Silvia Huerta De la Cruz

Expediente 684/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
684/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
04/06/2021

Partes del expediente

  • Silvia Huerta De la Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio B/III/311/2021, signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, y anexo que lo acompaña, consistente en el testimonio de la resolución emitida en la queja 38/2021, de su índice, en la que se determinó lo siguiente: "ÚNICO.- Se declara INFUNDADO el recurso de queja." Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que el auto de veintinueve de diciembre de dos mil veinte, HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, acúsese recibo de estilo correspondiente; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, fracción d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda de amparo. Conforme lo anterior, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente; en el entendido de que se destruirá con posterioridad al CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICUATRO. Finalmente, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos.

  2. Principal

    Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta, remitido por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por ****, en su carácter de apoderada legal de la Secretaría de Educación de Veracruz, en contra del auto de veintinueve de diciembre de dos mil veinte, través del cual se desechó la demanda de amparo con la que se formó el presente expediente, radicándolo bajo el número de queja 38/2021; lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese por lista de acuerdos.

  3. Principal

    Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por Silvia Huerta de la Cruz, en su carácter de apoderada legal de la Secretaría de Educación de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintinueve de diciembre de dos mil veinte, a través del cual se desechó la demanda de amparo con la que se formó el presente expediente, por ser notoriamente improcedente; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101, de la Ley de Amparo, se rinde informe con justificación, en relación con la materia de la queja, aceptándose como cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por los argumentos y consideraciones vertidos en el auto combatido. En consecuencia, con fundamento en el artículo 101 de la materia, remítase copia certificada de las constancias que integran el presente asunto, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, conjuntamente con el escrito original de agravios, para la substanciación de la queja en comento. Notifíquese por lista de acuerdos.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por la quejosa, en su carácter de apoderada legal de la Secretaría de Educación de Veracruz, para lo cual exhibe copia certificada del instrumento público notarial número ******, personalidad que se le reconoce en términos de los artículos 6 y 10 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de oposición de parte legitima, contra el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con sede en esta ciudad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 684/2020/VI-A. Al respecto, se acuerda: ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; y la tesis aislada P. VI/2004 al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que la solicitante de amparo expuso hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenido siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". Así las cosas, el suscrito advierte que el acto reclamado es el siguiente: 1. La resolución de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, emitida en los autos del juicio laboral ***/2019-IV, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, en la que se determinó improcedente el incidente de acumulación al diverso juicio laboral 2193/2018, promovido por el apoderado legal de la Secretaría de Educación de Veracruz...INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el caso en estudio, el suscrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el artículo 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo...Por su parte, la fracción V del numeral 107 antes referido, establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Ahora, por actos en el juicio que sean de imposible reparación, debemos entender aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio del que se derivan tales actos, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso; la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento del que se trate, puesto que la privación de sus derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse...Lo anterior, significa que para que el acto reclamado sea considerado de imposible reparación, necesitaría producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Interpretación que se deduce de dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Expuesto lo anterior, el acto reclamado consistente en la resolución de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, emitida en los autos del juicio laboral ***/2019-IV, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, en la que se determinó improcedente el incidente de acumulación al diverso juicio laboral ****/2018, promovido por el apoderado legal de la Secretaría de Educación de Veracruz, no se considera de imposible reparación. Se afirma lo anterior, toda vez que la resolución que determinó improcedente la acumulación del juicio **/2019-IV, al diverso ****/2018, ambos del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, no causa a las partes perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, ni tiene una ejecución de igual naturaleza. Se dice lo anterior, ya que al tratarse de una resolución de índole procesal que no trastoca de manera cierta e inmediata los derechos sustantivos protegidos por los derechos humanos de la promovente, de modo tal que la afectación que reclama no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente en el disfrute del derecho humano de que se trate, teniendo en cuenta que el acto reclamado sólo produce efectos intraprocesales o meramente formales (es decir, se afectan derechos de naturaleza adjetiva o procesal), que únicamente inciden en la posición que van tomando las partes en el proceso con miras a obtener sentencia favorable en él, pues la resolución reclamada, no constituye un acto que tenga una ejecución irreparable...Por ende, es claro que la demanda de que se trata deviene improcedente, puesto que dicho acto no afecta por el momento la esfera jurídica de la promovente, ni los derechos humanos que a su favor tutela la Constitución, por lo que no se puede considerar como de irreparable ejecución, puesto que cualquier afectación que ésta pudiera resentir, dependerá de actuaciones posteriores que se deben verificar dentro de esas mismas diligencias, como lo sería la sentencia que se dicte en el proceso laboral del índice de la autoridad que señaló como responsable, por lo que será únicamente hasta ese momento que podrá apreciarse si se vulneraron sus defensas, causándole agravio, y de ser así, las mismas podrán ser motivo de impugnación a través del recurso correspondiente, o en su caso, mediante el juicio de amparo directo, en caso que la aquí promovente así lo considerara conveniente a sus intereses. En este contexto, la resolución reclamada, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no ser un acto de imposible reparación, resulta improcedente la promoción del juicio de amparo...En este contexto, resulta patente que se actualiza la hipótesis normativa que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII, con el diverso numeral 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la presente demanda en estudio, atento a lo dispuesto en el precepto 113 del ordenamiento legal en cita.

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