Silvano Castro Cuevas

Expediente 92/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
92/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
25/04/2018

Partes del expediente

  • Silvano Castro Cuevas

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de abril de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio de cuenta, suscrito por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido, como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, remítasele copia certificada de la boleta de turno, demanda de garantías que dio origen al juicio de amparo número 92/2017, promovido por ********************, autos por los que se tuvo por no presentada la demanda de garantías, y por el que causó estado dicho auto. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 98, primer párrafo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el acuerdo dictado por este Tribunal el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete (foja 10); con fundamento en el artículo 2° de la Ley antes invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el expresado acuerdo en el que se tuvo por no presentada la demanda, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el artículo décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que no existen documentos originales en el presente expediente. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    PREVIO CITATORIO.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, primero de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, toda vez que el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, se ordenó el archivo del presente expediente, resulta innecesaria la permanencia del tomo de pruebas formado con las copias certificadas del juicio ordinario civil 219/2012, que remitió el juez Primero Civil de Etla, Oaxaca, en apoyo a su informe justificado; por tanto, se ordena devolver dicho expediente a la citada autoridad. Asimismo, y toda vez que obra un cuadernillo anexo a los presentes autos, formado con motivo del legajo de copias simples deducidas del expediente 219/2012, del índice del Juzgado Civil del Distrito Judicial de la Villa de Etla, Oaxaca, que ofreció el quejoso Julián Velasco Hernández, anexas a su demanda de amparo; por tanto, requiérasele, para que en el plazo de noventa días, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se presente en días y horas hábiles ante este Tribunal, a recoger dicho legajo de copias, apercibido que de no hacerlo, podrá ser destruidos junto con el presente expediente. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de enero de dos mil diecisiete. Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo concedido en proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, respecto al cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos, este órgano jurisdiccional se pronuncia al respecto. La concesión del amparo otorgada al quejoso Aldo Manuel Chávez Montes, fue para el efecto de que las autoridades responsables Encargada del despacho de la Dirección General, Director del Área Jurídica y Director de Seguridad, todos del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, dejaran insubsistente la determinación verbal de dos de diciembre de dos mil quince, en que se impuso un correctivo disciplinario al interno citado, y sus consecuencias legales, a fin de que no fuera tomada en cuenta la citada resolución, dentro del expediente único del quejoso, como indicativa de que no observó buena conducta, o como evolución desfavorable al tratamiento técnico progresivo, para un posible beneficio o estimulo, así como para agravar cualquier otra medida correctiva que pudiera llegar a imponerse al interno, por ser ésta una consecuencia directa de dicha determinación (fojas 72 a 78). En atención a dicho fallo constitucional, el Director General, por si y en nombre del Director Jurídico y Director de Seguridad, todos del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mediante oficios de fecha catorce de noviembre de dos mil dieciséis, informaron respecto al cumplimiento de la ejecutoria; asimismo, el primero de ellos, remitió copia certificada del acuerdo, mediante el cual se dejó sin efecto el acta administrativa de imposición de correctivo disciplinario de fecha dos de diciembre de dos mil quince, impuesta por el entonces Consejo Técnico interdisciplinario al aquí quejoso, consistente en una sanción de treinta y un días de suspensión total de estímulos y como consecuencia se declaró la nulidad del procedimiento administrativo, sin que hubiera sido necesario reponer el procedimiento por la conducta realizada por el quejoso de mérito. En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera, las autoridades responsables cumplieron con la ejecutoria de referencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO POR CONDUCTO DE SUS DEFENSORES.

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