Silvia Gómez Sánchez

Expediente 47/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
47/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
02/02/2023

Partes del expediente

  • Silvia Gómez Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; dos de febrero de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL Ahora, de conformidad con el artículo 15, del Acuerdo General referido, el presente asunto carece de relevancia documental. DESTINO Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 4, del Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un expediente el cual se desechó la demanda de amparo. Notifíquese como legalmente corresponda. los

  2. Principal

    P...Toluca, Estado de México; dieciséis de enero de dos mil veintitrés. REGISTRO Visto lo de cuenta; téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ******, por derecho propio, y con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, admítase a trámite, la cual deberá registrarse bajo el número 47/2023-II-B; fórmense los expedientes electrónico y físico. De la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala el acto reclamado y las autoridades responsables siguientes: ACTO RECLAMADO La omisión de acordar el escrito de contestación de demanda presentado el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, en el expediente laboral 2328/2022, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México AUTORIDAD RESPONSABLE Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. DESECHAMIENTO Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de cuenta, al advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia tal y como se explica a continuación. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El numeral reproducido en primer término prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Mientras que el artículo 107, fracción V, de la Ley de la Materia, establece la procedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, es decir, aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado: La omisión de acordar el escrito de contestación de demanda presentado el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Acto reclamado que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trascienden en el interior o trámite del juicio laboral que se tramita ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. Para evidenciarlo, conviene destacar lo que debe entenderse por actos de imposible reparación. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Por tanto, de acuerdo con lo sustentado por el Máximo Tribunal del País, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo cual equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos, expresión opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Así, cuando un particular se inconforma exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violación al artículo 8o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Ahora, es importante señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció al respecto en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), en la que sostuvo medularmente que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Criterio anterior que dio origen a la diversa 2a./J. 33/2019 (10a.), donde la citada Sala del máximo Tribunal estimó que resultaría difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecer de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, por lo que debía complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determinara que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procedía cuando transcurrieran más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, lo anterior, si se tomaba en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. La citada jurisprudencia fue aprobada, en sesión privada del treinta de enero de dos mil diecinueve, y publicada el viernes uno de marzo de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala, Décima Época, número de registro 2019400, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador". Cabe precisar que si bien dicho criterio analiza el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, lo cierto es que la ley burocrática aplicable al caso concreto, a saber, el artículo 204 A de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, establece que transcurridos ciento veinte días contados a partir de la notificación de la última determinación del Tribunal o la Sala, se declarará la caducidad de instancia si no hubiere promoción que tienda a impulsar el procedimiento por la parte actora. En este sentido, cabe destacar que el artículo 229 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, estable lo siguiente: "Artículo 229.- El Tribunal o la Sala dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la demanda, prevendrá al actor para que en el plazo de cinco días hábiles corrija su demanda por ser obscura e imprecisa, en caso de que no lo haga se tendrá por ratificada. Admitida la demanda y el escrito de pruebas se correrá traslado de ella a la parte demandada, así como de las pruebas, emplazándola para que la conteste dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente del emplazamiento, ésta deberá contener copia cotejada de la demanda y de los acuerdos que le recayeron, apercibiéndolo que para el caso de no contestarla en el término señalado se tendrá por contestada en sentido afirmativo, sin perjuicio de que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas ofrezca pruebas en contrario con la que acredite que el actor no era servidor público, que no existió el despido o que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda. El Tribunal o la Sala dentro de los cinco días hábiles siguientes que reciba la contestación de demanda o hubiera trascurrido el término para contestarla, dictará acuerdo en el que se señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, ofrecimiento y admisión de pruebas, apercibiéndolos de tenerlos por inconformes con todo arreglo conciliatorio y por perdido el derecho de ofrecer pruebas si no concurren a la audiencia. Durante la tramitación de los conflictos individuales y colectivos bastará la presencia del Presidente del Tribunal o de la Sala o del auxiliar, quien llevará a cabo la audiencia hasta su terminación y dictará las resoluciones que procedan, salvo los laudos, caso en que citará a los integrantes del Tribunal o de la Sala para dictar la resolución correspondiente" De ahí que si la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, afirmó que el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, el demandado en el juicio de origen dio contestación a la demanda promovida por la parte quejosa; sin que a la fecha la responsable haya emitido el acuerdo correspondiente, en el cual señale día y hora para la audiencia de conciliación, ofrecimiento y admisión de pruebas; por tanto, es a partir de ese momento, en que deben computarse los cinco días hábiles para dictar el acuerdo correspondiente, el cual trascurrió del veinticinco al treinta y uno de octubre del mismo año. Luego, el plazo de ciento veinte días hábiles que se menciona en 204 A de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, puesto que la ley no prevé que sean naturales y, al ser un plazo, en beneficio de las partes, debe interpretase conforme al principio pro persona. Entonces, el aludido plazo transcurrirá del tres de noviembre de dos mil veintidós al nueve de mayo del año en curso, aproximadamente, pues aún no se tiene noticia de los posibles días inhábiles que se vayan a decretar por parte del Consejo de la Judicatura Federal, o bien, por la autoridad responsable; por lo que a la fecha no es dable afirmar que exista una abierta demora del procedimiento o su paralización total. Lo anterior, pone de relieve que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo el -trece de enero de dos mil veintitrés-, es evidente que no han transcurrido más de ciento veinte días hábiles que establece el artículo 204 A de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilación presuntamente excesiva en el dictado de proveído, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia. En consecuencia, en el presente asunto se actualiza la referida regla general consistente en que la demanda de amparo que se interponga contra actos omisivos, emitidos dentro de un proceso, es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; máxime que del contenido de la demanda no se aprecia que exista una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia al principio invocada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por la quejosa. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso, el lugar señalado en el proemio de su demanda; sin que se reconozca como tal el correo electrónico proporcionado, porque la Ley de Amparo no prevé éste como medio de notificación. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aun las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS En relación con las personas que designa como autorizadas; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, éstas se avalan en los términos solicitados, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNOS Se tiene como "medio de comunicación alterno" (no procesal), el correo electrónico proporcionado por la parte quejosa. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICO Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. COPIAS CERTIFICADAS Atenta a la solicitud de la parte quejosa, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada del presente proveído, en el entendido que para poder recogerla, tendrá que acudir a este recinto judicial en el horario de nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos de lunes a viernes, a fin de efectuar el trámite de fotocopiado y entrega correspondiente, previa constancia de recibo que se deje en autos para constancia legal. Sin que haya lugar a expedir copia certificada de la sentencia, toda vez que se trata de constancias que no obran en autos; no obstante queda expedito su derecho para formular nuevamente su petición en el momento procesal oportuno. APARTADO ESPECIAL PARA ACTUARIOS. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se comisiona al actuario de la adscripción para que mediante notificación electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, por oficio electrónico o digitalizado con firma electrónica, por lista electrónica según corresponda realicen las notificaciones que se emitan en el presente sumario; asimismo, para que realicen todas y cada una de las comunicaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley. Asimismo, en este acto se les instruye para que verifiquen que los oficios que deriven del presente acuerdo y subsecuentes, se entreguen de manera correcta a sus destinatarios. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL VIGENTE) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el Acuerdo General aludido, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Para el caso que la autoridad responsable se encuentre gozando de periodo vacacional; comisiónese al actuario judicial de la adscripción para que, precisamente en el día en que ésta reanude sus labores, entregue el oficio respectivo, sin necesidad de ulterior acuerdo, mismos que deberá quedar bajo su resguardo y más estricta responsabilidad, hasta en tanto sea entregado a su receptores. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Laura Gabriela Serrano de la Cruz, secretaria que autoriza y da fe.L´ LGCS /l´los

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