Silvestre Huerta Acosta
Expediente 568/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 568/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 20/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Silvestre Huerta Acosta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, veinte de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que el auto de veintisiete de abril de dos mil veintidós, por el que se desechó la presente demanda de amparo, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Es DESTRUIBLE en el plazo de tres años contado a partir de la fecha del presente auto. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS: La parte promovente exhibió documentos de los catalogados como no originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12 y 15, interpretados a contrario sentido, y 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de este expediente y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Como se precisó en la certificación de esta fecha, los documentos que exhibió la parte promovente están catalogados como no originales, por lo que su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que de no acudir a recogerlos se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado, conforme al Acuerdo General antes citado. Para tal efecto, el interesado deberá agendar cita a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, respecto de lo que se le informa que este juzgado brinda servicio al público de lunes a viernes, en un horario de las 09:15 a las 15:15 horas, así como que el sistema solo permite generar dos citas cada media hora por corresponder a un juzgado de Distrito, y que su duración no puede rebasar de veinticinco minutos. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. Notifíquese.
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...Téngase por recibido el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual solicita que las notificaciones se le practiquen por vía electrónica, a través del usuario que proporcionó en su escrito de demanda; esto, al no poder imponerse de los presentes autos, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En atención a lo anterior, a efecto de incentivar el uso de tecnologías en la impartición de justicia, se ordena realizarle las notificaciones de carácter personal por vía electrónica, a través del usuario proporcionado. VISUALIZACIÓN DE ACTUACIONES Por otra parte, en relación las manifestaciones que realiza en el sentido de no poder acceder al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para imponerse de autos, se aclara al ocursante que, en caso de que el Sistema presente fallas técnicas que impidan el envío de documentación y la consulta de las actuaciones judiciales en el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación1, el usuario se encuentra obligado a comunicar la respectiva problemática al Escritorio de Soporte, siguiendo las indicaciones precisadas en el auto admisorio, a fin de que el área correspondiente rinda un informe en que precise la existencia o no de la falla reportada y, de ser el caso, la causa, el momento a partir del cual se suscitó, su alcance y el día y la hora en que se subsanó, a efecto de que este juzgado proveyera lo conducente2, pues de lo contrario, este juzgado no podrá pronunciarse sobre la existencia de fallas en el sistema al no mediar el informe que rinda el área en mención, por lo que es obligación del usuario dar aviso a dicha unidad administrativa en los términos señalados en líneas que anteceden. SE COMISIONA AL PERSONAL DE ACTUARÍA No obstante, a fin de descartar cualquier omisión correspondiente al juzgado, se comisiona al actuario de la adscripción que corresponda para que realice la revisión completa del apartado atinente a las "notificaciones judiciales" del expediente electrónico y en el apartado del "tipo de notificación" habilite a las partes a fin de que las actuaciones del presente asunto puedan ser consultadas vía electrónica por el justiciable...
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...Agréguese sin realizar mayor pronunciamiento el oficio suscrito por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, por el cual desahoga el requerimiento formulado en auto de veinte de los cursantes, relativo a la exhibición de la guía de correos correspondiente a la pieza postal con la que se depositó la demanda generadora de este asunto; ello, toda vez que por auto de veintisiete de abril en curso, se desechó la presente demanda de amparo...
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CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA ***, EL ACUERDO DE VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, EL CUAL DICE: Ténganse por recibidos los escritos registrados con los folios 8433/2022 y 8490/2022, signados por la parte quejosa. Tocante al progresivo 8433/2022, exhibe las copias requeridas en el auto preventivo, así como la guía postal ***, con la que aduce haber presentado la demanda generadora de este asunto. Mientras que con el diverso registro 8490/2022, realiza diversas precisiones, entre ellas, la aclaración del número correcto de la guía postal con la que presentó la demanda generadora de este asunto, siendo la mencionada en el párrafo que antecede y no *** que se advierte del sello de recepción del oficial de partes que la recibió; además, solicita la acumulación del presente expediente a los diversos que refiere por las razones que expone, entre las que destaca, que promovió otro juicio de amparo indrecto, contra lo resuelto en un recurso de queja que, en el juicio contencioso administrativo de origen, interpuso en contra de la resolución determinante de créditos fiscales derivada de la orden aquí reclamada. ESTUDIO DE PROCEDENCIA En atención a lo anterior, se precisa que el artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En el caso, con motivo de la separación de juicios decretada por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, en el juicio de amparo ****, de su índice, se advierte que el acto reclamado por el que se asumió el conocimiento del asunto se hace consistir en: - La orden de visita domiciliaria contenida en el oficio ***, de seis de octubre de dos mil veintiuno, emitida por el Director Regional de Auditoría Fiscal "B" del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, en el expediente ***. Por otra parte, de lo relatado por el ocursante en el escrito con registro 8490/2022, se obtiene que la misma parte quejosa promovió diverso juicio de amparo contra lo resuelto en el recurso de queja interpuesto contra resolución determinante de créditos fiscales que derivó de la orden aquí reclamada, el cual se radicó bajo el número de expediente 412/2022, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya. Sobre esa base este juzgado, de oficio, advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)" El precepto transcrito establece la causa de improcedencia del juicio de amparo respecto de los actos de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que por haber operado un cambio de situación jurídica, se consideran consumados de modo irreparable; lo que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a su emisión. En ese orden, se precisa que la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la tesis 2a. CXI/962 determinó que los requisitos que deben reunirse para que se actualice el cambio de situación jurídica, son los siguientes: a. Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b. Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto reclamado. c. Que no se pueda estudiar sobre la constitucionalidad de la actuación impugnada sin afectar la nueva situación jurídica en que se encuentra el quejoso, debiendo considerarse con ello irreparablemente consumadas. d. Que exista autonomía entre el acto de que se duele el quejoso y la nueva resolución, por lo que la situación jurídica que la última generó, pueda subsistir aun cuando desaparezca el primero. De lo que se concluye que existe cambio de situación jurídica y, por ende, el juicio constitucional resulta improcedente, cuando la resolución o acto que constituye el acto reclamado sea substituida por otra dictada con posterioridad en el mismo procedimiento, de tal suerte que no pueda efectuarse el estudio del acto impugnado sin afectar la nueva situación de derecho existente, independientemente de que se conserve o no subjudice el negocio. En el caso, se itera que, derivado de una determinación de separación de autos emitida por diverso órgano jurisdiccional de amparo, este juzgado recibió la demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de visita domiciliaria contenida en el oficio *** de seis de octubre de dos mil veintiuno, emitida por el Director Regional de Auditoría Fiscal "B" del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, en el expediente ***. Ahora bien, en ejercicio de sus facultades de comprobación, de conformidad con el artículo 42 y subsecuentes, del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales competentes pueden llevar a cabo diversos procedimientos a fin de comprobar, entre otras cosas, que los contribuyentes, los responsables solidarios, los terceros con ellos relacionados, los asesores fiscales, las instituciones financieras; las fiduciarias, los fideicomitentes o los fideicomisarios, en el caso de los fideicomisos, y las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales. Facultades que las autoridades fiscales podrán ejercer conjunta, indistinta o sucesivamente, entendiéndose que se inician con el primer acto que se notifique al contribuyente y concluyen con la resolución que determine su situación fiscal como resultado de la comprobación. En lo que interesa, conformidad con la fracción III de dicho precepto legal, deriva que pueden practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías. Procedimiento que, según la propia codificación, inicia con el primer acto que se notifique al contribuyente, se desarrolla conforme a las etapas y con las formalidades que estipula la propia codificación, y concluye con la resolución que se emita con base en los hechos u omisiones que se conozcan con motivo del desarrollo del procedimiento y que, de ser el caso, si entrañan incumplimiento de las disposiciones fiscales, determina las contribuciones omitidas; resolución que se notificará personalmente al contribuyente o por medio del buzón tributario, dentro de un plazo máximo de seis meses contado a partir de la fecha en que se levante el acta final de la visita (artículo 50 del Código Fiscal de la Federación). En ese contexto, de inicio podría considerarse que el amparo indirecto resultaría improcedente en contra de la orden de visita porque no es la resolución última de ese procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Sin embargo, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 2/2012 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. PUEDE SER IMPUGNADA EN AMPARO CON MOTIVO DE SU DICTADO O, POSTERIORMENTE, EN VIRTUD DE QUE SUS EFECTOS NO SE CONSUMAN IRREPARABLEMENTE AL PROLONGARSE DURANTE EL DESARROLLO DE LA DILIGENCIA RESPECTIVA AL TRASCENDER A LA RESOLUCIÓN QUE DERIVE DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN.";3 la orden de visita para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes constituye un caso de excepción para la procedencia del juicio de amparo indirecto, dado que implica la invasión a su privacidad e intimidad, pues con motivo del respectivo mandamiento la autoridad exactora que lo emitió puede ingresar al domicilio de las personas y exigirles la exhibición de libros, papeles o cualquier mecanismo de almacenamiento de información, indispensables para comprobar el acatamiento a las disposiciones fiscales, por lo que la vía constitucional puede instarse desde que se conozca su emisión y hasta que cese la violación al derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio, es decir, antes de la consumación irreparable de tal acto que, desde su inicio, durante su desarrollo y hasta que concluya, es susceptible de infringir continuamente los derechos fundamentales del visitado. Así, del propio criterio se desprende que la orden de visita se puede impugnar de inmediato a través del juicio de amparo indirecto, pero sin que esto implique la imposibilidad de plantear posteriormente el juicio de amparo, contra la liquidación respectiva o la resolución que ponga fin a los medios ordinarios de defensa procedentes en su contra, pues en ese caso, es decir, existiendo ya la resolución determinante que puso fin al procedimiento fiscalizador, los vicios constitucionales o legales que pudiese tener la orden pueden hacerse valer a través del medio ordinario procedente y, eventualmente, a través del amparo cuando resulte procedente atendiendo a los principios que lo rigen (entre ellos, el de definitividad). Ahora, de lo expuesto por el promovente en el escrito registrado con el folio 8490/2022, se advierte que al presente juicio comparece reclamando la orden de visita emitida en su contra, sin embargo, admite que derivado de esa orden ya se emitió una resolución determinante de créditos fiscales, pues así lo manifiesta en ese escrito, y esa manifestación tiene el valor pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Agrega además que en contra de esa resolución que puso fin al procedimiento fiscalizador, intentó recurso de queja y en contra de la decisión que recayó a ello, promovió el diverso juicio de amparo indirecto, el número 412/2022, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya. En mérito de lo anterior, se concluye que ha operado un cambio de situación jurídica respecto de la orden de visita domiciliaría contenida en el oficio ***, emitida por el Director Regional de Auditoría Fiscal "B" del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, en el expediente ***, al actualizarse los supuestos descritos con antelación por lo siguiente: 1. El acto reclamado originó la tramitación del expediente administrativo ***. 2. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se siguió la visita domiciliaría contra el quejoso y en el procedimiento administrativo se emitió una resolución determinante de créditos fiscales. Ello implicó que para fines de la procedencia del amparo, los efectos de la orden de visita domiciliaría reclamada quedaran consumados en su totalidad, dado que no es posible decidir sobre su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica, esto es, la resolución determinante de créditos fiscales, por lo que las violaciones derivadas del acto impugnado también deben considerarse consumadas de un modo irreparable; y, en su caso, deben hacerse valer a través del medio -ordinario o extraordinario- que el contribuyente haga valer en contra de tal determinación. Aunado, a que existe autonomía entre la orden de visita domiciliaría aquí reclamada y la resolución determinante de créditos fiscales que derivó de dicha orden, en el sentido de que esta última puede existe con independencia de que el acto y si los vicios de este trascendieron a la resolución, es precisamente a través de la impugnación de esta que pueden hacerse valer. En consecuencia, al haberse emitido la resolución determinante de créditos fiscales con posterioridad a que promoviera este juicio de amparo contra la orden aquí reclamada, ocasiona el cambio en la situación jurídica del quejoso, por lo que es incuestionable la actualización de la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dado que no podría decidirse este asunto sin afectar la nueva situación jurídica. Esto, porque la orden de visita para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes constituye un caso de excepción para la procedencia del juicio de amparo, cuya finalidad es evitar la invasión a su privacidad e intimidad desde que se conoció de su emisión y hasta que cese la violación al derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio, dado que desde su inicio y durante su desarrollo puede infringir continuamente los derechos fundamentales del visitado. Sin embargo, una vez que se determinó un crédito fiscal a cargo del quejoso, las violaciones que alega en la presente instancia constitucional con motivo de la orden de visita de que se duele quedaron irreparablemente consumadas por virtud de ese cambio de situación jurídica en el cauce del procedimiento fiscalizador. En relatadas circunstancias, queda demostrada la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en el numeral 61, fracción XXIII, de dicha ley, se impone sobreseer en el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis cuyos datos de localización, rubro y texto se citan a continuación: Registro digital: 193408 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: 2a. CIX/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Agosto de 1999, página 227 Tipo: Aislada "EMBARGO FISCAL PRECAUTORIO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DE CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA RESPECTO DEL ARTÍCULO 145 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN RECLAMADO, EN CUANTO PERMITE SU PRÁCTICA SIN QUE EXISTA CRÉDITO FISCAL DETERMINADO, SI DURANTE EL JUICIO EL EMBARGO SE CONVIERTE EN DEFINITIVO, PERO NO ASÍ RESPECTO DE SUS ACTOS DE APLICACIÓN SI ÉSTOS SON IMPUGNADOS POR VICIOS QUE TRASCIENDEN AL EMBARGO Y A LA RESOLUCIÓN DETERMINANTE DEL CRÉDITO. De conformidad con el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales podrán practicar embargo precautorio sobre los bienes o la negociación del contribuyente, para asegurar el interés fiscal en los casos previstos en sus diversas fracciones, embargo que quedará sin efectos si la autoridad no emite, dentro de los plazos que en el mismo se señalan, la resolución en la que se determinen créditos fiscales, o bien que se convertirá en definitivo si dentro de dichos plazos la autoridad los establece. Por tanto, si en un juicio de amparo se reclama el embargo precautorio trabado sobre bienes del quejoso y el precepto referido del Código Fiscal de la Federación en que se funda tal embargo, por facultar a la autoridad para practicar el embargo precautorio sin que exista crédito fiscal determinado, y durante la tramitación del juicio se acredita que el embargo se convirtió en definitivo al haber emitido la autoridad fiscal relativa la resolución determinante del crédito fiscal a cargo del quejoso dentro de los plazos relativos, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto del artículo 145 del Código Fiscal Federal por actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, ya que la situación jurídica cambió al haberse dictado la resolución determinante del crédito fiscal que da lugar a que sea sustituido el embargo precautorio por el embargo definitivo, pues el vicio de inconstitucionalidad en que pudiere haberse incurrido en la medida provisional relativa no trasciende al embargo definitivo, de modo tal que este último puede subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional, lo que lleva a determinar que no puede decidirse sobre su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica creada por la emisión de la resolución determinante del crédito fiscal y, por ende, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, ya que no pueden darse los efectos restitutorios previstos en el artículo 80 de la ley de la materia. Sin embargo, esta causal de improcedencia no se actualiza respecto de los actos de aplicación consistentes en la orden de embargo precautorio, la diligencia relativa y el acta levantada con motivo del mismo, si estos actos son reclamados por vicios propios que subsisten en el embargo definitivo, como lo es el planteamiento relativo a que el embargo precautorio se practicó en un domicilio diverso al asentado en la orden, debiendo, por tanto, considerarse procedente el amparo contra tales actos." En razón de lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo. Luego, al haber operado un cambio de situación, con fundamento en el artículo 113 de la legislación de la materia, procede desechar la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia, en virtud de que aun substanciándose el juicio de amparo, no podría arribarse a determinación diversa. En el entendido de que la causa de improcedencia se actualiza de manera notoria y manifiesta porque aun admitiendo a trámite el juicio y recabando informes y pruebas, esto no modificaría el hecho de que el acto reclamado fue sustituido por otro. MANIFESTACIÓN PARA ACUMULACIÓN Por otra parte, dada la determinación adoptada, resulta improcedente pronunciarse sobre la petición del quejoso relativa a la acumulación de los juicios que señala. Aunado que no debe perderse de vista que la demanda de amparo origen del presente expediente se promovió de inicio en contra tanto de la resolución de once de octubre de dos mil veintidós que en el juicio de nulidad desechó por improcedente una queja intentada en vinculación con que se emitiera la orden de visita aquí reclamada, como en contra de este acto en sí mismo y fue el juzgado federal que previamente conoció del expediente quien determinó la separación de autos. Derivado de esto, se recibió en este juzgado Federal la demanda intentada en contra de la orden de visita domiciliaria que, ahora, propone acumular a uno de los juicios de los cuales previamente fue separado. JUEZ INFORMA Finalmente, agréguese sin que implique realizar mayor pronunciamiento el oficio suscrito electrónicamente por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, girado en el juicio de amparo ****, de su índice, mediante el cual aclara el número correcto y remite la guía postal con la que presentó la demanda generadora de este asunto; en virtud de lo resuelto en párrafos que anteceden. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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