Silbestre Jiménez Jiménez
Expediente 364/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 364/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Silbestre Jiménez Jiménez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo dictado en este juicio), haya recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimento a los puntos cuarto, décimo, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 364/2018; y, R E S U L T A N D O: I.- Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el doce de abril de dos mil dieciocho, ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en esta población, SILBESTRE JIMÉNEZ JIMÉNEZ, por su propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por violación a sus derechos humanos contenidos en los artículos 8, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos del Fiscal General del Estado de Oaxaca y Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Cinco de Delitos Patrimoniales, Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, de quienes reclamó: ".IV.- ACTO RECLAMADO. La omisión de integrar la carpeta de investigación 1006/U.A.T. S.M/2017, que se sigue ante al Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Cinco de Delitos Patrimoniales, Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por los Delitos de falsificación de documento, uso de documento falso y los demás que se configuren en perjuicio de la quejosa y solicitar ante la autoridad jurisdiccional competente la orden de aprehensión correspondiente." II. ADMISIÓN Y TRÁMITE. Por cuestión de turno, dicha demanda fue remitida a este órgano jurisdiccional, radicándose el doce de abril de dos mil dieciocho, con el número 364/2018, se ordenó admitir a trámite, solicitar su informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dar la intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. III. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. La audiencia constitucional tuvo verificativo, al tenor del acta que antecede; por lo que es procedente pronunciar sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción V, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 48, 49 y 54, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que se trata de un asunto de naturaleza administrativa; que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado en el presente juicio de amparo: La omisión del Agente del Ministerio Público de integrar la carpeta de investigación 1006/U.A.T.S.M/2017 de su índice. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Fiscal General del Estado, por conducto de la Directora de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que le reclama la quejosa, sin que ésta haya desvirtuado tal negativa; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Es aplicable en la especie la jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Certeza de los actos reclamados. El Fiscal de la Mesa Tres Investigadora del Sector Metropolitano, de la Fiscalía General del Estado, negó el acto que se le atribuye. Sin embargo, su negativa se desvirtúa con las propias manifestaciones que ahí realiza, pues a la fecha de presentación de la demanda no se encontraba integrada la carpeta de investigación 1006/U.A.T.S.M/2017 de su índice, ya que fue hasta el diecinueve de abril de este año en que solicitó al juez de control orden de citación en contra del imputado Armando Diosdado Gutiérrez; por tanto, es cierto el acto que le atribuye el quejoso. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de la cuestión planteada, procede analizar si en la especie existe alguna causa de improcedencia, pues su estudio es preferente y de orden público, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 63 de la Ley de Amparo. De oficio, el suscrito advierte que se actualiza la hipótesis de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que el quejoso no agotó el principio de definitividad, pues en términos de lo dispuesto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en contra de la omisión del ministerio público es procedente el medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al respecto, los normativos citados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." Por su parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". En el caso, se reclama la omisión del Agente del Ministerio Público responsable de integrar la carpeta de investigación 1006/U.A.T.S.M/2017. Así, toda vez que ello supone la paralización de la actividad investigadora, encuadra dentro de los supuestos a que se refiere al artículo 258 Nacional de Procedimientos Penales, por lo que la quejosa previo a instar la acción constitucional debió acudir previamente ante el Juez de Control a promover el medio de defensa innominado ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que convoque a una audiencia a fin de revisar las actuaciones del Ministerio Público, si fue legal o no, y en su caso decrete las medidas para que esa conducta omisiva cese, y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Así, las omisiones del Ministerio Público en la fase de investigación que reclama el aquí quejoso en calidad de víctima u ofendido debió impugnarlas ante el Juez de Control a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, el dieciocho de abril de dos mil dieciocho. Por ello, no se establece si se actualizan las excepciones a este principio de definitividad, como lo señala el párrafo segundo de la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo, ya que existe jurisprudencia, por contradicción de tesis, obligatoria en su observancia para este órgano jurisdiccional, acorde al numeral 217 de la Ley de Amparo. Por lo que, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, procede sobreseer en el juicio de amparo, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. El sobreseimiento por la causal de improcedencia decretada impide el estudio de los conceptos de violación planteados, como lo establece la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57 del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". SEXTO. Por otra parte, en términos de los artículos 1 al 9 y 12 a 23 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, debido a que las partes no se opusieron ni hicieron manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente; únicamente se suprimirán los datos sensibles que en su caso pueda contener esta resolución. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 73, 74, 75, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por SILBESTRE JIMÉNEZ JIMÉNEZ, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de este fallo. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento a lo ordenado en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE.Así lo resolvió y firma el licenciado Amado Chiñas Fuentes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la licenciada Maribel Leocadia García Melchor, secretaria que autoriza y da fe, el día de su audiencia dos de mayo de dos mil dieciocho. Doy fe.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Directora de Asuntos Jurídicos en representación del Fiscal General del Estado de Oaxaca, mediante el cual, rinde informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con fundamento en el artículo 9 de la citada Ley, se tienen como delegados, los indicados en el oficio de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de abril de dos mil dieciocho. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Silbestre Jiménez Jiménez, contra actos del Fiscal General del Estado de Oaxaca y otra autoridad. Con fundamento en los artículos 1°, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo, se admite la demanda. Fórmese expediente en los términos del artículo 3º de la Ley de la materia; regístrese con el número 364/2018, que le correspondió; tramítese este juicio sin incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa. Requerimiento de informes. Con apoyo en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables sus informes justificados, los que deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio que lo solicita, donde expondrán las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y en su caso, la improcedencia del juicio o la actualización de alguna causa de sobreseimiento y según el caso, acompañarán copia certificada completa y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Apercibimientos. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, apercíbase a las autoridades responsables que de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario. Además, de no rendirlo o no hacerlo en el término señalado, es decir, quince días, o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a ocho mil sesenta pesos 00/100, moneda nacional ($8,060.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($80.60) por cien (100), al momento de incurrir en la conducta prevista por el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. Asimismo, cualquiera de las partes deberá informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: ". Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a dos mil cuatrocientos dieciocho pesos 00/100, moneda nacional ($2,418.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($80.60) por treinta (30); en términos del artículo 251 de la ley de la materia. De igual forma, requiérase a las autoridades responsables para que al momento de rendir su informe justificado, manifiesten si se ha promovido diverso juicio de amparo en el expediente, del cual emanan los actos reclamados, y en caso de ser así, señalen ante qué autoridad federal se radicó y remitan las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia, apercibiéndolas que de no hacerlo, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a cuatro mil treinta pesos 00/100 moneda nacional ($4,030.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($80.60) por cincuenta (50), con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 238 y 259 del mismo ordenamiento. Audiencia constitucional. Se señalan las DOCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la audiencia constitucional; en términos del precepto 115 de la ley de la materia. Emplazamiento a terceros interesados. Se reserva dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5°, fracción III, de la ley de la materia, hasta en tanto la autoridad responsable rinda su informe justificado Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, así como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Marco Antonio Ayuso Rodríguez, y solo para recibir notificaciones a la persona que indica, al no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto, y entregue los oficios que del mismo deriven. Intervención. Se otorga a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, la intervención que legalmente le corresponde en términos del artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, para ello, entréguesele copia simple de la demanda. Apercibimiento. Se apercibe a la quejosa que, para el caso de que las autoridades señaladas como responsables no existan, o bien, la denominación que indica no sea la correcta, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que le impone la obligación de precisar en la demanda la autoridad o autoridades responsables, sin ulterior acuerdo, se dejará de tenerlas con tal carácter y cesará toda comunicación con ellas, lo anterior, acorde con el principio consagrado por el artículo 17 Constitucional, de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente electrónico Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancia respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. NOTIFÍQUESE.
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