Silvia de Jesús Alanis
Expediente 920/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 21 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 920/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 10/11/2023
Partes del expediente
- SILVIA DE JESÚS ALANIS y Otros.
- Silvia de Jesús Alanis
- Madeleim González de Jesús
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
ELECTRONICA.- Toluca, Estado de México; diez de noviembre de dos mil veintitrés. ESTADO PROCESAL Vista la certificación y el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para esta fecha, no obstante está transcurriendo el término de ocho días otorgado a las partes en proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, respecto del informe justificado rendido por el Coordinador de la Policía de Investigación adscrito a la Fiscalía Especializada de Homicidio Valle Toluca. DIFERIMIENTO En consecuencia, a fin de permitir lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las doce horas con diez minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, para su verificativo. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Abimelec Augusto Figueroa Lagunas, secretario que autoriza y da fe.vos
- Principal
ELECTRONICA.- Toluca, Estado de México; treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa de la Ley de Amparo, intégrese el informe justificado, rendido por la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNOS En ese orden, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene como "medios de comunicación alternos" (no procesales), el número telefónico y correo electrónico proporcionados. Notifíquese como legalmente corresponda.
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ELECTRONICA.- Toluca, Estado de México; treinta de octubre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal de autos, se advierte que la audiencia constitucional se encontraba prevista para celebrarse el veinticinco de los cursantes; sin embargo, no es posible su celebración, en atención a las Circulares 28/2023 y 29/2023 emitidas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por medio de las cuales, en la parte que interesa, se declararon inhábiles los días diecisiete al veintinueve de octubre del presente año. Asimismo, se encuentra transcurriendo el plazo de quince días a la autoridad responsable Coordinador de la Policía de Investigación Adscrito a la Fiscalía Especializada de Homicidio Valle Toluca (en su denominación correcta), a fin de que rinda su informe justificado, toda vez que fue notificada el dieciséis de octubre del año en curso DIFERIMIENTO En consecuencia, a fin de permitir lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada y en su lugar se fijan las once horas con treinta y cinco minutos del diez de noviembre de dos mil veintitrés, para su verificativo. Notifíquese como legalmente corresponda.
- Principal
Toluca, Estado de México; trece de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para esta fecha, no obstante, se advierte que en auto de veinte de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que se haya emplazado a juicio a la autoridad responsable Coordinador de la Policía de Investigación Adscrito a la Fiscalía Especializada de Homicidio Valle Toluca (en su denominación correcta). En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se regulariza el procedimiento y en obvio de mayores dilaciones procesales, gírese atento oficio a la autoridad responsable Coordinador de la Policía de Investigación Adscrito a la Fiscalía Especializada de Homicidio Valle Toluca (en su denominación correcta), para que rinda el informe justificado solicitado en auto de veinte de junio del año en curso, corriéndole traslado en el escrito de demanda y auto admisorio; en el entendido, que subsiste la multa impuesta en el citado auto en caso de no rendir lo solicitado. DIFERIMIENTO En consecuencia, a fin de permitir lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las doce horas con veinticinco minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, para su verificativo. ESTADO DE AUTOS Por otra parte, el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que no obra constancia de notificación de las quejosas Silvia de Jesús Alanis y Madeleim González de Jesús, de los proveídos de veintisiete y treinta de junio, tres y catorce de julio, así como treinta de agosto y veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, en los que se tuvieron por rendidos los informes justificados y se dio vista a las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. SE ORDENA NOTIFICACIÓN PERSONAL En consecuencia, toda vez que por auto de veinte de junio de dos mil veintitrés, se tuvo como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar en que se encuentran privados de su libertad personal las quejosos, por tanto, con sustento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario de la adscripción para que realice la notificación personal del presente auto así como de los proveídos señalados en el párrafo que antecede. A lo anterior es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 104/2022 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, Materias Común y Penal, del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital: 2025391, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]. Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito realizaron una interpretación del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para determinar si cuando la parte quejosa está privada de su libertad, las notificaciones personales deben efectuarse en forma conjunta al interno y a su defensor, representante o autorizado para oír notificaciones, o bien, si se podrá notificar alternativamente a uno de ellos. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que de la interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, deriva que las notificaciones en amparo en materia penal que se hagan a la parte quejosa privada de la libertad deben realizarse en forma personal, y que la conjunción "o" tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Justificación: De conformidad con el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se entiende que el derecho de acceso efectivo a la justicia consiste en que las personas puedan ser parte de un proceso y puedan promover la actividad jurisdiccional a través del cumplimiento de algunos requisitos procesales. Para el ejercicio de ese derecho es indispensable que el órgano jurisdiccional comunique a las partes las determinaciones que se vayan emitiendo en el transcurso del proceso. En el caso de las personas privadas de la libertad derivado de un proceso penal instruido en su contra, se les considera como parte de grupos vulnerables, imposibilitados para atender de manera directa el trámite de los juicios en que intervienen, por ello para hacer efectivo su derecho fundamental de acceso a la justicia se deben tomar medidas especiales, debido a que su reclusión les genera obstáculos físicos, culturales y sociales que no les permiten ejercer ese derecho como cualquier otra persona. Para ello, esta Primera Sala ha establecido una serie de medidas encaminadas a que la persona recluida pueda ejercer su derecho de acceso a la justicia. Una de ellas es que el Juez de Distrito, al recibir una demanda de amparo promovida por quien está privado de la libertad, deberá requerirlo para que, si no lo ha hecho, designe a un licenciado en derecho de su preferencia, y de no serle posible, se le designará un defensor de oficio, esto con el objetivo de que cuente con un profesional capacitado que lo asesore y represente durante el juicio de amparo, lo que implica, per se, que esté pendiente de su trámite y que lo auxilie en el desahogo de sus cargas procesales. Ahora, tratándose de las notificaciones personales en un amparo en materia penal que se hagan a las personas privadas de la libertad, de una interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, esta Primera Sala considera que dicho precepto regula que todas las notificaciones deben realizarse en forma personal a la parte quejosa, y que la conjunción "o" analizada tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Lo anterior, porque se debe atender a la voluntad del directo agraviado por los actos reclamados, quien de manera libre designa en qué lugar prefiere que se practiquen las notificaciones personales. En ese sentido, podrá elegir el centro de reclusión, donde evidentemente se entenderán con él mismo, o bien, un lugar externo, como pudiese ser el domicilio de su defensor o sus autorizados, esto de acuerdo con sus intereses o con la estrategia de defensa que desee adoptar. Sin que ello implique que aquél quede en estado de indefensión, sino que en aras de privilegiar los principios pro persona y pro actione, debe considerarse que es la propia parte quejosa quien con fundamento en lo que dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, tiene la posibilidad de designar a quien lo represente, y en caso de no poder hacerlo, esta Suprema Corte ha establecido la obligación de designarle de oficio un defensor público que lo asista, quien desde luego deberá cumplir con todas las obligaciones inherentes a ese cargo y velar por los intereses de su representado. No obstante, esa regla no debe aplicarse de manera automática en todos los casos y tipos de resoluciones, ya que existirán ocasiones en que se deba notificar de manera conjunta a la persona privada de la libertad en el centro de reclusión y a su defensor, representante legal o autorizado para oír notificaciones en el domicilio procesal que hubiesen señalado. Esa excepción será calificada por el órgano jurisdiccional, el cual deberá evaluar la naturaleza jurídica de la resolución que se va a notificar; si el único facultado para cumplir un requerimiento es la persona privada de la libertad; si el desconocimiento de esa resolución le generará graves afectaciones a la persona recluida o si se trata de una carga procesal de vital relevancia para el trámite y resultado del juicio, en cuyo caso se debe optar por notificar a ambos para generar certeza jurídica para el justiciable." Notifíquese como legalmente corresponda.
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