Silvia Alejandra Omaña Crespo

Expediente 507/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 23 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
507/2021
Año
2021
Actuaciones
23
Última actuación
30/06/2022

Partes del expediente

  • Silvia Alejandra Omaña Crespo
  • Leticia Elena Omaña Crespo
  • María Guadalupe Lorena Omaña Crespo
  • Lorenzo Gerardo Omaña Crespo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    El licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hago constar y certifico: Que concluyó el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, concedido a la parte quejosa para que se inconformara contra el auto por el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, pues dicho término transcurrió del ocho al veintiocho de junio del año en curso; tomando en consideración únicamente los días hábiles respectivos de conformidad con los artículos 19 y 22 de la misma ley, sin que a la fecha se haya recibido promoción alguna a través de la cual se impugne dicho auto. Morelia, Michoacán, treinta de junio de dos mil veintidós. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 507/2021, con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Morelia, Michoacán, treinta de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto por el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que lo haya hecho; por tanto, se tiene por consentido el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de 06/10/23 12:59:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.34.e4 Oscar Hernández García suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el articulo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que por auto de trece de mayo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, siendo que a la fecha ya transcurrió el plazo que para tal efecto le fue concedido. Por tanto, este Juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en autos por las autoridades responsables. Ahora, antes de proveer respecto del cumplimiento aludido, resulta necesario traer a colación que mediante sentencia de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno este órgano federal concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitada por la parte quejosa, por lo que inconforme con dicha determinación la parte tercera interesada interpuso recurso de revisión, del cual tuvo conocimiento el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad la que registró bajo el número de revisión civil 233/2021. En atención a ello, mediante oficio 2826 de veintisiete de abril del año en curso, el tribunal de alzada en cita remitió testimonio de la resolución emitida el siete de abril del año que transcurre, en la que confirmó la sentencia recurrida y concedió la protección constitucional solicitada por la parte quejosa, motivo por el cual, el dos de mayo actual este juzgado requirió a la autoridad responsable para que cumpliera con los efectos dados a la sentencia mencionada, cuyos efectos fueron los siguientes: " I. Deje insubsistente la resolución de treinta de noviembre de dos mil veinte aquí reclamada, dictada en el toca 271/2020, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por las quejosas; y, II. Dejando intocado lo que no fue materia de concesión de amparo, dé contestación al agravio tercero formulado por las inconformes al interponer el recurso y, en su caso de resultar infundado, proceda a resolver sobre la cantidad que por concepto de gastos y costas corresponde pagar a las peticionarias de amparo, en los términos que quedaron precisados en la presente resolución." En virtud de lo anterior, por oficios 454 y 479 de tres y once de mayo del año en curso, y presentados ante oficialía de partes de este juzgado el cuatro y once del mes y año en curso el magistrado responsable informó que dentro del toca I-271/2020,realizó lo siguiente: * Que el tres de mayo del año en curso dejó insubsistente la sentencia emitida el treinta de noviembre pasado, dejando a la vista del titular del tribunal responsable para realizar una nueva resolución; y, * Que el once de mayo actual nuevamente emitió la sentencia dentro del toca antes referido, en la que en atención al agravio tercero formulado por las recurrentes determinó: "(.) Para que un profesionista esté en condiciones de ejercitar una acción de pago de honorarios profesionales no requiere que su título profesional se encuentre inscrito en el Departamento de Profesiones del Estado. Ello, porque los artículos 12 y 13 de la Ley de Profesiones del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada en la Séptima Sección del Periódico Oficial del Estado el 20 veinte de Enero de 2020 dos mil vente, que abrogó la Ley para el Ejercicio Profesional del Estado de Michoacán de Ocampo publicada en el Periódico Oficial del Gobierno de la Entidad el 29 veintinueve de septiembre de 2015 dos mil quince, mediante Decreto del Congreso del Estado número 559, en la XIII Sección, Tomo CLXIII, número 4, disponen: "ARTÍCULO 12. Para ejercer en el Estado cualquiera de las profesiones registradas en el Sistema Educativo Nacional se requiere: I. Estar en pleno goce de los derechos civiles; II. Posee título legalmente expedido y debidamente registrado en la Dirección de Profesiones; III. Poseer Cédula profesional con efectos de patente expedida por la Dirección de Profesiones del Estado o autorización correspondiente en los términos establecidos por esta ley; IV. No estar suspendido o inhabilitado en su ejercicio como profesionista; y, V. En caso de Títulos y Diplomas o Cédulas Profesionales expedidas en otra entidad federativa o por la autoridad federal competente, para ejercer la profesión, no se exigirán los requisitos des fracciones II y III del párrafo anterior, sólo habrá que registrar la Cédula Profesional en la Dirección de Profesiones. La Dirección de Profesiones en cualquier tiempo podrá verificar con las autoridades que hayan expedido las documentales referidas su validez y su debido registro ante ellas.". "ARTÍCULO 13. La cédula profesional es un documento expedido por la Dirección de Profesiones, que autoriza el ostentarse como poseedor de un título, diploma o grado y que da fe de la expedición legal de los documentos acreditativos de cada modalidad de cédula. (.)" A su vez el numeral 3° de la Ley de Arancel de Abogados señala: ARTÍCULO 3°.- Solamente tienen derecho a percibir honorarios de acuerdo con la presente Ley, los abogados con título registrado en el Departamento de Profesiones del Estado y los estudiantes que cursen los dos últimos años de la Profesional, autorizados por el mismo Departamento." Por su parte el artículo 135 del Código de Procedimientos Civiles prevé: "Artículo 135. Cada parte será inmediata responsable de los gastos que originen las diligencias que promueva. La parte condenada al pago de las costas indemnizará a las otras de todos los gastos que hubiere hecho en el juicio. La condenación no comprenderá los honorarios del apoderado ni del patrono, sino cuando justifiquen contar con cédula profesional de licenciado en derecho." Luego, de la adminiculación de los anteriores imperativos, se desprende que la cédula profesional presupone la expedición del título correspondiente, incluso la legalidad del mismo, razón por la cual este tribunal de alzada estima que en el particular, resulta innecesario se justifique materialmente en el juicio el título profesional así como su inscripción en el Departamento de Profesiones del Estado, pues la exhibición de la cédula profesional con efectos de patente, presupone necesariamente la existencia del mismo. (.) De modo que si el artículo 13 de la Ley de Profesiones del Estado determina que la cédula profesional es un documento expedido por la Dirección de Profesiones, que autoriza al ostentarse como poseedor de un título, diploma o grado y que da fe de la expedición legal de los documentos acreditativos de cada modalidad de cédula, indudable resulta que un profesionista para tener derecho al pago de honorarios profesionales no necesita que su título esté registrado en el Departamento de Profesiones del Estado, dado que en términos de la Ley de Profesiones en cita, basta se tenga cédula profesional para acreditar su legal ejercicio profesional y por tanto, la facultad para cobrar honorarios profesionales por el trabajo desarrollado." * De igual forma estableció que las quejosas deben pagar cuarenta y nueve mil seis pesos con sesenta y seis centavos por concepto de gastos y costas del juicio. En consecuencia, este juzgado aprecia que la autoridad responsable ha dado cumplimiento al fallo protector pronunciado en este juicio, motivo por el cual se aprecia colmado el extremo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el goce del derecho violado y sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que el fallo protector quedó cumplido. Lo anterior, sin que pase desapercibido que mediante promoción 7864, acordada en auto de veintitrés de mayo del año en curso la parte quejosa y su autorizado señalan que la autoridad responsable no cumplió debidamente con la interlocutoria emitida en autos debido a que: 1) En la nueva resolución interlocutoria el magistrado responsable de manera parcial declaró procedente el segundo agravio formulado por la parte quejosa dentro del juicio civil de origen y se le condenó a cubrir la cantidad de cuarenta y nueve mil seis pesos con sesenta y seis centavos; 2) Asimismo, declaró improcedente el resto de los agravios relacionados con la parte relativa a que el abogado patrocinador de la parte actora no registró su cédula profesional en la Dirección de Profesiones del Estado, tal como lo refiere en artículo 8°, fracción III, en relación con el diverso 21, fracción II de la Ley de Profesiones del Estado de Michoacán, y que por el contrario el magistrado responsable le asignó honorarios profesionales aun cuando dicho profesionista no cumplió con lo establecido en los artículos antes mencionados; y, 3) Contrario a lo referido por la responsable la parte peticionaria de amparo únicamente está obligada a cubrir dos terceras partes de las costas que corresponden a la primera instancia, mas no de la segunda instancia. Sin embargo, contrario a lo que expone la parte quejosa y no obstante que lo resuelto por el magistrado responsable en torno al agravio tercero omitido, resulte adverso a sus intereses, con las determinaciones tomadas en la nueva resolución se estima cumplido el fallo protector, toda vez que en le mismo se otorgó a la responsable plenitud de jurisdicción para analizar el agravio omitido, en tanto que respecto de los gastos y costas del juicio se determinó la cantidad que las demandadas deben cubrir en forma conjunta, y no individualmente, lo que se advierte fue atendido puntualmente por dicha responsable. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho en términos del artículo 44, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 4° de la publicación de la Lista de las Personas Admitidas al Primer Concurso Interno de Oposición para la designación de Magistradas y Magistrados de Circuito, conforme a la Reforma Judicial, en virtud de que el Titular de este órgano jurisdiccional participa en el mismo, de acuerdo con el numeral 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la Carrera Judicial y las Condiciones de los Funcionarios Judiciales, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito de María Guadalupe Lorena, Silvia Alejandra y Leticia Elena de apellidos Omaña Crespo, así como de Aldolfo Arreygue Flores, parte quejosa dentro del presente expediente y autorizado de las mismas, mediante el cual desahoga la vista dada en auto de trece de mayo del año en curso, y al efecto manifiesta la inconformidad que tiene con el cumplimiento dado por la autoridad responsable respecto de la sentencia emitida en autos. En ese sentido, resérvese de acordar en cuanto al fondo del escrito de cuenta hasta en tanto se dicte el pronunciamiento de la ejecutoria emitida en este juicio, momento en que se determinará si la autoridad cumplió cabalmente con el fallo protector. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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