Silvano Roblero López

Expediente 428/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
428/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
14/05/2019

Partes del expediente

  • Silvano Roblero López

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por la Jueza Municipal de Chicomuselo, Chiapas, por medio del cual devuelve diligenciado el despacho número 89/2019, con número de orden 138/2019, derivado del juicio de amparo 428/2019, que se le envió para notificar a la parte quejosa Silvano Roblero López; en atención a su contenido, se tiene por notificado del proveído de tres de abril de dos mil diecinueve; acúsese el recibo de estilo y háganse las anotaciones respectivas en el libro correspondiente, para los efectos legales consiguientes. Por otra parte, tomando en consideración que ha fenecido el término concedido al quejoso ... para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo, se ordena se hagan por lista las subsecuentes notificaciones aún las personales. Asimismo, visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaría, del que se desprende que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de tres de abril de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de garantías; en consecuencia, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA FIRME el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de garantías; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    ...El promovente demandó el amparo y protección de la justicia Federal en contra de la autoridad y actos siguientes: Autoridad responsable: Gerente de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. ACTOS RECLAMADOS: PRIMER ACTO RECLAMADO: El CAMBIO DE MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA TRADICIONAL, POR UNO MODERNO DENOMINADO DIGITAL y/o ELECTRÓNICO, dictado en mi contra por la única responsable, con la amenaza de la suspensión del suministro de Energía Eléctrica que pretende efectuar esta, si no acepto dicho cambio; Esto, sin ninguna justificación lógica-jurídica; Violando todos mis Derechos y Garantías Individuales a las que como persona física y a la vez usuaria de un servicio, tengo. SEGUNDO ACTO RECLAMADO: La ORDEN DE PAGO INJUSTIFICADO y SUSPENSIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA dictada en mi contra por la única responsable, sin que yo haya cometido falta alguna que amerite tal acción; Precisando a su Señoría que existe, por parte de la señalada como responsable, falta de equidad y proporcionalidad con relación entre el proveedor y el consumidor en cuanto a la determinación y cuantificación del consumo de energía eléctrica, supuestamente consumida en mi domicilio, así como el cobro excesivo por el supuesto consumo de la energía eléctrica; Esto, dado a la aplicación de supuestas nuevas tarifas y la lectura arbitraria que se hace en mi domicilio, por parte de la señalada como responsable, quien se basa únicamente en el conocimiento técnico de este, sin consultarme, siendo esto último, Acto de Tracto Sucesivo, que por tratarse de hechos continuos, se actualiza cada bimestre. Precisando que he venido pagando, sin justificación alguna, fuera de toda lógica-jurídica-administrativa y por cualquier arista que se vea, un recibo de energía eléctrica con cantidades excesivas, fuera de mi alcance, el cual, además, según la Comisión Federal de Electricidad, adolece de PAGOS PENDIENTES, los cuales NO ESTOY DISPUESTO A PAGAR, porque resultan a todas luces impagables. TERCER ACTO RECLAMADO: La Comisión Federal de Electricidad, pretende imponer un sistema de COMPRA DE ENERGÍA y no PAGO DE ENERGÍA; esto, a través de un sistema ideado unilateralmente por dicha empresa, al intentar obligarme a acercarme a sus oficinas a pagar un monto económico por la supuesta energía consumida; es decir, argumenta que YA NO ME ENVIARÁ EL RECIBO; Pretendiendo que bimestralmente me acerque yo a pagar y allí me dirán cuanto debo pagar. Lo cual resulta, a todas luces, ilógico, irracional y, por supuesto, totalmente ILEGAL. Este órgano de control constitucional considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, que a la letra dicen: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (...) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Conforme a lo anterior, del artículo 5° en cuestión, por autoridad para efectos del juicio de amparo se debe entender aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página: 1089, registro: 161133, con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De lo anterior, se estableció las notas distintivas que debe revestir todo acto de autoridad, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana; c) Que emita actos unilaterales por virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni requiera del consenso de la voluntad del afectado. En el contexto que precede, puede concluirse que no todos los actos emitidos por los entes de gobierno llevan implícita la naturaleza de actos de autoridad impugnables a través del juicio de amparo, pues en cada caso, se tiene que analizar su naturaleza para determinar si se está en una relación de supra a subordinación y si a través del acto que se le atribuye se crean, modifican o extinguen, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten los derechos de particulares. Ahora, tratándose de autoridades de la Comisión Federal de Electricidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 198/2017, determinó que a raíz de la llamada reforma energética, se creó un régimen jurídico especial que tutela la actividad de suministro de energía de la Comisión Federal de Electricidad como empresa productiva del Estado, con el objetivo de garantizar que el servicio se preste en un sistema de libre competencia. Que derivado de ello, la relación que tiene la Comisión Federal de Electricidad con los consumidores del servicio básico de suministro eléctrico, no se da en un plano de supra a subordinación, sino de coordinación, puesto que el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a los condiciones de la empresa, por lo que los actos vinculados con la prestación del servicio previstos en el propio contrato, incluido el corte del suministro, forman parte de una relación comercial y la vía procedente para dirimir las controversias es la ordinaria mercantil, incluso la que se establece en el propio contrato. Bajo estas consideraciones, se concluye que los actos realizados por la Comisión Federal de Electricidad derivados de lo pactado en el contrato de suministro de energía eléctrica, dentro de los cuales deben considerarse comprendidos por su naturaleza, la orden de pago, suspensión, desconexión del servicio, así como cualquier otro acto derivado del contrato de suministro de energía eléctrica, no pueden ser considerados como de autoridad o equiparados a éstas para efectos del juicio de amparo. Lo anterior se advierte de la ejecutoria emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal para resolver la referida contradicción, en la que se precisó, que los actos realizados por la Comisión Federal de Electricidad derivados de lo pactado en el contrato de suministro de energía eléctrica, incluida la orden de pago, suspensión, desconexión del servicio, así como cualquier otro acto derivado del contrato de suministro de energía eléctrica, no pueden ser considerados como de autoridad o equiparados a éstas para efectos del juicio de amparo, porque forman parte de una relación comercial y la vía procedente para dirimir las controversias es la ordinaria mercantil, incluso la que se establece en el propio contrato. Lo que se corrobora con la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, página 532, registro: 2016656, con el rubro y texto siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." Bajo este contexto, debe destacarse que los actos reclamados en este juicio derivan de lo pactado en el contrato de adhesión de suministro de energía eléctrica, por lo cual, en el caso no puede considerarse que la autoridad de la Comisión Federal de Electricidad señalada como responsable, tenga el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Por lo que, los actos realizados por la Comisión Federal de Electricidad, que derivan de lo pactado en el contrato de suministro de energía, no pueden ser considerados como de autoridad o equiparados a éstas para efectos del juicio de amparo. Motivo por el cual, con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción II, este último interpretado en sentido contrario, y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por Silvano Roblero López, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. Sirve de apoyo lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, 08 de febrero de 2019, registro 2019230, con el texto y rubro siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional." Toda vez que en el escrito de demanda la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Domicilio conocido de Chicomuselo, Chiapas y tomando en cuenta que dicho domicilio se encuentra fuera de la residencia y jurisdicción de este Órgano de Control Constitucional, de conformidad con el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho a la Jueza Municipal de Chicomuselo, Chiapas, para que ordene a quien corresponda, se sirva notificar el presente proveído, a la promovente ... en el domicilio antes señalado. De igual manera, le requiera para que en el acto de la notificación o dentro del plazo de tres días contado a partir de que sea notificada señale domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista de acuerdos, de conformidad con la fracción II, del artículo 27 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto...

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