Silvestre Carlos Chávez

Expediente 1713/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1713/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
28/09/2015

Partes del expediente

  • Silvestre Carlos Chávez

Actuaciones

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "En veintiocho de septiembre de dos mil quince, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, doy cuenta al Juez con dos oficios registrados con el números 19022 y 19065, con anexo que se acompaña.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. Agréguense a sus autos los oficios de cuenta TCA/1419/2015 y TCA/1414/2015, signados por la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; en el primero de ellos, rinde su informe justificado en el que manifiesta que es cierto el acto reclamado, en razón a que efectivamente en la fecha en que se presentó la demanda de amparo no se había emitido laudo dentro del expediente labora 339/2013; sino hasta el veintitrés de septiembre de dos mil quince, y para lo cual anexa copia certificada del mismo, al igual que en el segundo oficio que remite. Lo anterior, sin que se estime necesario dar vista a las partes con los oficios y anexos de que se tratan, en atención a que el suscrito resolutor advierte que durante la tramitación del presente juicio de garantías se ha actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, mismo que en su parte conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En efecto, del escrito de demanda de garantías se advierte que el quejoso Silvestre Carlos Chávez reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, la omisión de pronunciar el laudo dentro del juicio laboral marcado con el número 339/2013. Ahora bien, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, en el oficio TCA/1419/2015 que remite como informe justificado, manifiesta haber dictado el laudo el veintitrés de septiembre de dos mil quince dentro del juicio laboral 339/2013, y para ello anexa copia certificada del mismo. De lo anterior se advierte que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, dado que durante la substanciación de este juicio de garantías la autoridad responsable emitió dicho laudo cuya omisión constituyó el acto reclamado; por tanto, al haber procedido en los términos apuntados la referida autoridad, es inconcuso que ello se traduce en que el quejoso fue restituido en el pleno goce de las garantías individuales que estimó vulneradas en su perjuicio, dado que con ello cesaron los efectos del acto reclamado. Lo anterior encuentra apoyo, por las razones que la informan en la Jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 210, Tomo VII, febrero de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto y rubro siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional se actualizó de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la nueva Ley de Amparo; y en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria en consulta, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia; lo anterior, en observancia al principio de prontitud en la impartición de justicia que se consagra en el ordinal 17, de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder, también por las razones que la informan, la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la Contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional que estaba fijada para las nueve horas del veintidós de octubre de dos mil quince; hágase la presente determinación del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO, POR OFICIO A LA TERCERO INTERESADA AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, ZACATECAS, ASÍ COMO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretaria que autoriza, licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra.- DOY FE."

  2. Principal

    En veintiocho de septiembre de dos mil quince, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, doy cuenta al Juez con dos oficios registrados con el números 19022 y 19065, con anexo que se acompaña.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. Agréguense a sus autos los oficios de cuenta TCA/1419/2015 y TCA/1414/2015, signados por la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; en el primero de ellos, rinde su informe justificado en el que manifiesta que es cierto el acto reclamado, en razón a que efectivamente en la fecha en que se presentó la demanda de amparo no se había emitido laudo dentro del expediente labora 339/2013; sino hasta el veintitrés de septiembre de dos mil quince, y para lo cual anexa copia certificada del mismo, al igual que en el segundo oficio que remite. Lo anterior, sin que se estime necesario dar vista a las partes con los oficios y anexos de que se tratan, en atención a que el suscrito resolutor advierte que durante la tramitación del presente juicio de garantías se ha actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, mismo que en su parte conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En efecto, del escrito de demanda de garantías se advierte que el quejoso Silvestre Carlos Chávez reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, la omisión de pronunciar el laudo dentro del juicio laboral marcado con el número 339/2013. Ahora bien, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, en el oficio TCA/1419/2015 que remite como informe justificado, manifiesta haber dictado el laudo el veintitrés de septiembre de dos mil quince dentro del juicio laboral 339/2013, y para ello anexa copia certificada del mismo. De lo anterior se advierte que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, dado que durante la substanciación de este juicio de garantías la autoridad responsable emitió dicho laudo cuya omisión constituyó el acto reclamado; por tanto, al haber procedido en los términos apuntados la referida autoridad, es inconcuso que ello se traduce en que el quejoso fue restituido en el pleno goce de las garantías individuales que estimó vulneradas en su perjuicio, dado que con ello cesaron los efectos del acto reclamado. Lo anterior encuentra apoyo, por las razones que la informan en la Jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 210, Tomo VII, febrero de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto y rubro siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional se actualizó de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la nueva Ley de Amparo; y en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria en consulta, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia; lo anterior, en observancia al principio de prontitud en la impartición de justicia que se consagra en el ordinal 17, de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder, también por las razones que la informan, la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la Contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional que estaba fijada para las nueve horas del veintidós de octubre de dos mil quince; hágase la presente determinación del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO, POR OFICIO A LA TERCERO INTERESADA AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, ZACATECAS, ASÍ COMO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretaria que autoriza, licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra.- DOY FE.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 900/2015; y, R E S U L T A N D O: 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, BALTAZAR BÁEZ RODRÍGUEZ, por su propio derecho formuló demanda de amparo indirecto, contra actos del Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de la Capital y otra autoridad, que a continuación se precisan: "IV. ACTO RECLAMADO: La resolución interlocutoria de fecha dieciocho de mayo de dos mil quince, dictada al RECURSO DE REVOCACIÓN promovido en contra del acta del 8 de mayo del 2015, en virtud de que la misma se origina de un auto ilegal, puesto que no fui debidamente notificado de su desahogo, motivo por el cual se me deja en estado de indefensión, pues no se me da la oportunidad de hacer uso de mi derecho de defensa o de hacer las manifestaciones que crea conveniente sobre la acción que se intenta, de tal suerte que de origen está afectada de nulidad, además de que la supuesta notificación del día diez de abril del año en curso, señala que la ilegal audiencia se llevaría a cabo el día OCHO DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, fecha que al no conocer que se llevaría a cabo esa audiencia, no me presentarme (sic) a la misma, además de que la supuesta notificación del día diez de abril de dos mil quince, en virtud de que en la misma debe ser notificada personalmente por la naturaleza de la misma, sin embargo en dicha acta de notificación se dice que me fue notificada a través de persona distinta al que suscribe, de ahí que al estar mintiendo el Notificador, se me deja en total Estado de indefensión y a causa de ello se me causa perjuicio, en virtud de que se me está condenando al pago de una multa por la cantidad de $1,000.00 m/m (mil pesos m/n) causando deterioro a mi patrimonio de ahí que solicite se REVOCARA tanto el ACTA de fecha 8 de mayo de dos mil quince, así como la supuesta ACTA DE NOTIFICACIÓN de fecha 10 de abril del 2015. Lo anterior por existir una clara violación al debido proceso y por ende a mis derechos humanos." 2°. Trámite del amparo indirecto. La demanda de garantías se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, cuyo Titular, dictó proveído el veintisiete de mayo de dos mil quince, en que ordenó su admisión y registro bajo expediente 900/2015; se solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables y se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Seguido el juicio por sus trámites legales, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del Acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O : I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y al observar con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de la jurisprudencia de los rubros "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de una lectura íntegra del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: La interlocutoria dictada el dieciocho de mayo de dos mil quince, que resolvió el recurso de revocación promovido contra el acta de ocho de mayo del año en curso, en la cual se le impuso una multa por no haber acudido a la diligencia señalada para esa propia fecha, sin haber sido notificado personalmente. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS." II. 2. 1. Certeza: Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de la Capital con sede en esta ciudad; toda vez que así lo reconoció en su informe justificado. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Además, su existencia se corrobora con las copias fotostáticas certificadas de algunas de las constancias contenidas en el expediente 02/2012, relativo a los medios preparatorios al juicio civil ordinario en donde consta el acto reclamado; documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el artículo 2° de esta última legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226 del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." III. Procedencia del juicio de amparo. Una vez analizadas las actuaciones en este juicio de garantías, este Juez de Distrito no advierte la existencia de una causal de improcedencia. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe "IMPROCEDENCIA.". IV. Litis Constitucional. IV.1. Conceptos de violación. Su falta de trascripción no transgrede las normas que regulan el procedimiento en el juicio de amparo, al no ser un requisito exigido por el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo cual se corrobora con la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.- De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En los conceptos violatorios, medularmente se alega: Que el acto reclamado le causa perjuicio en su patrimonio, toda vez que no acudió a la audiencia señalada para el ocho de mayo de dos mil quince, en virtud de que no fue notificado de manera personal, lo cual lo deja en estado de indefensión. Antecedentes del acto reclamado: para una mejor comprensión del asunto y establecer un panorama de referencia, conviene destacar los antecedentes de los actos reclamados, los cuales emanan de los medios preparatorios a juicio civil ordinario número 02/2012, que en esencia son: Acta de veintiséis de marzo de dos mil quince, levantada por el personal actuante del Juzgado Tercero del Ramo Civil de la Capital, en la cual se hizo constar la inasistencia de Baltazar Báez Rodríguez a la diligencia de declaración judicial y fueron señaladas de nueva cuenta las diez horas del ocho de mayo de dos mil quince, para que tuviera verificativo (foja 13). Cédula de notificación de diez de abril de dos mil quince, realizada a BALTAZAR BÁEZ RODRÍGUEZ, la cual fue dejada en poder de Rubén Báez Gallegos, quien dijo ser hijo del ahora quejoso, quien se identificó con credencial de elector expedida por el Instituto Federal de Electores (foja 15). Razón actuarial levantada con motivo de la cédula de notificación de diez de abril de dos mil quince (foja 16). Acta de ocho de junio de dos mil quince, en que tendría verificativo la audiencia de declaración judicial con cargo al ahora quejoso, en la que se hizo constar la inasistencia de éste, se hizo efectivo el apercibimiento y se le impuso multa, además, se señalaron las once horas del cuatro de junio de dos mil quince (foja 17). Escrito signado por Baltazar Báez Rodríguez, mediante el cual interpuso recurso de revocación el trece de mayo de dos mil quince, contra el acta de ocho de junio de dos mil quince (foja 19). El dieciocho de mayo de dos mil quince, la autoridad responsable resolvió el recurso de revocación interpuesto el cual declaró parcialmente procedente, solo por cuanto hace a la fecha del acta (foja 20 y 21). V. Análisis de la legalidad o ilegalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son infundados, en ellos señala, que el acto reclamado le causa perjuicio en su patrimonio, toda vez que no acudió a la audiencia señalada para el ocho de mayo de dos mil quince, en virtud de que no le fue notificado de manera personal, lo cual lo deja en estado de indefensión. Lo anterior se afirma, toda vez que, si bien es verdad que el acta que obra a foja 17 de los presentes autos en copia fotostática certificada se asentó de manera incorrecta que fue levantada el ocho de junio de dos mil quince, no menos cierto es que, esa circunstancia no resta valor probatorio a esa acta como tampoco a la notificación realizada el diez de abril de dos mil quince, por medio de cédula al ahora quejoso, como lo pretende el impetrante de garantías, por lo siguiente: Como punto de partida, es necesario conocer el contenido del artículo 172 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad, que establece: "172.- Además del emplazamiento se harán personalmente las siguientes notificaciones: I.- Del auto que ordene la absolución de posiciones o reconocimiento de documentos; II.- La primera resolución que se dicte, cuando por cualquier motivo se dejare de actuar en el juicio por más de seis meses; III.- Las sentencias definitivas; IV.- Cuando se trate de casos urgentes o el juez o la ley así lo ordenen, y V.- El requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo. Cuando variare el personal de un tribunal, no se proveerá acuerdo haciendo saber el cambio, sino que, al margen del primer proveído que se dicte después de ocurrido el cambio, se pondrán completos los nombres y apellidos de los nuevos funcionarios. Sólo que el cambio ocurriere cuando el negocio esté pendiente únicamente de la sentencia definitiva, se mandará hacer saber a las partes el cambio de personal. Las notificaciones de que habla este artículo se harán precisamente en el domicilio de las personas a quienes deba notificarse, o en la casa designada para oír notificaciones. Si el notificador no encontrare al interesado, le dejará cédula, en la que hará constar la fecha y hora en que la entrega, el nombre y apellido del promovente; el tribunal que manda practicar la diligencia; la determinación que se manda notificar, y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega, que será de las mencionadas en la fracción III del artículo anterior, recogiéndole la firma en la razón que se asentará del acto, a menos de que se rehusare a firmar o no supiere hacerlo, pues en estos casos se harán constar estas circunstancias." De lo antes expuesto, se desprende que en tratándose del auto que ordene la absolución de posiciones o reconocimiento de documentos, la notificación debe realizarse de manera personal, en caso de que el notificador no encuentre al interesado le dejará cédula, en la cual el funcionario público deberá seguir las reglas contenidas en el último párrafo de dicho precepto. En tales condiciones, acorde a lo antes expuesto, debe decirse que el Juez Tercero del Ramo Civil del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, actuó de manera correcta y legal, al realizar la notificación del auto dictado el veintisiete de marzo de dos mil quince, en el que ordenó citar a Baltazar Báez Rodríguez, a la diligencia de declaración judicial a su cargo, dentro de los medios preparatorios a Juicio Civil Ordinario número 02/2012; por tanto, los argumentos de la parte quejosa resultan infundados. En efecto, del análisis de las constancias que fueron remitidas por el juez responsable en relación a las constancias que integran los medios preparatorios al juicio Civil Ordinario 02/2012, que remitió el Juez responsable, se desprende la cédula de notificación de diez de abril de dos mil quince, que fue realizada por la oficial notificadora licenciada Carolina de Jesús Morales Camarena, adscrita a la Central de notificaciones de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del Distrito Judicial de la Capital, quien al constituirse a las quince horas con cuarenta minutos del diez de abril de dos mil quince, en el domicilio de BALTAZAR BÁEZ RODRÍGUEZ, sito en Andador Plaza Cívica número ciento ochenta y tres, Colonia Fovissste de esta ciudad capital, lugar donde llamó a la puerta y fue atendida por Rubén Báez Gallegos quien dijo ser hijo de la persona buscada, el cual se identificó con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral con calve de elector BZGLRB74111132H701. Al preguntar por BALTAZAR BÁEZ RODRÍGUEZ, le informó que era el domicilio correcto pero que el interesado no se encontraba en ese momento, por lo que le entregó la cédula de notificación que contenía inserta el acta formal de veintiséis de marzo de dos mil quince, a efecto de citarlo para las diez horas del ocho de mayo de dos mil quince, para que tuviera verificativo el desahogo de la declaración judicial a su cargo dentro del expediente 02/2012, relativo a los medios preparatorios al juicio civil ordinario promovido por la licenciada Maricela Bañuelos Arellano, radicado ante el Juzgado Tercero del Ramo Civil de la ciudad de Zacatecas, Capital. De todo lo anterior, se advierte que la diligencia de notificación del proveído de veintiséis de marzo de dos mil quince, fue realizada conforme a derecho, ello observando lo establecido por el artículo 172, fracción I, último párrafo del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de ahí que, los argumentos de la parte quejosa resultan infundados. Así, en ningún momento se violó en su perjuicio la garantía consagrada en el artículo 14 constitucional, pues como ya se dijo, la notificación del proveído de veintiséis de marzo de dos mil quince, fue practicada en términos del artículo 172, fracción I, último párrafo del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, pues al no encontrar al interesado le dejó la cédula de notificación correspondiente. Es aplicable al caso la tesis, de rubro y texto siguiente: "ACTUARIO, LA FE PUBLICA DE LA QUE SE ENCUENTRA INVESTIDO, NO PUEDE DESVIRTUARSE CON SIMPLES MANIFESTACIONES, CARENTES DE PRUEBAS IDONEAS. Es legal el razonamiento del Juez de Distrito, en cuanto estableció que la diligencia de requerimiento de pago y emplazamiento, satisface tanto los requisitos de los artículos 1392 y 1396 del Código de Comercio, como de los diversos 116 y 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal , porque como también se precisó en el juicio constitucional, los quejosos no aportaron prueba idónea por virtud de la cual se desvirtuará la fe pública del actuario, en cuanto a lo asentado por éste en la indicada diligencia, y a mayor abundamiento, tampoco justificaron su dicho en el sentido de que en el lugar donde se practicó la aludida diligencia era un domicilio distinto al de los demandados, pues ante tal señalamiento correspondía a los hoy inconformes haber justificado con pruebas idóneas y suficientes cuál era su verdadero domicilio en el momento de la diligencia." Circunstancia que pone de manifiesto que la oficial notificadora adscrita a la Central de notificaciones de los Juzgados Civiles, Familiares, Mercantiles del Distrito Judicial de la Capital, de manera correcta y legal siguió las reglas para la notificación personal correspondiente; se cercioró de ser el domicilio correcto; asimismo, le hizo saber el número de juicio, así como insertó en la cédula el contenido del auto que se iba a notificar; aunado a ello, la persona con quien se atendió esa diligencia firmó para constancia, según se aprecia de la propia acta. De tal suerte que, el hecho de que en el acta que obra a fojas 17 de los presentes autos se haya sentado como fecha de levantamiento el ocho de junio de dos mil quince, en la que inclusive ante la incomparecencia de BALTAZAR BÁEZ RODRÍGUEZ, se señalaron de nueva cuenta las once horas del cuatro de junio del mismo año, para que tuviera verificativo la diligencia de declaración judicial, de lo que se advierte que sólo fue un error al asentar el nombre del mes de junio en lugar de mayo, pues en la cédula de notificación que fue dejada en poder de Rubén Báez Gallegos, hijo de BALTAZAR BÁEZ RODRÍGUEZ, se desprende que la fecha señalada por auto de veintiséis de marzo del año en curso, lo es precisamente para las diez horas del ocho de mayo de dos mil quince, y el ahora quejoso no acreditó haber estado presente en esta última fecha, de tal suerte que el error cometido por el personal actuante de la autoridad responsable en cuanto al mes no resta validez a la notificación de diez de abril del año en curso, realizada mediante cédula. Consecuentemente, al no advertir que la resolución reclamada sea violatoria de garantías individuales invocadas por BALTAZAR BÁEZ RODRÍGUEZ, ni motivo que amerite la suplencia de la queja en su favor, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a BALTAZAR BÁEZ RODRÍGUEZ, en contra de los actos y autoridad precisada en el resultando primero de esta resolución y por los razonamientos apuntados en el considerando quinto de este fallo. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo resolvió y firma el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario con quien actúa, licenciado Juan García Trejo, hasta el diez de septiembre de dos mil quince, en que lo permitieron las labores del Juzgado.- DOY FE.

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