición y adjudicación que solicitaren los diversos herederos de la presente sucesión. Por reposición de autos que se decretó dela segunda sección de este juicio, no obra constancia alguna del inventario y avalúo de los bienes relictos del presente juicio. En las condiciones relatadas y al haber existido en autos de la segunda sección de este juicio el inventario y avalúo correspondiente de los bienes relictos de la presente sucesión, tan es así que a consecuencia del mismo se aprobó el proyecto de partición de los bienes relictos del presente juicio, reitérese la negativa apuntada en relación a la remoción de albacea que pide para los fines y motivos que indicó, y con fundamento en el artículo 51, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que establece:---- Deséchese de plano el recurso de apelación que pretende interponer por ser frívolo e improcedente." Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en el tomo XVI, Diciembre de 2002, tesis 1a./J. 81/2002, en la página 61 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 185425, cuyo rubro y texto indican lo siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." De ahí que las consideraciones hechas por la responsable ordenadora deben subsistir sosteniendo el fallo combatido, con independencia de su legalidad o ilegalidad, al no operar en la especie la suplencia de la queja deficiente por no darse alguna de las hipótesis del numeral 79 de la ley de materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia sostenida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable." Así como la jurisprudencia sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, cuyo rubro y texto señalan: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE, COMBATIENDO EL FONDO DEL ASUNTO, NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES QUE LA RESPONSABLE TOMÓ EN CUENTA PARA DECLARAR INOPERANTES LOS AGRAVIOS ESGRIMIDOS. Si la responsable emite declaratoria de inoperancia respecto de los agravios formulados, y el quejoso esgrime argumentos orientados a combatir el fondo del asunto, mas no a desvirtuar las consideraciones que aquélla tomó en cuenta para dictar el fallo reclamado, ello trae como consecuencia que los conceptos de violación se estimen inoperantes." En consecuencia, al resultar inoperantes los conceptos de violación expresados por la quejosa, lo procedente es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a SILVIA MARGARITA SALGADO POMPEYO, en contra del acto que reclamaron al Juez Primero Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.
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