Silvia Liria Montoya Dupont
Expediente 1205/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1205/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Silvia Liria Montoya Dupont
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el auto de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, que desechó de plano la demanda de amparo, no fue recurrido por la promovente y que ya ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo; por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo y archívese este asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, con posterioridad al DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Silvia Liria Montoya Dupont, en su carácter de Secretaria General del Sindicato Auténtico de Trabajadores del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz (SATICATVER), personalidad que acredita con copia certificada del expediente administrativo sindical R-2083/2006, contra actos reclamados a la Junta Especial Número Siete de Conflictos Colectivos en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 1205/2018. Al respecto, se acuerda: ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo interpretó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis P. VI/2004 y P./J. 40/2000 de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." y "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos en la demanda, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la tesis I.15o.A.28 K, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." ACTO RECLAMADO En ese tenor, de la demanda de amparo, se advierte que la impetrante de amparo reclama de la autoridad responsable el acto siguiente: El acuerdo de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, dictado en los autos del expediente laboral H-288/VII/2018, del índice de la Junta Especial Número Siete de Conflictos Colectivos en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, a través del cual declinó la competencia para conocer y resolver sobre el conflicto laboral, a favor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz. DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO En ejercicio de la facultad que a este órgano jurisdiccional confiere el artículo 113, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de cuenta, conforme a lo que enseguida se expone. Es así, en razón de que de la lectura de la demanda de amparo que se provee se aprecia que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, como lo prevé el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone que se debe de examinar la demanda de amparo a proveer y que en caso de que se advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia se deberá desechar de plano el precitado escrito de demanda. Es trascendente precisar que conforme al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente, es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda no sea posible desvirtuar con probanzas la causa de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. CAUSAL DEL IMPROCEDENCIA Del análisis de lo anterior, este juzgado de distrito considera que se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en correlación con el diverso numeral 107, fracción VIII, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y [...]" Del precepto legal primeramente reproducido, se advierte la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia distinta de las establecidas en las diversas fracciones del numeral 61, de manera tal que permite el apoyo y sustento legal a la improcedencia constitucional, legal o jurisprudencial. Por su parte, de la interpretación conforme de la segunda disposición antes transcrita se advierte que la misma prevé la regla general consistente en que el juicio de amparo indirecto es procedente, entre otros supuestos, contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Regla genérica ésta que no debe interpretarse de manera literal o aislada, puesto que no es factible asumir que el mero pronunciamiento de una declinatoria hace procedente la vía constitucional, sin atender a otra exigencia relacionada con los principios que regulan la procedencia del juicio de amparo, en particular el principio de definitividad, a partir del cual el acto que se reclame debe revestir la cualidad de no poder ser impugnado a través de algún recurso o medio de defensa legal. Cabe mencionar, además, que el criterio de irreparabilidad previsto en la fracción V del aludido numeral 107 de la ley en cita, al constituir un supuesto independiente, conlleva a considerar que las resoluciones tocantes a la incompetencia (que la inhiban o la declinen) ya le son ajenas a ese supuesto normativo. De lo que se sigue que, las determinaciones emitidas en relación con la competencia en los términos precisados, ya no constituyen un supuesto que sea analizable dentro del criterio de actos de imposible reparación. Dilucidado lo anterior, es preciso reiterar que la fracción de procedencia en estudio, debe interpretarse acorde con el sistema normativo que rige en materia del juicio de amparo. En ese sentido, una regla básica de los actos materia de impugnación a través del juicio constitucional, en cualquiera de sus vías, es que éstos sean definitivos. Lo anterior, en tanto que la vía constitucional es un medio extraordinario de defensa, cuya tramitación y procedencia está condicionada al hecho de que los actos en ella estudiados sean definitivos; esto es, que no esté pendiente de trámite algún recurso ordinario o medio de impugnación por virtud del cual puedan ser modificados o revocados y, por ende, respecto de éstos se emitirá el pronunciamiento constitucional. En ese orden de ideas, el principio de definitividad comprende aquellos casos en los que la potestad común ya ha emitido la determinación final respecto del punto jurídico de que se trate; es decir, ya sea porque se agotaron los medios de defensa, porque ya no proceda alguno de ellos o bien porque se trate de la resolución que culmine el procedimiento respectivo. De manera que, dicha regla general (observar el principio de definitividad) se traduce en una regulación complementaria del supuesto en estudio (artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo); en razón de que, sólo de esa manera podría imperar de manera eficaz el pronunciamiento constitucional que se haga en torno al acto reclamado. En tal virtud, se considera que la declaración unilateral de incompetencia por declinatoria o inhibitoria no constituye un acto definitivo, porque queda pendiente aún el pronunciamiento que emita la autoridad considerada competente. Esto es, en la cuestión de competencia por declinatoria, cuando la autoridad correspondiente considera que, efectivamente, no es competente, emitirá una declaratoria; y, en el caso de la inhibitoria, si la autoridad o tribunal que no está conociendo del asunto estima que sí es competente, solicitará a la que conozca de aquel que se inhiba. No obstante lo anterior, la declaratoria o la solicitud en uno u otro caso, no constituyen aún determinaciones susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, ya que ello se estaría supeditando a un acto cuya afectación no se ha materializado, porque las decisiones mediante las cuales una autoridad declina competencia a favor de otra, o requiere a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto, no tiene como consecuencia forzosa la aceptación de la competencia, sea por declinatoria o inhibitoria, porque bien podría darse el caso de que se rechace aquélla y será hasta en ese momento cuando se produzca una afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. En conclusión, será hasta ese momento cuando la incidencia en los derechos de los gobernados cobre una especial relevancia, con independencia de que la incompetencia sea por razón de la vía, del fuero, de la materia o del territorio, ya que si bien alguna de ellas podría traer como consecuencia que un procedimiento o juicio se tramite no sólo por una autoridad incompetente sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde; la afectación personal y directa que representa una cuestión competencial, en los términos indicados, se produce precisamente cuando tales actos en los que se determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, sean aquellos en los que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria) y no antes. En esa línea argumentativa, para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo; es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta, o bien, la rechace y no antes. Sobre el tema en estudio, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), publicada en la página 5, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2009721, cuyo rubro y texto disponen: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." RAZONES POR LAS QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA De la lectura del acto reclamado, antecedentes y conceptos de violación vertidos en la demanda, se advierte que la promovente del amparo, se duele del acuerdo de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, dictado en los autos del expediente laboral H-288/VII/2018, del índice del Junta Especial Número Siete de Conflictos Colectivos, con residencia en esta ciudad, a través del cual declinó la competencia para conocer y resolver el conflicto laboral, a favor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz. Conforme a lo anterior, el acto reclamado en estudio por su naturaleza no tiene el carácter de definitivo, toda vez no se advierte que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado haya hecho pronunciamiento al respecto, es decir, aun no se decide si se acepta o no la competencia declinada, por lo que será dicho acto, el que en su momento adquiera el carácter de definitivo y haga procedente, sin presumir, el juicio de amparo. De ahí, que no se surte la hipótesis de procedencia del presente juicio de amparo, DESECHAMIENTO En ese contexto, se concluye que en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el numeral 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, lo que procede es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo que presenta Silvia Liria Montoya Dupont, en su carácter de Secretaria General del Sindicato Auténtico de Trabajadores del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz (SATICATVER), por su manifiesta e indudable improcedencia. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a María Elena Sollozo Zavaleta y Elías Andrés Pérez Mixtega. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.
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