Silvano Gutiérrez Rivera y Otros.
Expediente 546/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 546/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Silvano Gutiérrez Rivera y Otros.
Actuaciones
- Principal
... En la misma fecha, la secretaria da cuenta al Juez con el estado de autos y la certificación que antecede, dentro del juicio de amparo 546/2018. Conste.Uruapan, Michoacán, dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se desprende el término de cinco días que concede el artículo 98, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto de cinco de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 96 a 101), en el que se desechó la demanda de amparo, transcurrió del nueve al quince de noviembre del presente año, pues dicho auto se le notificó el pasado siete de noviembre (foja 102), sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, previas anotaciones de estilo en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como asunto concluido. Con apoyo en el artículo vigésimo primero, primer párrafo, fracción I, en relación con el artículo segundo, fracción XVI, capítulo primero, ambos artículos del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, no existen documentos originales exhibidos y no se trata de un asunto de relevancia documental, se determina que es susceptible de destrucción, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Lo anterior, mediante oficio que al efecto se libre, hágase del conocimiento a la autoridad señalada como responsable. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, HORACIO ORTIZ GONZÁLEZ, y la secretaria Nubia Miranda Ramírez, con quien actúa y que autoriza. Doy fe.
- Principal
Uruapan, Michoacán, cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese el escrito y anexo signado por el quejoso Silvano Gutiérrez Rivera, mediante el cual pretende desahogar la prevención de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, y al efecto exhibe copia del poder general para pleitos y cobranzas de treinta de octubre de dos mil dieciocho. De la certificación que antecede, se advierte que en este juzgado se registra el juicio de amparo 558/2018, al cual se adjuntaron las documentales consistentes en el toca de apelación I-258/2018, así como el juicio ordinario civil 983/2014, las cuales tienen relación con el presente asunto, se ordena compulsar copias de las mismas, para estar en condiciones de resolver lo que en derecho proceda respecto de la demanda de amparo promovida. Ahora bien, no obstante que el instrumento notarial que exhibe el promovente, no acredita la personalidad que ostenta, dado que éste fue expedido con posterioridad a la presentación de la demanda, esto es, con data treinta de octubre del año en curso, este Juzgado le reconoce el carácter de representante común de los quejosos Pedro Sánchez Garibo, Ramón Gutiérrez Solano, Angelina Nambo Avendaño, Héctor Marte Rojas Sánchez, Agustín Luna Galeana y Feliciana Martínez Cabrera -ejidatarios, Jaime Gutiérrez Luna, Nicanor Peñaloza Mercado, Leocadio Rumbo Corona, Simón Barajas Tapia, Humberto García Calvillo, Audias Quintana Ramos, en términos de los dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, dado que de las copias que se ordenaron compulsar se advierte que el Magistrado responsable, le reconoció dicha representación (foja 02 tomo II, cuaderno de pruebas). IMPROCEDENCIA En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, interpretada en sentido contrario; ambos de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]." Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia número 228, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 186, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, tomo VI, bajo el epígrafe y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS.- La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causales de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." Ahora, en relación con los actos de imposible reparación, en la tesis de jurisprudencia P./J.37/2014 (10a) el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, el artículo 107 fracción V, precisa el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden: "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Con base en la nueva disposición, el Alto Tribunal sustentó el criterio de que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Añadió, que la anterior interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva Dicha jurisprudencia, se publica en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, y es de rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Ahora, específicamente en cuanto a la resolución que ordena reponer el procedimiento clasificado como acto dentro de juicio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido los criterios de que para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación. Así se desprende de la jurisprudencia 47 del Pleno, visible en la página 38, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia(s): Común, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.- Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo". Conforme a los criterios anotados, los presupuestos necesarios para estimar actualizado el elemento 'imposible reparación', -tratándose de resoluciones de segundo grado que decretan la reposición del procedimiento, es la existencia de un fallo con el que el quejoso esté conforme y que por virtud de la resolución de alzada quede insubsistente. Además, que atendiendo a los efectos concretos que en cada caso resulten de la reposición del procedimiento, ocurran o sobrevengan consecuencias que también hagan procedente el amparo indirecto. En el caso concreto, la determinación que reclama en el presente juicio de amparo, no es de imposible reparación, lo anterior, por las siguientes consideraciones: En efecto, el quejoso reclama la resolución de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, dictada dentro del toca de apelación I-258/2018, en la que determinó dejar insubsistente la sentencia de cinco de julio de dos mil dieciocho, emitida dentro del juicio ordinario civil 983/2014, ordenando reponer el procedimiento, para que el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas Michoacán, acatara la diversa disposición de la Magistrada de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, dictada dentro del diverso toca de apelación I-196/2016. Ahora, de las constancias que integran el Juicio Ordinario Civil, del índice del Juez Natural, con valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 en relación con el 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se desprende lo siguiente: 1. El veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas Michoacán, dictó sentencia definitiva, que concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Este Tribunal resulta competente para conocer y resolver en definitiva el presente juicio. SEGUNDO. Se declara improcedente la acción intentada por Silvano Gutiérrez Rivera, Pedro Sánchez Garibo, Ramón Gutiérrez Solano, Angelina Nambo Avendaño, Héctor Marte Rojas Sánchez, Agustín Luna Galeana y Feliciana Martínez Cabrera -ejidatarios, Jaime Gutiérrez Luna, Nicanor Peñaloza Mercado, Leocadio Rumbo Corona, Simón Barajas Tapia, Humberto García Calvillo, Audias Quintana Ramos, -avecindados-, por su propio derecho, virtud que no justifican los supuestos daños y perjuicios que reclaman a la moral Administración Portuaria Integral de esta ciudad, haciendo innecesario entrar al estudio de la contestación de la demanda realizada por el ente jurídico accionado, ya que con ello o sin ello, en lada (sic) variaría el sentido de la presente resolución; consecuentemente, se absuelve a la demandada de las prestaciones reclamadas en su contra. CUARTO. (sic) Se condena a la parte demandante al pago de gastos y costas que haya erogado la contraria, previa su regulación y aprobación judicial". 2. Contra dicha sentencia, la actora interpuso recurso de apelación, admitido en ambos efectos, del que correspondió conocer a la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, registrándolo bajo el número de toca penal I-196/2016, quien el tres de agosto de dos mil dieciséis, dictó resolución ordenando dejar sin efectos la sentencia definitiva impugnada y ordenó reponer el procedimiento para que el Juez de primer grado proveyera lo necesario para lograr el perfeccionamiento de la prueba pericial en agronomía ofrecida por la actora. Por tanto, los antecedentes relatados, evidencian la falta de presupuestos necesarios para actualizar la hipótesis de excepción para la procedencia del juicio de amparo, al no ocurrir el perjuicio de 'imposible reparación'. Es así, porque si bien se advierte la existencia de sentencia o resolución de primera instancia con la que estuvo conforme el quejoso y que por virtud de la resolución de la alzada quedó insubsistente. Sin embargo, no se advierte que la resolución de segunda instancia que ordenó la reposición del procedimiento para que el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán, acatara la diversa disposición de la Magistrada de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, emitida el tres de agosto de dos mil dieciséis dentro del toca de apelación I-196/2016, produzca en la parte quejosa consecuencias que afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, como pudiera ser la vida, propiedades y posesiones entre otros, ni tampoco se produce afectación material de los mismos. Ello es así, ya que dichos efectos jurídicos son meramente intraprocesales, pues su consecuencia es que el Juez natural, acate la diversa determinación de la Magistrada de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia, con residencia en Morelia, Michoacán, dictada dentro del toca penal I-196/2016, en la que ordenó perfeccionar la prueba pericial en agronomía ofrecida por la parte quejosa, la cual no es de tal gravedad que impida el ejercicio de un derecho, contrario a ello no limita su derecho de defensa, pues incluso pudiera obtener una resolución favorable a sus intereses, caso en el cual desaparecería el supuesto agravio, pero en caso contrario tiene expedito su derecho para apelar la sentencia de primera instancia y hacer valer los agravios pertinentes, y si la resolución de alzada es contraria a sus derechos, entonces estará en condiciones de reclamarla en el amparo directo. Aunado a ello, de la resolución que ahora se combate, emitida por la Séptima Sala Civil del Supremo tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, determinó que el Juez natural debe dejar insubsistente la sentencia de primer grado y reponer el procedimiento única y exclusivamente para que, el juez de la causa acate la disposición que la Magistrada de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, emitió dentro del toca de apelación I-196/2016. Además, el hecho de que se cause, en mayor o menor grado, una molestia a la parte quejosa al tener que continuar el procedimiento en defensa de sus intereses, tal circunstancia por sí misma no justifica la procedencia del amparo indirecto, dado que con ello solamente se afectan derechos adjetivos o procesales. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV (aplicado en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA de plano la demanda de amparo. Sin que obste a la anterior determinación, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 87/2016 (10a.); pues, en la especie, la causa de improcedencia invocada, como se precisó, es manifiesta e indudable, en virtud de que el suscrito tuvo a la vista las constancias relativas al acto reclamado. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Lo provee y firma Arturo Correa Maldonado, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho, por licencia de carácter oficial concedida al Titular y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día treinta y uno de octubre del año en curso; con la secretaria Nubia Miranda Ramírez, con quien actúa y que autoriza. Doy fe.
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