Silvia Castillo Hernandez
Expediente 867/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 867/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Silvia Castillo Hernandez
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, el escrito de cuenta signado por el quejoso José Genaro Hernández Martínez, en atención a su contenido, se provee: Con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Amparo se admite el incidente de cumplimiento sustituto mediante el pago de daños y perjuicios, que promueve la parte quejosa contra el Colegio Motolinia de San Luis, dentro del juicio de amparo 925/2017-IV. Distribúyanse entre las partes, las copias del escrito mediante el cual interpone el aludido incidente para los efectos legales a que haya lugar. Con apoyo en el diverso numeral 67 de la Ley de la Materia, dese vista a las partes por el término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes. Notifíquese personalmente.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por Silvia Castillo Hernández, contra actos del Fiscal General del Estado y otras autoridades, con cuatro copias y tres anexos que se acompañan; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 867/2021-VII. Ahora bien, examinada la demanda de amparo de que se trata, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, en esencia, lo siguiente: 1. De las ordenadoras, la omisión de dar impulso y/o seguimiento a las órdenes de aprehensión y dar cumplimiento a la solicitud de crear "fichas de búsqueda" dentro de la causa penal 172/2021. 2. De las ejecutoras, las omisiones de cumplimentar las órdenes de aprehensión y de elaborar las citadas fichas. En concepto de esta juzgadora, sobre los actos ahora impugnados, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que procede desechar la demanda de que se trata en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concatenación con lo dispuesto en los diversos 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De la interpretación sistemática de los tres últimos numerales transcritos se desprende que el Juez de Control tiene y le corresponde la facultad de resolver en forma inmediata, por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. De igual forma, debe destacarse que de conformidad con el artículo 133 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la autoridad judicial tiene competencia para ejercer las atribuciones desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. Asimismo, que toda víctima u ofendido tiene derecho a impugnar por sí, o por medio de su representante, ante la autoridad judicial, las omisiones o negligencias que cometan las autoridades fiscales en el desempeño de sus funciones de investigación de delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Por su parte, habrá que recordar que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, a través del cual se controla la constitucionalidad de actos, omisiones o normas generales, de tal suerte que la ordinaria debe agotarse previamente. Ahora, la existencia de medios defensivos establecidos en la ley para impugnar ordinariamente el acto o la omisión reclamada, actualiza la improcedencia del juicio de amparo, derivado del incumplimiento al principio de definitividad que rige la materia constitucional. En ese orden de ideas, de la interpretación de los artículos en consulta, se puede concluir que las determinaciones del agente fiscal en el desempeño de su labor investigadora deben sujetarse a revisión judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad. En el caso concreto, se reclama la omisión de dar impulso y/o seguimiento a las órdenes de aprehensión, dar cumplimiento a la solicitud de crear las correspondientes fichas de búsqueda, así como las omisiones de cumplimentar dichos mandamientos y elaborar las citadas fichas, ello, dentro de la causa penal 172/2021. Por lo cual, ante el destacado marco constitucional y legal descrito con antelación, la parte quejosa, en su carácter de ofendida en aquélla, previo acudir al juicio de amparo, debió agotar el medio de defensa que prevé el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que al no haberlo hecho, incumplió con el principio de definitividad y por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, en concatenación con los diversos 109, fracción XXI y 258 del código antes citado. De ahí que esta juzgadora considere que al no haberse cumplido con el principio de definitividad, es evidente que se acredita la actualización de manera notoria, manifiesta e indudable, de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda constitucional en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la legislación invocada. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la promovente. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a las personas que menciona, toda vez que no proporciona los datos de que se encuentren legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial.
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