Silvia Ceballos Guevara
Expediente 503/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 503/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 27/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Silvia Ceballos Guevara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
CAUSA EJECUTORIA Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se aprecia que la sentencia que negó el amparo y protección de la justicia federal no fue recurrida dentro del plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, puesto que la parte quejosa no interpuso el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento; por tanto, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que haya lugar a realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del recurso de revisión que prevé el numeral 86 de la ley de la materia, en atención a que esa resolución no les irroga perjuicio alguno. ARCHIVO En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por otro lado, devuélvanse al Juez Segundo Civil de Partido y Especializado en Extinción de Dominio, la copia certificada de las constancias que integran el expediente civil ***, -en un tomo-, y al Magistrado Propietario de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato copia certificada del expediente civil *** y del toca *** -en tres tomos-. BILLETE DE DEPÓSITO. Ahora bien, por lo que hace al billete de depósito número ***, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C, por la cantidad de ***; que sirvió para garantizar la suspensión provisional que le fue concedida a la parte quejosa; una vez que transcurra el término de seis meses a que se contrae el artículo 156 de la Ley de Amparo, se acordará lo conducente su destino en el cuaderno correspondiente.
- Incidental
Irapuato, Guanajuato, diez de julio de dos mil veintitrés. EXPEDITA JURISDICCIÓN Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede; se advierte que al día de hoy la parte quejosa no ha exhibido la garantía que se fijó para que continúe surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida mediante auto de veintiocho de junio de este año; en consecuencia, se ordena hacer del conocimiento de las autoridades responsables que tienen expedita su jurisdicción para ejecutar los actos reclamados. En el entendido que dicha circunstancia sólo impide que la suspensión surta plenamente sus efectos ante la falta del cumplimiento del requisito que se fijó para su efectividad, pues hasta en tanto no exista sentencia definitiva, se está en aptitud de allegar la respectiva garantía a fin de que vuelva a surtir efectos la medida cautelar, siempre y cuando no se haya ejecutado el acto reclamado. Se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo de los oficios que este juzgado les remita, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese y vía electrónica a la Agente del Ministerio Público.
- Incidental
Irapuato, Guanajuato, seis de julio de dos mil veintitrés. TERCERO INTERESADO SOLICITA CONTRAGARANTÍA Téngase por recibido el escrito firmado electrónicamente por la autorizada en términos amplios del tercero interesado *****, por medio del cual solicita se le fije contragarantía con la finalidad de dejar sin efectos la suspensión definitiva concedida en el presente incidente y se fije la cantidad de ***** que fue requerida al quejoso por concepto de daños y perjuicios para que continúe surtiendo efectos la suspensión definitiva. En su atención, resulta conveniente destacar que la suspensión del acto reclamado se cataloga como una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del proceso, cuyo contenido reviste la forma de un mandato asegurador del cumplimiento y la ejecución de otra providencia principal que pudiere ordenar la anulación de la conducta prevista, positiva o negativa, de una autoridad pública, haciendo cesar sus efectos obligatorios mientras se resuelve la controversia constitucional. Sin embargo, conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el numeral 133 de la Ley de Amparo, la suspensión otorgada al quejoso quedará sin efectos si el tercero otorga contragarantía bastante para asegurar la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación de derechos fundamentales si se concediese el amparo y, pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 134 de la ley de la materia, para que surta efectos esa contragarantía ofrecida por el tercero, éste deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado el quejoso para obtener la suspensión del acto reclamado, lo cual, si bien no constituye un requisito para su procedencia, sí constituye un requisito de efectividad que debe ser satisfecho antes de dejar sin efectos la suspensión. De lo hasta aquí considerado se puede concluir que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo establecen como presupuesto para la eficacia de la suspensión, que el quejoso garantice los daños y perjuicios que se puedan ocasionar al tercero con su otorgamiento. Mientras que para dejar sin efectos esa medida cautelar, el tercero debe presentar caución bastante para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación de garantías; pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo; y cubrir el costo de la que hubiese otorgado el impetrante para obtener la suspensión. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 18/2010, estimó que para determinar la caución necesaria para la eficacia de la garantía, el juez de Distrito o la autoridad que conozca del amparo o la suspensión deben tomar en cuenta: La naturaleza del acto reclamado, Los efectos para los que se haya concedido la suspensión al quejoso; y, Los posibles efectos en que se concediere la protección constitucional. Asimismo, destacó que la caución de la contrafianza para asegurar la "reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo", está supeditada a los efectos restitutorios de la sentencia que llegare a dictarse, atendiendo al valor de las prestaciones que el tercero interesado tendría que restituir al quejoso en caso de que el acto reclamado que ejecute resulte inconstitucional. Por lo que concluyó que en caso de que en un juicio de amparo directo se reclame la sentencia definitiva dictada en un juicio civil, pago de pesos, en la que se haya condenado al quejoso a pagar al tercero una cantidad líquida determinada; habiéndose concedido al impetrante la suspensión para el efecto de que dicha resolución no se ejecute; y toda vez que los posibles efectos que pudiere tener la protección constitucional, serían devolver al accionante el numerario o los bienes que por esa cantidad se le hubieren sustraído de su patrimonio con la ejecución de ese fallo; además de los daños y perjuicios al quejoso, así como los gastos que haya erogado para obtener la suspensión; la contrafianza para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo, debe incluir el monto por el que se pretenda ejecutar la sentencia reclamada, pues el levantamiento de la suspensión previamente otorgada al quejoso implica la ejecución anticipada de una resolución cuya constitucionalidad se encuentra pendiente de resolución judicial. Precisado lo anterior, en el caso que nos ocupa el tercero interesado solicita se fije contragarantía para dejar sin efectos la suspensión definitiva concedida a la quejosa en interlocutoria de veintiocho de junio actual, por la cantidad de ***** que fue requerida al quejoso por concepto de daños y perjuicios para que continúe surtiendo efectos la suspensión definitiva. Ahora, en la especie, el acto reclamado acreditado en este incidente, consiste en la resolución de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, dictada por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, en el toca ***** mediante la cual confirmó la resolución emitida el incidente de actualización de intereses del juicio especial civil hipotecario *****, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Guanajuato capital, en el que se condenó a la parte demandada al pago de *****, por concepto de intereses ordinarios. En interlocutoria de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, se concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva, para el efecto de que sin paralizar el procedimiento de origen, llegado el momento no se ejecute la resolución reclamada, dictada por la autoridad responsable, que corresponde a la ejecución de la resolución interlocutoria de actualización de liquidación de intereses, dictada por el juzgado responsable, en los autos del juicio especial civil hipotecario *****, en la que se condenó a la parte demandada a pagar la cantidad de *****. Ahora, los posibles efectos que pudiere tener la protección constitucional, serían dejar insubsistente la resolución reclamada y que se le devolviera al accionante el numerario o los bienes que, en su caso, se le hubieren sustraído de su patrimonio con la ejecución de ese fallo. Ahora, toda vez que la ejecución de los efectos del acto reclamado, no trae como consecuencia que el juicio de amparo quede sin materia y tampoco se estima que resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación, pues para ello precisamente se fijará contragarantía suficiente, se considera que en el caso resulta procedente fijar la contragarantía que solicita el tercero interesado *****. En cuanto a la cantidad que deberá exhibir el citado tercero, con fundamento en el artículo 133 de la Ley de Amparo, por lo referido en párrafos precedentes, se fija como contragarantía para que deje de surtir efectos la medida cautelar otorgada a la parte quejosa la cantidad de *****, que se compone del monto por la cuantía de *****, por el que se pretenda ejecutar la resolución reclamada y por la cantidad de *****que corresponde a los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado, como quedó detallado en interlocutoria de veintiocho de junio de este año. Resulta aplicable al caso concreto, la jurisprudencia 1a./J. 84/2010, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 100, tomo XXXIII, febrero de dos mil once, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: CONTRAGARANTÍA. SE DEBE CAUCIONAR EL MONTO TOTAL POR EL QUE SE PRETENDA EJECUTAR LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO CIVIL, EN CASO DE HABERSE CONCEDIDO LA SUSPENSIÓN PARA EL EFECTO DE QUE ÉSTA NO SE EJECUTE. Conforme al artículo 107, fracción X, segundo párrafo de la Constitución Federal, la suspensión concedida al quejoso puede quedar sin efecto si "la otra parte da contrafianza para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo, y a pagar los daños y perjuicios consiguientes"; disposición que es acorde con el primer párrafo del artículo 126 de la Ley de Amparo, donde se establece que dicha caución debe ser bastante para "restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación de garantías y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo". En estos términos, en caso de que en un juicio de amparo se reclame una sentencia definitiva dictada en un juicio civil, en la que se haya condenado al quejoso a entregar al tercero una cantidad determinada; habiéndose concedido al impetrante la suspensión para el efecto de que dicha resolución no se ejecute, y considerando que los posibles efectos de la ejecutoria de amparo serían devolver al impetrante el numerario o los bienes que por esa cantidad se sustrajeran de su patrimonio con la ejecución de la sentencia reclamada, la contrafianza debe caucionar, además del pago de daños y perjuicios al quejoso, el monto por el que se pretenda ejecutar ese fallo, pues el levantamiento de la suspensión concedida al impetrante implica la ejecución anticipada de una resolución cuya constitucionalidad se encuentra sub júdice. Con la observación de que si la contragarantía es presentada en billete de depósito, éste deberá ser constituido por la quejosa como depositante y si se garantiza mediante póliza de fianza, la compañía afianzadora que la expida se someterá de manera expresa a la jurisdicción de este juzgado; pero en ambas, el texto deberá ser el siguiente: "para garantizar el monto por concepto de contragarantía fijada al tercero interesado *****, en el incidente de suspensión del juicio de amparo *****. Finalmente, debe decirse que en el caso no resulta procedente atender a lo dispuesto en el artículo 134 de la ley de la materia, en virtud de que la quejosa no ha exhibido la garantía que le fue fijada para que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva y responder por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a la parte tercero, por lo que se entiende que no ha erogado gasto alguno tendente a ello. Notifíquese.
- Principal
SE DICTÓ SENTENCIA EN LA QUE SE RESOLVIÓ: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ****, contra los actos que reclama de las autoridades responsables; conforme a los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de la presente sentencia. Notifíquese, vía electrónica al fiscal adscrito.
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