Silvia Citlally Cruz Coutiño
Expediente 264/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 264/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/08/2017
Partes del expediente
- Silvia Citlally Cruz Coutiño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
1. Promoción. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 67/2017, de su índice, y devuelve los autos originales del juicio de amparo 264/2017, del índice de este Juzgado, promovido por el ********************, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, en cuanto la Superioridad resolvió: [...] ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja. [.] 1.1 Acuse recibo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales procedentes, acúsese el recibo correspondiente, glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo del mencionado medio de impugnación, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de gobierno. 2. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. 2.1 Destrucción de expediente. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto desechado; además no tiene relevancia documental para su conservación. 2.2 Transferencia. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
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Envío revisión. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, glósese a los autos la constancia relativa a la notificación de las partes, derivada del recurso de revisión interpuesto por Manuel Rafael Fernández Priego, representante común de la parte quejosa, y previo desglose que se realice, remítase el original y copia del escrito de agravios, el expediente del presente juicio de amparo, así como las constancias respectivas, para la tramitación del recurso interpuesto, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad.
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1. Promoción. Agréguense a los presentes autos los oficios de cuenta, signados por el Fiscal Especializada en Justicia Indígena y Subdirector de Averiguaciones Previas de la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena, residente en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 1.1. Acuerdo. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, por el momento este Juzgado se reserva acordar lo que en derecho corresponda, hasta en tanto diversas autoridades, informen en relación a dicho cumplimiento.
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...3. Desechamiento. Con la finalidad de proveer respecto a la admisión de la demanda, debe considerarse lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo . De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el asunto a estudio, la parte promovente señala como actos reclamados el auto de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, relativo a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, en el expediente laboral J/O/46/2013, en el cual la responsable hace efectivo el apercibimiento decretado y declara precluido el derecho para ofrecer pruebas, en virtud que el apoderado legal no acreditó la personalidad con la que se ostentó a juicio. Lo anterior permite advertir que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Para llegar a dicha conclusión, es fundamental dejar en claro que por actos de imposible reparación para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, se debe entender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, esto es, en lo relativo a los derechos sustantivos. Es decir, cuando se afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, salvo las excepciones establecidas cuando causan una afectación predominante que ya no se pueda reparar en el curso del procedimiento del que derivan tales actos procesales, verbigracia, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Ahora bien, los actos reclamados no constituyen actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducen en violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución que ponga fin al juicio natural, si éste es favorable a los intereses de la parte quejosa, y en caso contrario, si éste resultara contrario a sus intereses, puede reclamarlo en el juicio de amparo directo que se promueva en contra de la misma, impugnando el auto reclamado como violación procesal, en términos del artículo 172, fracción III, de la ley de la materia. Esto es así, toda vez que los actos impugnados consistentes en el auto de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, relativo a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, en el expediente laboral J/O/46/2013, en el cual la responsable hace efectivo el apercibimiento decretado y declara precluido el derecho para ofrecer pruebas, en virtud que el apoderado legal no acreditó la personalidad con la que se ostentó a juicio, sólo podría tratarse de una violación a derechos adjetivos y no a los sustantivos que busca proteger el juicio de amparo biinstancial. Por tanto, queda de manifiesto que la violación procesal en comento, dada su naturaleza, no es de modo alguno irreparable, siendo que es precisamente la irreparabilidad el único supuesto en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción V de la citada ley de la materia; aunado a que en el juicio natural del que deriva el acto reclamado, no se advierte que se haya dictado sentencia definitiva. Luego, los actos reclamados no afectan de manera inmediata los derechos sustantivos de la parte promovente, y no impiden ser reparados en la sentencia que se pronuncie en el juicio respectivo, en tanto que el mismo resulte favorable a sus intereses, y en tal caso, la afectación de que se queja en la demanda de amparo habrá desaparecido sin incidir en sus derechos sustantivos. En caso contrario, como ya se precisó, el promovente estará en condiciones de hacer valer los medios de defensa que estime pertinentes. Por lo anterior, al no encuadrarse el juicio propuesto dentro de los supuestos establecidos por el artículo 107 de la Ley de Amparo, el mismo resulta improcedente, al actualizarse de forma manifiesta e indudable, la hipótesis prevista en el citado artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, en sentido contrario, todos de la citada ley. Tiene aplicación la jurisprudencia IX.1º.J/10, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes mencionada...
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