Silverio Juárez Sánchez
Expediente 915/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 17 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 915/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 21/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Silverio Juárez Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de la que se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de diez de noviembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente asunto; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se resolvió sobreseer en el presente juicio. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la destrucción a que alude el artículo 3, fracción XV del citado acuerdo. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 18, fracción I, inciso a, del Acuerdo en cita; y toda vez que las constancias que integran el incidente de suspensión, se advierte que no son de relevancia documental, es depurable el cuaderno original con excepción de las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, en razón de que se concedió la suspensión provisional y se concedió y negó la definitiva. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la depuración a que alude el artículo 3, fracción XIV del citado acuerdo. Y dese el trámite correspondiente establecido en el artículo 9 del Acuerdo en mención. Respecto al duplicado, en su oportunidad llévese a cabo su destrucción, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del aludido acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído a los cuadernos incidentales. Notifíquese. ...
- Incidental
...Agréguese a sus autos el oficio de cuenta suscrito por la secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que adjunta el testimonio de la resolución pronunciada por este Órgano Jurisdiccional, el veintiséis de noviembre del año en curso, en el incidente en revisión administrativa 38/2020, así como el original del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 915/2019. Acúsese recibo. Consecuentemente, glósese el cuaderno de antecedentes que se encontraba formado al presente expediente previa extracción de las copias fotostáticas con las que se formó, las que deberán destruirse y realícense las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado Federal. Ahora bien, la superioridad mediante la ejecutoria de cuenta, confirmó la resolución dictada por este juzgado el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en la que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados...
- Principal
"...se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo indirecto, promovido por Silverio Juárez Sánchez, contra de los actos atribuidos a las autoridades Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Director del Diario Oficial de la Federación y Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal Zacatecas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia..."
- Principal
EN ESTA PROPIA FECHA, PROCEDO A NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE DIEZ DE NOVIEMRBE DE DOS MIL VEINTE, QUE A LA LETRA DICE: " V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 915/2019; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veinte de noviembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Silverio Juárez Sánchez, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que más adelante se precisan. SEGUNDO. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda de referencia correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, se registró en el libro de gobierno bajo el número de expediente ya precisado, se admitió a trámite la demanda de garantías, se solicitaron a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio la intervención que corresponde a la Representación Social de la Federación y se citó a las partes a la audiencia constitucional, la que tuvo inicio previos los trámites de ley, en los términos asentados en párrafos precedentes y que concluye con el dictado de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama una normas generales que tiene como ámbito de aplicación el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es indispensable que en toda sentencia se precise en forma clara el acto reclamado, porque se debe atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable a lo expuesto, la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, registro digital 181810, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Por tanto, del análisis de demanda de amparo, así como de las constancias de autos, revelan que los actos reclamados por la parte quejosa lo constituyen: Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. La promulgación y orden de la publicación de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, Decreto de fecha 30 de diciembre del 2016, por medio del cual se expidió dicha ley. Del Director del Diario Oficial de la Federación, se reclama: a) La publicación de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2016. De la Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal Zacatecas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La aplicación de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, Decreto de fecha 30 de diciembre del 2016, en el pago de las pensiones por jubilación y viudez. Cabe acotar, que los actos reclamados que la parte quejosa señala como: La correcta aplicación de la promulgación y orden de la publicación del Decreto de fecha 20 de julio del 2009, por el cual se expidió el Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Articulo Decimo Transitorio, del Decreto por el cual se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, concretamente los artículos 7 y 8 publicado en el diario oficial de la federación el día 21 de julio del 2009, en el pago de las pensiones por jubilación y viudez. La correcta aplicación del artículo 17 párrafo segundo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado, vigente hasta el 31 de marzo del 2007, en el pago de las pensiones por jubilación y viudez. No constituyen actos reclamados destacados, puesto que del análisis de la demanda de amparo se advierte que éstos constituyen conceptos de violación tendentes a demostrar la inconstitucionalidad que refiere la parte quejosa existe en el pago de las pensiones por jubilación y viudez. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal Zacatecas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, consistente en la aplicación de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, Decreto de fecha 30 de diciembre del 2016, en el pago de sus pensiones, ya que así lo manifestó expresamente al rendir su respectivo informe justificado. En efecto, la referida autoridad responsable al rendir su informe con justificación señaló que para determinar el pago de las pensiones de la parte quejosa no aplica la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, Decreto de fecha 30 de diciembre del 2016, debido a que el cálculo de cuota diaria de pensión inicial se obtiene de promediar los sueldos de su último año de cotización en la Institución, que una vez que se obtiene la pensión, cada año se aumenta esa cuota diaria de conformidad con el artículo 8 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como el diverso 57, párrafos tercero y cuarto de la Ley del Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada el veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y tres. Que por ende, el factor salario mínimo, ahora sustituido por unidad de medida y actualización, el Instituto solamente lo emplea a efecto de determinar el tope pensionario, siendo que en el caso el impetrante no se ubica en ese supuesto (tope pensionario a razón de diez veces la unidad de medida y actualización elevado al mes), ya que las cantidades a pagar por concepto de sus pensiones no superan el tope pensionario. Negativa anterior que no fue desvirtuada por la parte accionante, pues las documentales relativas a la concesión de pensión del quejoso, lejos de demostrar la aplicación de Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, indican que el Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con fundamento en los artículos 5 y décimo transitorio de la Ley de dicho Instituto; 1, 2, 4, fracción II, inciso f), 51, fracciones I y X, 52, 53, 78, 79 y 80 del Estatuto Orgánico Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 2 fracciones I y II, 3, 4, 5 y 9 fracciones I y III del Reglamento Orgánico de las Delegaciones Estatales y Regionales del Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, concedió en trece de agosto de dos mil doce y uno de enero de dos mil catorce, pensiones por viudez y jubilación a Silverio Juárez Sánchez; y, que para el cálculo de la cuota diaria de sus pensiones, se basó en el sueldo mensual recibido en el último año laborado, obteniendo así el sueldo diario promedio para el pago de sus pensiones. Por otra parte, los recibos de pago de pensiones exhibidos tampoco brindan la certeza que el cálculo para el pago de sus pensiones se realice utilizando la unidad de medida y actualización, ya que en ellos únicamente se aprecia el nombre del pensionado, mes de pago, número de pensión, localidad de pago, lugar de pago, código postal, código deudo, pensión actual, clave ramo, descripción de percepciones, importe, concepto, deducciones, fecha de inicio de pensión y la cantidad neta a pagar, sin que se desprenda que en la determinación del pago de sus pensiones se realice con base en la unidad de medida y actualización. Por tanto, si la parte quejosa con las pruebas ofrecidas no logró desvirtuar la negativa de la citada autoridad responsable, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que se transcribe a continuación: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en audiencia constitucional; (.)." Sirve de apoyo a lo anterior, por no oponerse a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia 284 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia SCJN, página 236, registro digital 917818, que se lee: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". De igual forma, la jurisprudencia VI.2o. J/308, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 80, agosto de 1994, página 77, registro digital 210769, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". CUARTO. Existencia del acto reclamado. Queda acreditado con los informes con justificación, en los que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Director del Diario Oficial de la Federación, aceptaron la existencia de los actos que a cada uno se les atribuye. Por su aplicación, se invoca la jurisprudencia 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, página 830, registro digital 1002815, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Aunado a lo anterior, debe recordarse que tratándose de disposiciones de carácter general, éstos se acreditan plenamente con la publicación de la disposición de observancia general controvertida, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 260, registro digital 191452, que es del tenor siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." En consecuencia, el tener o no como ciertas las conductas combatidas no depende únicamente de lo manifestado en los informes con justificación rendidos por las autoridades responsables, pues es al juzgador a quien compete pronunciarse al respecto y cerciorarse de su existencia, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. Al respecto, es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 65, Primera Parte, página 15, registro digital 233090, de rubro y texto siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas; debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." QUINTO. Causas de improcedencia. Previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, procede el análisis de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y preferente, conforme lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 940 en el Apéndice 1917-1988, Segunda Parte, página mil quinientos treinta y ocho, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Respecto del acto reclamado consistente en la publicación de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, atribuida al Director del Diario Oficial de la Federación, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el diverso 108, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que dicho acto no fue impugnado por vicios propios, tal y como la propia autoridad responsable lo hace valer en su informe justificado. Los numerales citados señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)" El numeral transcrito en primer término, establece que el juicio de amparo es improcedente en los casos contemplados en las demás fracciones que lo conforman, en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo; por otra parte, de conformidad con la fracción III del segundo numeral citado, el refrendo y publicación de una ley, será reclamable en amparo únicamente cuando se les atribuyan vicios propios. Luego, si la publicación que se reclama a la autoridad responsable no se impugna por vicios propios, según se advierte de los conceptos de violación, el juicio de amparo resulta improcedente respecto de dicho acto, conforme a los preceptos transcritos. En apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.I.A. J/49 A (10a.), emitida por el Pleno en Materia Administrativa del primer Circuito, consultable en la página 2248, libro 23, Tomo III, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de octubre de 2015, Décima Época, de rubro y texto dice: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. Si el quejoso no combate por vicios propios los actos de refrendo y publicación de una norma general, de modo que omite exponer conceptos de violación y no hay causa de pedir suficiente para destruir la pretensión de su constitucionalidad, y sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos, procede decretar la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo". Igualmente es aplicable por analogía, lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, Septiembre de 1998, página 323, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona el criterio formalista sustentado por la anterior Tercera Sala de este Alto Tribunal, contenido en la tesis de jurisprudencia número 3a./J. 6/94, que en la compilación de 1995, Tomo VI, se localiza en la página 116, bajo el número 172, cuyo rubro es "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICO JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, en lo fundamental, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación radican en que, por una parte, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales no exige, en sus artículos 116 y 166, como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo. De ahí que, al advertirse que en la demanda de amparo no se formulan conceptos de violación tendentes a acreditar vicios propios en la publicación de la ley impugnada, se hace patente la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado, procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo, por el acto reclamado al Director del Diario Oficial de la Federación. Por otra parte, por lo que concierne al acto reclamado consistente en la expedición de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, tal y como la propia autoridad responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, lo hace valer en su informe justificado. Para comprobar lo anterior, conviene citar el contenido del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". Esta hipótesis legal deriva de lo establecido por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la cual, el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el artículo 6° de la Ley de Amparo, al disponer, en lo conducente, que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. Ese principio de instancia de parte agraviada no es ajeno al amparo que se intenta en contra de ordenamientos de observancia general, dado que, para que el juicio resulte procedente, aquéllos deben provocar un perjuicio jurídico en la esfera del gobernado que lo legitime para accionar el medio de control constitucional en comento; dicho perjuicio bien puede provenir de la sola vigencia de la norma o de un acto en el que la misma se aplique. A fin de ilustrar la afirmación precedente debe tenerse en cuenta que los artículos 17, 18, 61, fracciones XII y XIV, así como el diverso 107, fracción I, todos de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso, es suficiente con que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica sin ningún acto ulterior de autoridad, es decir, sin condicionar su individualización, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I de la Ley de Amparo. Así, una ley es autoaplicativa cuando lleva en sí misma un principio de ejecución inmediata que no requiere un acto intermedio o posterior de autoridad para que se origine la afectación al gobernado, pues los preceptos adquieren, por su sola vigencia, el carácter de inmediatamente obligatorios; en otras palabras, el principio de ejecución se realiza por la existencia misma de la ley sin necesidad de actos posteriores de aplicación concreta. Por dicho acto legislativo y por los relativos a su promulgación y publicación, quedan señaladas las personas o entidades que, en acatamiento de la ley, están obligadas a obrar en determinada forma. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en jurisprudencia que, para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter basta con que, desde su entrada en vigor, ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho o, en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativas, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia y, entonces, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo será de quince días a partir del acto de aplicación, atendiendo a los supuestos previstos en el artículo 21 de la ley citada. En conclusión, una norma es heteroaplicativa cuando no es de acción automática, esto es, cuando no causa perjuicio al particular desde el momento de su promulgación y publicación, ya que con su sola vigencia no se crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, sino que, para que se configure en el mundo fáctico en perjuicio de algún gobernado, requiere de la actualización de un acto que condicione de alguna forma su aplicación; la condición puede consistir en actos administrativos o jurisdiccionales de aplicación del ordenamiento controvertido, debiendo tomarse en cuenta que el acto-condición de aplicación de una ley también puede traducirse en un hecho jurídico como suceso independiente de la voluntad humana, o bien, en un acto jurídico realizado por el propio particular, pues tal acontecimiento o dicho acto voluntario son los que determinan la colocación de una persona dentro de la hipótesis legal. De tal forma, para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), que proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos de los propios particulares si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Al respecto es de tomar en cuenta el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el propósito de establecer las bases para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas, que se contiene en la jurisprudencia P./J. 55/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 5, registro digital 198200, que señala: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En ese tenor, cuando se reclama una ley en su carácter de heteroaplicativa, se requiere de la existencia de un acto de aplicación que genere su actualización en detrimento del gobernado. Bajo ese contexto, como el acto reclamado en lo substancial se hace consistir en la inconstitucionalidad de la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, a través del acto de aplicación que la parte quejosa hace consistir en los recibos de pago de los meses de marzo, correspondientes a los años dos mil dieciséis a dos mil diecinueve, así como de noviembre de dos mil diecinueve; para ello, es necesario que dichos recibos contengan un acto concreto de aplicación de la ley que se tacha de inconstitucional y que en efecto, este cause una afectación a la esfera de la parte quejosa. Sin embargo, el análisis de los recibos de pago exhibidos por la parte quejosa no revelan que se trate de un acto concreto de aplicación de la ley que tacha de inconstitucional; se afirma lo anterior, toda vez que en ellos solo se aprecia lo siguiente: En efecto, las anteriores ilustraciones únicamente advierten el nombre del pensionado, mes de pago, número de pensión, localidad de pago, lugar de pago, código postal, código deudo, pensión actual, clave ramo, descripción de percepciones, importe, concepto, deducciones, fecha de inicio de pensión y la cantidad neta a pagar, sin que se desprenda que el cálculo y pago de pensiones del quejoso se realicen con base en la unidad de medida y actualización, esto es, dichos recibos de pago no evidencian algún acto concreto de aplicación de la ley impugnada. Lo mismo acontece con las documentales relativas a la concesión de pensión, puesto que no demuestran la aplicación de Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, sino que indican que el Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con fundamento en los artículos 5 y décimo transitorio de la Ley de dicho Instituto; 1, 2, 4, fracción II, inciso f), 51, fracciones I y X, 52, 53, 78, 79 y 80 del Estatuto Orgánico Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 2 fracciones I y II, 3, 4, 5 y 9 fracciones I y III del Reglamento Orgánico de las Delegaciones Estatales y Regionales del Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, concedió en trece de agosto de dos mil doce y uno de enero de dos mil catorce, pensiones por viudez y jubilación a Silverio Juárez Sánchez; y, que para el cálculo de la cuota diaria de sus pensiones, se basó en el sueldo mensual recibido en el último año laborado, obteniendo así el sueldo diario promedio para el pago de sus pensiones. De ahí que se estime, que los citados recibos de pago y hojas de concesión de pensión no constituyen en sí mismos un acto concreto de aplicación de la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización; y, mucho menos, que con ello se esté afectando la esfera jurídica de la parte quejosa. En ese tenor, es evidente que la parte quejosa no demuestra su interés jurídico para acudir al presente juicio, en virtud de que los documentos exhibidos no demuestran la aplicación de la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización en su perjuicio; por tanto, es evidente que en el caso no existe acto de aplicación alguno de la ley tildada de inconstitucional. En virtud de lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia en estudio y, por ende, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XII, y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable, el criterio sustentado por el entonces Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 199-204, Primera Parte, página 79, registro 232177, cuyo rubro y texto son: "LEY, AMPARO CONTRA. CUANDO SE RECLAMA CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN, ÉSTE DEBE PROBARSE. De lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, se infiere que cuando se reclama una ley, autoaplicativa o heteroaplicativa, con motivo de un acto de aplicación, éste debe acreditarse, para probar la vinculación del acto con la ley cuya inconstitucionalidad se reclama." Asimismo, apoyo a lo anterior jurisprudencia 1a./J. 4/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, febrero de 1999, página 103, registro 194605, que dice: "LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio de garantías, por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo". Así también, sustenta la determinación de este juzgador, el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 76/97, propuesta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, enero de 1998, página 374, registro 196955, que establece: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE IMPUGNAN POR SU PRETENDIDA APLICACIÓN Y NO POR SU APLICACIÓN CONCRETA, EL JUICIO DE AMPARO RESULTA IMPROCEDENTE. Si se reclama la expedición, promulgación y publicación de una ley porque con base en ella se pretende cobrar a la quejosa determinados derechos, aun cuando los actos de las autoridades se hayan tenido por presuntivamente ciertos, si no se señala el acto de aplicación, sino simplemente se expresa que las ejecutoras tratan de aplicar la ley, como no se impugna propiamente el mencionado cuerpo legal por su aplicación concreta al caso especial de la quejosa, sino por su pretendida aplicación, sin que ésta se haya demostrado, debe sobreseerse". Finalmente, apoya lo anterior, la jurisprudencia 3a./J. 45/90, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, Primera Parte, julio-diciembre de 1990, página 199, registro 207126, del rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY SIN HABERLO ACREDITADO, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE 'INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA' Y DE 'RELATIVIDAD DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA'. Los artículos 107, fracciones I y II de la Constitución Federal y 4o., 76 y 80 de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen el principio de instancia de parte agraviada y el de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo, que prohíben hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el quejoso. En consecuencia, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico, para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existiría la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que no les cause ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos citados." Por otro lado, no pasan inadvertidas las diversas causas de improcedencia invocadas por las autoridades responsables; sin embargo, es innecesario abordar el estudio de estas, ya que si dichas causales se actualizan o no en nada variaría el sentido de esta sentencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 54/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, agosto de 1998, foja 414, registro 195744, cuyo rubro y texto establece: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." En este sentido y ante la imposibilidad de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, se hace innecesario emprender el estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa. En invoca en apoyo de lo anterior, la jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte SCJN, registro 394465, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo indirecto, promovido por Silverio Juárez Sánchez, contra de los actos atribuidos a las autoridades Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Director del Diario Oficial de la Federación y Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal Zacatecas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. "
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