Silvia Lilian Beltrán Paz

Expediente 1186/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1186/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
05/03/2021

Partes del expediente

  • Silvia Lilian Beltrán Paz

Actuaciones

  1. Principal

    (RAZON ACTUARIAL) VISTO, POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACION DEL PROVEIDO DE 22/02/2021, SE TIENE POR NOTIFICADA A LA QUEJOSA POR LISTA

  2. Principal

    En la Ciudad de México, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Se agrega a los autos el oficio signado por la delegada de la Jefa de Servicio de Administración Tributaria, por medio del cual, solicita copia de la resolución pronunciada en el toca R.A. 394/2019. Atento a su solicitud, dígase al promovente que considerando la escasez de recursos materiales con que cuenta éste juzgado y, por ende, la necesidad de contribuir al ahorro de los mismos, dígasele que el expediente puede ser consultado vía electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), o bien, de estimarlo necesario, proporcione un correo electrónico oficial, al cual pueda ser enviado el archivo electrónico respectivo. Asimismo, se hace de su conocimiento que cualquiera de sus delegados puede acudir a las instalaciones de éste juzgado para reproducir por cualquier medio electrónico, tales como cámara fotográfica y/o escáner, el expediente en que se actúa. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la tesis I.3o.C.725 C de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. (Registro: 167,640, Novena Época, Tribunales de Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXIX, Marzo de 2009, página: 2847). Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, veintinueve de diciembre de dos mil veinte. Visto el contenido de la Circular SECNO/29/2020 emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el Acuerdo General 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, los cuales constituyen un hecho notorio en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en que se establece que, por el periodo del cinco de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno, se dará trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónica, a efecto de que se radiquen y se prosiga con su trámite. Por tanto, vista la demanda de cuenta recibida vía electrónica, con evidencia criptográfica de Cynthia Aysseline Franco Romero, quien se ostenta como apoderada legal de Silvia Lilian Beltrán Paz, contra actos de la Empresa Productiva del Estado Petróleos Mexicanos (PEMEX); fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1186/2020. Asimismo, con fundamento en el artículo 3, del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Cabe precisar que es obligación del juez de amparo analizar la demanda de garantías en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención de la promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional, en términos del criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 40/2000, de rubro y datos de localización siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. (Registro: 192097, Novena Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32). En el caso, el promovente del amparo, señaló como autoridades responsables y como actos reclamados los siguientes: (.) Derivado de lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia por cuestión de materia para conocer del asunto. En primer término debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo. Conviene señalar que para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por materia. En ese contexto, con el propósito de decidir si corresponde a este órgano jurisdiccional conocer del asunto que nos ocupa, debe señalarse que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la promovente reclama la negativa de exentarlo de presentarse a laborar y desempeñarse como Enfermera Titulada, adscrita al Hospital Central Norte de Petróleos Mexicanos, a pesar de tener el diagnóstico de Asma Bronquial no controlada y Rinitis Alérgica. Al respecto, es importante destacar el contenido del artículo 55, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que dispone: "55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán:" (.) III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; (.)" Una vez establecido lo anterior, este Juzgado de Distrito especializado en materia administrativa estima que carece de competencia por materia para conocer de la demanda de amparo a que se refiere este expediente, toda vez que los actos reclamados corresponden a la materia laboral. En efecto, la competencia por materia entre juzgados de distrito del trabajo y administrativo se debe determinar atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y su contenido1, por lo que atento a ello, en principio no es determinante la naturaleza formal de la autoridad 1 Así se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, que lleva por rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS". Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX. Marzo de dos mil nueve, Materia Común, página 412. Registro: 167761. responsable (ni sus atribuciones legales), es decir, si es una autoridad laboral o administrativa, pues ello no es definitorio para este tipo de controversias. Al respecto, es aplicable la tesis I.6o.T.278 L, que lleva por rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA ENTRE JUZGADOS DE DISTRITO DEL TRABAJO Y ADMINISTRATIVO. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL ACTO Y SU CONTENIDO". Ahora bien, para determinar cuándo se está ante un acto que pertenece a la materia laboral, se requiere que la controversia derive de una relación de trabajo, o bien, tienda a la preservación de los derechos establecidos en el artículo 123 de la Constitución Federal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.14o.T.1 L, de rubro: "ACTOS DE NATURALEZA LABORAL. ELEMENTOS QUE LOS DEFINEN PARA EFECTOS DE COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO."3 En mérito de lo anterior, si el acto señalado como reclamado se ubica en el ámbito del derecho laboral, no cabe duda que debe considerarse como de naturaleza laboral, sin que ello implique que el juicio de amparo sea procedente, pues el análisis de su naturaleza únicamente 2 Visible en la página 2339, Tomo XXIII, Enero de 2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias Laboral y Administrativa, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito. 3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, página 1714, registro IUS: 180735. sirve para determinar qué Juez de Distrito especializado por materia debe conocer del asunto. Lo anterior, toda vez que la competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho, lo cual tiene como ventaja que los juzgadores adscritos a un tribunal especializado únicamente conozcan de asuntos de esa materia, lo que permite enfocar su atención, repercute en la formación de su especialización y lo encausa hacia una mayor profundización del conocimiento del juicio de amparo en la materia de que se trate. Bajo ese contexto, se advierte que el acto reclamado es de naturaleza laboral, atendiendo a que la promovente reclama la negativa de exentarla de presentarse a laborar en el Hospital Central Norte de Petróleos Mexicanos, toda vez que si bien tales acciones derivan de una política de salud pública dirigida a enfrentar la situación de emergencia sanitaria, lo cierto es que su aplicación se ubica en el ámbito laboral, al tener por objeto garantizar el derecho a la seguridad y salud de las personas trabajadoras, por lo que corresponde conocer de la demanda relativa a los órganos jurisdiccionales especializados en la materia de trabajo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 42/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE APLICAR A FAVOR DE UNA PERSONA TRABAJADORA, LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA MITIGAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS PARA LA SALUD ORIGINADOS POR EL VIRUS SARS-CoV2 EN LOS CENTROS DE TRABAJO. CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron respecto a qué Juez de Distrito correspondía conocer del juicio de amparo indirecto promovido en contra de la negativa de aplicar a favor de una persona trabajadora, las medidas implementadas para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 en los centros de trabajo; al respecto, llegaron a conclusiones diferentes, pues mientras uno decidió que el asunto era competencia de un Juez de Distrito en Materia de Trabajo, el otro resolvió que correspondía conocer de éste a un Juez de Distrito en Materia Administrativa. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que es competente el Juez de Distrito en Materia de Trabajo para conocer de las demandas de amparo indirecto promovidas en contra de la negativa de aplicar en beneficio de una persona trabajadora, las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 en los centros de trabajo. Justificación: Lo anterior, porque la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para fijar la competencia por razón de materia para conocer de un juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado. En ese sentido, cuando en una demanda de amparo indirecto se reclame la negativa de aplicar a favor de una persona trabajadora las medidas adoptadas para la prevención y mitigación de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV2 en los centros de trabajo, se advierte que su naturaleza es de carácter laboral. Lo anterior, ya que si bien tales acciones derivan de una política de salud pública dirigida a enfrentar la situación de emergencia sanitaria, lo cierto es que su aplicación se ubica en el ámbito laboral, al tener por objeto garantizar el derecho a la seguridad y salud de las personas trabajadoras. (Registro: 2022187, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia (Común), Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 09 de octubre de 2020 10:19 h, Décima época) En mérito de las consideraciones expuestas, este Juzgado carece de competencia para conocer de la demanda a que se refiere este expediente. Por tanto, sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio, remítase vía electrónica el presente juicio al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno (esto es el juzgado que este en guardia) y, con fundamento en el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo se solicita atentamente a dicho Juzgado de Distrito, que por razón de turno le corresponda conocer de la presente demanda de garantías, se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente informando sobre la aceptación o no de la competencia declinada. En consecuencia, toda vez que únicamente se enviará de manera electrónica el presente expediente y, con la finalidad de ahorrar recursos materiales y evitar la duplicidad de actuaciones, no se forma cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, para los efectos legales conducentes. Suspensión de Plano. En otro orden de ideas, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa solicita la protección de la justicia federal contra la negativa de la autoridad responsable de exentarla de presentarse a laborar no obstante que se encuentra en un grupo vulnerable de riesgo de contraer el virus SARSCoV2 (COVID-19), al ser diagnosticado con Asma Bronquial no controlada y Rinitis Alérgica. Por tanto, el acto reclamado tiene un impacto en su derecho a la salud y, en consecuencia, está relacionado con el derecho a la vida, de ahí que debe analizarse la procedencia o no de la suspensión de plano, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo y de conformidad con la Circular SECNO/29/2020 emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el Acuerdo General 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Ahora bien, el artículo 4°, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Por su parte, en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Estado Mexicano se obligó a reconocer el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, creando condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. A la luz de esas normas, tenemos que las personas tienen el derecho a la protección y disfrute del más alto nivel posible de salud, tanto física como mental. Al respecto la Organización Mundial de la Salud define el vocablo salud como "un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades"4. En ese orden de ideas, resulta relevante mencionar que el pasado once de marzo del año en curso, la Organización Mundial de la Salud, declaró que la enfermedad por virus COVID-19 es oficialmente una pandemia; por lo que ante dicho panorama, el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, el Secretario de Salud del Gobierno Federal, emitió el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en cuyo artículo segundo se estableció la obligación de todos los sectores de evitar la asistencia a los centros de trabajo, entre otros grupos, a los adultos mayores de sesenta y cinco años y a personas con enfermedades crónicas no transmisibles, como padecimientos pulmonares y diabetes mellitus, tal como se advierte de la siguiente transcripción: "ARTÍCULO SEGUNDO. Las medidas preventivas que los sectores público, privado y social deberán poner en práctica son las siguientes: a) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del presente artículo. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico; (.)" Por tanto, este juzgador concluye que la omisión de las autoridades señaladas como responsables de cumplir con los protocolos adecuados en materia sanitaria establecidos por el COVID-19, podría implicar una contravención al derecho al más alto nivel posible de salud física de los justiciables ante la situación actual de la pandemia, con lo que se le podrían causar daños de difícil o, incluso, de imposible reparación. Al tenor de lo señalado, y con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, por tratarse de un acto que pone en peligro la salud e incluso la vida del quejoso, se concede la suspensión de plano para el efecto de que la autoridad responsable otorgue a Silvia Lilian Beltrán Paz, licencia laboral para que pueda ausentarse de su centro de trabajo, atendiendo a que demostró ubicarse dentro de aquellos grupos de personas con mayor riesgo de contagiarse del virus SARSCoV2 (COVID-19), al ser diagnosticada con Asma Bronquial no controlada y Rinitis Alérgica, lo que se acredita con el certificado médico de veintidós de diciembre de dos mil veinte, expedido por la clínica Trasplante & Medicina Respiratoria, la cual exhibió con su escrito de demanda, de manera digitalizada, por tanto, de conformidad con el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARSCoV2( COVID-19), la autoridad responsable deberá abstenerse de obligar a la aquí quejosa a presentarse a laborar a su centro de trabajo, quien deberá gozar de su salario y demás prestaciones establecidas. Cabe decir que de no concederse la medida cautelar los daños y perjuicios que se causarían a la quejosa con la ejecución del acto reclamado serían de difícil reparación, en función de que se vería afectado en su salud y su vida, al obligarle a presentarse a trabajar a la dependencia en que labora. Ello implica que la autoridad responsable debe instrumentar todas las medidas necesarias para cumplir con dicha finalidad, despojándose de todas las formalidades administrativas que impidan la consecución del fin referido, como principio de relevancia a salvaguardar, en el entendido de que cualquier conducta contraria se traduciría en una contravención al artículo 4° Constitucional. Dicha medida suspensiva surtirá sus efectos desde luego y sin que se exija requisito de efectividad alguno, ya que no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 135 de la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable por no oponerse al contenido de la legislación citada en vigor, en términos del artículo sexto transitorio del decreto mediante el cual se emitió esta última, la jurisprudencia 1a./J. 33/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS AL DECRETARSE Y NO AL NOTIFICARSE".5. Importa destacar que no sólo las autoridades responsables están obligadas a cumplir esta medida cautelar, sino también aquellas que en virtud de sus funciones puedan materializar los efectos y consecuencias de los actos reclamados cuya suspensión se ha decretado. Al respecto, se hace de su conocimiento que en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se prevé: "262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra". Asimismo, se requiere a la autoridad responsable para que dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a aquél en que quede debidamente notificada de esta determinación, informe a este órgano jurisdiccional sobre la forma en la que ha dado cumplimiento a la suspensión de plano otorgada, debiendo acreditar tal circunstancia con las constancias fehacientes, en la dirección del correo institucional 6jdo1ctoa@correo.cjf.gob.mx. 5 Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, junio de 2014, Tomo 1, Apercibida que en caso de ser omisa en desahogar el requerimiento que se les formula, el Juzgado de Distrito competente estará en aptitud de proceder en términos de lo previsto en el título quinto de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158, del propio ordenamiento citado. Cabe precisar que las medidas ordenadas con motivo de la suspensión de plano aquí ordenada, no restringen la facultad del juez de distrito competente para que, una vez que admita a trámite el juicio de amparo, las limite, reduzca o amplíe, en caso de que las considere insuficientes o excesivas para salvaguardar el derecho a la salud de la parte quejosa. Luego, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado en la presente instancia constitucional, a la urgencia de la medida cautelar concedida y a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia a que se encuentra obligado este juzgado de Distrito, por mandato expreso del artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se comisiona a los actuarios de la adscripción para que notifiquen mediante oficio a la autoridad responsable la suspensión de plano decretada en el presente acuerdo, a fin de que se de cumplimiento a los efectos para los que se concede la medida cautelar solicitada, por sí, o bien, girando las instrucciones necesarias a las autoridades respectivas que, por sus funciones específicas, sean competentes para esa finalidad, pues debe recordarse que al cumplimiento de la medida cautelar otorgada se encuentran constreñidas todas las autoridades, aunque no tengan la calidad de responsables. En este punto, se hace del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el referido artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les dirijan, por lo que en caso de negarse a recibirlos, siempre y cuando no exista duda y resulte evidente su existencia, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan. Ténganse por autorizados para oír y recibir notificaciones a Mariela Curiel Herrera, así como de Mayan Balderas Ramírez, limitación que se les establece hasta en tanto las profesionistas registren su cédula profesional que las acredite como licenciadas en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y hecho lo anterior, lo hagan del conocimiento en el expediente en que se actúa, a través de nueva promoción. En relación con su petición de que se le permita consultar el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario "CynthiaAysseline", toda vez que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, no obstante que señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, en atención a su solicitud de que las notificaciones se realicen de manera electrónica, con fundamento en el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a partir de la presente fecha; se le otorga el permiso para notificarse electrónicamente de las actuaciones que se emitan en el expediente en que se actúa, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notificación a Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Finalmente, tomando en consideración que la demanda de amparo fue recibida dentro de la guardia para recibir demanda en casos urgentes, en su oportunidad, infórmese a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de la recepción de dicha demanda, a efecto de que proceda a la compensación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48, último párrafo, inciso c), del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Notifíquese vía electrónica a la parte promovente. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alberto Torres Rivera, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por Ministerio de Ley, en términos del primer párrafo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia médica del titular, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.

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