Silvestre Rodríguez Mendoza

Expediente 1365/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1365/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
16/06/2022

Partes del expediente

  • Silvestre Rodríguez Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Intégrese el escrito firmado electrónicamente por el autorizado del quejoso, por medio del cual refiere: "SOLICITO SE DIGITALICEN TODAS LAS PROMOCIONES Y ACTUACIONES, SOBRE TODO LAS ÚLTIMAS DE ESTE AÑO". En atención a su solicitud, y vista la certificación de cuenta se advierte que el presente juicio de amparo, coincide de manera íntegra con el expediente electrónico, no obstante, se comisiona al analista jurídico SISE, para que verifique y en su caso, realice las gestiones necesarias para habilitar la herramienta electrónica que permitirá la consulta del juicio de amparo en que se actúa.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, uno de marzo de dos mil veintidós. Intégrese el ocurso de cuenta signado por Silvestre Rodríguez Mendoza, mediante el cual realiza diversas manifestaciones, a saber: En ese sentido, respecto al primer punto de su escrito, hágase de su conocimiento que la demanda de amparo que promovió fue presentada el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, tal y como consta el sello de recibido -foja 2-; demanda que fue turnada el veintisiete siguiente a este órgano jurisdiccional y recibida en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito el veintiocho del mismo mes y año (foja 1). Motivo por el cual, mediante proveído de veintinueve de diciembre de la anualidad pasada, se desechó por notoriamente improcedente, misma que se le notificó de manera electrónica el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, ordenándose su archivo definitivo el uno de febrero de este año; empero, se le informa que se dejan a salvo sus derechos, para que los haga valer en la forma idónea que a derecho corresponda. Finalmente, en cuanto hace a la devolución de los anexos agregados a su escrito inicial de demanda, se autoriza la devolución, previo cotejo y copia certificada que de éstos se realice.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, uno de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. En acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental. Notifíquese.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciocho de enero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que no obra constancia que acredite que haya sido notificada la parte quejosa del proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno; QUE DICE:..."Toluca, Estado de México, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. ESCRITO Intégrese el escrito de demanda promovida por ...con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1365/2021-III-B. DESECHAMIENTO. Ahora, del análisis íntegro al escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama de la Comisión Federal de Electricidad: La omisión de dar respuesta a su escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, por el que solicitó copias de las imágenes de lecturas de consumo de energía eléctrica realizadas al medidor 717TNB de enero a noviembre, ambos del dos mil veintiuno. DESECHAMIENTO Del estudio integral del escrito de demanda, este juzgador considera actualizada la causal de improcedencia, establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5º fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" La disposición prevista en la fracción XXIII transcrita no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que se relaciona con las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional que derivan de la Carta Magna y de la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el propio artículo 61, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo ordenado en el artículo 5°, fracción II, de la citada legislación de la materia. Por ello, de un el análisis sistemático de los preceptos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoquen los derechos humanos de éstos. En este punto cabe destacar que el precepto constitucional en estudio no establece una definición clara de lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que sólo se refiere que es quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, esto es, únicamente se mencionan las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos de los entes u órganos del Estado que pueden ser materia de estudio en el juicio de garantías, pero no especificaron las cualidades que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal exclusivamente para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Por lo anterior, los tribunales del Poder Judicial de la Federación, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución, han establecido diversos precedentes a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo, en términos de la legislación de amparo abrogada, los cuales se invocan por analogía. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación del artículo 11 de la legislación de amparo abrogada, "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de origen público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados. Lo antes expuesto, se corrobora con la tesis con registro 199459, Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De lo anterior se tiene que además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en el criterio citado del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que indefectiblemente inciden en la esfera de los particulares considerados como tales. Ahora, en el caso concreto, del escrito de demanda se aprecia que la parte quejosa reclama de la Comisión Federal de Electricidad la omisión de dar respuesta a su escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, por el que solicitó copias de las imágenes de lecturas de consumo de energía eléctrica realizadas al medidor 717TNB de enero a noviembre, ambos del dos mil veintiuno. En ese sentido, si bien es cierto que la Comisión Federal de Electricidad, en su carácter de persona jurídico colectiva es un ente público, también lo es que en el ámbito del asunto sometido a la consideración de este juzgado, aquélla no ejecuta el acto que se le reclama como autoridad, es decir, en un plano de supra a subordinación, sino dentro de un procedimiento penal. Se afirma lo anterior, dado que la autoridad señalada como responsable referida, derivado de sus facultades legales, actúa en un doble carácter: a) Como ente público autónomo cuando actúa en un plano de supra a subordinación en relación con la función o actividades que le confiere la ley, frente a la ciudadanía en general; y, b) Como ente privado, cuando lo hace en un plano de igualdad, dentro de una relación jurídica de coordinación (en el caso, al actuar como parte dentro de un proceso legal). En esa tesitura, respecto al acto reclamado no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que tiene su origen en una relación contractual del servicio de energía eléctrica entre la parte quejosa y la Comisión Federal de Electricidad, por tanto, ese supuesto, se conduce bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación por tratarse de un juicio como ya se dijo -entre particulares-. En las condiciones expuestas, este juzgado de Distrito sostiene que la acción constitucional promovida es improcedente, pues la señalada como responsable referida, no está investida de las facultades que caracterizan a las autoridades, ello en atención a que de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso demanda de la Comisión Federal de Electricidad La omisión de dar respuesta a su escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, por el que solicitó copias de las imágenes de lecturas de consumo de energía eléctrica realizadas al medidor 717TNB de enero a noviembre, ambos del dos mil veintiuno, las cuales se pueden reclamar en la vía que en derecho corresponda; por ende, debe entenderse que la referida responsable es contraparte del aquí impetrante de amparo, razón por la cual no puede tener el carácter de autoridad en esta instancia, en virtud de que como ya se dijo actúa en una relación de coordinación respecto del amparista y no de supra a subordinación. Actuar de otra manera, implicaría que este Juzgado de Distrito se substituyera en las funciones de la autoridad jurisdiccional a quien compete lograr ese cumplimiento. Puesto que la finalidad del juicio de amparo es, como quedó apuntado, la de tutelar y salvaguardar los derechos públicos subjetivos de los gobernados contenidos en Constitución de la República, por lo que no puede constituirse como un mecanismo de defensa utilizado tan ampliamente que con él se pretenda suplir el ejercicio de medios jurídico-procesales que existen en la ley aplicable. Por lo que, para la procedencia del amparo, debe cumplirse con todos los presupuestos establecidos en la referida ley, así como los de la Ley de Amparo, puesto que no puede desconocerse la estructura normativa del Estado mexicano, ni la naturaleza misma del juicio de garantías. Sirve de sustento a lo anterior la tesis II.2o.P.70 P, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVIII, Julio de 2003, Pagina 1023, de la Novena Época, cuyo rubro y texto se transcriben a continuación: "AMPARO, JUICIO DE. NO PUEDE SER UTILIZADO DE MANERA QUE SUPLA CAPRICHOSAMENTE EL EJERCICIO DE LOS DIVERSOS MEDIOS JURÍDICO-PROCESALES QUE PREVÉ EL MARCO NORMATIVO NACIONAL, NI SER SUSTITUIDO POR OTRAS INSTANCIAS SUPRANACIONALES, NO VINCULANTES EN LA TUTELA DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN EL CONTEXTO DE NUESTRO DERECHO CONSTITUCIONAL. La finalidad del juicio de amparo, como un mecanismo de control de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la de tutelar y salvaguardar los derechos públicos subjetivos de los gobernados contenidos en esa Ley Suprema del país, pero de ninguna manera puede constituir un mecanismo de defensa que sea utilizado de modo tan amplio que con él se pretende suplir el ejercicio, en su caso, de los diversos medios jurídico-procesales existentes en el marco jurídico nacional, tendentes a dirimir cuestiones como las de responsabilidad o de reclamación de indemnizaciones, por ejemplo. El juicio de amparo mexicano es una institución ampliamente reconocida, incluso en el extranjero, destacada como medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad que afecten o atenten contra los derechos fundamentales de los gobernados y así se ha caracterizado desde el siglo XIX; por tanto, la ulterior tendencia al reconocimiento por parte de la comunidad internacional respecto del carácter positivo de la voluntad de generalizar ese reconocimiento, creando incluso organismos facultados para emitir recomendaciones a los Estados suscriptores de los tratados correspondientes, no implica de ningún modo que dichas instancias se sustituyan en la tutela de los derechos fundamentales reconocidos y garantizados en el contexto del propio derecho constitucional de la nación, y en el procedimiento que, en su caso, debe ejercerse de acuerdo con el medio de control de constitucionalidad que en la propia Constitución se prevé, el juicio de amparo. Por lo que es menester para lograr su procedencia el que se cumpla previamente con todos y cada uno de los presupuestos establecidos en la propia ley de la materia de donde emane el acto reclamado, así como los de la Ley de Amparo, puesto que no puede desconocerse la estructura normativa del Estado mexicano, ni la naturaleza misma del juicio de garantías." Además, resulta oportuno mencionar que, para determinar si en el presente caso, la actuación de la Comisión Federal de Electricidad se realiza en un plano de coordinación o de supra a subordinación respecto de lo que aquí reclama la quejosa, a fin de establecer si se encuentra actuando como autoridad, es preciso acudir a las normas que precisan su existencia y naturaleza, sus atribuciones y alcances. En se sentido, se invoca lo dispuesto en los artículos 1º, 2º, 3° y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establecen: "Artículo 1º. La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal. La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública Centralizada. Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal". "Artículo 2°. En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la Administración Pública Centralizada: I. Secretarías de Estado; II. Consejería Jurídica, y III.Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética a que hace referencia el artículo 28, párrafo octavo, de la Constitución". "Artículo 3º. El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en los términos de las disposiciones legales correspondientes, de las siguientes entidades de la administración pública paraestatal: I. Organismos descentralizados; II. Empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y de fianzas, y III. Fideicomisos". "Artículo 45. Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten.". De ello, se desprende que la Comisión Federal de Electricidad tiene el carácter de empresa productiva del Estado, pues así lo establece el numeral 2° de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, que dispone: "Artículo 2°. La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. La Comisión Federal de Electricidad tendrá su domicilio en el Distrito Federal, sin perjuicio de que para el desarrollo de sus actividades pueda establecer domicilios convencionales tanto en territorio nacional como en el extranjero.". Bajo esa óptica, la función esencial de dicha empresa es la de prestar el servicio de energía eléctrica, en términos del ordinal 5° de la citada ley, que establece: "Artículo 5°. La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano. Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades siguientes: I. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos asociados, incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y en términos de la estricta separación legal que establezca la Secretaría de Energía; II. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible; III. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás actividades que forman parte de su objeto; IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir con su objeto, conforme a las disposiciones aplicables; V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que realice en la industria eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así como la formación de recursos humanos altamente especializados; VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología de que disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales como, de manera enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. La Comisión Federal de Electricidad podrá avalar y otorgar garantías en favor de terceros; VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con objeto similar, análogo o compatible con su propio objeto, y VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto. La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este artículo en el país o en el extranjero". En este sentido, se destaca que, conforme al artículo 5° de la Ley de la Industria Eléctrica, lo no previsto en ella debe ser considerado como un acto de naturaleza mercantil, que se rige por el Código de Comercio y supletoriamente por la legislación civil, como es el caso de los contratos de suministro básico. En el contexto apuntado, tratándose de la normativa vigente que rige las relaciones y actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, a raíz de la "reforma energética", Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra-subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. Razones por las que, los conflictos que surjan con motivo de cuestiones comprendidas en el suministro de energía eléctrica - como el que nos ocupa, relacionado con el cambio de usuario del servicio- no pueden considerarse como emanados de una relación de supra a subordinación, sino de un vínculo de coordinación en donde el citado organismo actúa desprovisto de imperio. Es así, precisamente porque en su carácter de suministrador, los actos que lleva a cabo, en virtud del contrato de suministro de energía eléctrica tienen como origen un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, incluido el cambio de usuario del servicio de energía eléctrica, habida cuenta que la participación regulatoria en ello se constriñe a otorgar bases mínimas que garanticen el cumplimiento del compromiso de suministro que es de orden público y que los contratos de adhesión que se celebren no resulten leoninos, abusivos, lesivos o inequitativos para el usuario. Por tanto, se trata de una relación de coordinación, en virtud del contrato que celebre la empresa suministradora con el usuario en los términos que finalmente se pacten. Por tal motivo, el acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta a su escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, por el que solicitó copias de las imágenes de lecturas de consumo de energía eléctrica realizadas al medidor 717TNB de enero a noviembre, ambos del dos mil veintiuno, no actualiza el supuesto establecido para estimar que se esté en presencia de actos equivalentes a los de una autoridad, porque la Comisión Federal de Electricidad no los ejerce en forma unilateral y obligatoria, como cumplimiento de funciones que le fueran conferidas por la norma, sino como producto de la relación contractual celebrada entre dicha empresa y un particular. Consecuentemente, el acto reclamado por la parte quejosa es inviable, debido a que éste deriva de una omisión que tiene origen en una relación contractual entre el quejoso y la Comisión Federal de Electricidad, misma que puede hacerse valer ante los Tribunales Ordinarios competentes para ello. . Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia, libro 53, abril de 2018, tomo I, página 532, cuyo contenido es el siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." Por tal motivo, si el juicio de amparo procede contra actos u omisiones de autoridad, según el artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, y se demostró que la Comisión Federal de Electricidad no actúa en un plano que le otorgue esa calidad (de autoridad responsable), se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, este último interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo; en consecuencia, se desecha de plano la demanda de amparo. DOMICILIO. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, fracción II, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el usuario electrónico "RUBENRE"; mismo que se autoriza para la consulta del expediente electrónico. AUTORIZADOS. En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020). Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Ahora, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. APARTADO ESPECIAL PARA ACTUARIOS. Por otra parte, de conformidad con el artículo 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se comisiona al actuario de la adscripción para que mediante notificación electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, por oficio electrónico o digitalizado con firma electrónica, por lista electrónica según corresponda realicen las notificaciones que se emitan en el presente sumario; asimismo, para que realicen todas y cada una de las comunicaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES Asimismo, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el dieciséis de enero de dos mil veintidós o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2021. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente a la parte quejosa vía electrónica. "......en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, comisiónese al actuario correspondiente para que realice la notificación de la citada determinación. Atento a lo anterior, se comisiona a los actuarios, así como al analista jurídico SISE de la adscripción, para efecto de realizar las gestiones necesarias dentro del sistema antes mencionado, a fin de que a la parte quejosa se le pueda practicar la notificación. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.

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