Silvia Flores López
Expediente 264/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 264/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 02/06/2016
Partes del expediente
- Silvia Flores López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Visto lo asentado en la cuenta que antecede, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera la sentencia de once de mayo de dos mil dieciséis, en la cual se sobreseyó en el presente juicio; de lo anterior se colige que al haber obtenido resolución desfavorable pudo interponer recurso de revisión, al ser a quien únicamente le irroga perjuicio la resolución referida; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Resulta aplicable, por analogía y por las consideraciones que la sustentan, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, de la voz: REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CUANDO SÓLO LO PROMUEVE EL TERCERO PERJUDICADO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO QUE DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. [9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXII, Octubre de 2010; Pág. 3174]. En ese orden, glósese el original del incidente de suspensión y después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente cuaderno se advierte que no existe promoción o diligencia por practicar, por tanto, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Así, devuélvanse a Juez señalado como responsable los anexos que exhibió en presente juicio, de los cuales deberá acusar el recibo correspondiente; apercibido que de ser omiso se le impondrá multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en esta ciudad, con fundamento en el artículo 237, fracción I y 238 de la legislación de la materia. De conformidad con lo establecido en la certificación de que se trata, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) En cumplimiento al punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseido. c) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la medida cautelar solicitada. d) Transcurrido el término de tres años, deberán transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. e) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible, junto con el original del incidente de suspensión. f) Empero el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo del citado acuerdo; en consecuencia, desglósese el mismo previa certificación que obre en actuaciones. Las anotaciones pertinentes háganse en el Sistema de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del juicio en que se actúa. En otro aspecto, de conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2º; intégrese a los autos la razón actuarial de cuenta, en la que se hace constar la imposibilidad legal y material para notificar la sentencia de once de mayo último al tercero interesado ********************por los motivos expuestos por la funcionaria adscrita a este juzgado federal. Precisado lo anterior y tomando en cuenta la determinación emitida de manera precedente, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, realícese la notificación referida, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal al tercero en cita, por medio de las listas que se fijan en los estrados de este juzgado federal, hasta en tanto señale diverso domicilio para tal efecto, dentro de la zona conurbada en donde este juzgado ejerce jurisdicción. Finalmente, intégrese a los autos el escrito de cuenta, signado por el tercero interesado ********************a través del cual insta se declare firma la sentencia dictada en el presente juicio y solicita copia certificada de diversas actuaciones. Por lo que refiere a la primera de las peticiones del ocursante, deberá estarse a lo proveído de manera inicial en esta fecha y, en cuanto a la segunda solicitud, en términos del numeral 278 del código adjetivo en cita, expídanse a costa del promovente las copias que solicita; previa toma de razón que por su recibo obre en autos para debida constancia legal, por persona facultada para tal efecto.
- Principal
Primero. Mediante escrito presentado el veintinueve de febrero de dos mi dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ********************, solicitó el amparo y protección de la justicia de la unión, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "III.- AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: C. JUEZ PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TENANGO DEL VALLE, ESTADO DE MÉXICO. En su carácter de autoridad ordenadora. C. NOTIFICADOR EJECUTOR ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TENANGO DEL VALLE, ESTADO DE MÉXICO. En su carácter de autoridad ejecutora". "IV.- LA LEY O ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: [.] a).- ACTOS RECLAMADOS de las autoridades que señalo como responsables ordenadoras en mi carácter de Tercero Extraño por equiparación todo lo actuado en los autos del expediente número ******************** del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia en Tenango del Valle, Estado de México, y de la autoridad señalada como ejecutora reclamo el cumplimiento que pretenden otorgar al desalojo entrega y/o desocupación dictadas en el Juicio de Origen, en acatamiento a la sentencia emitida en dicho juicio, dichos actos procesales para materializarse sobre un inmueble del que la suscrita soy poseedor en mi calidad de arrendatario del mismo ubicado en la calle de ********************; mismo que cuenta con una superficie total de 1.836.17 (mil ochocientos treinta y seis metros cuadrados) que la suscrita utiliza y trabaja como estacionamiento público, desposeyéndome de dicho inmueble, la ejecución de la sentencia recaída en el juicio, así como el dictado de la sentencia que condenó a la desposesión, desocupación y lanzamiento del inmueble que tengo en posesión con el carácter de arrendador, así como toda orden privativa de libertad e incomunicación dictada en mi contra y la entrega a la parte actora de la finca mencionada. Asimismo y como tengo temor de que sea privada de mi derecho de arrendamiento del inmueble que poseo en carácter de arrendatario mediante el contrato que se encuentra vigente y que se agrega al presente como anexo único y ante el temor de que se me prive de mi libertad ya que dichas personas al constituirse en mi domicilio manifestaron que me detendrían y privarían de mi libertad personal porque no tengo derecho sobre el inmueble que arrendo, es por lo que se promueve el presente juicio de garantías para el efecto de que la justicia de la unión me ampare y proteja hasta en tanto no se defina legalmente el presente asunto, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 constitucional en vigor se solicita se suspenda dicha ejecución hasta en tanto se defina mi derecho como arrendador. b).- DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO EJECUTORA se reclama: la falta de emplazamiento de la quejosa al juicio de origen y asimismo de la ejecutora reclamo la ejecución de todos los actos que la ordenadora le asigne y en especial la desposesión que pretende hacer en perjuicio de la suscrita del inmueble mencionado". Segundo. La quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Mediante acuerdo de veintinueve de febrero dos mil dieciséis (fojas 9 a 11), este Órgano Jurisdiccional admitió a trámite la demanda; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; dio la intervención que legalmente compete al Representante Social Federal de la adscripción, quien no formuló pedimento; y, previos diferimientos, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48, y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 03/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclaman actos que emitieron autoridades que tienen su residencia oficial dentro de la jurisdicción territorial del Juzgado. SEGUNDO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, tal como lo prevé el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo; para tal efecto, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a considerar todos los datos que emanen de la demanda de garantías, e incluso la totalidad de la información del expediente del juicio, en atención al pensamiento e intencionalidad de su autor y así, descartar las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgado de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra la congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, del informe justificado y de la totalidad de constancias que integran el sumario constitucional en que se actúa, se obtiene que la quejosa ********************, reclama de la autoridad responsable, lo siguiente: La falta de emplazamiento, y todo lo actuado en el juicio ********************, del índice de la autoridad responsable ordenadora, en relación al requerimiento de entrega del inmueble materia de dicho juicio. Al caso se cita, la jurisprudencia publicada con el número 19, en la página 17 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Asimismo, tiene sustento en la tesis aislada visible en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, realizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. En toda sentencia de amparo debe analizarse y resolverse respecto de la certeza o inexistencia del acto reclamado y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se estudiarán las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y, en caso de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior, pues de no ser ciertos los actos combatidos resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, se torna imposible legalmente analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de garantías sea procedente. Con fundamento en el artículo 217 de la Ley de Amparo, se cita en lo conducente, la jurisprudencia 10, visible en la página 68 de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Abril de 1994, Tomo 76, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Así como por resultar ilustrativa, se cita la tesis 2a. CXLVII/2007, visible en la página 439 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octubre de 2007, Tomo XXVI, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. LA OMISIÓN DEL JUZGADOR DE AMPARO DE PRONUNCIARSE SOBRE SU EXISTENCIA, DEBE REPARARLA OFICIOSAMENTE EL TRIBUNAL REVISOR. De los artículos 74, fracción IV, 77, fracciones I y II, y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador de garantías apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. En ese tenor, ante la omisión de realizar ese pronunciamiento en la sentencia recurrida, el tribunal revisor debe subsanarla -aun cuando no exista agravio alguno en tal sentido- y emitir una determinación al respecto, porque no sería jurídicamente congruente abordar en sede de revisión causas de improcedencia o el fondo del asunto si no está probada la existencia de los actos reclamados en el juicio de amparo." Ahora bien, de las constancias que integran el juicio que ahora se resuelve, se aprecia que el Juez y Ejecutor, ambos adscritos al Jugado Primero Civil de Primera Instancia de Tenango del Valle, Estado de México, al rendir sus respectivos informes justificados, aceptaron la emisión del acto reclamado, por ende, se tiene por acreditada su existencia (fojas 48 a 53). Se estima aplicable, la jurisprudencia publicada con el número 278, visible en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior, se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad responsable ordenadora como complemento de su informe justificado, consistentes en copias certificadas del expediente ********************, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, pues provienen de un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Es aplicable, la jurisprudencia visible en la página 136 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS. TIENEN VALOR DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, AUNQUE NO SE CONTENGA EN LA CERTIFICACIÓN EL PROVEÍDO QUE ORDENÓ SU EXPEDICIÓN (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE SONORA, GUERRERO Y DISTRITO FEDERAL). Las copias fotostáticas certificadas por los secretarios de acuerdos, tienen valor como documentos públicos, aun cuando carezcan de los datos de la resolución o decreto mediante el cual se ordenó su expedición, pues es facultad de los secretarios de Acuerdos de los juzgados de primera instancia expedir las copias autorizadas que la ley determine o deban darse a las partes en virtud de decreto o resolución judicial; de lo que se sigue que la expedición de dichas copias deriva de un mandato judicial, salvo prueba en contrario.". Y la jurisprudencia publicada con el número 226, en la página 153 del Apéndice Al Semanario Judicial de la Federación, de 1917 a 1995, del Tomo VI, Materia Común, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse la procedencia del juicio de amparo, independientemente de que las autoridades responsables hayan aceptado los actos reclamados, toda vez que constituye una cuestión de estudio oficioso en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; máxime porque al actualizarse alguna causal de inejercitabilidad de la acción, se obstaculizaría el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. En el caso, el tercero interesado ********************, al apersonarse al juicio de amparo, sostuvo que era improcedente la acción constitucional, en virtud de que: No se encuentra demostrado el interés jurídico de la quejosa, pues argumenta el tercero interesado que el contrato de arrendamiento exhibido carece de fecha cierta. Así, se estima que en el caso ciertamente se actualiza la causal de improcedencia hecha valer por el tercero interesado, contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. En efecto, es necesario señalar que los artículos 5, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; ." De la interpretación a los anteriores numerales, se advierte que el juicio constitucional puede promoverse por quien aduce ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos reconocidos en la Constitución y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Empero, señala que cuando se traten de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, es decir, tener reconocido un derecho subjetivo público que proteger. Ahora bien, como se infiere de los preceptos legales antes mencionados, mediante el juicio de amparo se pueden salvaguardar dos tipos de intereses: el jurídico y el legítimo. Cuando se reclaman actos provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, necesariamente se requiere de un interés jurídico. En cambio, cuando se reclaman actos provenientes de autoridades administrativas el quejoso puede alegar un interés jurídico o un interés legítimo. En el caso a estudio, se reclama un acto llevado a cabo por una autoridad jurisdiccional en materia civil, como lo es el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de esta Entidad Federativa. Por tal motivo, la aquí quejosa debe acreditar que es titular de un derecho subjetivo público que puede ser afectado con motivo del acto de autoridad, esto es un interés jurídico. Respecto del interés jurídico, si bien la ley de la materia no da una definición exacta, ese extremo ha sido definido por la doctrina y la jurisprudencia, como aquella situación jurídica en donde un particular es titular de un derecho subjetivo público que resulta lesionado por el acto de autoridad reclamado. De no materializarse el poder legal de exigir ese derecho, no existirá tampoco interés jurídico tutelado a favor del particular. Resulta ilustrativa, con relación al tema, la jurisprudencia VI. 2o. J/87, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo VI, segunda parte-1, julio a diciembre de 1990, página 374, del siguiente texto: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de amparo individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las amparo individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de amparo y no otra persona". Para acreditar tal extremo, se puede ofrecer cualquier medio de prueba previsto por las leyes que resulte idóneo, pero de ninguna manera basta para demostrarlo el hecho de presentar la demanda de amparo, pues ello sólo implica la pretensión de incitar al órgano jurisdiccional, pero no la comprobación de que la ley o acto reclamado lesionan el interés jurídico de la quejosa, pues esa afectación tiene que probarse de manera fehaciente y no de forma presuntiva. Es ilustrativa al caso, por igualdad de razón, la jurisprudencia 16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, ochenta y dos, octubre de 1994, página 17, del siguiente texto: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Así pues, los supuestos que integran el interés jurídico son dos: el primero, la existencia y titularidad de un derecho y, el segundo, el resentimiento de un perjuicio en aquél proveniente de un acto de autoridad. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la tesis jurisprudencial 26, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se ve en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VIII, diciembre, página 117, que señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de amparo". Ahora bien, del juicio ordinario civil ********************, sobre acción reivindicatoria, que remitió el Juez responsable al momento de rendir su informe justificado, a las cuales por ser documentos públicos, se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, se advierte: 1. ********************, demandó de ********************, la desocupación y entrega del inmueble materia del juicio natural (fojas 1 a 4 del juicio ordinario). 2. ********************, al comparecer a juicio negó la procedencia de la acción y opuso excepciones y defensas (fojas 11 a 21 ídem). 3. Agotada la instrucción, el veinticinco de septiembre de dos mil catorce, el Juzgador de primera instancia dictó sentencia, en la cual declaró procedente la acción (fojas 578 a 582 ídem). 6. Inconforme con la anterior determinación, ********************, interpuso recurso de apelación, resuelto el trece de noviembre de dos mil catorce por la Segunda Sala Civil Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, mediante la cual se estimaron infundados e inoperantes los agravios del demandado en el juicio natural, lo cual motivó que se confirmara la sentencia apelada (fojas 590 a 598 ídem). 7. Por acuerdo de treinta de marzo de dos mil quince, el instructor natural tuvo por recibido el oficio ********************, remitido por la Segunda Sala Civil Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en donde se comunicó que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, negó el amparo promovido por ********************, contra la sentencia emitida en el recurso de apelación (foja 614 y 615 ídem). 8. Mediante auto de cinco de agosto de dos mil quince, se turnaron los autos al Ejecutor adscrito al Juzgado de origen, a fin de que de diera cumplimiento a la sentencia dictada por la Segunda Sala Civil Regional de Toluca, Estado de México (foja 623 ídem). De los antecedentes antes señalados, se aprecia que en el comentado juicio ordinario civil ********************, intervinieron como únicas partes contendientes los hoy terceros interesados ******************** (actor) y ********************, (demandado). Ahora bien, la quejosa ********************, se ostenta como tercera extraña, pues no fue parte en el juicio ordinario civil de donde emana el acto reclamado. Por ello, debe cumplir con el requisito general de procedencia del juicio de amparo consistente en la afectación al interés jurídico por parte del acto reclamado, principio que es consagrado por los artículos 107, fracción I, constitucional, y 5, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, es que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de amparo, cause perjuicio al quejoso o agraviado, en su interés jurídico, pues el acto reclamado, deriva de un órgano judicial. Así, la solicitante del amparo no justifica su interés jurídico para ejercitar la presente acción constitucional, en virtud de que las pruebas ofrecidas para demostrar la afectación a su esfera jurídica, son insuficientes. Para tal efecto, la quejosa ofreció como prueba la siguiente: 1. Documental privada, consistente en el contrato de arrendamiento celebrado entre ******************** (arrendador) y ********************, (arrendataria), respecto del bien inmueble ubicado en ********************, por un lapso de tres años a partir del dieciséis de febrero de dos mil catorce. Sin embargo, tal documental es ineficaz para demostrar su interés jurídico. Esto es, el contrato original de arrendamiento celebrado entre la quejosa y ********************, respecto del bien inmueble materia de juicio, por un lapso de tres años a partir del dieciséis de febrero de dos mil catorce; es insuficiente para acreditar su interés jurídico. Lo anterior, pues si bien el Código Civil del Estado de México en vigor, no establece como formalidad del contrato de arrendamiento que sea celebrado ante fedatario público, lo realmente importante es que no se tiene certeza de la fecha en que fue celebrado el acto. En tal virtud, se concluye que el "CONTRATO DE ARRENDAMIENTO" aportado por la quejosa, constituye un documento carente de fecha cierta y por ende insuficiente para acreditar su interés jurídico, es decir, para justificar la posesión jurídica del inmueble ubicado en ********************, que por esta vía se defiende. Tiene aplicación al caso, la tesis jurisprudencial por contradicción de tesis 1a./J. 24/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII de Abril de 2008, página 11, registro 169963, que se encuentra vigente y dice: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito". Sin que pase inadvertido, el hecho de que se tuvo por cierto el acto reclamado, pues tal situación no exime a la quejosa de la obligación de acreditar su interés jurídico, al ser un presupuesto necesario de la acción constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 23/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 84, Diciembre de 1994, página 20, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. OBLIGACIÓN DE PROBARLO AUNQUE OPERE PRESUNCIÓN DE CERTEZA DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO POR FALTA DE INFORME. La presunción de existencia del acto reclamado por falta de informe justificado de las autoridades responsables, prevista por el artículo 149 de la Ley de Amparo, no exime al quejoso de la obligación que tiene de acreditar que el acto que reclama afecta su interés jurídico, ya que de no hacerlo el juicio de amparo resulta improcedente y debe sobreseerse en términos de la fracción V del artículo 73, y fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo." En tales condiciones, se concluye que por la actualización de la causal de improcedencia supraindicada, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Determinación que se hace extensiva a los actos de ejecución, en virtud de que no fueron combatidos por vicios propios sino como consecuencia del acto primigenio. Dado el sentido que rige la presente ejecutoria de amparo, no es posible analizar los conceptos de violación, pues el sobreseimiento impide el estudio del fondo de la litis constitucional. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107, de la Constitución Federal, 73, 74, 107 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por los actos y autoridades precisados en los considerandos segundo y tercero de este fallo, por las razones y consideraciones expuestas en el considerando último de esta sentencia.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos se advierte que el catorce de abril del año en curso (folio 729, se realizó la primera notificación del presente juicio al tercero interesado ********************; por tanto, a esta fecha transcurre el plazo que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin que el mencionado tercero se imponga del contenido de dicho informe; así, para no violar las reglas que rigen el procedimiento del juicio de amparo, procede diferir la audiencia constitucional señalada para esta fecha y, se fijan las doce horas con diez minutos del nueve de mayo de dos mil dieciséis, para su verificativo.
- Principal
De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; intégrese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Jueza Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, a través del cual devuelve diligenciado el despacho 111/2016, número de orden 248/2016, de este índice, enviado para realizar el emplazamiento del tercero interesado Héctor Issasi Arellano. Acúsese el recibo correspondiente. Las anotaciones correspondientes háganse en el libro respectivo. Luego, visto lo asentado de manera precedente, así como el estado procesal de los autos, se advierte que los acuerdos de veintinueve de febrero y treinta y uno de marzo, ambos de dos mil dieciséis, se notificaron el catorce de abril de dos mil dieciséis, al tercero interesado Héctor Issasi Arellano; por tanto, el plazo de tres días otorgado en esas actuaciones, a fin de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, transcurrió sin que así lo hiciera; razón por la cual, se hace efectivo el apercibimiento con el que fue conminado en la determinación mencionada y con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones subsecuentes, aun las de carácter personal a tercero interesado en cita, por medio de las listas que se fijan en los estrados de este juzgado federal, hasta en tanto señale diverso domicilio para tal efecto.
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