Sharen Coral Alavez Bravo y Otros.

Expediente 700/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 16 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
700/2020
Año
2020
Actuaciones
16
Última actuación
17/05/2021

Partes del expediente

  • Sharen Coral Alavez Bravo y Otros.
  • Sharen Coral Alavez Bravo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    PRAL 700/2020-1A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. 1. Estado de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia autorizada el treinta de marzo de dos mil veintiuno, en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo y, por otra, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a Sharem Coral Alavez Bravo, por propio derecho y en representación del menor S.M.C.A., sin que se hubiera interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. 2. Causa ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 3. Publicación de datos personales. En el momento oportuno, considérese que la parte quejosa se opuso a la publicación de sus datos personales; no obstante ello, con fundamento, en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, la publicación de la sentencia relativa se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. 5. Destino. Conforme al artículo 18, del acuerdo en cita, atento al sentido de la sentencia de amparo, este expediente es depurable, mientras, será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años; una vez cumplido ese plazo, dentro de los noventa días siguientes procédase a su depuración, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, previa digitalización. 6. Instrucción a Secretaría. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, según corresponda. 7. Remisión de documental a responsables. Se ordena devolver los tomos anexos que remitieron el a) juez Octavo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo Civil del distrito judicial del Centro y b) agente del Ministerio Público adscrita a dicho Juzgado, residentes en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, como justificación de su informe, según acuerdos de diez y dieciséis de diciembre de dos mil veinte, ya que se estima innecesaria su permanencia en este órgano jurisdiccional, al haberse ordenado el archivo del juicio de amparo como asunto concluido. 8. Devolución de documental. Como la parte quejosa exhibió con el escrito de aclaración de la demanda de amparo diversas documentales; con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo, del Acuerdo General invocado, se requiere a dicha parte para que en el plazo de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger esas constancias, para lo cual deberá obtener el código qr con el que tendrá acceso al edifico sede en el que se encuentra este órgano jurisdiccional; con apercibimiento que, si no se presenta para tal fin, las mismas serán destruidas, sin previo acuerdo. 9. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA Número de expediente: 700/2020 Acuerdo: PRAL 700/2020-1A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. 1. Estado de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia autorizada el treinta de marzo de dos mil veintiuno, en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo y, por otra, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a Sharem Coral Alavez Bravo, por propio derecho y en representación del menor S.M.C.A., sin que se hubiera interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. 2. Causa ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 3. Publicación de datos personales. En el momento oportuno, considérese que la parte quejosa se opuso a la publicación de sus datos personales; no obstante ello, con fundamento, en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, la publicación de la sentencia relativa se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. 5. Destino. Conforme al artículo 18, del acuerdo en cita, atento al sentido de la sentencia de amparo, este expediente es depurable, mientras, será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años; una vez cumplido ese plazo, dentro de los noventa días siguientes procédase a su depuración, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, previa digitalización. 6. Instrucción a Secretaría. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, según corresponda. 7. Remisión de documental a responsables. Se ordena devolver los tomos anexos que remitieron el a) juez Octavo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo Civil del distrito judicial del Centro y b) agente del Ministerio Público adscrita a dicho Juzgado, residentes en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, como justificación de su informe, según acuerdos de diez y dieciséis de diciembre de dos mil veinte, ya que se estima innecesaria su permanencia en este órgano jurisdiccional, al haberse ordenado el archivo del juicio de amparo como asunto concluido. 8. Devolución de documental. Como la parte quejosa exhibió con el escrito de aclaración de la demanda de amparo diversas documentales; con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo, del Acuerdo General invocado, se requiere a dicha parte para que en el plazo de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger esas constancias, para lo cual deberá obtener el código qr con el que tendrá acceso al edifico sede en el que se encuentra este órgano jurisdiccional; con apercibimiento que, si no se presenta para tal fin, las mismas serán destruidas, sin previo acuerdo. 9. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 700/2020-1A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Estado de autos. Vistos los autos, advirtiéndose que no obra la constancia que acredite que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, hubiere quedado notificada de la sentencia autorizada el treinta de marzo del año en curso, la cual se ordenó notificar personalmente. Instrucción al (la) actuario (a) adscrito (a). En esas condiciones, se instruye al (la) actuario (a) encargado (a) del trámite de este expediente para que, de estar pendiente: a) La notificación a dicha parte procesal de la resolución de que se trata de treinta de marzo de este año, la realice de inmediato, a efecto de estar en condiciones de acordar lo procedente o, en su caso, manifieste la imposibilidad que ha tenido para realizar la entrega de la copia autorizada respectiva. b) La digitalización de alguna constancia de notificación, la efectúe, y así se integre debidamente el expediente electrónico mediante la coincidencia con el expediente impreso; ello, con la finalidad de favorecer el trabajo a distancia que establece el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL. 700/2020-1A* Audiencia constitucional. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las diez horas con un minuto del doce de marzo de dos mil veintiuno, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional en este juicio de amparo 700/2020, como se ordenó en proveído de diecinueve de febrero del año en curso, sin que las partes solicitaran asistir a dicha audiencia. treinta de marzo de dos mil veintiuno Apertura de audiencia. Abierta esta etapa, la secretaria a) hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por Sharem Coral Alavez Bravo, por propio derecho y en representación del menor S.M.C.A., e informes justificados de las autoridades responsables; y b) hace constar que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales; sin embargo, la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo manifestó su oposición a la publicación de sus datos personales en este juicio. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Por cuanto a que solo la parte quejosa se opuso a la publicación de sus datos personales, tómese en consideración en el momento procesal oportuno. Etapa probatoria. Acto continuo, abierta la fase probatoria, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que: I. La parte quejosa ofreció la prueba documental consistente en el atestado del registro civil relativo al nacimiento del menor quejoso y credencial para votar expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a nombre de la quejosa Sharem Coral Alavés Bravo. II. Las autoridades responsables: a) Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Octavo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo Civil del distrito judicial del Centro, residente en la ciudad de Oaxaca, al rendir su informe justificado ofreció como prueba la documental consistente en copia certificada de diversas constancias derivadas del expediente 248/2020, con las que, debido a la voluminosidad, se ordenó formar el tomo anexo I a este juicio de amparo. b) Juez Octavo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo de lo Civil del distrito judicial del Centro, al rendir el informe justificado, ofreció la documental consistente en copia certificada de los expedientes 212/2020 y 248/2020, de su inventario, con la cual se ordenó formar los tomos anexos II y III, relativos a este juicio. A lo que se acuerda: En términos del numeral 119 de la Ley de Amparo se admite la referida prueba, misma que se desahoga en razón de su propia naturaleza, para ser considerada al resolver este juicio; no existiendo más pruebas que desahogar ni escrito de las partes que acordar, se cierra esta etapa. Fase de alegatos. Abierto este periodo, se hace constar que las partes no los formularon; se cierra esta etapa y se procede a dictar la sentencia respectiva. PONCIANO VELASCO VELASCO. TITULAR DEL JUZGADO DÉCIMO DTTO EDO OAXACA BEATRIZ BERNARDITA MARTÍNEZ MARTÍNEZ. SECRETARIA DE JUZGADO. Sentencia. Visto para resolver el juicio de amparo número 700/2020; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido el treinta de octubre de dos mil veinte (fojas 6 a 11) en el buzón judicial de la Oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, remitido el tres de noviembre siguiente, por razón de turno, al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, Sharem Coral Alavez Bravo, por propio derecho y en representación del menor S.M.C.A., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados y autoridades responsables siguientes: 1. Juez Octavo de lo Familiar del Centro. -La omisión de hacer efectivo y salvaguardar el interés superior del niño, respecto de su derecho de visita y convivencia con sus padres y con la familia de ambos, que le permita el sano desarrollo de aquéllos, pues conlleva al conocimiento y trato directo que tienen los infantes con sus ascendientes y demás parientes a fin de lograr su cabal integración al núcleo familiar y obtener identidad plena al grupo social al que pertenecen. -Dejar de garantizar el cumplimiento de sus determinaciones, al dejar de hacer efectivo sus acuerdos, con auxilio de medidas de apremio correspondientes. -La omisión de pronunciarse respecto de la petición verbal en la audiencia de fecha veintisiete de octubre de dos mil veinte, y un escrito relativos a la petición respectiva de dictar medidas de apremio para garantizar la recuperación del menor (SMCA), en el expediente familiar 248/2020, presentados en el Juzgado Octavo de lo Familiar el veintinueve de agosto de dos mil veinte. -La omisión de garantizar se cumpla la convivencia del menor (SMCA) y su progenitora Sharem Coral Alavez Bravo. 2. Secretario de Acuerdos del Juzgado Octavo de lo Familiar del centro: -La omisión de acordar la petición verbal en la audiencia de fecha veintisiete de octubre de dos mil veinte y un escrito relativos a la petición respectiva de dictar medidas de apremio para garantizar la recuperación del menor (SMCA), en el expediente familiar 248/2020, presentados en el Juzgado Octavo de lo Familiar el veintinueve de agosto de dos mil veinte. -La omisión de garantizar se cumpla la convivencia del menor (SMCA) y su progenitora Sharem Coral Alavez Bravo. 3. Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Octavo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro. -La omisión de salvaguardar y garantizar el interés superior del niño, respecto de su derecho de visita y convivencia con sus padres y con la familia de ambos, que le permita el sano desarrollo de aquéllos, pues conlleva al conocimiento y trato directo que tienen los infantes con sus ascendientes y demás parientes a fin de lograr su cabal integración al núcleo familiar y obtener identidad plena al grupo social al que pertenecen. -La omisión de iniciar las denuncias de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad y de falsedad de declaración ante una autoridad judicial, esto para garantizar se cumpla la convivencia del menor (S.M.C.A) y su progenitora Sharem Coral Alavez Bravo. La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 4o, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro de la demanda de amparo e incompetencia por relación. En el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca se ordenó formar el juicio de amparo 667/2020 mediante auto de cuatro de noviembre de dos mil veinte y se determinó que al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, ese Juzgado de Distrito era legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, por relación, por lo que ordenó remitir el expediente a este órgano jurisdiccional (fojas 12 a 14). Tercero. Se registra demanda de amparo y se admite competencia planteada. Mediante proveído de nueve de noviembre de dos mil veinte (fojas 18 a 21): I. Se tuvo por recibido el oficio del secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en este municipio, por el que remitió los autos originales del juicio de amparo 667/2020, de su índice. II. Se aceptó la competencia declinada, avocándose al conocimiento del mismo. III. Se previno a la parte quejosa la aclarara y se solicitó al titular de dicho órgano de control constitucional vinculara el expediente electrónico 667/2020 de su índice, a este juicio de amparo 700/2020. Cuarto. Cumplimiento de prevención se admite y desecha demanda de amparo. En auto de diecinueve de noviembre de dos mil veinte (fojas 35 a 39): a) Se tuvo por aclarada la demanda de amparo; b) Y, por una parte, se desechó la promoción inicial constitucional respecto de los actos reclamados al secretario de acuerdos del Juzgado Octavo de lo Familiar del distrito judicial del Centro y, por otra, se admitió en relación a los actos reclamados a las autoridades responsables siguientes: 1º Juez Octavo de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca; y, 2º Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Octavo de lo Familiar del distrito judicial del Centro. c) Se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se solicitó el informe justificado respectivo, se citó a las partes para la audiencia constitucional y se ordenó el emplazamiento de Samuel Alejandro Cruz Gaytán como tercero interesado en este juicio de amparo, mismo que quedó emplazado el nueve de diciembre de dos mil veinte. Quinto. Causa estado. Por acuerdo de tres de diciembre de ese año, dos mil veinte, causó estado el acuerdo por el que se desechó parcialmente la demanda de amparo (foja 59). Sexto. Representante especial. En proveído de uno de marzo de dos mil veintiuno se tuvo a la trabajadora social adscrita al Juzgado Octavo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo Civil del distrito judicial del Centro, residente en la ciudad de Oaxaca, compareciendo a este juicio de amparo como representante especial del menor S.M.C.A., en términos del numeral 8 de la Ley de Amparo (foja 104), por haber sido designada mediante auto de diecinueve de febrero de este año, con tal carácter (fojas 92 y 93). Séptimo. Audiencia constitucional. Y, previo trámite del procedimiento, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza civil, y el acto se reclama de una autoridad residentes en la ciudad de Oaxaca de Juárez, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que de la demanda de amparo y constancias de autos se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa y por los que se realizará el análisis relativo, son: 1. Juez Octavo de lo Familiar del centro: -La omisión de hacer efectivo y salvaguardar el interés superior del niño, respecto de su derecho de visita y convivencia con sus padres y con la familia de ambos, que le permite el sano desarrollo de aquéllos, pues conlleva al conocimiento y trato directo que tienen los infantes con sus ascendientes y demás parientes a fin de lograr su cabal integración al núcleo familiar y obtener identidad plena al grupo social al que pertenecen. -Dejar de garantizar el cumplimiento de sus determinaciones, al no hacer efectivo sus acuerdos, con auxilio de medidas de apremio correspondientes. -La omisión de pronunciarse respecto de la petición verbal en la audiencia de fecha veintisiete de octubre de dos mil veinte, de dictar medidas de apremio para garantizar la recuperación del menor (SMCA), en el expediente familiar 248/2020. -La omisión de pronunciarse respecto de la petición formulada por escrito relativo a dictar medidas de apremio para garantizar la recuperación del menor (SMCA), en el expediente familiar 248/2020, presentado en el Juzgado Octavo de lo Familiar el veintinueve de agosto de dos mil veinte. -La omisión de garantizar se cumpla la convivencia del menor (SMCA) y su progenitora Sharem Coral Alavez Bravo. 2. Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Octavo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro. -La omisión de salvaguardar y garantizar el interés superior del niño, respecto de su derecho de visita y convivencia con sus padres y con la familia de ambos, que le permita el sano desarrollo de aquéllos, pues conlleva al conocimiento y trato directo que tienen los infantes con sus ascendientes y demás parientes a fin de lograr su cabal integración al núcleo familiar y obtener identidad plena al grupo social al que pertenecen. -La omisión de iniciar las denuncias de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad y de falsedad de declaración ante una autoridad judicial, esto para garantizar se cumpla la convivencia del menor (SMCA) y su progenitora Sharem Coral Alavez Bravo. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, juez Octavo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo de lo Civil del distrito judicial del Centro, con sede en la ciudad de Oaxaca, consistente en la omisión de pronunciarse respecto de la petición realizada: 1º De forma verbal en la audiencia de fecha veintisiete de octubre de dos mil veinte, para que dicte medidas de apremio para garantizar la recuperación del menor; y, 2º Por escrito, para que dicte medidas de apremio a fin de garantizar la recuperación del menor, en el expediente familiar 248/2020, presentado el veintinueve de agosto de dos mil veinte. Ello, porque la referida autoridad, al rendir su informe justificado, negó la existencia de dichos actos (fojas 79 y 80). Ahora, debe señalarse que el quejoso reclama actos de carácter negativos, que consisten, según su afirmación, en una abstención, esto es, algo que la autoridad se rehusó a hacer. Por su parte, la autoridad responsable negó que se hubiere rehusado a hacer algo. Al respecto, el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que esta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Así, por imperativo constitucional, toda autoridad está obligada a respetar el ejercicio del derecho de petición de los gobernados, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, que la obliga a acordarlo también por escrito y hacerlo del conocimiento del peticionario en breve término. Ese ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de emitir una respuesta, se caracterizan por lo siguiente: La petición debe: 1. Formularse de manera pacífica y respetuosa. 2. Dirigirse a una autoridad. 3. Proporcionar un domicilio para recibir respuesta. La contestación debe: a. Emitirse en breve término. b. Ser congruente con la petición. c. Ser notificada en el domicilio señalado para ese efecto. Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 162603 Jurisprudencia Materias(s): Constitucional, Administrativa Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: Tomo XXXIII, Marzo de 2011 Tesis: XXI.1o.P.A. J/27. Página: 2167 DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa". Entonces, para que se emita una respuesta, debe haberse demostrado que se presentó ante la autoridad el escrito relativo, como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en la página 39, Tomo CXXII, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, registro 265314, que refiere: "PETICION, DERECHO DE. ABSTENCION DE LAS RESPONSABLES A ACCEDER A UNA SOLICITUD. DEBE SOBRESEERSE CUANDO NO SE DEMUESTRA QUE LA AUTORIDAD CONOCIO LA SOLICITUD. Cuando el acto reclamado se hace consistir en un hecho positivo, la negativa de la autoridad sobre la existencia de tal hecho obliga al quejoso a desvirtuarla y en caso de que esto no suceda procederá estimar que no existió el acto reclamado y, en consecuencia, deberá sobreseerse en el juicio; en cambio, cuando se reclama un hecho negativo, a saber, una abstención, y las autoridades no obstante negar expresamente su existencia, admiten no haber llevado a cabo el acto cuya abstención se reclama, ello debe dar como resultado, no que se sobresea en el juicio por inexistencia de los actos reclamados, toda vez que la abstención existe, sino que se examine si no se presenta alguna otra causal de improcedencia y en caso contrario se entre al examen de los conceptos de violación y se concluya otorgando o negando el amparo, según se llegue a establecer que dicha abstención fue o no violatoria de garantías. Sin embargo, no existe esa hipótesis en los casos en que no se demuestra que se hubiera presentado a la autoridad el escrito por el que se solicitaba la resolución cuya abstención se reclama, toda vez que al no haberse probado la petición, no puede estimarse existente la abstención a responderla, debiéndose por ello sobreseer en el juicio". Por lo anterior, si el acto reclamado lo constituye la omisión de pronunciarse sobre las peticiones que dice la quejosa le realizó, corresponde a ésta demostrar que las presentó ante la autoridad responsable. Se invoca en apoyo, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 197269 Aislada. Materias(s): Común Novena Época. Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: Tomo VI, Diciembre de 1997 Tesis: 2a. CXLI/97. Página: 366 ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última". En el caso, la parte quejosa manifestó en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que: 1º El veintisiete de octubre de dos mil veinte, en audiencia y de forma verbal; y, 2º El veintinueve de agosto de dos mil veinte, por escrito: Solicitó a la responsable que dictara medidas de apremio para garantizar la recuperación del menor, en el expediente familiar 248/2020, De las constancias que exhibió dicha autoridad judicial responsable, deducidas del juicio familiar 248/2020, que obran como tomos anexos II y III, con pleno valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, no se advierte la existencia de ese ocurso a que se refiere la quejosa. Aunado a que ese juicio familiar fue iniciado el ocho de septiembre de dos mil veinte, ante la presentación de la demanda con fecha treinta y uno de agosto de ese año, por lo que no pudo existir la petición a que se refiere la parte quejosa, que dijo presentó el veintinueve de agosto de ese año. Y, por otra parte, en la audiencia de veintisiete de octubre de dos mil veinte, la quejosa no formuló la petición que menciona, como se advierte del acta relativa (fojas 18 a 20 del tomo anexo I). En consecuencia, como no queda demostrado que la quejosa realizara las peticiones ante la juez responsable, procede sobreseer en el juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y en la tesis de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 265314 Instancia: Segunda Sala Sexta Época. Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen CXXII, Tercera Parte, página 39. Tipo: Aislada PETICION, DERECHO DE. ABSTENCION DE LAS RESPONSABLES A ACCEDER A UNA SOLICITUD. DEBE SOBRESEERSE CUANDO NO SE DEMUESTRA QUE LA AUTORIDAD CONOCIO LA SOLICITUD. Cuando el acto reclamado se hace consistir en un hecho positivo, la negativa de la autoridad sobre la existencia de tal hecho obliga al quejoso a desvirtuarla y en caso de que esto no suceda procederá estimar que no existió el acto reclamado y, en consecuencia, deberá sobreseerse en el juicio; en cambio, cuando se reclama un hecho negativo, a saber, una abstención, y las autoridades no obstante negar expresamente su existencia, admiten no haber llevado a cabo el acto cuya abstención se reclama, ello debe dar como resultado, no que se sobresea en el juicio por inexistencia de los actos reclamados, toda vez que la abstención existe, sino que se examine si no se presenta alguna otra causal de improcedencia y en caso contrario se entre al examen de los conceptos de violación y se concluya otorgando o negando el amparo, según se llegue a establecer que dicha abstención fue o no violatoria de garantías. Sin embargo, no existe esa hipótesis en los casos en que no se demuestra que se hubiera presentado a la autoridad el escrito por el que se solicitaba la resolución cuya abstención se reclama, toda vez que al no haberse probado la petición, no puede estimarse existente la abstención a responderla, debiéndose por ello sobreseer en el juicio". Cuarto. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables, a) juez Octavo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo de lo Civil del distrito judicial del Centro (fojas 79 y 80) y b) agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Octavo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo Civil del distrito judicial del Centro (fojas 74 a 76), residentes en la ciudad de Oaxaca, al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos reclamados. Al efecto, la autoridad judicial responsable manifestó que: 1. Se encuentra radicado el expediente 248/2020, relativo al juicio de controversias del orden familiar, promovido por Samuel Alejandro Cruz Gaytán, por propio derecho y en representación de su menor hijo S.M.C.G., contra Sharem Coral Alavez Bravo, en el que por auto de ocho de septiembre de dos mil veinte se dio trámite a la demanda presentada por el actor y en dicho proveído se acordó la medida provisional de guarda y custodia en los términos ahí precisados. 2. El quince de octubre de dos mil veinte ante la comparecencia del actor Samuel Alejandro Cruz Gaytán, se señalaron las once horas del día veintisiete de octubre de ese año, para que tuviera verificativo una audiencia de carácter familiar y dicha autoridad estuviera en condiciones de ordenar, en su caso, la revocación de la guarda y custodia en forma provisional decretada en autos, así como tomar las medidas correspondientes a fin de salvaguardar la integridad tanto física como psicológica del menor. 3. En audiencia de carácter familiar de fecha veintisiete de octubre de dos mil veinte se determinó: -Que atendiendo a lo manifestado por los comparecientes y la representante social prevalece lo ordenado en forma provisional respecto a la guarda y custodia compartida que fue ordenada en favor de ambos progenitores. -Apercibió a ambos progenitores que en caso de continuar con sus actitudes y conductas que pudieran poner en riesgo al infante se daría intervención a la Procuraduría para la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado, para que interviniera en el asunto conforme a sus facultades y atribuciones. -Se requirió al actor Samuel Alejandro Cruz Gaytán hiciera entrega en forma inmediata del menor a su progenitora y diera cumplimiento a lo ordenado por dicha autoridad judicial. -Se exhortó a la progenitora no sacar al menor de edad a espacios no autorizados, privilegiando en todo momento la salud del mismo, debido a la pandemia que ha generado el virus denominado covid-19 en nuestra entidad, a nivel nacional y mundial, sin previa comunicación con su progenitor. 4. El veintiocho de octubre de ese año ante la comparecencia de Sharem Coral Alavez Bravo, se señalaron las trece horas de la misma fecha para la recuperación forzosa de su menor hijo, ante el incumplimiento dado del progenitor a lo ordenado el veintisiete de octubre de dos mil veinte. 5. Con fecha tres de noviembre de dos mil veinte ante la presencia del actor y el menor de edad, se hizo entrega de este último a su progenitora y en dicha data se apercibió a los progenitores que, para el caso de no cumplir con las determinaciones dictadas en el expediente 248/2020, dicha autoridad judicial revocaría la guarda y custodia que en forma provisional les fue concedida en forma compartida. 6. Por auto de nueve de noviembre último se señaló a la demandada que no había lugar a hacer efectivo el apercibimiento formulado en audiencia de veintiocho de octubre de ese año, toda vez que la finalidad del mismo fue para que presentara al infante ante el personal de dicho Juzgado a fin de hacerle entrega del menor de edad S.M.C.G., para que ejerciera su derecho de convivencia, así como guarda y custodia en forma compartida que le fue concedida por dicha autoridad judicial, máxime que el actor por audiencia celebrada el tres de noviembre siguiente dio cumplimiento a lo ordenado por esa autoridad. Ahora, esas manifestaciones en las que las autoridades refieren que no incurrieron en las omisiones reclamadas, implicarían un estudio del fondo del asunto, pero no para determinar su inexistencia; de ahí que se tienen por ciertos los actos que se les atribuyen. Y como justificación de dichos informes se tiene la copia certificada de diversas constancias derivadas del expediente 248/2020 y 212/2020, con las que, debido a la voluminosidad, se ordenó formar los tomos anexos I, II y III, a este juicio de amparo. Quinto. Concepto de violación. La parte quejosa expresó sus respectivos conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este Juzgado Federal a transcribirlos, sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar. En este considerando se realizará el análisis de los actos reclamados siguientes: 1º La omisión de hacer efectivo y salvaguardar el interés superior del niño, respecto de su derecho de visita y convivencia con sus padres y con la familia de ambos, que le permite el sano desarrollo de aquéllos, pues conlleva al conocimiento y trato directo que tienen los infantes con sus ascendientes y demás parientes a fin de lograr su cabal integración al núcleo familiar y obtener identidad plena al grupo social al que pertenecen. 2º Dejar de garantizar el cumplimiento de sus determinaciones, al no hacer efectivo sus acuerdos, con auxilio de medidas de apremio correspondientes. 3º La omisión de garantizar se cumpla la convivencia del menor (SMCA) y su progenitora Sharem Coral Alavez Bravo. Que se reclaman al juez Octavo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo de lo Civil del distrito judicial del Centro. Lo anterior, porque se refieren a un mismo tema, como es el de la convivencia del menor con su progenitora, del que dice esta última la responsable no ha garantizado su cumplimiento, al no hacer efectivo los apercibimientos relativos. Conceptos de violación. La quejosa refiere (fojas 10 reverso y 11 del juicio de amparo) que las responsables incumplen con los artículos 56, 58, 77, 79 y 962 del Código de Procedimientos del Estado de Oaxaca, pues a pesar de que obligan a las autoridades judiciales para actuar sin dilación alguna cuando reciban una solicitud de protección de un menor, hasta el momento, en el caso, no se ha hecho efectivo el cumplimiento de los medios de apremio decretados, a fin de garantizar el derecho del menor. Además, dice, existen artimañas dilatorias que han sido toleradas por la autoridad responsable. Análisis. Es de señalarse que el menor quejoso, actualmente, cuenta con la edad de cinco años tres meses de edad, por haber nacido el siete de enero de dos mil dieciséis (foja 31 reverso del juicio de amparo); por tanto, de ser el caso, operará la suplencia de la queja en su beneficio, si se advirtiera la afectación en su esfera jurídica, atento a la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 175053 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 191/2005 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Mayo de 2006, página 167 Tipo: Jurisprudencia MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz. Ello es así, porque dicha suplencia de la queja busca proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, sin que pueda tener como fin favorecer a alguno de los progenitores, atento a la tesis 1ª CCII/2018 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE A FAVOR DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. AL APLICARLA EN UN LITIGIO DE GUARDA Y CUSTODIA, NO TIENE COMO FIN FAVORECER A ALGUNO DE LOS PROGENITORES. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, de rubro: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.",(1) consideró que siempre que esté de por medio, directa o indirectamente el bienestar de un menor de edad, los juzgadores y juzgadoras tienen el deber de suplir la deficiencia de la queja en toda su amplitud. Ahora bien, no puede de alguna manera afirmarse que se esté favoreciendo a uno de los progenitores en detrimento de los derechos de los niños y niñas involucrados, cuando se supla la queja en los casos en que éstos se vean involucrados directa o indirectamente y se otorgue su guarda y custodia a uno de los progenitores. En efecto, en los casos en que sea objeto de litigio la guarda y custodia de niños, niñas y adolescentes, necesariamente a uno de los progenitores le será otorgada ésta y se verá de algún modo colmada su pretensión, pero el sustento y el móvil de tal determinación es y debe ser siempre el interés superior del menor, pues es a la luz de este principio constitucional que se suple la deficiencia de la queja, con la finalidad de hacerlo operativo y lograr la protección efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los casos litigiosos que les afecten". De ahí que cuando la institución de la suplencia de la queja opera en asuntos en los cuales pueda verse afectado el orden y desarrollo de la familia, respecto de cualquiera de sus integrantes, el interés de los menores de edad e incapaces será superior a cualquier otro, incluso al de sus progenitores, por ser de importancia para la sociedad y el Estado proteger los derechos de esas personas. Ahora, el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte sustancial, señala expresamente lo siguiente: "Artículo 4º. - - - - - . En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez". Por su parte, los artículos 3.1 y 3.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño establecen que en cualquier medida que tomen las autoridades estatales deben tener en cuenta de forma primordial el interés superior del niño, que los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas; el texto de esas disposiciones dice: "Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas". Mientras que la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha considerado que, a partir de la doctrina de la protección integral, sustentada en la misma Convención de los Derechos del Niño, por interés superior del niño debe entenderse la efectividad de todos y cada uno de sus derechos humanos y afirma: ". La expresión interés superior del niño, consagrada en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, implica que el desarrollo de éste y el pleno ejercicio de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. La protección de los niños en los instrumentos internacionales tiene como objetivo último el desarrollo armonioso de la personalidad de aquéllos y el disfrute de los derechos que les han sido reconocidos. Corresponde al Estado precisar las medidas que adoptara para atender ese desarrollo en su propio ámbito de competencia y apoyar a la familia en la función que ésta naturalmente tiene a su cargo para brindar protección a los niños que forman parte de ella. En el ámbito interno, el legislador ha señalado que el interés superior es un principio que está implícito en la regulación constitucional de los derechos del niño, lo que está reconocido expresamente en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, específicamente en el artículo 3. Por su parte, en jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el interés superior del niño es un principio de rango constitucional implícito en la regulación de los derechos de los menores tanto a nivel nacional como en el marco internacional; lo que constituye un mandato de observancia general para todas las autoridades involucradas en un asunto de tal naturaleza. <<<<Así, los tribunales mexicanos deberán atender primordialmente en el dictado de sus resoluciones, el interés superior del niño; y en el pleno ejercicio de los derechos inherentes a los menores y en el eje rector de los litigios donde se vean involucrados; además, deberá privilegiarse la verdad histórica frente a la jurídica, lo que obliga también a los tribunales a valorar de manera integral todo el material probatorio que resulte de mayor conveniencia para preservar dicho interés del menor. En el caso, la progenitora del menor reclama el que la autoridad judicial hubiere omitido salvaguardar el interés superior del niño, respecto de su derecho de visita y convivencia con sus progenitores y con la familia de ambos, al no hacer efectivo sus acuerdos, con auxilio de medidas de apremio y garantizar cumpla la convivencia del menor y su progenitora. De las constancias que exhibió dicha autoridad judicial, deducidas del juicio familiar 248/2020, que obran como tomos anexos II y III, con pleno valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se advierte que: 1. Samuel Alejandro Cruz Gaytán, por propio derecho y en representación de su menor hijo S.M.C.G., presentó demanda contra Sharem Coral Alavez Bravo, relativo al juicio de controversias del orden familiar, en el que por auto de ocho de septiembre de dos mil veinte, en el expediente 248/2020, se admitió a trámite a la demanda y se determinó que, en ese momento, no era procedente modificar la guarda y custodia compartida decretada en el diverso juicio 212/2020, ya que únicamente se analizará la guarda y custodia definitiva en base a las pruebas que ofrecieran; de ahí que ratificó dicha medida compartida entre los progenitores (fojas 1 y 10 a 13 del tomo anexo I). 2. El quince de octubre de dos mil veinte compareció el actor Samuel Alejandro Cruz Gaytán, para solicitar se tomaran medidas urgentes para salvaguardar la vida y salud de su hijo, y quedara sin efecto la guarda y custodia compartida, emitiéndose restricción con la convivencia de la madre con el menor, ante la situación que dice aconteció. Ante lo cual, se señalaron las once horas del día veintisiete de octubre de ese año, para que tuviera verificativo una audiencia de carácter familiar y dicha autoridad judicial estuviera en condiciones de ordenar, en su caso, la revocación de la guarda y custodia en forma provisional decretada, así como tomar las medidas correspondientes a fin de salvaguardar la integridad tanto física como psicológica del menor (fojas 14 a 17 del tomo anexo I). 3. En audiencia de carácter familiar de fecha veintisiete de octubre de dos mil veinte comparecieron el actor, la demandada y la agente del Ministerio Público adscrita a ese Juzgado responsable, en la que manifestó la demandada que no había expuesto a su menor hijo, como lo había señalado el actor (fojas 18 a 20 del tomo anexo I). 4. El veintiocho de octubre de dos mil veinte compareció la demandada ante el secretario encargado del Juzgado responsable para manifestar que el actor no le había hecho entrega de su hijo, como había sido ordenado, por lo que solicitó la recuperación del mismo para que le fuera entregado inmediatamente. Ante ello, la autoridad judicial ordenó la recuperación del menor (foja 21 del tomo anexo I). 5. En la misma fecha, veintiocho de octubre de dos mil veinte, se hicieron presentes en el domicilio del actor, la autoridad judicial, la demandada, y la fiscal de esa adscripción, sin que encontraran al menor ni al progenitor (fojas 22 a 24 del tomo anexo I). 6. En audiencia familiar de veintinueve de octubre de dos mil veinte se tuvo al actor manifestando que promovió demanda de amparo, por lo que se le requirió para que el tres de noviembre siguiente presentara ante ese Juzgado al menor, a fin de convivir con su progenitora y pudiera ejercer su derecho de guarda y custodia (fojas 25 y 26 del tomo anexo I). 7. El tres de noviembre de dos mil veinte el actor presentó al menor ante la autoridad judicial (fojas 27 y 28 del tomo anexo I). Así, en el caso, la autoridad judicial observó el principio del interés superior del menor, como norma de procedimiento, ya que tomó decisiones que no afectaron los intereses del menor, al hacer uso de las facultades a que se encuentra obligado. Ello es así, porque al ratificar la guarda y custodia provisional en forma compartida del menor quejoso, para ambos progenitores, vigiló que cada uno de ellos cuidara de su hijo, de forma semanal, considerando, sobre todo, que el menor debía convivir con sus progenitores. Y cuando tuvo conocimiento, por parte del progenitor, que al menor, a su decir, no era cuidado por su madre, citó a esta última a una diligencia para que expusiera los motivos de ese evento. En dicha diligencia, de veintisiete de octubre de dos mil veinte (fojas 18 a 20 del tomo anexo I), ambos progenitores expusieron, entre ellos, que no cuidaban al menor, por tanto, de forma correcta, la juez responsable les hizo saber el alcance de sus conductas, porque influían en forma primordial en el crecimiento y desarrollo físico y psicoemocional de su hijo, por ser una persona altamente vulnerable en cuestión de su protección, tanto del Estado, sociedad y familia. Además, ante la actitud y conducta de ambos progenitores, que podían poner en riesgo al infante, los apercibió que de continuar con ello, daría intervención a la Procuraduría para la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado, para que interviniera conforme a sus facultades y atribuciones. Y requirió al progenitor hiciera entrega en forma inmediata del menor de edad a su progenitora, exhortando a esta última a no sacar al menor de edad a espacios no autorizados, privilegiando en todo momento la salud del mismo, debido a la pandemia que generaba el virus covid 19, más aún sin previa comunicación con el progenitor. Como el veintiocho de octubre de dos mil veinte dicho progenitor no entregó al menor, la autoridad judicial ordenó su recuperación en ese mismo día, a las trece horas, sin que fueran encontrados en el domicilio relativo (fojas 22 a 24 del tomo anexo I). Así también, aunque en diligencia de veintinueve de octubre de ese año el actor dijo haber promovido demanda de amparo, la responsable consideró que el menor debía continuar conviviendo con su progenitora, por lo que señaló las quince horas del tres de noviembre siguiente para que presentara a su hijo ante esa autoridad, al considerar que no debía prohibírsele el lazo afectivo; y lo apercibió que de no cumplir, revocaría la guarda y custodia en forma provisional compartida (fojas 25 y 26 del tomo anexo I). Y el tres de noviembre de dos mil veinte el actor presentó al menor ante la autoridad judicial, quien, a su vez, fue entregado a su progenitora. Aunado a que apercibió a ambos progenitores que, de no cumplir con sus determinaciones, revocaría la guarda y custodia que en forma provisional y compartida se les concedió, para no afectar el sano y buen desarrollo del menor. Incluso, el nueve de noviembre del referido año, la juez responsable se pronunció sobre la petición de la quejosa y le hizo saber que no era procedente hacer efectivo el apercibimiento, porque la finalidad del mismo era de que el progenitor entregara al menor, lo que ya había acontecido. De ahí que la autoridad judicial responsable ha realizado los apercibimientos contra los dos progenitores, aquí quejosa y tercero interesado, para salvaguardar el interés superior del niño, respecto de su derecho de visita y convivencia con sus padres y con la familia de ambos; además, ha garantizado el cumplimiento de sus determinaciones, pues aunque no ha hecho efectivo los medidas de apremio, ha sido porque el menor ha convivido con ambos progenitores, ante su determinación judicial de que así sea, por tanto, también ha garantizado se cumpla la convivencia del menor, tanto con su progenitora, como con su progenitor. Así, la autoridad judicial responsable ha actuado sin vulnerar derecho fundamental alguno contra la parte quejosa, por lo que resultan infundados los conceptos de violación que expresó esta última; en consecuencia, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, por cuanto a dicha responsable. Sexto. Concepto de violación. Los actos reclamados del agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Octavo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Juzgado Séptimo de lo Civil, son: -La omisión de salvaguardar y garantizar el interés superior del niño, respecto de su derecho de visita y convivencia con sus padres y con la familia de ambos, que le permita el sano desarrollo de aquéllos, pues conlleva al conocimiento y trato directo que tienen los infantes con sus ascendientes y demás parientes a fin de lograr su cabal integración al núcleo familiar y obtener identidad plena al grupo social al que pertenecen. -La omisión de iniciar las denuncias de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad y de falsedad de declaración ante una autoridad judicial, esto para garantizar se cumpla la convivencia del menor (SMCA) y su progenitora Sharem Coral Alavez Bravo. La parte quejosa expresó sus respectivos conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este Juzgado Federal a transcribirlos, sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar. Conceptos de violación. La quejosa refiere (fojas 10 reverso y 11 del juicio de amparo) que las responsables incumplen con los artículos 56, 58, 77, 79 y 962 del Código de Procedimientos del Estado de Oaxaca, pues a pesar de que obligan a las autoridades judiciales para actuar sin dilación alguna cuando reciban una solicitud de protección de un menor, hasta el momento, en el caso, no se ha hecho efectivo el cumplimiento de los medios de apremio decretados, a fin de garantizar el derecho del menor. Además, dice, existen artimañas dilatorias que han sido toleradas por la autoridad responsable. Al respecto, los preceptos 3.1 y 3.2 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño; 4 de la Constitución Federal; 429 del Código Civil del Estado; 1, 2, 3, 4 y 13 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, señalan: "CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO "PARTE I . Artículo 3 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas". CONSTITUCIÓN FEDERAL "Artículo 4o.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural". "Artículo 429.- Si el padre y la madre se separan o viven separados decidirán, de común acuerdo, quien atenderá la guarda y la custodia de los hijos. En caso de que no se pongan de acuerdo sobre éste punto, el Juez, teniendo siempre en cuenta los intereses de los hijos, designará a la persona que deba hacerlo. Los hijos habitarán con el ascendiente al que se encargue la custodia". LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TÍTULO PRIMERO Disposiciones Generales Artículo 1. La presente ley se fundamenta en el párrafo sexto del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República Mexicana y tiene por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. La Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito de su competencia, podrán expedir las normas legales y tomarán las medidas administrativas necesarias a efecto de dar cumplimiento a esta ley. Artículo 2. Para los efectos de esta ley, son niñas y niños las personas de hasta 12 años incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos. Artículo 3. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes: A. El del interés superior de la infancia. B. El de la no-discriminación por ninguna razón, ni circunstancia. C. El de igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o social, posición económica, discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquiera otra condición suya o de sus ascendientes, tutores o representantes legales. D. El de vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo. E. El de tener una vida libre de violencia. F. El de corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad. G. El de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales. Artículo 4. De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social. Atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La aplicación de esta ley atenderá al respeto de este principio, así como al de las garantías y los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 13. A fin de garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos en este capítulo, las leyes federales, del Distrito Federal y de las entidades federativas podrán disponer lo necesario para que se cumplan en todo el país: A. Las obligaciones de ascendientes o tutores, o de cualquier persona que tenga a su cargo el cuidado de una niña, de un niño, o de un o una adolescente de protegerlo contra toda forma de abuso; tratarlo con respeto a su dignidad y a sus derechos; cuidarlo, atenderlo y orientarlo a fin de que conozca sus derechos, aprenda a defenderlos y a respetar los de las otras personas. B. Para que el Estado, en los ámbitos federal, estatal y municipal pueda intervenir, con todos los medios legales necesarios, para evitar que se generen violaciones, particulares o generales del derecho de protección de niñas, niños y adolescentes. Especialmente se proveerá lo necesario para evitar que salgan del país sin que medie la autorización de sus padres, tutores o de un juez competente. C. La obligación de familiares, vecinos, médicos, maestros, trabajadores sociales, servidores públicos, o cualesquiera persona, que tengan conocimiento de casos de niñas, niños o adolescentes que estén sufriendo la violación de los derechos consignados en esta ley, en cualquiera de sus formas, de ponerlo en conocimiento inmediato de las autoridades competentes, de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente. En las escuelas o instituciones similares, los educadores o maestros serán responsables de evitar cualquier forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o explotación, en contra de niñas, niños o adolescentes". Sobre el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la tesis 1ª.CXLI/2007, visible en la página 265 del tomo XXVI, julio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 172003, de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. SU CONCEPTO", que los tribunales deben atender primordialmente el interés superior del niño, en todas las medidas que tomen y se relacionen con ello. Que ese concepto fue interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya competencia aceptó el Estado Mexicano, el dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en los siguientes términos: "la expresión interés superior del niño. implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". De las constancias que exhibió dicha autoridad, deducidas del juicio familiar 248/2020, que obran como tomo anexo I, con pleno valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se advierte que, contrario a lo que señala la quejosa, a la agente del Ministerio Público responsable se le dio intervención en el expediente 248/2020, relativo al juicio de controversias del orden familiar, promovido por Samuel Alejandro Cruz Gaytán, por propio derecho y en representación de su menor hijo S.M.C.G., contra Sharem Coral Alavez Bravo, mediante auto de ocho de septiembre de dos mil veinte (foja 61 del tomo anexo III); motivo por el que en audiencia de carácter familiar de fecha veintisiete de octubre de dos mil veinte, consideró que la guarda y custodia provisional y compartida debía prevalecer; por lo que solicitó a la autoridad judicial requiriera a los progenitores para que cumplieran con la misma, incluso, acudieran a terapias psicológicas urgentes para que prevalecieran las condiciones familiares, además, se abstuvieran de realizar actos, conductas y omisiones que pusieran en peligro al menor, y los apercibiera que, de continuar con ello, se diera intervención a la Procuraduría para la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado e intervinieran en ese asunto (foja 84 del tomo anexo III). Incluso, el veintiocho de octubre de dos mil veinte estuvo presente en la audiencia de recuperación de menor, en la que solicitó a la autoridad judicial requiriera al actor para que, en forma inmediata, entregara a dicho menor a su progenitora, misma que no había convivido con él en dos semanas consecutivas, y se le apercibiera que, en caso de no cumplir, se le impondría un medio de apremio, sin perjuicio de que pudiera revocarse la guarda y custodia compartida y provisional, ratificada en ese juicio familiar (foja 93 del tomo anexo III). Así también, compareció la representante social a la diligencia de veintinueve de octubre de dos mil veinte, en la que el progenitor presentaría al menor, sin que interviniera directamente, ya que la autoridad judicial responsable señaló las quince horas del tres de noviembre siguiente, para que el actor presentara a dicho menor, con los apercibimientos relativos (fojas 105 y 110 del tomo anexo III). En esta última diligencia tampoco tuvo intervención la fiscal responsable, aunque compareció, ya que el progenitor presentó al menor ante la autoridad judicial, para su entrega a la progenitora (foja 119 del tomo anexo III). Así, la representante social observó el principio del interés superior del niño, y fue acertada su intervención en el juicio de controversias del orden familiar, ya que solicitó a la autoridad judicial relativa, en cumplimiento a los deberes y facultades derivados de que esa figura jurídica está pensada y orientada en beneficio de los hijos, que el menor debía convivir con ambos progenitores, y ante los señalamientos que estos últimos se realizan mutuamente, de no cuidar al menor, pidió la representante social que se les apercibiera que, de continuar con esa conducta, se diera intervención a la Procuraduría para la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado. Además, correctamente solicitó que se apercibiera al actor, progenitor del menor que, de continuar en la conducta de no entregar al mismo a su progenitora a fin de que se cumpliera con la convivencia, revocara la guarda y custodia provisional y compartida que se fijó a favor de ambos. Y como la autoridad judicial ha garantizado que el menor conviva con sus progenitores, no ha sido necesario, hasta esta etapa, iniciar las denuncias de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad y de falsedad de declaración ante una autoridad judicial, para garantizar se cumpla la convivencia del menor y su progenitora. Pues la quejosa afirmó, en el capítulo de hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado (foja 10 reverso del juicio de amparo), que el actor no entregó al menor con el argumento de que había promovido juicio de amparo y que no existía suspensión decretada en su favor; sin embargo, contrario a lo que señaló, sí se presentó demanda que tocó conocer a este órgano jurisdiccional con el número de expediente 650/2020, en tanto que de forma alguna el actor dijo que existía una suspensión, por lo que la autoridad judicial responsable únicamente lo requirió para que exhibiera copia del auto de admisión de la demanda de amparo (foja 25 del tomo anexo I). Por lo que resultan infundados los conceptos de violación que expresó la parte quejosa. En conclusión, la agente del Ministerio Público responsable no vulneró los derechos fundamentales de la parte quejosa, por lo que se niega el amparo y protección de la Justicia Federal. Séptimo. Publicación de datos personales. Se toma nota de que la parte quejosa se opuso a la publicación de sus datos personales, para ser considerado oportunamente, de ser el caso. Asimismo, en términos de los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte quejosa ejerciera ese derecho de oposición, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 37, 74, 77 y demás de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Sharem Coral Alavez Bravo, por propio derecho y en representación del menor S.M.C.A., contra: a) La omisión de pronunciarse respecto de la petición verbal realizada en la audiencia de fecha veintisiete de octubre de dos mil vein0/te, de dictar medidas de apremio para garantizar la recuperación del menor, en el expediente familiar 248/2020, y b) la omisión de pronunciarse respecto de la petición formulada por escrito relativo a dictar medidas de apremio para garantizar la recuperación del menor, presentado el veintinueve de agosto de dos mil veinte, atribuido a la responsable, juez Octavo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo de lo Civil del distrito judicial del Centro, con sede en la ciudad de Oaxaca. En términos del considerando tercero de esta sentencia. Segundo. La Justicia Federal no ampara ni protege a Sharem Coral Alavez Bravo, por propio derecho y en representación del menor S.M.C.A., contra los actos reclamados a las autoridades responsables, juez Octavo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo de lo Civil del distrito judicial del Centro, con sede en la ciudad de Oaxaca, y agente del Ministerio Público adscrita a dicho Juzgado, en términos de los considerandos quinto y sexto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad dese cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hoy, treinta de marzo de dos mil veintiuno, en que se estuvo en condiciones de dictar sentencia.

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