Silvia Castillo Hernández

Expediente 1279/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1279/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
28/12/2021

Partes del expediente

  • Silvia Castillo Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Silvia Castillo Hernández, contra omisiones que atribuye al Titular de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades, y anexo y copias que acompaña; omisiones que considera violatorias de los derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 8°, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el consecutivo 1279/2021-III. En ese sentido, como antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, la promovente del amparo refiere, bajo protesta de decir verdad, que: a) Presentó denuncia por el fallecimiento de su hijo con iniciales A.F.I.C. b) Que tras diversos procedimientos, se giraron diversas órdenes de aprehensión. c) Ha presentado diversas solicitudes, a fin de lograr la captura de los probables responsables. d) No obstante sus diversas acciones, dichas órdenes de aprehensión no han sido ejecutadas, en perjuicio de sus derechos como parte ofendida dentro del procedimiento penal respectivo. Situación que constituye la omisión que por esta vía se combate, en la medida en que, aduce la parte promovente, se genera la consecuencia de que no se cumpla con la integración de la carpeta de investigación respectiva. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano judicial que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, por lo cual se procede a determinar la procedencia o no del juicio. En el caso, se estima que el presente juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, Constitucional y los diversos numerales 109 y 258 del código Nacional de procedimientos Penales. Del precepto constitucional transcrito se advierte que la víctima u ofendido del delito, carácter que en el caso ostenta la promovente, tiene derecho a impugnar ante el juez de control las omisiones del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación. Acorde con dichos precepto legales, se deriva que entre los derechos de las víctimas u ofendidos se encuentra el de impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público en el ejercicio de su facultad de investigación, lo que se traduce en un no hacer, un no actuar o una abstención de realizar por parte de dicha institución. Por tanto, si como se ha visto, en el caso se reclama, en esencia, la omisión de actuar tendente a la ejecución de las órdenes de aprehensión libradas en el procedimiento de origen y, por ende, de integrar conforme a sus facultades la carpeta de investigación respectiva; es claro que tal omisión es susceptible de reclamarse ante el Juez de Control correspondiente, en términos de lo reseñado por el artículo 258, en relación con la fracción XXI del transcrito artículo 109, e incluso, del diverso numeral 133, fracción I, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues este último reconoce competencia del juez de control para ejercer las atribuciones que ese código le reconoce, desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el Artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los diversos numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese personalmente este acuerdo a la parte promovente en el domicilio que para tal efecto señala, teniendo como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, toda vez que no se encontró registro de sus cedulas profesionales en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

  3. Principal

    EN STA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Silvia Castillo Hernández, contra omisiones que atribuye al Titular de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades, y anexo y copias que acompaña; omisiones que considera violatorias de los derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 8°, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el consecutivo 1279/2021-III. En ese sentido, como antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, la promovente del amparo refiere, bajo protesta de decir verdad, que: a) Presentó denuncia por el fallecimiento de su hijo con iniciales A.F.I.C. b) Que tras diversos procedimientos, se giraron diversas órdenes de aprehensión. c) Ha presentado diversas solicitudes, a fin de lograr la captura de los probables responsables. d) No obstante sus diversas acciones, dichas órdenes de aprehensión no han sido ejecutadas, en perjuicio de sus derechos como parte ofendida dentro del procedimiento penal respectivo. Situación que constituye la omisión que por esta vía se combate, en la medida en que, aduce la parte promovente, se genera la consecuencia de que no se cumpla con la integración de la carpeta de investigación respectiva. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano judicial que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, por lo cual se procede a determinar la procedencia o no del juicio. En el caso, se estima que el presente juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, Constitucional y los diversos numerales 109 y 258 del código Nacional de procedimientos Penales. Del precepto constitucional transcrito se advierte que la víctima u ofendido del delito, carácter que en el caso ostenta la promovente, tiene derecho a impugnar ante el juez de control las omisiones del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación. Acorde con dichos precepto legales, se deriva que entre los derechos de las víctimas u ofendidos se encuentra el de impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público en el ejercicio de su facultad de investigación, lo que se traduce en un no hacer, un no actuar o una abstención de realizar por parte de dicha institución. Por tanto, si como se ha visto, en el caso se reclama, en esencia, la omisión de actuar tendente a la ejecución de las órdenes de aprehensión libradas en el procedimiento de origen y, por ende, de integrar conforme a sus facultades la carpeta de investigación respectiva; es claro que tal omisión es susceptible de reclamarse ante el Juez de Control correspondiente, en términos de lo reseñado por el artículo 258, en relación con la fracción XXI del transcrito artículo 109, e incluso, del diverso numeral 133, fracción I, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues este último reconoce competencia del juez de control para ejercer las atribuciones que ese código le reconoce, desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el Artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los diversos numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese personalmente este acuerdo a la parte promovente en el domicilio que para tal efecto señala, teniendo como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, toda vez que no se encontró registro de sus cedulas profesionales en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

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