Silvia López Marmolejo

Expediente 1197/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1197/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
30/11/2021

Partes del expediente

  • Silvia López Marmolejo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad de México, a treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de once de noviembre del presente año, se ordenó rexpedir el oficio 31418/2021, de veinticuatro de septiembre del presente año, al Titular de Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, por conducto de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; oficio en el que se concedió una prórroga de diez días para que dé cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos; sin embargo, a la fecha no se tiene noticia alguna al respecto. En esa tesitura, tomando en consideración que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público, respecto del cual las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones y pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107 Constitucional fracción XVI, sin que puedan discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, toda vez que lo ordenado en éste es cosa juzgada y no admite oposición alguna; en tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien asumió las obligaciones del Titular de Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que en el término de TRES DÍAS, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, dada la naturaleza de los actos a realizar, en el respectivo ámbito de sus atribuciones, acredite ante este juzgado haber solicitado ante el Director General de Recursos Humanos de la Guardia Nacional, la reexpedición del billete de depósito y, acredite haberlo puesto a disposición del quejoso. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Apercibida la autoridad requerida, que en caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se impondrá a su titular, una multa por cien veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, y en el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la totalidad de la autoridad requerida en este proveído, que aun cuando deje su encargo, seguirá siendo responsable del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    (RAZÓN ACTUARIAL).-VISTO.- POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO DE 30/NOV/2021, SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEÍDO DE REFERENCIA. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Ciudad de México, cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta, signado por el Subtesorero de Administración Tributaria de la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, por medio del cual, manifiesta las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo e informa que la autoridad vinculada al cumplimiento del fallo protector es la Administración Tributaria en San Jerónimo, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio de cuenta, tomando conocimiento de su contenido para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe precisar, que en la sentencia de amparo de treinta de noviembre de dos mil veinte, modificada por el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante la resolución pronunciada en el recurso de revisión número R.A. 124/2021, se concedió la protección constitucional para los siguientes efectos: Con base en esta premisa y tomando en consideración que el Alto Tribunal estableció que el efecto del amparo concedido contra el referido numeral 152, permite aplicar el último porcentaje efectivo de descuento previsto en ese dispositivo legal, este órgano colegiado estima que la protección federal contra el acuerdo reclamado, como lo sostiene la recurrente, sólo debe tener por efecto incluir a la quejosa al sistema de aminoración que establece en el privilegio aplicable al último rango de valor catastral en que otorga aminoración, es decir, autorizar a la quejosa aplicar al monto del tributo que deba pagar por su inmueble, el descuento otorgado para el rango G, pues se trata de un sistema de aminoración similar al que previó el artículo 152 citado y es criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la concesión del amparo contra dicho precepto sea para los efectos descritos. En este sentido, como lo sostiene la recurrente, no fue correcto que el efecto del amparo fuera para permitirle la aplicación de la mecánica establecida en la de jurisprudencia PC.I.A. J/140 A (10a.), emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, que invocó el a quo, especialmente, la cuota fija otorgada al rango D, pues el sistema de disminución que establece el acuerdo reclamado no se compone exclusivamente por cuotas fijas, también por porcentajes de descuento al pago del impuesto predial, y sobre esa hipótesis normativa, el criterio del Alto Tribunal ha sido que la protección federal debe permitir al contribuyente aplicar al pago del tributo el último porcentaje de descuento efectivo establecido. En ese sentido, el amparo y la protección de la Justicia Federal se hace extensivo al acto concreto de aplicación consistente en el pago que realizó la amparista respecto del ejercicio fiscal de dos mil veinte; es decir, para el efecto de que le sea aplicado el último porcentaje de descuento efectivo establecido en el Acuerdo General impugnado, en relación con la cuenta predial 07521320003-5, siempre que el uso del inmueble se mantenga como habitacional, es así, ya que el valor catastral del inmueble asciende a la cantidad de $2´171,066.42 (dos millones ciento setenta y un mil sesenta y seis pesos, cuarenta y dos centavos moneda nacional). Además, al monto del pago realizado y que constituyó el acto de aplicación se deberá restarle la cantidad que resultó conforme al punto anterior, para obtener así el monto de la devolución que le corresponde. En el entendido de que la concesión del amparo, no ampara la aplicación de multas y/o recargos por los pagos extemporáneos o diversa sanción relacionada con dicho pago, ni tampoco implica que deban dejarse sin efectos los beneficios que se obtuvieron, en su caso, por el pronto pago, pago anual o cualquier otro tipo de beneficio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se REQUIERE a la Administración Tributaria en San Jerónimo de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, para que, en el término de DIEZ DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a su titular multa por cien días la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su artículo 2º, REQUIÉRASE al Subtesorero de Administración Tributaria de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, para que en su calidad de superior jerárquico de la autoridad vinculada al cumplimiento, lo conmine en cumplir con el fallo protector y remita a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a la directa responsable el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo en cita, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos y forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Con el apercibimiento que, de no demostrar que dieron la orden a la directa responsable o, en su caso, que no llevó a cabo las acciones para cumplir la ejecutoria de amparo por sí misma, se realizará lo precisado en los incisos a), b) y c), señalados. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Establecido lo anterior, se exhorta a las autoridades para que únicamente hagan del conocimiento de este Juzgado Federal, las actuaciones que trasciendan en el procedimiento de cumplimiento de la ejecutoria de amparo, evitando de esa manera actuaciones innecesarias en este expediente. Informándoles que en caso de insistir en la presentación de promociones con el contenido antes mencionado, se les impondrá una multa de cincuenta a mil unidades de cuenta en la Ciudad de México y se continuará el procedimiento en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio remitido vía interconexión, signado electrónicamente por la Actuaria del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual, remite testimonio con firmas electrónicas de la resolución pronunciada en el recurso de revisión número R.A. 205/2021, por el Tribunal Colegiado citado. Se hace del conocimiento de las partes que la superioridad resolvió lo siguiente: PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida de diecisiete de marzo de dos mil veinte, dictada por el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 686/2020, promovido por FERNANDO QUINZAÑOS ROMERO. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, por los motivos y consideraciones referidas en el último considerando de esta sentencia. Se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable en términos del séptimo transitorio del mencionado Acuerdo, se determina que este expediente es susceptible de destrucción en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a) de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera de relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el supuesto previsto en al artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en comento, por lo que deberá conservarse, únicamente el auto y resolución interlocutoria, en las que se concedió la suspensión del acto reclamado. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo. Glósese copia certificada del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, toda vez que la parte promovente anexó documentos originales en el presente juicio de amparo, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, acuda a este juzgado a recoger dichos documentos y previo desglose de los mismos, debiendo dejar constancia de su entrega haciendo del conocimiento que la persona que se presente a recibir el documento, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente la cual previa presentación del original, se certificará por el Secretario para debida constancia legal, apercibida que de no hacerlo así, se procederá a su destrucción. En el entendido de que la persona que acuda a recibirlos, deberá solicitar una cita para tal efecto, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, de lunes a viernes en un horario de las trece horas con quince minutos a las quince horas con quince minutos. Se precisa que se requiere al promovente para que programe la cita correspondiente en ese horario, en uso de la facultad con la que cuenta el suscrito para administrar éste órgano jurisdiccional, derivada de los artículos 17 y 94, constitucionales, lo anterior tomando en consideración que a este Juzgado de Distrito le corresponde la jornada de labores presenciales de las trece horas con quince minutos a las diecinueve horas con quince minutos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa Fernando Quinzaños Romero, en el domicilio ubicado en Coruña cuatrocientos dieciséis (416) interior cuatrocientos siete (407), colonia Viaducto Piedad, alcaldía Iztacalco, código postal 08200, en esta Ciudad; y vía electrónica a las autoridades responsables Sistema de Aguas de la Ciudad de México y Coordinador General de dicho Sistema de Aguas. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.

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