Silvia Elizabeth Mundo Flores

Expediente 520/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
520/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
05/12/2016

Partes del expediente

  • Silvia Elizabeth Mundo Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, a cinco de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que se recurriera el proveído por el cual se desechó la demanda de juicio constitucional interpuesta por Silvia Elizabeth Mundo Flores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2do., se declara que dicha determinación, ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Consecuentemente, háganse las anotaciones de ley en el libro correspondiente, y archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, dado que en la resolución se desechó la demanda de amparo, además que se observa de la certificación de cuenta que no existen documentos originales, que no se abrió el incidente de suspensión, y que se estima que este expediente carece de relevancia documental; con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima y vigésima primera, fracción I del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, a veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el escrito de cuenta, presentado por SILVIA ELIZABETH MUNDO FLORES, por su propio derecho, contra actos del Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia y del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California y otras autoridades; fórmese el expediente de amparo respectivo, el cual quedó registrado en el Libro Uno del juzgado con el número 520/2016.El acto reclamado consiste en lo siguiente: "la negativa, infundada e ilegal resolución de improcedencia de la Licencia solicitada por la suscrita con fecha catorce de octubre del año dos mil dieciséis." De los antecedentes que expresa bajo protesta de decir verdad, se advierte que con fecha catorce de octubre del presente año, la quejosa solicitó ante el Pleno del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado, un permiso continuo de seis meses, dos meses con goce de sueldo, dos meses más con medio sueldo, a fin de cubrir gastos de salud, medicamentos y estudios necesarios, así como para poder abastecer las necesidades primordiales. La impetrante argumenta que en su contra se conculcaron las garantías señaladas consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales; sin embargo, debe decirse que el juicio de amparo procede únicamente cuando el acto reclamado provenga de una autoridad actuando bajo el imperio que el estado le otorga, y no cuando el conflicto se suscite actuando las mencionadas responsables como particulares. En el caso que nos ocupa, habiendo efectuado un análisis integral de la demanda de garantías se advierte que las autoridades que señalo como responsables no tienen el carácter exigido por el artículo 5º, fracción II de la Ley de Amparo, tomando en consideración que el acto reclamado proviene de la relación de trabajo que existe entre ellas y la quejosa, y no de una situación entre gobernante y gobernado; siendo inconcuso que se trata de una relación entre particulares, que no puede ser analizada a través de la vía constitucional, por no provenir el acto reclamado de una autoridad de las comprendidas en el artículo 5to, fracción II, párrafo primero de la ley en cita; lo que trae como consecuencia la actualización, de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del diverso numeral 61 del ídem, mismos que a continuación se transcriben para mayor comprensión: "Artículo 5to.- Son partes en el juicio de amparo: "II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatorio; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: "XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." No está de más subrayar que el acto reclamado es uno de los puntos fundamentales del juicio de amparo y este debe de ser de autoridad; no procede el amparo contra actos de particulares por más que se consideren atentatorios a los derechos fundamentales. De consiguiente, los contratos que celebra la administración pública, es decir, el Estado con personas físicas o morales para asegurar el funcionamiento de un servicio público, guarda analogía con los contratos civiles, de tal manera que entre las partes existen derechos y obligaciones recíprocos, e igual situación guardan los contratos o relaciones laborales burocráticas. En otros términos, si la Administración Pública del Estado contrata a un particular, éste no se encuentra, por virtud de dicha contratación, en la situación de gobernado sino de empleado, sea de confianza o de base. Por consiguiente, los actos que los órganos estatales emitan frente al particular dentro del ámbito laboral, no son actos de autoridad, ya que se traducirían en un mero incumplimiento a las obligaciones contractuales contraídas. Sentado lo anterior, en la especie, se estima que los actos reclamados precisados en líneas arriba no pueden ser materia de amparo, toda vez que los mismos constituyen propiamente actos suscitados entre entes públicos, como patrones y, un particular, como trabajador, en una relación de coordinación, y no con las características propias de un acto de autoridad; es decir, de un acto realizado por funcionarios públicos revestidos de autoridad, en cumplimiento de funciones y dentro de la esfera de sus atribuciones oficiales. Por tanto, lo que reclama la quejosa pudiera constituir una afectación a derechos de naturaleza laboral emanada de dependencias públicas que figuran como patrones, todas del Poder Judicial del Estado del Baja California, que no reviste la naturaleza propia de un acto de autoridad susceptible de reclamarse en esta vía. En esa tesitura, se concluye, dado que en este caso la actuación de las autoridades responsables no se caracteriza por el imperio y potestad que les otorga su investidura pública, ya que en todo caso, sería una determinación adoptada como producto del vínculo particular o de coordinación entre el superior y el inferior jerárquico en esa relación laboral o administrativa, pero no como gobernante y gobernado. Es aplicable la tesis del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en el tomo III, página 347, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo sumario, a la letra dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito". Y la jurisprudencia número 16 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, tomo VI, Parte SCJN, página doce, que se anota: "ACTOS DE PARTICULARES. IMPROCEDENCIA. No pueden ser objeto del juicio de garantías, que se ha instituido para combatir los de las autoridades que se estimen violatorios de la Constitución." En esas condiciones, tomando en consideración que el acto reclamado proviene de una relación entre particulares, existente entre las responsables y la quejosa, y no de una situación entre gobernante y gobernado, es inconcuso que no puede ser analizado a través de la vía constitucional, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar la fracción XXIII del artículo 61, con el diverso 5° fracción II, ambos de la Ley de Amparo; por lo que, conforme lo dispuesto en el ordinal 113 del ídem, se DESECHA DE PLANO la demanda. Por otra parte, como el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, se hace del conocimiento de las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación respectiva con dichos datos. Finalmente, se tiene a la quejosa autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados ALBERTO LUCAS DÍAZ BELTRÁN, GUILLERMO SÁNCHEZ LÓPEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES ARAUJO ESTRADA, toda vez que de la certificación que antecede, se advierte que tienen debidamente registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesiones del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como para oír y recibir notificaciones a Salvador Sánchez Garnica y Jorge Gómez Guitron; igualmente se tiene por señalado como domicilio para esos efectos el ubicado en calle Vicente Guerrero 158 del Fraccionamiento Bahía, en esta ciudad. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA.

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