Silvia Amezcua Lopez
Expediente 513/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 513/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Silvia Amezcua Lopez
- No Existe
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, supletorio del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Dado que en la sentencia ejecutoriada pronunciada en autos se decretó el sobreseimiento en este juicio; por no encuadrar en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en ese acuerdo, ni haber sido objeto de solicitud de acceso a la información ni, por ende, de declaratoria de información reservada alguna; de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se ordena conservar el expediente en que se actúa por un plazo de tres años. Concluido ese plazo, en el evento que habrá de realizarse una vez al año, previo a la realización de la visita de inspección, procédase a la destrucción del juicio de amparo de que se trata, con la obligación de remitir, dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones correspondientes en los registros electrónicos correspondientes. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Eugenia América Ayala Díaz de León, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas del treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 513/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario da cuenta al Juez de Distrito con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Dentro del periodo probatorio el secretario da cuenta con las documentales ofertadas por la autoridad responsable, Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogas en razón de su propia y especial naturaleza las probanzas descritas con antelación. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. En relación con lo anterior el juez acuerda: Se tiene por precluído el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, Silvia Amezcua López por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridad responsable: Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán. Acto reclamado: No emitir el acuerdo sobre admisión o desechamiento de pruebas, en los términos que lo establece la fracción IV, del artículo 880, de la Ley Federal del Trabajo, violando con su conducta omisiva el derecho a la justicia pronta y expedita, que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dentro del expediente ordinario laboral número 963/2018. SEGUNDO. Por auto de tres de mayo del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró en el libro de gobierno con el número ll-513/2023-AM; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, la intervención legal que le compete; se pidió el informe justificado a la autoridad responsable, se fijó fecha para la audiencia constitucional y ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S: PRIMERA. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 61, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 28/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues la parte quejosa reclama un acto de una autoridad que reside en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDA. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, debe decirse, que en la especie, el acto reclamado consiste en: Omisión de emitir el acuerdo sobre admisión o desechamiento de pruebas, en términos de la fracción IV, del artículo 880, de la Ley Federal del Trabajo, dentro del expediente ordinario laboral número 963/2018. TERCERA. Inexistencia del acto reclamado. Al momento de rendir su informe justificado la autoridad responsable, manifestó que no es cierto el acto que se le reclama, en virtud de las siguientes acotaciones: 1. La autoridad responsable mediante auto de dos de agosto de dos mil veintiuno, dio cuenta con el estado de autos dentro del expediente laboral de origen, en el que se pronunció sobre la admisión y desahogo de las pruebas ofertadas por las partes, a excepción de las que su desahogo son de forma especial; 2. En relación al número anterior, fijó las diez horas del dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, para que tuviera lugar el desahogo de la prueba confesional ofertada por la parte demandada, a cargo de la actora y aquí quejosa, por lo que se ordenó notificar dicha determinación en el domicilió que estableció para recibir notificaciones, corriéndose el traslado respectivo, como se puede evidenciar de la notificación que acompañó como soporte a su informe la responsable; 3. Una vez llegada la fecha establecida con antelación, la Junta acordó señalar una nueva fecha (veinticinco de enero de dos mil veintidós) para el verificativo de la probanza ofrecida por la parte demandada (confesional) a cargo de la parte actora, dada la incomparecencia de ambas partes, con el apercibimiento que de no volver a asistir, se decretaría la deserción de la misma, por lo que se ordenó notificar a la parte actora por boletín laboral, toda vez que ya se encontraba debidamente notificada a la referida diligencia; y, 4. Posteriormente, siendo las diez horas del veinticinco de enero del año anterior, el secretario de acuerdos adscrito a la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, certificó que no compareció la parte actora y absolvente al verificativo de la prueba confesional; por tanto, se le tuvo por confesa de todas y cada una de las posiciones que la demandada BBVA BANCOMER. S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Y BBVA BANCOMER OPERADORA, S.A. DE C.V., le había formulado. Todo lo anterior, se corrobora con las documentales allegadas por la autoridad responsable, las cuales adquieren valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la omisión de proveer sobre la admisión o desechamiento de las pruebas en el expediente laboral de origen, quedó desvirtuada con las pruebas documentales que remitió a esta instancia constitucional la autoridad responsable, en apoyo a su informe de ley, sin que la impetrante del amparo aportara algún medio de convicción para probar lo contrario. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado a la autoridad responsable, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, se sobresee en el juicio. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por lo anterior y ante tal circunstancia existe imposibilidad para analizar el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa en su escrito de demanda encaminados a evidenciar la conducta de la responsable. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 58, del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 57, tomo LXX, octubre de 1993, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por lo actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, por que aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, fracción IV, 73, 74, 75, 119, 124 y 217 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expresadas en la consideración tercera de la presente resolución, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Silvia Amezcua López por propio derecho, contra el acto reclamado a la autoridad responsable referida en el resultando primero. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Asimismo, de conformidad con el artículo 119 del ordenamiento legal en cita, se tienen por recibidas, admitidas y desahogas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales ofertadas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado. Hágase relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso Enrique Rodríguez Olivo, con el cual cumple con la prevención formulada en auto de catorce de abril del presente año. Por tanto, téngase al impetrante de amparo ampliando su demanda respecto de las autoridades y actos siguientes: En ese contexto, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo se admite la ampliación de demanda formulada respecto de los actos que indica en su presente escrito. Sin que sea necesario tramitar el incidente de suspensión del acto reclamado, toda vez que dicha medida cautelar no fue solicitada por la parte quejosa. Con copia de la ampliación de demanda, dése al agente del Ministerio Público Federal la intervención correspondiente, quien deberá asentar el acuse de recepción respectivo, lo anterior con fundamento en los artículos 5°, fracción IV y 110 de la Ley de Amparo. Hágase saber a las autoridades responsables que dentro del presente expediente se encuentran señaladas las diez horas con cuarenta minutos del ocho de mayo de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe con justificación, que deberán rendir dentro del plazo de quince días, contado a partir de que reciban el oficio de notificación del presente auto, en el entendido de que en dicho informe deberán exponer las razones y fundamentos que consideren pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos, debiendo acompañar en su caso, copia debidamente certificada de las constancias que avalen la existencia de los mismos y que soporten su emisión. De igual forma, comuníquese a las mencionadas autoridades, que podrán rendir su informe justificado, por vía postal o telegráfica al domicilio de este juzgado el cual es calle Lacas de Uruapan, número 31, colonia Vasco de Quiroga, Morelia, Michoacán; o preferentemente al correo electrónico 7jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. Asimismo, deberán rendir el informe justificado requerido con copia certificada de las documentales que justifiquen la constitucionalidad de los actos reclamados, tomando en consideración las siguientes directrices: 1. Si algunas de las fojas del expediente de origen se encuentran ilegibles o pierden su continuidad, en virtud de que así se encuentran en el mismo, aclare dicha circunstancia y señale el número de folio que corresponde a cada una de ellas; 2. En el caso de que las constancias sean legibles, pero las reproducciones que se obtengan de éstas no, deberá efectuar su transcripción con la indicación y folio correspondientes al remitirlas a este juzgado; y, 3. Observe que las copias que remita se encuentren debidamente ordenadas, atendiendo a su legibilidad, continuidad, orden cronológico y totalidad, o bien, realice las aclaraciones respectivas si así obran en el expediente a que pertenecen. En el entendido de que en caso de no rendir el informe en el tiempo y forma requeridos, se presumirán ciertos los actos reclamados respectivos, salvo prueba en contrario, de acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de que remitan el expediente original del que derivan los actos reclamados, es su obligación conservar testimonio autorizado íntegro del mismo, ya que en el supuesto de necesitarlo para realizar alguna actuación, este juzgado no podrá devolverlo por ser imprescindible para resolver el juicio de amparo y en su caso el recurso de revisión, por lo que queda bajo su responsabilidad obtener las copias conducentes para su resguardo. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para el efecto de que en su informe hagan del conocimiento de este juzgado si la parte quejosa o alguna otra persona ha promovido juicio de amparo indirecto relacionado con los actos reclamados o derivado del expediente de origen, informando el número de juicio y el Juzgado de Distrito a que corresponde, apercibidas que en caso de no hacerlo, de acuerdo con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo, se les impondrá un multa de manera individual, por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA). De conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe justificado o lo hagan sin acatar las directrices que fueron trazadas con anterioridad, se harán acreedoras a una multa individual equivalente a cien unidades de medidas de actualización, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa recibe. En términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de cesación de efectos de los actos reclamados o en caso de que se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber a este juzgado de manera inmediata, apercibidas que en caso de no hacerlo, de conformidad con el artículo 238, en relación con el diverso 251, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de manera individual por el equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA). Por otra parte, se informa a las autoridades responsables que no es necesario que acusen recibo de los oficios derivados del presente juicio, salvo que les sea solicitado expresamente y se les proporcione plazo específico para ello. Con apoyo en los numerales 9 y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, téngase como delegados a las personas que, en su caso, designen las autoridades responsables y por señalados los domicilios para recibir notificaciones que lleguen a designar en autos. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del numeral 79 del ordenamiento legal invocado), desde ahora se le apercibe, en el sentido de que en caso de que alguna autoridad responsable no exista en la denominación señalada en la demanda, mediante auto se suspenderá toda comunicación con la misma quedando fuera de juicio y en la audiencia constitucional que se celebre no se hará referencia a ésta, o bien, en la propia audiencia se hará el pronunciamiento respectivo sobre su inexistencia, sin que sea necesario realizar señalamiento alguno en la sentencia respecto de los actos reclamados que se le atribuyan, de acuerdo con los artículos 5°, fracción II y 108, fracción III, de la ley de la materia, interpretados en sentido contrario. Lo anterior, salvo prueba en contrario o que se corrija la denominación de la autoridad responsable relativa, previa vista que en su caso otorgue este juzgado, tomando en consideración que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta, así como al principio de economía procesal ya referido en párrafos precedentes. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables, así como a las que tengan el carácter de terceras interesadas, mediante oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente en relación con aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa, en el entendido de que las determinaciones diversas serán notificadas mediante lista que se publica en lugar visible de este juzgado, así como en la sección de servicios de la página electrónica institucional www.cjf.gob.mx consultable vía Internet. En tal virtud, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista de autos, lo cual constituye un sistema de notificación que se publica en Internet con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, y con apoyo además en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por último, se exhorta a las partes para que realicen lo siguiente: 1. Obtengan su firma electrónica FIREL; se registren como usuarios de los Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; soliciten a este órgano jurisdiccional el acceso a este expediente y la práctica de notificaciones de manera electrónica y, en la medida de lo posible, realicen todas sus promociones por esa vía. 2. En relación con las autoridades responsables, se exhorta a los funcionarios públicos a rendir sus informes o cumplir sus requerimientos a través de la plataforma referida en el párrafo que antecede, tomando en consideración que en ocasiones la logística de su trabajo no lo permite, por lo que se les requiere para que en su caso, proporcionen a este órgano una dirección de correo electrónico a través de la cual se puedan mantener las comunicaciones oficiales y dirijan sus informes y demás solicitudes al correo institucional 7jdo11cto@correo.cjf.gob.mx; sin que lo anterior implique que se sustituya la facultad de este juzgado de solicitar, cuando el caso lo amerite, que la comunicación se realice de manera ordinaria. 3. Asimismo, para que las autoridades proporcionen el nombre, cargo, teléfono fijo o móvil del servidor público que pueda fungir como enlace a efecto de instituir un vínculo de comunicación para las gestiones derivadas de la tramitación del presente asunto. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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