Sheida Barajas Birrueta
Expediente 222/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 222/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 28/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Sheida Barajas Birrueta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
En veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, la Secretaria da cuenta al Juez, con el estado procesal que guardan los autos en el presente juicio de amparo. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. ESTADO PROCESAL. Visto lo de cuenta, del sumario en que se actúa se advierte que se recabaron las constancias de notificación practicadas a las partes en el presente asunto, relativas a los autos que tuvieron por interpuestos los recursos de revisión hechos valer por las autoridades responsables Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo y Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, todas con residencia en Morelia, en contra de la sentencia emitida por este juzgado. SE ORDENA REMITIR EXPEDIENTE. En mérito de lo anterior y en obvio de mayores dilaciones procesales, remítase los autos originales del juicio en que se actúa, original y copia de los escritos de expresión de agravios hechos valer por las autoridades responsables antes mencionadas, VÍA ESTAFETA, al Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo, en turno, para lo que tenga a bien determinar. Asimismo, de no tener inconveniente alguno, se solicita a la superioridad remita el acuse de recibo para el efecto legal conducente. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Finalmente, infórmese al Tribunal de Alzada que se encuentra disponible el expediente electrónico, a fin de que proceda a realizar su vinculación correspondiente, y pueda realizar su consulta. Notifíquese; y por oficio a la Superioridad. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
- Principal
En diez de agosto de dos mil veintitrés, se da cuenta a la Secretaria encargada del Despacho, con una copia del escrito de agravios recibido físicamente en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, registrado bajo el folio 10226. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diez de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, este órgano de control constitucional emite las siguientes determinaciones: RECURSO DE REVISIÓN. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, téngase al Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, a través de su representante, interponiendo recurso de revisión, en contra de la sentencia emitida en el presente asunto. Distribúyase entre las partes copia del ocurso de mérito y, una vez que se recabe la constancia de notificación correspondiente de este auto, dentro del término de TRES DÍAS, remítase el juicio en que se actúa al Tribunal de Alzada, para el ulterior trámite del recurso de que se trata. En su oportunidad, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Notifíquese personalmente.
- Principal
En siete de agosto de dos mil veintitrés, la Secretaria da cuenta al Juez, con un escrito de agravios presentado electrónicamente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, registrado bajo el folio 10044. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, siete de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, este órgano de control constitucional emite las siguientes determinaciones: RECURSO DE REVISIÓN. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, téngase al Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, a través de su representante interponiendo recurso de revisión, en contra de la sentencia emitida en el presente asunto. Distribúyase entre las partes copia del ocurso de mérito y, una vez que se recabe la constancia de notificación correspondiente de este auto, dentro del término de TRES DÍAS, remítase el juicio en que se actúa al Tribunal de Alzada, para el ulterior trámite del recurso de que se trata. En su oportunidad, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
- Principal
********************S E N T E N C I A********************Uruapan, Michoacán, veinte de julio de dos mil veintitrés.********************VISTOS, para resolver el juicio de amparo ********************/2023, promovido por ********************, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, y de otras autoridades; y,********************R E S U L T A N D O:********************PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante ocurso depositado el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, -fojas 1 a 14-, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, turnado a este Juzgado Sexto de Distrito, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que se transcriben:********************"III.- AUTORIDADES RESPONSABLES Y ACTO QUE SE LES RECLAMA:****************************************1.- H. Congreso Constitucional del Estado de Michoacán.******************** a. Fracción II, inciso A), Relativa al cobro del holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación, sin tomar en cuenta que es un derecho fiscal y que solo se debió autorizar el cobro que representa al Estado ejecu lo tar (SIC) el servicio de registro y control vehicular. ********************Lo anterior sin reunir o cumplir las fases de un verdadero procedimiento legislativo, es decir una vez presentada la Ley de Ingresos para el Estado de Michoacán, relativa al ejercicio fiscal 2023, se advierte que en momento alguno fue analizada, y discutida conforme a derecho y bases sólidas para determinar o cuantificar el cobro del derecho fiscal tildado de inconstitucional, sobre todo ante la inexistencia de un dictamen financiero que pueda establecer el costo real que representa al Estado prestar el servicio, en este caso concreto a la Secretaria de Finanzas y administración, prestar el servicio de registro y control vehicular, menos aun en este ejercicio fiscal, donde violentando más nuestros derechos humanos, no se realizó licitación pública estatal respecto del holograma vehicular, ya que ahora salieron con que es virtual, y nos deja en severo estado de indefensión al transitar en otras entidades federativas, sin el holograma vehicular, resultando más incongruente e ilegal que si se está aprobando en la fracción II del artículo 20 de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal 2023, es el holograma vehicular, resulta absurdo que este sea virtual, lo que en primer lugar reduce el costo que le representa al estado prestar el servicio, y en segundo lugar resulta indebido que se incrementa su costo frente al ejercicio fiscal 2022, en el cual se erogó por lo menos la cantidad de 4:50. ********************Así mismo se le reclama que en dicho precepto legal establece un trato desigual respecto del mismo derecho fiscal, es decir suponiendo sin conceder que lo que realmente cobra es por el registro y control vehicular, entonces no pude existir un trato desigual respecto de la fracción II, incisos A,B,C, del artículo 20 de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2023.********************2.- C. Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán. ********************a) Aunque no tiene participación dentro del proceso legislativo, se le señala por vicios propios, la promulgación, y orden de publicación y dar la orden del debido cumplimiento de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2023, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, donde se establece un cobro recaudatorio indebido, que viola a todas luces los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, establecida en el artículo 20 fracción II, inciso A), Relativa al cobro del holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía, sin tomar en cuenta que es un derecho fiscal y que solo se debió autorizar el cobro que representa al Estado ejecutar el servicio por calcomanía vehicular. ********************Toda vez que en dicho precepto legal se establece un trato desigual respecto del mismo derecho fiscal, es decir suponiendo sin conceder que lo que realmente cobra es por el registro y control vehicular, respecto a la fracción II incisos A,B,C, del artículo 20 de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2023. ********************3.- C. Ciudadano Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, aunque no tiene participación dentro del proceso legislativo se le reclama por vicios propios; ********************a) La Publicación de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2023, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. ********************4.- C. Director de Recaudación del Estado de Michoacán, aunque no tiene participación dentro del proceso legislativo se le reclama por vicios propios y por ejecutar el debido cumplimiento de la norma tildada de inconstitucional, ya que, si no se cubre dicho derecho fiscal, nos hacemos acreedores a una multa por violar la Ley de Tránsito y vialidad del Estado de Michoacán y su reglamento, ********************a). La aplicación de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2023, consistente en el cobro indebido que viola los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, establecidos en el artículo 20 fracciones I y II, incisos A), que se me realizó el día 3 de enero del 2023.********************5.- C. Director del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, aunque no tiene participación dentro del proceso legislativo se le reclama por vicios propios la publicación del Decreto Legislativo que contiene la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal 2023, particularmente el artículo 20, fracción y II, incisos A), decreto que fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. ********************Aunque el Director del Periódico oficial, no tiene participación dentro del procedimiento legislativo, ni tampoco participación en la ejecución del acto que se reclama, y que él solo recibe y acata la orden de publicación del Decreto Legislativo que contiene la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal 2023, particularmente el artículo 20, fracción y II, inciso A), B), C), decreto que fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, no menos cierto lo es que por vicios propios tiene participación en la consumación del acto reclamado, ya que si no se hubiera publicado, no se me habría aplicado el cobro reclamado, por lo cual se le señala de igual forma que a los señalados en mi libelo constitucional como autoridad responsable".********************La parte quejosa expuso que se violaron sus derechos humanos reconocidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes.******************** SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés -fojas 15 a 16-, este órgano jurisdiccional admitió la demanda; la radicó con el número de expediente ********************/2023; pidió el informe justificado de las autoridades responsables; dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y,********************C O N S I D E R A N D O********************PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción III, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021.********************Lo que precede, en virtud de que la parte quejosa reclama una norma general con motivo de un acto de aplicación con ejecución en Apatzingán, Michoacán de Ocampo, lugar en el cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción.********************SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional. ********************Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así como contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial.********************Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 y tesis VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO".********************Con base en estas premisas, de la lectura íntegra de la demanda, se advierte que la parte quejosa ********************, reclama:********************Del Congreso del Estado, del Gobernador, del Secretario de Gobierno, del Director del Periódico Oficial del Estado y, del Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas, todos del Estado de Michoacán de Ocampo, en el ámbito de sus respectivas competencias, la aprobación, expedición, promulgación, publicación y aplicación de: El artículo 20, fracción II, inciso A), de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo, vigente para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés.********************TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados al Congreso, Gobernador, Directora del Periódico Oficial y Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración, todos del Estado de Michoacán, consistentes en la aprobación, expedición, promulgación, publicación, orden de cumplimiento y aplicación, respectivamente de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo, vigente para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, específicamente del artículo 20 fracción II, inciso A), pues los aceptaron al momento de rendir el informe justificado (fojas 24, 34 a 36, 37 a 48, 52 a 63 y 68 a 78). ********************Igualmente es cierto el acto reclamado al Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, pues no obstante que negó la existencia del acto reclamado, dicha negativa queda desvirtuada, virtud a que el acto reclamado a dicha autoridad sí existe, tan es así que la ley tildada de inconstitucional se encuentra publicada.********************En tal virtud, se encuentra probada la existencia de los actos combatidos, al tenor de la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: ********************"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto".********************Lo anterior, en atención a que la existencia de la norma reclamada se acredita, en términos de lo establecido por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2º, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados de oficio por el propio órgano jurisdiccional, de modo que la existencia del ordenamiento legal constituye un hecho notorio que no es objeto de prueba.********************Es ilustrativa, la jurisprudencia 65/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone:********************"PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo".****************************************Así como, la tesis 214 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de rubro y texto:********************"LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas".********************Sin que obste a lo anterior, la negativa que hace el Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, en su informe justificado, sobre la orden del debido cumplimiento a la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, toda vez que, de acuerdo al proceso legislativo de la norma, la promulgación de la ley, que es la proclamación formal o la declaración de que se dicta una nueva norma después de su aprobación final, contiene implícita la orden de cumplirla y hacerla cumplir, dándole fuerza obligatoria, lo que encuentra sustento legal en lo dispuesto por el artículo 65 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, de ahí que se desvirtúe dicha negativa, debiendo considerar dicho acto parte integral de la promulgación.********************Lo anterior, se corrobora con el propio texto de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, en cuyo artículo sexto transitorio dispone: ********************"En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 60 fracción I y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, para su debida publicación y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a los 27 veintisiete días del mes de diciembre del año 2021 dos mil veintiuno". Lo resaltado es propio.******************** Por su parte, la aplicación de la norma impugnada se tiene por acreditada con la constancia que contiene el recibo de pago de los derechos tildados de inconstitucionales (foja 14), documental que tiene pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°.********************Es aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 226, del tenor siguiente: ********************"DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. - Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena".********************CUARTO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA. La demanda se presentó dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa reclama normas generales respecto del primer acto de aplicación, consistente en el pago de refrendo anual de calcomanía, de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, data respecto de las que no existió controversia.********************En esas condiciones, el plazo legal con que contaba transcurrió del veinticuatro de marzo al dieciocho de abril de dos mil veintitrés, con exclusión de los días sábados y domingos y días inhábiles de conformidad a lo dispuesto en el numeral 19 de la Ley de Amparo. ********************Luego, si el escrito que contiene la demanda se presentó el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan (foja 1), se hizo de forma oportuna. ********************Sirve de orientación, la tesis 2a. IV/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, de rubro y texto: ********************"LEYES HETEROAPLICATIVAS. EL PLAZO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, ES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DEMUESTRE LA NOTIFICACIÓN DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, SI AQUÉLLA NO SE DESVIRTÚA. Si se impugna la inconstitucionalidad de la ley heteroaplicativa y la autoridad responsable demuestra con diversos documentos públicos que notificó a la quejosa el primer acto de aplicación en una fecha determinada, respecto de la cual la demanda resulta extemporánea y el quejoso no desvirtúa esta situación, el plazo de quince días para promover el juicio debe computarse a partir de la fecha de la notificación, resultando improcedente el juicio de conformidad con lo dispuesto por la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo. No es óbice que se alegue la invalidez de la notificación; por regla general, tal cuestión debe plantearse a través del medio de defensa procedente, puesto que mientras una notificación no es nulificada por decisión de autoridad competente, debe considerarse válida para todos los efectos, entre ellos el relativo al cómputo para la promoción de la demanda de amparo en contra de la ley que se aplicó en el acto notificado."****************************************QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. ********************El estudio de las causas de improcedencia, debe abordarse de oficio por ser una cuestión de orden público y de análisis preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo.********************Respalda lo sostenido, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente:********************"IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías".********************De un análisis oficioso del asunto, respecto de los actos reclamados al Secretario de Gobierno y a la Directora del Periódico Oficial todos del Estado de Michoacán de Ocampo, este Juzgado advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con al artículo 108, fracción III, de la ley citada. ********************Con el propósito de demostrar que se actualiza la causal de improcedencia en cita, se impone hacer un análisis del contenido de los preceptos de la Ley de Amparo:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ********************(.) ********************XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." ****************************************"Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: ********************(.) ********************III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios." ********************Del numeral recién transcrito, puede apreciarse que el juicio de amparo es improcedente, cuando no se reclame por vicios propios el refrendo y publicación del decreto reclamado en esta vía.********************En el caso concreto, los actos atribuidos al Secretario de Gobierno y de la Directora del Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, se hacen consistir únicamente en el refrendo y publicación de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés, artículo 20, fracción II, inciso A), relativo a los derechos por prestación de servicio de registro y control vehicular de transporte vehicular particular, consistentes en dotación de holograma de circulación o refrendo anual de calcomanía de circulación; sin embargo, dichos actos de refrendo y publicación del ordenamiento legal combatido no se impugnan por vicios propios. De este modo, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61; en relación con al artículo 108, fracción III, ambos de la ley de la materia; por lo tanto, procede decretar el sobreseimiento, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de los actos reclamados y por lo que ve a dichas autoridades. ******************** Análisis de las causas de improcedencia que hace valer la Presidenta de la Mesa Directiva de Congreso del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo. ********************Al respecto, dicha autoridad, al rendir su informe justificado (indicó que en el caso, se actualizaban las causales de improcedencia previstas en las fracciones VII y XXIII, en relación con el numeral 63, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo.********************Lo anterior, dijo, porque no se advierte vulneración a ningún concepto de violación de los artículos y ley tildados de inconstitucionalidad, requisito indispensable para estar en condiciones de determinar la existencia o inexistencia del agravio que pudiera irrogarle al quejoso.********************De los citados argumentos, se advierte que la autoridad responsable, invoca la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 108, fracción III, del mismo ordenamiento legal, relativa al sobreseimiento del juicio de amparo, derivado de la ausencia de conceptos de violación.********************Resulta infundada la causal de improcedencia.********************La fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia dispone:******************** "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ******************** (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". ********************La porción de la norma transcrita establece la posibilidad que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo.********************Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis.********************De ahí que, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas; por el contrario, tienen carácter enunciativo, al poder derivar la improcedencia del juicio de cualquier otra disposición normativa de la Ley de Amparo que así lo establezca.********************En ese sentido, el artículo 108, fracción VIII, de la ley de la materia establece:******************** "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (...)******************** VIII. Los conceptos de violación". ********************Del precepto anterior se deduce que uno de los requisitos de la demanda de amparo es la expresión de conceptos de violación por los cuales se estima inconstitucional el acto o actos reclamados.********************El requisito precedente se sustenta en el hecho que los conceptos de violación resultan indispensables para conocer la pretensión del quejoso en el juicio de amparo.********************En sentido contrario, en las materias en que no existe suplencia de la queja, la ausencia de conceptos de violación hace legalmente imposible que el juez del conocimiento conceda o niegue el amparo que se solicita, pues no existen los argumentos sobre los cuales se debe evaluar la constitucionalidad de los actos reclamados.********************Sirve de apoyo, el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:******************** "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO ANTE JUZGADOS DE DISTRITO. El artículo 116 de la Ley de Amparo, en su fracción V, establece que la demanda de amparo contendrá, entre otros, el concepto o conceptos de violación. De aquí que no basta señalar como violados los preceptos constitucionales si no se expresa por qué se violan dichos preceptos. Este requisito debe estimarse como uno de aquellos que son esenciales del juicio de garantías, en virtud de que es el concepto de violación en el que el promovente, mediante hechos, argumentos y razonamientos, establece las violaciones de garantías que le causan los actos reclamados. En consecuencia, la ausencia o falta de tales conceptos hace legalmente imposible que el Juez del conocimiento conceda o niegue el amparo que se solicita".********************Por ende, la expresión de conceptos de violación constituye un requisito esencial en el juicio de amparo.********************Del escrito de demanda (fojas 3 a 12), se advierte que el quejoso señaló como único concepto de violación, en esencia que:******************** Que, el artículo reclamado trasgrede los principios de proporcionalidad y equidad instituidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, porque no toma en cuenta que es un derecho fiscal y que solo debió autorizar el cobro que representa al Estado ejecutar el servicio de registro y control.******************** Que dicho precepto establece un trato desigual respecto de la fracción II, incisos A), B) y C), de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán pues existen tarifas distintas respecto del mismo derecho fiscal como entre el holograma vehicular y las placas de automóviles y bicicletas; que en términos de lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los derechos fiscales se deben cobrar en base al costo real que le representa al Estado la prestación del servicio, y el costo que representa para el Estado su prestación.******************** De la reseña anterior, se advierte que la parte quejosa, sí expuso argumentos dirigidos a atacar la constitucionalidad del artículo 20, fracción II, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo, vigente para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés.********************Por lo que contrario a lo aducido por la autoridad responsable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, existe materia para abordar el análisis del citado acto reclamado.********************En consecuencia, la causal de improcedencia en análisis es infundada.********************SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ********************Agotado el estudio de las causas de improcedencia invocadas por las partes, sin que este Juzgador Federal advierta la actualización de alguna diversa, procede analizar los conceptos de violación expuestos en la demanda, los que se dan aquí por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, en la medida de que ningún dispositivo legal establece como requisito formal de la sentencia la trascripción de los mismos; a lo que debe agregarse que la obligación respectiva atañe al estudio de éstos, incluso en su conjunto, según lo establece el artículo 79, de la Ley de Amparo.********************Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, en Materia Común, del rubro siguiente:******************** "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN."********************SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO.********************Los conceptos de violación son fundados.********************En el único concepto de violación, la parte quejosa expresa:********************Que, el artículo reclamado trasgrede los principios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, lo anterior, porque en términos de lo dispuesto por el referido numeral los derechos fiscales se deben cobrar en base al costo real que le representa al Estado la prestación del servicio y que en el caso el legislador no tomó en cuenta que es un derecho fiscal y que solo debió autorizar el cobro que representa al Estado ejecutar el servicio de registro y control. ********************Además, porque establece un trato desigual respecto del derecho fiscal que contempla la fracción II, incisos A), B) y C), de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo, pues existen tarifas distintas respecto del mismo derecho fiscal como entre el holograma vehicular y las placas de automóviles y motocicletas, lo que no encuentra justificación porque al Estado le representa el mismo costo; que el derecho fiscal debe ser igual para todos, debido a que la naturaleza de estos no sigue los lineamientos de los impuestos y que en el caso se cobra el costo del juego de placas y hologramas de manera distinta. ********************Como se dijo, dichos conceptos de violación resultan esencialmente fundados.********************El artículo 31, fracción IV, constitucional, dispone:********************"Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: (...)********************IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes".********************De este precepto se deduce que todo gobernado debe aportar aquellas contribuciones al gasto público impuestas por el Estado, mismas que deben atender a los siguientes principios constitucionales:********************1. Legalidad;********************2. Proporcionalidad;********************3. Equidad; y,********************4. Destino al gasto público.********************En este orden de ideas, y toda vez que el artículo del que se analiza su constitucionalidad es relativo a una contribución, resulta necesario establecer que las contribuciones, según el artículo 3° del Código Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo, se dividen en: ********************Impuestos;********************Derechos; y,********************Contribuciones de mejoras.********************En lo relativo a los derechos, que es el tema en estudio, el artículo 3°, fracción II, del Código Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo, dispone:********************"Artículo 3. ********************Son contribuciones las cantidades que en dinero deben enterar las personas físicas y morales, al Estado, para cubrir el gasto público, las que se clasifican en: Impuestos, Derechos, Contribuciones de mejoras y se definen como sigue:********************(.)********************II. Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados, cuando se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las Leyes Fiscales respectivas; y.".********************Como se ve, los derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público.********************Cabe señalar que tratándose de este tipo de contribuciones [derechos], para atender a su proporcionalidad y equidad, en términos del artículo 31, fracción IV, constitucional, debe tenerse en cuenta el costo que para el Estado represente la prestación del servicio, de donde se sigue que las cuotas deberán ser iguales para todos los que reciban servicios análogos.********************En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se cumplen, en los derechos por servicios, cuando el monto de la cuota guarda congruencia razonable con el costo que para el Estado tenga la realización del servicio prestado; además, que sea igual para los que reciben idéntico servicio, ya que el objeto real de la actividad pública se traduce en la realización de actos que exigen de la administración un esfuerzo uniforme.********************Así, tratándose de los derechos, los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad, poseen connotaciones diversas de los impuestos, pues, mientras en éstos, como se dijo, el principio de proporcionalidad implica que todas las leyes impositivas deben establecer cuotas, tasas o tarifas progresivas que graven a los contribuyentes en función de su verdadera capacidad económica y afecten impositivamente una parte justa y razonable de sus ingresos, utilidades o rendimientos obtenidos de manera individualizada.******************** En el caso de los derechos, para calcular su importe, no debe tomarse en consideración la capacidad económica del contribuyente, lo que es explicable en virtud que en este tipo de contribuciones, a diferencia de los impuestos, no se pretende gravar el ingreso, utilidad o rendimiento de una persona, sino tan solo permitirle al Estado la recuperación del costo del servicio público particular divisible que presta a solicitud del ciudadano, de ahí que, para cumplir con el principio constitucional en mención, lo que interesa es el costo que para el Estado representa la prestación del servicio que se solicita; es decir, para acatar el invocado mandamiento constitucional, el monto de las tarifas o cuotas de los servicios debe fijarse fundamentalmente en proporción al costo del servicio prestado.********************En consecuencia, para analizar la proporcionalidad y equidad de una norma que establece un derecho se debe tomar en cuenta la actividad del Estado que genera la obligación de su pago, la cual permitirá decidir, si el parámetro de medición seleccionado para cuantificar la respectiva base gravable resulta congruente con el costo que representa para la autoridad prestar el servicio relativo, en donde la cuota no puede contener elementos ajenos al costo del servicio prestado, porque ello daría lugar a que, por un mismo servicio se contribuya en un monto diverso.********************Esto es, para que se cumpla con el principio de proporcionalidad que establece la fracción IV del artículo 31 constitucional, debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, por lo que el establecimiento de normas que determinen el monto del tributo atendiendo al capital del contribuyente o a cualquier otro elemento que refleje su capacidad contributiva puede ser correcto tratándose de impuestos, pero no de derechos, respecto de los cuales debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el Estado tenga la prestación del servicio prestado, pues los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares.********************Es puntualmente aplicable, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P./J. 2/98, del tenor literal siguiente: ********************"DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. Las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el legislador trata de satisfacer en materia de derechos a través de una cuota o tarifa aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado, se traduce en un sistema que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: "las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que los soliciten", de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos."********************La diversa tesis P. XLVIII/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: ********************"DERECHOS FISCALES. PARA EXAMINAR SI CUMPLEN CON LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD, DEBE ATENDERSE AL OBJETO REAL DEL SERVICIO PRESTADO POR LA ADMINISTRACION PUBLICA Y QUE TRASCIENDE TANTO AL COSTO COMO A OTROS ELEMENTOS. Esta Suprema Corte ha sentado en la tesis jurisprudencial 9, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo I, Primera Parte-1, Pleno, página 158, que las leyes que establecen derechos fiscales por inscripción de documentos sobre constitución de sociedades mercantiles o aumentos de sus capitales en el Registro Público correspondiente, fijando como tarifa un porcentaje sobre el capital, son contrarias a los principios tributarios de proporcionalidad y equidad, porque no toman en cuenta el costo del servicio que presta la Administración Pública, sino elementos extraños que conducen a concluir que por un mismo servicio se paguen cuotas diversas. En cambio, tratándose de derechos por servicio de agua potable, ha tomado en consideración para juzgar sobre la proporcionalidad y equidad del derecho, no la pura correlación entre el costo del servicio y el monto de la cuota, sino también los beneficios recibidos por los usuarios, las posibilidades económicas de éstos y razones de tipo extrafiscal, como se infiere de la tesis XLVII/91 publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, Primera Parte, página 5. El examen de ambas tesis no hace concluir que ha cambiado el criterio de este alto Tribunal, sino que ha sentado criterios distintos para derechos fiscales de naturaleza diferente, atendiendo al objeto real del servicio prestado por el ente público y que trasciende tanto al costo como a otros elementos. Ello, porque tratándose de derechos causados por el registro de documentos o actos similares, el objeto real del servicio se traduce, fundamentalmente, en la recepción de declaraciones y su inscripción en libros, exigiendo de la Administración un esfuerzo uniforme a través del cual puede satisfacer todas las necesidades que se presenten, sin aumento apreciable del costo del servicio, mientras que la prestación del servicio de agua potable requiere de una compleja conjunción de actos materiales de alto costo a fin de lograr la captación, conducción, saneamiento y distribución del agua que, además, no está ilimitadamente a disposición de la administración pública, pues el agotamiento de las fuentes, la alteración de las capas freáticas, los cambios climáticos y el gasto exagerado, abusivo o irresponsable por los usuarios, repercuten en la prestación del servicio porque ante la escasez del líquido, es necesario renovar los gastos para descubrir, captar y allegar más agua, todo lo cual justifica, cuando son razonables, cuotas diferentes y tarifas progresivas."********************Así como la tesis P./J. 3/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: ********************"DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. No obstante que la legislación fiscal federal, vigente en la actualidad, define a los derechos por servicios como las contribuciones establecidas en la ley por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, modificando lo consignado en el Código Fiscal de la Federación de 30 de diciembre de 1966, el cual en su artículo 3o. los definía como "las contraprestaciones establecidas por el poder público, conforme a la ley, en pago de un servicio", lo que implicó la supresión del vocablo "contraprestación"; debe concluirse que subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, ya que entre ellos continúa existiendo una íntima relación, al grado que resultan interdependientes, pues dicha contribución encuentra su hecho generador en la prestación del servicio. Por lo anterior, siendo tales características las que distinguen a este tributo de las demás contribuciones, para que cumpla con los principios de equidad y proporcionalidad que establece la fracción IV del artículo 31 constitucional, debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio, lo que lleva a reiterar, en lo esencial, los criterios que este Alto Tribunal ya había establecido conforme a la legislación fiscal anterior, en el sentido de que el establecimiento de normas que determinen el monto del tributo atendiendo al capital del contribuyente o a cualquier otro elemento que refleje su capacidad contributiva, puede ser correcto tratándose de impuestos, pero no de derechos, respecto de los cuales debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio; y que la correspondencia entre ambos términos no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares." ********************También es de precisar, que en materia de derechos por servicios, el principio de proporcionalidad tributaria exige que exista un razonable equilibrio entre la cuota que se cobra al usuario y el costo que representa para el Estado su prestación, aunque esa relación no implique que el precio corresponda exactamente al valor de aquéllos, ya que los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares. ********************En ese sentido, como toda ley goza de presunción de constitucionalidad, es preciso que quien sostenga en el amparo que la cuota es notoriamente desproporcionada, asuma la carga de demostrar esa afirmación, pero si el quejoso rinde pruebas que apunten, al menos indiciariamente, a que las tasas son excesivas, la autoridad responsable está obligada a justificar, ya sea en su informe o durante la tramitación del juicio, la razonabilidad del cobro, por no serle exigible al gobernado conocer la estructura de costos de la autoridad y sus políticas operacionales, además de que en un sistema democrático compete al Estado acreditar la legitimidad de sus decisiones de finanzas públicas, independientemente de que no esté obligado a hacerlo en el texto legislativo.******************** Es aplicable, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2a. CX/2013 (10a.), que dice:********************"PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo; ello porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Lo anterior no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen".********************Ahora, en términos del artículo 3º, fracción II, del Código Fiscal del Estado, los derechos son: ********************".********************II. Derechos son las contraprestaciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados, cuando se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las Leyes Fiscales respectivas; y********************."********************En tanto que el artículo 55 de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán, de Ocampo establece: ********************"ARTÍCULO 55. Los derechos se pagarán por las personas físicas o morales, por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados, siempre y cuando se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en esta Ley. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. ********************Los derechos por la prestación de servicios que establece esta Ley deberán estar relacionados con el costo total del servicio, incluso el financiero, salvo que el establecimiento del 25 monto del derecho tenga un carácter racionalizador del servicio, o persigan fines extrafiscales. ********************Las obligaciones y supuestos denominados en Unidad de Medida y Actualización (UMA) se considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la obligación expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente.******************** Cuando de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, y otras disposiciones, los servicios que presta una dependencia de la Administración pública centralizada o un organismo descentralizado o autónomo son proporcionados por otra dependencia u organismo descentralizado o autónomo, se entenderá que las disposiciones señaladas en esta Ley para aquéllos, se aplicarán a éstos, así como cuando cambien de nombre los registros o padrones que conforman el servicio o la Ley que lo establece, se seguirán pagando los derechos correspondientes conforme a los preceptos que los establecen". ********************De las normas legales transcritas se infiere que los derechos en el Estado de Michoacán de Ocampo, son contraprestaciones por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público o por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. ********************De igual forma, en cuanto a la prestación de servicios, los derechos deben estar relacionados con su costo total, incluso el financiero, saldo que el establecimiento del monto tenga un carácter racionalizador o se persigan fines extrafiscales.********************En la especie, el quejoso reclama el artículo 20, fracción II, inciso A), de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo, vigente para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés. El cual, establece:********************"CAPÍTULO IV****************************************DERECHOS POR SERVICIOS DE REGISTRO Y CONTROL VEHICULAR DE TRANSPORTE PARTICULAR****************************************ARTÍCULO 20. Los derechos que se causen por la prestación de servicios de registro y control vehicular de transporte particular, se pagarán conforme a lo siguiente:************************************************************II. Por refrendo anual de circulación: ****************************************C o n c e p t o Cuota 2023 ****************************************A) Para autobuses, camiones, camionetas, automóviles y pipas. $1,056.00****************************************B) Para vehículos de servicio particular adaptados o de uso para personas con discapacidad, pagarán el 50 por ciento de lo señalado en el inciso A) de esta fracción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán de Ocampo. $ 528.00 ****************************************C) Por refrendo de tarjeta de circulación tratándose de placas de demostración. $ 1,208.00 ****************************************D) Para remolques. $ 530.00 ****************************************E) Para motocicletas. $ 341.00****************************************."****************************************La normativa recién plasmada, permite concluir que, la contribución ahí prevista tiene la naturaleza de un derecho por servicio, pues establece el costo por holograma de circulación o refrendo anual calcomanía o de circulación de vehículos inscritos en el padrón relativo, cuyo monto se fija atendiendo al tipo de vehículo respecto del cual se solicita el holograma de circulación; es decir, sin atender al costo del servicio prestado. ********************En efecto, del numeral citado se observa que, la fracción II, inciso a) del citado artículo 20, establece un costo sustancialmente mayor por conceptos de refrendo anual de calcomanías u holograma de circulación para autobuses, camiones, camionetas, automóviles y pipas, que para remolques y motocicletas, pues respecto de esto últimos en la citada fracción II, inciso D) del artículo 20 de la Ley de Ingresos del Estado, establece una cuota para remolques de $530.00 (quinientos treinta pesos 00/100 M.N); y de $341.00 (trescientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N), respecto de motocicletas. ********************De lo que se concluye, que válidamente puede afirmarse que la porción normativa impugnada contraviene los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, pues si el servicio prestado por el Estado se limita a la gestión y administración de los datos de los automotores, a la recepción del cobro respectivo por el refrendo anual de calcomanía, al igual que el otorgamiento del holograma, es indudable que ese despliegue no es distinto en función del tipo vehículo de que se trate. ********************En otras palabras, el costo operativo del Estado por proporcionar los servicios relatados es idéntico, con independencia de que se trate de diversos vehículos (autobuses, camiones, camionetas, pipas, automóviles, remolques y motocicletas). ********************De ahí que, al hacer una distinción basada en el tipo de vehículos y no en el despliegue técnico realizado por la autoridad para otorgar los servicios ahí consignados, el artículo 20, fracción II, inciso A, de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal del dos mil veintitrés, contraviene los principios tributarios constitucionales de equidad y proporcionalidad, previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************Resulta aplicable, por similitud jurídica, la tesis IV.1o.A.29 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, cuyo rubro y texto expresa:********************"SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR, INSCRIPCIÓN Y REFRENDO ANUAL. EL ARTÍCULO 276, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL ESTABLECER DIVERSAS CUOTAS PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS RELATIVOS, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA. Si los derechos son las contraprestaciones que se pagan a la hacienda pública por servicios administrativos prestados a los gobernados, deben estar en concordancia con el costo del servicio y no con una diversa capacidad contributiva, por tratarse del mismo trámite respectivo y de la misma atención brindada. Así, al establecer el artículo 276, fracción XIII, de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, que por los servicios que preste la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado o sus dependencias, se causarán los derechos de control vehicular por la inscripción respectiva y por el refrendo anual correspondiente, en los términos siguientes: Tratándose de vehículos de motor, excepto motocicletas, 18 cuotas; remolques, 7 cuotas, y motocicletas de motor mayor de setenta y cinco centímetros cúbicos, 1.5 cuotas. Se llega a la conclusión de que dicho precepto no satisface los principios de proporcionalidad y equidad que deben normar el pago de derechos por servicios de control vehicular, supuesto que el trámite desarrollado y el servicio prestado resulta ser el mismo con independencia de que se trate de diversos tipos de vehículos, porque no varía en nada la función a realizar por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado o sus dependencias, y no advirtiéndose motivación jurídica alguna que justifique esa diversidad contributiva en el pago de los derechos, es claro que se violan dichos principios consagrados por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República."********************También, la jurisprudencial 2a./J. 105/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes:********************"IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES. LOS ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN I, NUMERAL 5, INCISO D), Y 7, FRACCIÓN I, PUNTO B), INCISO C), DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE CHIHUAHUA E HIDALGO DEL PARRAL, RESPECTIVAMENTE, AMBAS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2012, QUE LO PREVÉN, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. Los preceptos citados, al establecer de manera coincidente una prestación económica a cargo de los propietarios de vehículos automotores que residan dentro del territorio de cada Municipio, violan el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el parámetro utilizado como base para medir o individualizar el hecho imponible no atiende a la capacidad contributiva gravada, dado que prevén distintas tarifas fijas dependiendo únicamente del tipo de vehículo sobre el que se ejerza la mencionada propiedad (según se trate de automóviles; camión y ómnibus; remolque; o motocicleta); lo que pone de relieve que dicha base gravable no fue estructurada para medir eficazmente la expresión económica descrita en el hecho generador del tributo, sino que fue diseñada como si se tratara de una contribución extraordinaria o especial para solventar los gastos de inversiones de infraestructura y equipamiento urbano de los Municipios, siendo que en realidad participa de la naturaleza jurídica de un impuesto, al ser establecida en forma unilateral y coactiva para gravar una manifestación específica de riqueza; de ahí que la obligación tributaria no se cuantifica en función de la capacidad para contribuir a los gastos públicos por parte de los gobernados, ya que el monto del tributo varía dependiendo de la clase de vehículo automotor del que sean propietarios, y no propiamente de su valor económico que es el que, en todo caso, reflejaría con fidelidad la riqueza gravada".********************Ahora, el quejoso señala como primer acto de aplicación de la norma reclamada el recibo de pago, a través del formato múltiple de pago contribuyente estatales y/o federales, expedido por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán de Ocampo, caja 06 de Apatzingán, Michoacán, con folio 44000175051-1, de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, a nombre del contribuyente ********************, por conceptos de refrendo anual de calcomanía, respecto del vehículo marca Volkswagen-Taos Highline, modelo 2022, con placas PTZ227A, serie 3VVTB6B2XNM057708 (foja 14 del sumario). ********************Documental con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, que es suficiente para demostrar la aplicación de la norma reclamada en perjuicio de la solicitante de amparo.********************Consecuentemente, en virtud de que el artículo 20, fracción II, inciso A), de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo, vigente para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, transgrede los principios de equidad y proporcionalidad instituidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, deben desincorporarse de la esfera jurídica de la amparista.********************No obstante, en el mecanismo de la contribución subsiste una cuota mínima que debe pagarse por tal derecho, sin considerar el tipo de vehículo registrado. ********************En efecto, el artículo 20, fracción II, inciso e), de la Ley de Ingresos para el Estado de Michoacán de Ocampo, establecen que por refrendo de tarjeta de circulación para motocicletas se pagará la cantidad de $341.00 (trescientos cuarenta y un pesos 00/100 m.n).********************Por tanto, la cantidad anterior integra la cuota mínima que debe pagarse por el derecho en comento, toda vez que la cuantía de éstos no puede ser menor de aquélla.********************En consecuencia, existe certeza de que el parámetro anterior equivale al monto que el legislador consideró indispensable que debe cubrirse por los servicios involucrados.********************Esta cuota resulta proporcional y equitativa, pues la suma es la mínima, sin considerar el tipo de vehículo registrado.********************Entonces, al ser equitativa y no fijarse en función del valor ajeno al servicio prestado por el estado, las cuotas citadas resultan constitucionales, por lo que no se puede relevar al contribuyente de la obligación de enterar dicha cuotas mínimas.********************Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 29/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2000775, del rubro y texto siguiente:********************"DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS. Por regla general, la concesión del amparo respecto de una ley fiscal tiene como efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional, y que se le restituyan las cantidades enteradas. Ahora bien, atento al criterio sustentado por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 62/98, de rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", se concluye que cuando en la ley se prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar por concepto de derechos por servicios, el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Consecuentemente, cuando la disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar, con lo cual se respeta el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la jurisprudencia P./J. 121/2007, de rubro: "SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA".********************De manera que existe una tarifa que no presenta el vicio de inequidad en referencia, por lo que su aplicación es proporcional a todos los contribuyentes involucrados.********************Lo anterior, pues no existe obstáculo alguno que impida su posterior aplicación, dado que dicho monto no es desproporcional en sí mismo, sino que únicamente vicia a la otra tarifa aplicable, pues, se insiste, la violación al principio de equidad tributaria que origina de dicha desproporción está presente únicamente en ésta y no en aquélla. ********************De ahí que lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, contra los actos y autoridades precisadas.********************Apoya lo anterior, la Jurisprudencia PC.III.A. J/41 A (10a.), del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, página 1811, Décima Época, con registro digital: 2016855, de rubro y texto siguiente: ********************"DERECHOS POR EL SERVICIO DE REFRENDO ANUAL DE REGISTRO Y HOLOGRAMA. LOS ARTÍCULOS 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011, Y 24, FRACCIÓN III, DEL ORDENAMIENTO REFERIDO PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS 2012 A 2015, QUE ESTABLECEN SU MONTO, TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. Los preceptos legales indicados, al establecer el monto del derecho por concepto del servicio que preste la Secretaría de Vialidad y Transporte y, en su caso, la Secretaría de Finanzas, relativo al refrendo anual de registro y holograma, transgreden los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues lo cuantifican mediante un sistema tarifario basado en el tipo, dimensiones y uso diferenciados de los vehículos, sin brindar elementos sólidos que permitan determinar el parámetro de medición seleccionado para cuantificar el costo del servicio prestado y, por ende, posibilitar la correlación con el monto de la cuota a pagar. En efecto, por la naturaleza del servicio de trato, es bien sabida por todos sus usuarios, su obligación del refrendo anual vehicular y la obtención del holograma; y debido a la simplificación de esos trámites es fácil comprender que el servicio prestado por el Estado requiere de un despliegue técnico limitado a la gestión y administración de los datos de los vehículos, así como al cobro respectivo, el que incluso puede realizarse en línea, a través del sitio oficial de Internet del Gobierno del Estado de Jalisco. Por tanto, si el servicio es análogo para todos los vehículos, independientemente de su tipo, dimensión y uso, entonces, esos factores no dan certeza del costo real del servicio de trato, y siendo así, las disposiciones legales en cuestión son inconstitucionales".********************OCTAVO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO.********************De conformidad con lo que dispone el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, respecto de los actos reclamados, es a efecto que:********************Como el amparo se concedió sólo respecto de la norma impugnada que prevé la tarifa del tributo reclamado (equidad tributaria) y no respecto de los numerales que establecen otros elementos esenciales de la contribución -pues no se hizo valer concepto de violación en ese sentido- la concesión del amparo no tiene por efecto exentar a la parte quejosa del pago en su totalidad de los derechos mencionados, sino sólo, para que:********************Las autoridades responsables desincorporen de la esfera jurídica de la quejosa ********************, la obligación contenida en el numeral 20, fracción II, inciso A), declarada inconstitucional de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, que prevé la dotación del holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación.********************En consecuencia, el Director de Recaudación del Estado de Michoacán de Ocampo, deberá realizar el cálculo correspondiente a la tarifa equivalente a la tarifa prevista en el artículo 20, fracción II, incisos E), de la Ley de Ingresos para el Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, que prevé el pago de los derechos por el refrendo anual de calcomanía, para las motocicletas; y, en su defecto, realice la devolución que corresponda a la solicitante de amparo, respecto de las cantidades que se pagaron por ese concepto en el recibo de pago cubierto a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán de Ocampo, caja 06 de Apatzingán, Michoacán, con folio 44000175051-1, de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, a nombre del contribuyente ********************, por concepto de refrendo anual de calcomanía, respecto del vehículo marca Volkswagen-Taos Highline, modelo 2022, con placas PTZ227A, serie 3VVTB6B2XNM057708 (foja 14 del sumario). Lo que deberá incluir su actualización.********************A lo anterior, no se opone que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 62/98, de rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", haya determinado que el efecto del amparo que se concede respecto de normas tributarias que establecen elementos esenciales de las contribuciones, como la base gravable, es que el gobernado no se encuentre obligado a cubrir el tributo, justificado en el hecho de que, sin dicho elemento esencial, no es factible integrar en su totalidad la contribución y calcular el importe a pagar. Lo anterior, pues al respecto, los Tribunales de la Federación han sostenido que en el supuesto de que el legislador hubiere omitido precisar la mecánica para calcular la base gravable de los impuestos, ello no libera al contribuyente, de la obligación de pago de la cuota fija mínima del impuesto relativo, en razón de que esta guarda independencia del resto de las disposiciones que regulan la obligación de pago de dicha contribución bajo el esquema de cuota variable, en específico, de su base gravable, en tanto que la cuota fija mínima puede prescindir de dicha base imponible, al instaurar la norma directamente la cantidad a pagar en caso de que se actualice el hecho generador del gravamen; lo que se equipara en el caso concreto, pues del mecanismo de contribución que establece el artículo 20, fracción II, inciso A), de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés, tildada de inconstitucional subsiste una cuota mínima que debe pagarse por tal derecho, por lo que no es procedente liberar al gobernado de la obligación de cubrir el tributo.********************Lo anterior encuentra sustento, por contener la idea jurídica en la Jurisprudencia PC.XXV. J/2 A (11a.), del Pleno del Vigésimo Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Febrero de 2023, Tomo III, página 3113, Undécima Época, con registro digital 2026022, de rubro y texto siguiente: ********************"PREDIAL. LA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, POR LA OMISIÓN DEL LEGISLADOR DE PRECISAR LA MECÁNICA PARA CALCULAR LA BASE GRAVABLE, NO LIBERA AL CONTRIBUYENTE DE LA OBLIGACIÓN DE PAGO DE LA CUOTA FIJA MÍNIMA DEL IMPUESTO RELATIVO (LEGISLACIONES VIGENTES EN 2017, 2018 Y 2019). Hechos: Los tribunales contendientes llegaron a conclusiones opuestas sobre los efectos del amparo que se concedió en contra del artículo 13 de las Leyes de Ingresos del Municipio de Durango, para los ejercicios fiscales dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, derivado de que el legislador omitió precisar la mecánica para calcular la base gravable del impuesto predial.********************Criterio jurídico: La declaración de inconstitucionalidad del artículo 13 de las Leyes de Ingresos del Municipio de Durango para los ejercicios fiscales dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, derivado de que el legislador omitió precisar la mecánica para calcular la base gravable del impuesto predial, no libera al contribuyente, por sí mismo, de la obligación de pago de la cuota fija mínima del impuesto relativo, prevista en el artículo 14 de dichos ordenamientos jurídicos.********************Justificación: Si bien es cierto que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado en la jurisprudencia P./J. 62/98, de rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", que el efecto del amparo que se concede respecto de normas tributarias que establecen elementos esenciales de las contribuciones, como la base gravable, es que el gobernado no se encuentre obligado a cubrir el tributo; dicha conclusión encuentra su justificación en el hecho de que, sin dicho elemento esencial, no es factible integrar en su totalidad la contribución y calcular el importe a pagar. Igualmente, según se desprende de la tesis aislada 2a. LXII/2013 (10a.), de título y subtítulo: "LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON LA BASE GRAVABLE DE LAS CONTRIBUCIONES.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que las contribuciones de cuota fija pueden prescindir de la base gravable, o incluso expresarla en términos genéricos, ya que la ley instituye directamente la cantidad a pagar, por lo que no se necesita de elementos cuantificadores para fijar la deuda tributaria. Ahora bien, las Leyes de Ingresos del Municipio de Durango, para los ejercicios fiscales dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, en relación al impuesto predial, prevén: (a) una cuota variable, en la que la cantidad a pagar se establece o determina en función de la base imponible, consistente en el cien por ciento del valor catastral, a la que se le aplica una tasa de 2 o 1 al millar, tratándose de predios urbanos y rústicos, respectivamente; y, (b) una cuota fija de 4 Unidades de Medida y Actualización, tanto para predios urbanos como rústicos. Así, la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 13 de las legislaciones en comento, derivado de que el legislador omitió precisar la mecánica para calcular la base gravable del impuesto predial, no libera al contribuyente, por sí misma, de la obligación de pago de la cuota fija mínima del impuesto relativo, prevista en el artículo 14 de dichos ordenamientos jurídicos. Lo anterior, en virtud de que se trata de una cuota fija mínima que guarda independencia del resto de las disposiciones que regulan la obligación de pago de dicha contribución bajo el esquema de cuota variable, en específico, de su base gravable, en tanto que la cuota fija mínima puede prescindir de dicha base imponible, al instaurar la norma directamente la cantidad a pagar en caso de que se actualice el hecho generador del gravamen."********************Asimismo, sobre el tema de actualización del monto de la devolución que corresponda, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 13/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:******************** "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL). El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada".********************Atendiendo al sentido de la resolución, se estima innecesario el estudio de los demás conceptos de violación vertidos por la quejosa, toda vez que el analizado se considera suficiente para nulificar los actos reclamados mediante este juicio de amparo. ********************NOVENO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.********************De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley.********************Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.********************Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se ********************R E S U E L V E:********************PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por ********************, contra los actos que reclamó del Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, ambos del Estado de Michoacán de Ocampo, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto.********************SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y Protege a ********************, contra los actos que reclamó del Congreso, Gobernador del Estado y Director de Recaudación del Estado de Michoacán de Ocampo, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando séptimo, y para los efectos precisados en el diverso octavo de esta sentencia.********************TERCERO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el último considerando de este fallo.********************Notifíquese personalmente.********************Así lo resolvió y firma [en forma electrónica] René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta el día de hoy, en que lo permitieron las labores de este Juzgado, ante Ernesto Adame Ruíz, secretario que autoriza y da fe.********************Razón.- En esta fecha se giró (ron) el (los) oficio (s) 12331, 12332, 12333, 12334 y 12335. Conste.****************************************/2022 ********************El suscrito Ernesto Adame Ruíz, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, hace constar que la presente foja corresponde a la última parte de la resolución constitucional de veinte de julio de dos mil veintitrés, en el que se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal en el juicio de amparo ********************/2022, promovido por ********************, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, y de otras autoridades. Conste.********************El veinte de julio de dos mil veintitrés, el suscrito Ernesto Adame Ruíz, Secretario con adscripción en el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 108 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta versión pública suprime toda aquella información considerada legalmente como reservada y confidencial, por tratarse de: nombres de personas físicas o morales que tienen el carácter de parte dentro del juicio de origen o del expediente de amparo o intervienen dentro del asunto, sin la calidad de autoridad; y, el expediente natural, al ser un dato que hace identificable la identidad de la parte quejosa y de las demás partes involucradas en este sumario, de manera directa o indirecta, a través de cualquier información. Conste.************************************************************
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