Silvia Cárdenas Yépez

Expediente 195/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
195/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
24/04/2023

Partes del expediente

  • Silvia Cárdenas Yépez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, y toda vez que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en contra del auto dictado en este juicio de amparo el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA QUEDADO FIRME, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En tal, virtud y toda vez de que por auto de doce de enero de dos mil veintitrés, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21, inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio J-VI-135/2023, remitido vía correo electrónico por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en Zamora, Michoacán, mediante el cual remite las constancias relativas al acuerdo de pruebas de seis de marzo del año en curso, toda vez que por auto de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se sobreseyó el juicio en que se actúa. En la inteligencia de que el oficio de cuenta ha sido previamente certificado por el Secretario de este Juzgado Federal, acorde con el ordinal 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia y al criterio que aparece publicado en la página 245, del tomo XI, del mes de abril de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VIA FAX VALOR PROBATORIO DE LOS.- Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si estos son certificados por el funcionario competente". Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que concluyó el término de seis meses que establece el artículo 156 de la Ley de Amparo, para que la tercera interesada..., promoviera el incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía que se otorgó con motivo de la suspensión. En tales condiciones, déjese a disposición del quejoso y depositante..., el billete de depósito número N..., expedido por el Banco del Bienestar, valioso por la cantidad de $8,708.00 (Ocho mil setecientos ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), a fin de que surta efectos la suspensión definitiva que le fue concedida en interlocutoria de catorce de marzo de dos mil veintidós, en atención a que resulta innecesario seguir conservándolo en depósito y a disposición de este Juzgado; en consecuencia la anterior circunstancia, hágase de su conocimiento en el domicilio que tiene señalado en autos para recibir notificaciones, informándole además que de conformidad con lo establecido por el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, tiene dos años contados a partir de que quede legalmente notificado del presente proveído, para que comparezca ante este Juzgado Federal a recibir dicho billete de depósito previamente endosado, apercibido que de no hacerlo en ese lapso, la garantía de que se trata prescribirá a favor del Erario Federal. Notifíquese, y personalmente al quejoso.

  4. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio J-VI-135/2023, signado por el Auxiliar de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Zamora, Michoacán, mediante el cual remite las constancias relativas al auto de seis de marzo de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral J-VI-466/2020, en el que se admitieron las pruebas ofrecidas por las partes en el controvertido de origen, así como se fijó fecha para su respectivo desahogo. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De los presentes autos se advierte, que mediante auto de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo promovida por...,, la cual quedó registrada con el número 195/2023-V, contra los actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Zamora, Michoacán, que en esencia se hacen consistir en la omisión de proveer respecto de las pruebas ofrecidas en el juicio laboral J-VI-466/2020, ello dentro del término de ley. Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsables acompañó en copia certificada al oficio de cuenta, consistente en el acuerdo de seis de marzo de dos mil veintitrés, en el que se admitieron las pruebas ofrecidas por las partes, dentro del juicio laboral J-VI-466/2020, de las cuales la instrumental publica de actuaciones y presuncional legal y humana y documental privada, en atención a su propia y especial naturaleza se tuvieron desahogadas en dicho acuerdo y de las que requiere especial preparación como la confesional, testimonial y periciales se fijó fecha para su desahogo; documental que merece pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". De lo anterior, se colige que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón a que, dentro del juicio laboral del que emanan los actos reclamados en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, la quejosa señaló como acto reclamado la omisión de dictar el auto en el que provea respecto de las pruebas, dentro del término de ley, dentro del juicio laboral J-VI-466/2020, también lo es que dichos medios de convicción fueron admitidos el seis de marzo de dos mil veintitrés, desahogándose en ese acto las que por su propia naturaleza así lo ameritaron y fijándose fecha para su verificativo respecto de la confesional, testimonial y periciales, tal y como se advierte de la documental que anexa la responsable a su oficio de cuenta. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, pues sería ocioso analizar la Constitucionalidad del acto, dado que al haberse subsanado la citada omisión, no deja huella alguna en la esfera jurídica de la quejosa que acredite ser reparada, por tanto, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaeta, que textualmente dice: ... En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS.

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