Silverio Feliciano Castañeda López
Expediente 805/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 805/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Silverio Feliciano Castañeda López
Actuaciones
- Principal
PRAL 805/2023 MESA 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado desecha recurso revisión. Agréguese el oficio firmado electrónicamente y recibido en línea por la actuaria judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, residente en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el que: 1° Acusa recibo del diverso oficio 21571/2023, con el que se le envió el escrito por el que la parte quejosa interpuso recurso de revisión y expresó agravios, además de haberse habilitado el expediente electrónico; e, 2° Informa que ese Tribunal desechó el referido medio de impugnación por improcedente, que radicó con el número de toca ********************. Lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 805/2023 MESA 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Se remite recurso de revisión. Vistos los autos y la certificación de cuenta, advirtiéndose que el promovente del amparo quedó notificado de los acuerdos de treinta de agosto y seis de septiembre del año en curso, por los que, respectivamente, a) se desechó la demanda de amparo y b) se le tuvo interponiendo recurso de revisión en su contra. En esas condiciones, en cumplimiento con lo ordenado en acuerdo dictado el seis de septiembre de este año, realícese la remisión respectiva al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, en turno, del Decimotercer Circuito, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 805/2023 MESA 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de agosto de dos mil veintitrés. 1. Cumplimiento de prevención. Agréguese el escrito que firma ********************, como autorizado del quejoso ********************, mediante el que cumple con la prevención formulada en acuerdo de veintiuno de agosto del año en curso, pues refiere que: Primero. ******************** promueve la demanda de amparo a través de su autorizado, personalidad que tiene reconocida en el expediente ******************** y la segunda instancia en la Primera Sala Civil ********************, pero quien firma este ocurso de aclaración es ********************. Segundo. La Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia es del Estado de Oaxaca. Tercero. Bajo protesta de decir verdad, expresa los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, a saber: 1º Que la prestación reclamada en el expediente civil del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Santiago Pinotepa Nacional, distrito de Jamiltepec, lo es la acción reivindicatoria. 2º El número de expediente de ese juicio es el ********************. 3° El quejoso es parte actora en esa instancia civil. 4º La etapa procesal en la que se encuentra dicho proceso civil, es en la que no se envían los autos originales a la Sala correspondiente y que conocerá y resolverá el recurso de apelación. 5º La fecha en que le fue notificada la resolución reclamada fue el ******************** (sic). 2. Desechamiento de la demanda de amparo por falta de legitimación. Ahora, de la demanda de amparo y escrito aclaratorio se advierte que aunque aparece el nombre del quejoso ********************, quien ha promovido y firmado esos ocursos es ********************, quien dice es autorizado en términos amplios. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia; lo anterior, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 5 de la Ley de Amparo; ya que dichos preceptos refieren: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". Por su parte, los artículos 10, 11, 12, 14 y 15 de la Ley de Amparo señalan: "Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuando se trate del Ministerio Público o cualquier otra autoridad, se aplicarán las reglas del artículo anterior". "Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta". "Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribual (sic) que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente. Si el promovente del juicio posteriormente carece del carácter con el que se ostentó, el órgano jurisdiccional de amparo le impondrá una multa de cincuenta a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada y ordenará la ratificación de la demanda al agraviado dentro de un término de tres días. Al ratificarse la demanda se tramitará el juicio, entendiéndose las diligencias directamente con el agraviado siempre en presencia de su defensor, ya sea de oficio o designado por él, mientras no constituya representante dentro del juicio de amparo. De lo contrario, la demanda se tendrá por no interpuesta y quedarán sin efecto las providencias dictadas en el expediente principal y en el incidente de suspensión". "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona". Esto es, solo la parte agraviada con el acto de autoridad tiene legitimación para acudir en demanda de amparo, quien puede hacerlo a) por sí, b) a través de su representante, c) de su defensor si se trata de una demanda de amparo en materia penal o d) por medio de cualquier persona, incluso menor de edad, en los casos que la ley lo disponga. De las constancias que exhibió el promovente del amparo, aparece que el quejoso, en el expediente ********************, relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio, mediante escrito de ********************, autorizó de forma amplia a ********************, en términos del artículo 108 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, así como 5, 10, 11 y 12 de la Ley de Amparo. El referido numeral 108 del Código Adjetivo Civil del Estado dispone: "Articulo 108. Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, deben designar casa ubicada precisamente en el lugar en que tenga su sede el tribunal para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias, y en su caso, correo electrónico cuando soliciten se les realicen por esta vía las notificaciones personales con el dispositivo de seguridad autorizado por el Poder Judicial. En caso de autorizar a persona para recibir notificaciones, quedará facultada a promover en el juicio con las limitaciones a que se refiere el artículo 2467 del Código Civil, siempre que acredite tener cédula profesional de Licenciado en Derecho. El autorizado podrá renunciar a dicha facultad mediante escrito que presente al Juez o Tribunal que conozca del juicio. Los profesionistas serán responsables de los daños y perjuicios que ocasionen a la parte que los hubiere autorizado, de acuerdo con las disposiciones relativas al mandato. De no acreditarse que se está legalmente autorizado para ejercer la profesión, sólo podrán recibir notificaciones e imponerse de los autos. También deben designar la casa en la que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan. Cuando un litigante no cumpla con lo prevenido en la primera parte de este artículo, las notificaciones, aun las que, conforme a las reglas generales, deban hacerse personalmente, se le harán por lista que se publicará en la página electrónica oficial del Poder Judicial, o en la lista que se publique en los estrados de los juzgados que no tengan internet; si faltare a la segunda parte, no se hará notificación alguna a la persona contra quien promueva, hasta que se subsane la omisión". Así, se promueve la demanda de amparo por tener el carácter de autorizado en términos amplios en el juicio de origen. Respecto al tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la autorización por escrito de un licenciado en Derecho para que a su nombre reciba notificaciones, quien podrá elaborar promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos, no se traduce en que tenga atribuciones para promover juicio de amparo en representación de su autorizante, ya que, conforme a la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; lo que significa, sostuvo, que únicamente el directamente afectado con alguna determinación jurisdiccional puede demandar la protección de la Justicia Federal, principio que la legislación reglamentaria de dicho precepto constitucional señala al disponer en su artículo 4o., que el juicio de amparo sólo podrá seguirlo el agraviado, su representante legal o su defensor, estos últimos podrían ser reconocidos en términos del numeral 13 de la Ley de Amparo, que dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será admitida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas; pero no los autorizados para notificaciones, cuya participación se limita a la defensa del actor exclusivamente en la jurisdicción ordinaria. Ello dio origen a la jurisprudencia de datos de localización y rubro siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2001581 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: 2a./J. 90/2012 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 2, página 1176 Tipo: Jurisprudencia AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 199/2004)". El artículo 108 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca dispone la autorización de una persona para recibir notificaciones, esto es, quedará facultada a promover en el juicio, sede ordinaria, con las limitaciones a que se refiere el artículo 2467 del Código Civil, como lo es para desistir, transigir, comprometer en árbitros, absolver y articular posiciones, hacer cesión de bienes, recusar y recibir pagos; sin embargo, conforme a la fracción I del artículo 107 constitucional, no se encuentra legitimado para promover a nombre del quejoso, ya que su participación se limita a la defensa del actor exclusivamente en la jurisdicción ordinaria. Sin que en el caso se actualice el supuesto previsto por el artículo 13 de la Ley de Amparo, ya que no está reconocida la personalidad del promovente como representante legal o defensor del quejoso, sino de autorizado para recibir notificaciones. Y aunque en el escrito de designación ante la autoridad judicial se invocó el precepto 12 de la Ley de Amparo, ello no se traduce en que tenga facultades para promover el juicio constitucional; porque, en su caso, sólo podría interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante, pero no para promover el juicio de amparo que sólo debe ser instado por quien alega sufrir un agravio personal y directo. Se invoca en apoyo a lo anterior, por tratar sobre el tema, la jurisprudencia de datos de localización y rubro siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 161909 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 37/2011 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Junio de 2011, página 68 Tipo: Jurisprudencia AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional". Por tanto, ******************** carece de legitimación para instar la acción de amparo como autorizado en términos amplios del quejoso que ostentó. Apoya lo anterior, en términos del artículo sexto transitorio, la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Novena Época Registro: 196956 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Enero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 75/97 Página: 351 LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable". Ante ello, con fundamento, además, en el artículo 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA, DE PLANO, POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, la referida demanda de amparo. Domicilio para recibir notificaciones. Por otra parte, el promovente reitera su petición de que se realicen las notificaciones por correo electrónico o el número telefónico proporcionado; al respecto, dígasele que deberá estarse a lo acordado el veintiuno de agosto del año en curso, esto es, al tenerse como medios de comunicación no procesales. Notifíquese por lista a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 805/2023 MESA 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. 1. Demanda de amparo y registro. Por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho y por conducto de su abogado ********************, contra actos de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y de otra autoridad, presentada el diecisiete de agosto del año en curso en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en este municipio de San Bartolo Coyotepec, turnada el dieciocho de agosto siguiente a este órgano jurisdiccional; fórmese expediente con el número ********************/2023. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que en el expediente electrónico sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Prevención. De la lectura de la demanda de amparo se advierten irregularidades y omisiones por lo siguiente: I) Personalidad. a. ******************** promueve por propio derecho, pero también dice que es por conducto de su abogado ********************, quien es el que firma la demanda de amparo, no así el primero de ellos. Por tanto, el quejoso ya no promovería por propio derecho, sino a través de su abogado. b. A su vez, quien firma la demanda de amparo dijo tener el carácter de autorizado ampliamente en el principal, en la segunda instancia y ahora ante este Juzgado Federal (sic), de quien se señaló el número de cédula profesional y el registro único en la base de datos respectivo. Sin embargo, no exhibe documento alguno del que se demuestre el carácter que tiene reconocido ante la autoridad responsable, obligación que debe observar conforme a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter que ostenta". Además, sobre el tema ya se pronunció en la jurisprudencia que por contradicción de tesis la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2012992 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 124/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, página 1449 Tipo: Jurisprudencia PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa". Lo que también encuentra apoyo en las tesis emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en las páginas 1107 y 1537, en los Tomos XLVIII y XXVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de rubros y textos siguientes: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. Aun cuando el artículo 13 de la ley orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, establece que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será admitida en el juicio de amparo, para todos los efectos legales, esto no quiere decir que baste la afirmación que se haga en la demanda de amparo, de que el carácter de representación con que se promueve, fuere reconocida por la autoridad responsable, para que se tenga por cierta la aseveración, sino que es necesario acreditar ese hecho, por los medios legales correspondientes"; y "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. No basta, para acreditarla, que haya sido reconocida por la autoridad responsable, pues la Corte ha venido sustentando la jurisprudencia de que tal reconocimiento no es bastante para que se tenga por comprobada la personalidad del promovente en el amparo sino que se necesita que se compruebe expresamente en este juicio". Y para el caso de que promoviera como autorizado legal del quejoso, como lo establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, es de señalarle que en la demanda de amparo el quejoso debió haberlo designado como tal y, sólo en ese caso, previos requisitos satisfechos, se le tendrá reconocido ese carácter, pero no es posible jurídicamente que el autorizado se autorice en términos amplios, porque, se reitera, el quejoso es el que debe externar su voluntad para ello. Como se advierte de la tesis aislada que dice: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2021840 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a. VIII/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456 Tipo: Aislada AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública". II) Autoridad responsable. Señala como autoridad responsable a: La Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, como autoridad ordenadora. El Juzgado Mixto de Primera Instancia en Santiago Pinotepa Nacional, distrito judicial de Jamiltepec de nuestro -sic- Estado, como autoridad ejecutora. Y dice que ambos tienen domicilio bien conocido en esta ciudad, pero la firma fue suscrita en la Ciudad de México, y la ejecutora tiene su sede en Jamiltepec, Oaxaca. Así, no es claro en señalar cuál es el lugar de residencia de la autoridad ordenadora. III) Hechos y abstenciones que constituyen antecedentes de los actos reclamados: El promovente señala como acto reclamado el siguiente: La determinación dictada el ********************, dentro del toca civil ********************, que declaró improcedente el recurso de queja, en especial en el considerando segundo en el que no aplica la figura de suplencia de la deficiencia de la queja y aplicó de forma inexacta los artículos 316 fracción VII, 387, 696 Bis del Código Procesal Civil. Y en el capítulo relativo a los hechos y abstenciones que constituyen antecedentes de esos actos reclamados, el quejoso únicamente refirió, bajo protesta de decir verdad, que: 1. El ******************** presentó un recurso de queja que recayó en la Primera Sala Civil. 2. Se le conceda (sic) para efecto de que la Sala le ordene a su inferior remita los autos originales, para que conozca del recurso de apelación y se resuelva sobre la competencia del juez Mixto de Primera Instancia que se declaró incompetente. Como agravio refiere que en esa resolución solo se concretó a referir de que la respuesta al escrito de queja, sin referirse cuál es el documento legal para que la juez en su acuerdo en que acepta el recurso de apelación, exprese que se reserva el envío de los autos originales a la Sala Civil que conocerá y resolverá el recurso de apelación, por lo que solicita se le conceda el amparo para que se ordene a la Sala que acepta a trámite el recurso de queja y ordene al Juzgado que envíe los autos originales a la Sala en turno. Que en la Sala Segunda se tramitó el recurso de queja con el toca 40/2023, para que ordene al juez natural acepte el recurso de apelación, y en el segundo se tramitó únicamente para que le ordenaran al juez los autos originales, de lo contrario, es como si no hubiera aceptado el recurso de apelación. Sin embargo, se advierten omisiones en esos hechos y abstenciones que constituyen antecedente de la resolución reclamada, a saber: 1º Cuál fue la prestación reclamada en el expediente civil del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Santiago Pinotepa Nacional, distrito de Jamiltepec. 2º El número de expediente de ese juicio. 3° Si el quejoso es parte demandada o actora en esa instancia civil. 4º La etapa procesal en la que se encuentra dicho proceso civil. 5º La fecha en que le fue notificada la resolución reclamada. Ello es así, ya que, para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con anterioridad a los actos reclamados, precisando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron y, que por su estrecha relación, resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público; ello, independientemente de que pudiera advertirse de las constancias que en su caso remita la responsable, pues, se reitera, la manifestación de esos hechos es un requisito que se debe expresar en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, considerando que ese requisito crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos. Se invoca en apoyo, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia de datos de localización y rubro siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2010471 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 64/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, página 713 Tipo: Jurisprudencia DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE". Por tanto, con fundamento en los artículos 114, fracciones I y II, y 108, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, se previene al promovente del amparo para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, por escrito que formará parte integrante de su demanda de amparo: Primero. Exhiba la constancia o documento que acredite la personalidad que ostenta. Se invoca en apoyo, en términos del artículo sexto transitorio, la jurisprudencia P.J. 43/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 48 del tomo IV, julio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, registro 200084, con el rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO." Segundo. Diga de qué Estado es la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia. Tercero. Exprese, bajo protesta de decir verdad, los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, a saber: 1º Cuál fue la prestación reclamada en el expediente civil del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Santiago Pinotepa Nacional, distrito de Jamiltepec. 2º El número de expediente de ese juicio. 3° Si el quejoso es parte demandada o actora en esa instancia civil. 4º La etapa procesal en la que se encuentra dicho proceso civil. 5º La fecha en que le fue notificada la resolución reclamada. Es aplicable la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 393 tomo CVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que refiere, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA". 4. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. 5. Domicilio para oír y recibir notificaciones. La parte quejosa señala como domicilio para recibir notificaciones un correo electrónico, por lo cual se procedió a la búsqueda del mismo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo al reporte de autorizados para consultar el expediente electrónico, sin encontrarse el proporcionado como "********************" a que se refiere en la demanda de amparo, por tanto, no puede ser considerada como una forma de notificación a la parte quejosa. Así, como el juicio no fue tramitado en línea, tampoco se señaló domicilio para ese efecto, las notificaciones que deriven de este juicio, aun las que tengan el carácter de personal, se realizarán mediante lista, conforme lo dispuesto por la fracción III, inciso a) del numeral 27 de la Ley de Amparo; hasta en tanto se designe domicilio para tal efecto. 6. Canales de comunicación alternos proporcionados. Se tiene a la parte quejosa proporcionando un correo electrónioco y dos números telefónicos para entablar comunicación no procesal, en términos del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. 7. Integración de notificaciones al expediente electrónico. Se ordena al (la) actuario (a) de la adscripción que las notificaciones que se generen en este expediente, inmediatamente a su realización, las integre al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con la finalidad de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. 8. Publicación de versión pública de resolución. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta determinación, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que, en su momento, sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 9. Medios tecnológicos y soluciones digitales aplicables a expedientes. Atendiendo los artículos 252, 253, 261 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, vigente, se comunica a la parte quejosa que este asunto se tramitará e integrará a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por tanto: 1º Como se inició a través de un documento físico, sólo se imprimirán las actuaciones que resulten indispensables, como las constancias de notificación, y servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, pues los expedientes electrónicos son los que tendrán validez para la consulta de las partes; 2º La documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, y no se imprimirán ni agregarán al expediente impreso. 3º Ello, bajo ninguna circunstancia se obstaculiza la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. 4º Podrá consultar este expediente mediante el uso de los dispositivos electrónicos respectivos. 5º Se privilegiará el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias. 6º En caso de que alguna de las partes acuda físicamente a este Juzgado o cuando deseen asistir personalmente a consultar los expedientes por no ser posible a través de los dispositivos electrónicos, sólo se llevará a cabo a través del uso del equipo de cómputo que se tiene destinado para el efecto, en un horario de nueve horas con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos de lunes a viernes hábiles. Notifíquese por lista a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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