Silverio Cervantes Macías
Expediente 1078/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1078/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 21/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Silverio Cervantes Macías
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo en el juicio de garantías, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º., se declara que dicho auto ha quedado firme, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glósese el incidente de suspensión respectivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Por otro lado, vistos los autos del presente juicio de amparo, y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención, en virtud de que el suscrito estima que carece de relevancia documental. Ahora bien, respecto del original del incidente de suspensión, por contener medidas cautelares concedidas, se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión, por ubicarse en el supuesto de la fracción lll, Punto Vigésimo del acuerdo en cita, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haber dictado la interlocutoria. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
...CÚMPLASE.
- Principal
...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la autoridad responsable Fiscal Regional de Morelia, con sede en esta ciudad, a través del oficio FGE/DGJDH/DA/3422-2019, presentado el dieciocho de los corrientes, en la Oficialía de Partes de este juzgado, en cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído del once del mismo mes y año, remitió copias certificadas de las constancias con las que se acredita que los aquí quejosos... fueron puestos en libertad a las veintiuna horas con cuarenta y cinco minutos del seis de octubre de este año. Atento a lo anterior, cabe señalar que del asunto en que se actúa se evidencia, que mediante escrito presentado a las catorce horas con veinte minutos del cinco de octubre del año en curso, ante la Secretaria de Guardia de este juzgado, Lucia Sandoval Hernández, promovió a favor de...juicio de amparo indirecto contra actos del Secretario de Seguridad Pública en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por los actos que hizo consistir en: "IV.- LEY O ACTOS QUE CADA AUTORIDAD SE RECLAMAN: A todas las autoridades señaladas como responsables se les señala como responsables de privar y mantener privado de su libertad personal y mantenerlo incomunicado, bajo posibles tormentos, malos tratos, torturas, bajo posibles amenazas de ser trasladado a un lugar distinto y además sin ponerlo a disposición de una autoridad competente de manera inmediata a fin de perjudicarle en su persona y en su defensa a los quejosos de referencia, quejosos que se encuentran privados de su libertad personal, incomunicados, posiblemente sujetos a tormentos, malos tratos, tortura, incomunicación sin permitirles tener u abogado particular, así como también negando la permanencia en las instalaciones de la (sic) de La Fiscalía General del Estado de Michoacán, cuando sus familiares ya los vieron y aun así les niegan que se encuentran en ese lugar y violentándoles sus Derechos Humanos contemplados en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sin saber actualmente donde se encuentra detenido." Ahora bien, del informe justificado rendido por la autoridad responsable Fiscal Regional de Morelia, con sede en esta ciudad, se advierte que los quejosos Silverio Cervantes Macías, Luis Armando Hernández González, Salvador Emesquita García y Gildardo Gabriel Ramírez Guerrero, fueron privados de su libertad el cuatro del mes y año en curso, a las veintitrés horas con cincuenta y cinco minutos, por lo que fueron ingresados al Área de Resguardo (separos) de la Guardia de Agentes, por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y lo que resultara, en perjuicio de la sociedad, dejándoseles a disposición del Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía Regional de Morelia, quien integró la carpeta de investigación con número único de caso 1003201938068; sin embargo, el día seis del mes y año en cita, a las veintiuna horas con cuarenta y cinco minutos, se dejó en libertad a los citados peticionarios del amparo. Lo anterior lo acreditó la referida responsable, mediante las constancias que anexó como complemento a su informe justificado, así como al oficio FGE/DGJDH/DA/3422-2019, presentado ante la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el día dieciocho de octubre de esta anualidad, consistentes en copias certificadas del acuerdo de seis de octubre del año en curso, emitido por el aludido Agente del Ministerio Público, dentro de la carpeta de investigación antes mencionada, en el que se ordenó la libertad de los quejosos, así como del oficio fechado en esa propia data, mediante el cual dicho Representante Social solicitó al Encargado de la Guardia de Resguardo de la Fiscalía Regional de Morelia, la liberación de los peticionarios del amparo de que se trata, y de la constancia relativa a la puesta en libertad de dichos quejosos, emitido por el Agente del Ministerio Público antes mencionado; constancias que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En consecuencia, en atención a todo lo anteriormente expuesto, se advierte que, en el caso particular, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, cuyo contenido es: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, si en la especie este juzgado, en auto de siete de octubre de este año, admitió a trámite la demanda de amparo promovida a favor de por Silverio Cervantes Macías, Luis Armando Hernández González, Salvador Emesquita García y Gildardo Gabriel Ramírez Guerrero, contra actos del Fiscal Regional de Morelia, con sede en esta ciudad y otras autoridades, consistentes en la privación ilegal de la libertad de aquéllos, actos de incomunicación, de tortura y malos tratos y demás prohibidos a que se refiere el artículo 22 de la Constitución Federal, y de las constancias que la aludida autoridad responsable acompañó en copias certificadas a su informe justificado, así como al oficio FGE/DGJDH/DA/3422-2019, presentado ante la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el día dieciocho de octubre de esta anualidad, se advierte que el trece de septiembre de dos mil diecinueve, a las veintiuna horas con cuarenta y cinco minutos los aludidos quejosos fueron puestos en libertad, entonces, resulta obvio que en el caso particular, como ya se dijo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que, los actos reclamados han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, los quejosos señalaron como acto reclamado la privación ilegal de su libertad, también lo es que el seis de octubre del año en curso, fueron puestos en libertad, según se advierte de las constancias respectivas. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por otra parte, las autoridades responsables Fiscal Regional de Morelia y Secretario de Seguridad Pública en el Estado, ambos con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, consistentes en actos de incomunicación, tortura y malos tratos y demás prohibidos a que se refiere el artículo 22 de la Constitución Federal, y la segunda de ellas, además, en la privación de la libertad de los quejosos, empero, como estos últimos no ofrecieron prueba alguna para demostrar lo contrario, ni de las constancias remitidas por las responsables se advierte la existencia de dichos actos, por tanto, se impone SOBRESEER en el juicio en relación a dichos actos, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo vigente, y la Jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Lo que se corrobora con las actas de ratificación de demanda practicadas por el Actuario de la adscripción, de las se desprende que al dar fe del estado físico de los quejosos, precisó que no advirtió lesión externa a simple vista, además de que los propios peticionarios del amparo indicaron que no habían sido golpeados, ni torturados. En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Incidental
PRIMERO. Se NIEGA a... la suspensión definitiva que solicitan respecto del acto reclamado a la autoridad que precisada quedó en el considerando cuarto de la presente interlocutoria, por los motivos expuestos en el mismo. SEGUNDO. SE DECLARA SIN MATERIA EL PRESENTE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 1078/2019-III, promovido a favor de... en relación al acto atribuido a la autoridad responsable precisada en el considerando quinto de esta resolución, por las razones expuestas en el mismo. NOTIFÍQUESE.
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