Silvia Elizabeth Mundo Flores

Expediente 529/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
529/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
14/03/2017

Partes del expediente

  • Silvia Elizabeth Mundo Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, catorce de marzo de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio 164/2017-II, que remite la Actuaria Judicial adscrita al Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en la ciudad de Mexicali, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada por dicho tribunal dentro de la queja administrativa 01/2017, en la que declaró infundado el recurso en cuestión interpuesto por la quejosa Silvia Elizabeth Mundo Flores, en contra del auto de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, que desechó su demanda de amparo. Acúsese el recibo correspondiente vía telegráfica. Consecuentemente, háganse las anotaciones de ley en el libro correspondiente, y archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, dado que en la resolución se desechó la demanda de amparo, además que se observa de la certificación de cuenta que no existen documentos originales, que no se abrió el incidente de suspensión, y que se estima que este expediente carece de relevancia documental; con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima y vigésima primera, fracción I del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo. Por último, comuníquese a las partes que por sesión ordinaria celebrada el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acordó que el nuevo titular de este Juzgado a partir del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, es Jesús Eduardo Medina Martínez. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, con número de registro 164217, derivada de la contradicción de tesis 119/2010, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, notable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, julio de dos mil diez, página trescientos doce, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, a trece de enero de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta signado por la ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA AL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMOQUINTO CIRCUITO, con residencia en la ciudad de Mexicali, Baja California; atento a su contenido, queda enterado este juzgado que el tres de enero de dos mil diecisiete, ese tribunal admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la quejosa Silvia Elizabeth Mundo Flores, en contra del auto de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, en los autos del juicio de amparo 529/2016, el cual quedó registrado con el número de queja 1/2017. N O T I F Í Q U E S E.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, a nueve de diciembre de dos mil dieciséis. A sus autos el escrito de cuenta formulado por la quejosa Silvia Elizabeth Mundo Flores por el cual interpone recurso de queja contra el auto de veinticinco de noviembre del año en curso, que desechó la demanda de amparo en el expediente en que se actúa; con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo vigente, se tramita el recurso de queja interpuesto. Consecuentemente, fórmese cuaderno de antecedentes con copia de las principales constancias que obran en el expediente en que se actúa y dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de que se notifique el presente proveído, envíense los autos al Tribunal Colegiado en turno del Décimo Quinto Circuito, con residencia en la ciudad de Mexicali, Baja California, para los efectos de su substanciación. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, a veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el escrito de cuenta, presentado por SILVIA ELIZABETH MUNDO FLORES, por su propio derecho, contra actos del Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia y del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California y otras autoridades; fórmese el expediente de amparo respectivo, el cual quedó registrado en el Libro Uno del juzgado con el número 529/2016. El acto reclamado consiste en lo siguiente: ".el indebido procedimiento de remoción libre en contra de la suscrita, a efecto de que la quejosa no sea removida libremente o separada, suspendida, remueva, cese o destituya de mi cargo como Secretaria de Acuerdos adscrita a la Segunda Secretaria del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Partido Judicial de Ensenada, Baja California." ". Así como la infundada e ilegal resolución de improcedencia de la Licencia solicitada por la suscrita con fecha catorce de octubre del año dos mil dieciséis.". De los antecedentes que expresa bajo protesta de decir verdad, se advierte que con fecha catorce de octubre del presente año, la quejosa solicitó ante el Pleno del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado, un permiso continuo de seis meses, dos meses con goce de sueldo, dos meses más con medio sueldo, a fin de cubrir gastos de salud, medicamentos y estudios necesarios, así como para poder abastecer las necesidades primordiales. Agrega, que el veinticuatro de octubre pasado se presentó en las instalaciones del juzgado la licenciada MALU CRISCI, en compañía de otra abogada, manifestándole que le llevaba un acta para que la firmara; que el veintiocho del mismo mes y año, acudió a las instalaciones del juzgado un Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y con el acta que le levantaron las personas del sindicato le iniciaron un procedimiento de remoción libre, con motivo de una queja administrativa que la titular del juzgado le levantó, sin que le hayan indicado la razón o causa especifica de la determinación tomada en su contra, ni los alcances de la misma, por lo que tiene temor fundado de que se le prive de su fuente de ingresos. La impetrante argumenta que en su contra se conculcaron las garantías señaladas consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales; sin embargo, debe decirse que el juicio de amparo procede únicamente cuando el acto reclamado provenga de una autoridad actuando bajo el imperio que el estado le otorga, y no cuando el conflicto se suscite actuando las mencionadas responsables como particulares. Ahora bien, de conformidad en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede DESECHAR la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse las causales de improcedencia, previstas en el artículo 61, fracción XXIII en relación al diverso 107, fracción VI, aplicado en sentido contrario, ambos preceptos de la ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el caso que nos ocupa, habiendo efectuado un análisis integral de la demanda de garantías se advierte que las autoridades que señalo como responsables no tienen el carácter exigido por el artículo 5º, fracción II de la Ley de Amparo, tomando en consideración que el acto reclamado proviene de la relación de trabajo que existe entre ellas y la quejosa, y no de una situación entre gobernante y gobernado; siendo inconcuso que se trata de una relación entre particulares, que no puede ser analizada a través de la vía constitucional, por no provenir el acto reclamado de una autoridad de las comprendidas en el artículo 5to, fracción II, párrafo primero de la ley en cita; lo que trae como consecuencia la actualización, de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del diverso numeral 61 del ídem, mismos que a continuación se transcriben para mayor comprensión: "Artículo 5to.- Son partes en el juicio de amparo: "II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatorio; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: "XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." No está de más subrayar que el acto reclamado es uno de los puntos fundamentales del juicio de amparo y este debe de ser de autoridad; no procede el amparo contra actos de particulares por más que se consideren atentatorios a los derechos fundamentales. De consiguiente, los contratos que celebra la administración pública, es decir, el Estado con personas físicas o morales para asegurar el funcionamiento de un servicio público, guarda analogía con los contratos civiles, de tal manera que entre las partes existen derechos y obligaciones recíprocos, e igual situación guardan los contratos o relaciones laborales burocráticas. En otros términos, si la Administración Pública del Estado contrata a un particular, éste no se encuentra, por virtud de dicha contratación, en la situación de gobernado sino de empleado, sea de confianza o de base. Por consiguiente, los actos que los órganos estatales emitan frente al particular dentro del ámbito laboral, no son actos de autoridad, ya que se traducirían en un mero incumplimiento a las obligaciones contractuales contraídas. Sentado lo anterior, en la especie, se estima que los actos reclamados precisados en líneas arriba no pueden ser materia de amparo, toda vez que los mismos constituyen propiamente actos suscitados entre entes públicos, como patrones y, un particular, como trabajador, en una relación de coordinación, y no con las características propias de un acto de autoridad; es decir, de un acto realizado por funcionarios públicos revestidos de autoridad, en cumplimiento de funciones y dentro de la esfera de sus atribuciones oficiales. Por tanto, lo que reclama la quejosa pudiera constituir una afectación a derechos de naturaleza laboral emanada de dependencias públicas que figuran como patrones, todas del Poder Judicial del Estado del Baja California, que no reviste la naturaleza propia de un acto de autoridad susceptible de reclamarse en esta vía. En esa tesitura, se concluye, dado que en este caso la actuación de las autoridades responsables no se caracteriza por el imperio y potestad que les otorga su investidura pública, ya que en todo caso, sería una determinación adoptada como producto del vínculo particular o de coordinación entre el superior y el inferior jerárquico en esa relación laboral o administrativa, pero no como gobernante y gobernado. Es aplicable la tesis del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en el tomo III, página 347, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo sumario, a la letra dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito". Y la jurisprudencia número 16 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, tomo VI, Parte SCJN, página doce, que se anota: "ACTOS DE PARTICULARES. IMPROCEDENCIA. No pueden ser objeto del juicio de garantías, que se ha instituido para combatir los de las autoridades que se estimen violatorios de la Constitución." En esas condiciones, tomando en consideración que los actos reclamados provienen de una relación entre particulares, existente entre las responsables y la quejosa, y no de una situación entre gobernante y gobernado, es inconcuso que no puede ser analizado a través de la vía constitucional, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar la fracción XXIII del artículo 61, con el diverso 5° fracción II, ambos de la Ley de Amparo; por lo que, conforme lo dispuesto en el ordinal 113 del ídem, se DESECHA DE PLANO la demanda. Por otra parte, como el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, se hace del conocimiento de las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación respectiva con dichos datos. Finalmente, se tiene a la quejosa autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados ALBERTO LUCAS DÍAZ BELTRÁN, GUILLERMO SÁNCHEZ LÓPEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES ARAUJO ESTRADA, toda vez que de la certificación que antecede, se advierte que tienen debidamente registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesiones del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como para oír y recibir notificaciones a Salvador Sánchez Garnica y Jorge Gómez Guitron; igualmente se tiene por señalado como domicilio para esos efectos el ubicado en calle Vicente Guerrero 158 del Fraccionamiento Bahía, en esta ciudad. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA.

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