Sigifredo Valdez Morales

Expediente 325/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
325/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
29/03/2023

Partes del expediente

  • Sigifredo Valdez Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Juzgado Federal acepta competencia. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio remitido por la Actuaria Judicial Adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, mediante el cual informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir el presente cuaderno de antecedentes, toda vez que: Este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad archívese este expediente.

  2. Principal

    Se declara incompetencia legal. Del estudio integral de la demanda y sus anexos, se advierte que el conocimiento de los actos que por esta vía se reclaman, no corresponden al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, sino a un Juzgado de Distrito en el Estado de ********************, con residencia en Ciudad Obregón, en Turno, por las consideraciones siguientes: La parte quejosa ocurre a esta instancia federal, a reclamar el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, aprobadas en sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados del 6 y el 15 de diciembre de 2022, y en la Cámara de Senadores en las sesiones ordinarias del 15 de diciembre de 2022 y el 22 de febrero de 2023. Dicho Decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo del presente año. Asimismo, de los anexos de la demanda de amparo, los cuales forman parte del escrito inicial, atento al estudio integral sobre la misma, se allegaron entre otros copia de la credencial de elector del quejoso, credencial que lo acredita como empleado del Instituto Nacional Electoral y constancia de Servicios folio ********************, de las que se obtienen -entre otras cosas- el domicilio del aquí quejoso, su lugar de adscripción y la Junta Distrital ******************** al que pertenece, todos los cuales se ubican en el Municipio de ********************, ********************. De lo anterior, se advierte que el lugar donde la parte quejosa tiene su lugar de residencia y presta sus servicios la parte quejosa, se encuentran en la ciudad de ********************, ********************, por lo que la norma que en esta vía se reclama, tiene ejecución en dicha demarcación territorial. Máxime, que en el escrito inicial de la demanda, la parte quejosa señala como domicilio el ubicado en Avenida Mariano Jiménez, número 210, Interior 4, Colonia Juárez, código postal 85870, ********************, ********************, situación que corrobora lo que la parte quejosa, en su caso, verá materializada la ejecución de la norma en ese territorio. Una vez precisado lo anterior, para determinar y delimitar la competencia de este juzgado para conocer del presente asunto, es conveniente tomar en cuenta, los artículos 1********************, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 1********************. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia (.)." "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuanto el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De los artículos transcritos, se advierte que se establecen tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En las dos primeras reglas, se requiere que el acto reclamado tenga ejecución material, no es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello ocurra en la jurisdicción de uno o de varios jueces de Distrito, pues la primera se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una jurisdicción; en cambio, la segunda se refiere a la ejecución en dos o más distritos diferentes, al precisar que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. La tercera regla prevé el caso en el que el acto reclamado no requiere ejecución material, lo que da competencia al juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo que se sigue que la intención del legislador al fijar la competencia de los jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al juez de Distrito, al más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, pues sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia; intención que queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Dicho fin se plasmó en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 217-228, Tercera Parte, página 73, con el rubro que a continuación se transcribe: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCIÓN DE OTRO JUEZ." Así como en la tesis sustentada por la Sala Auxiliar, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 217-228, Séptima Parte, página 88, con el rubro siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO." La regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto está pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado. Precisado lo anterior, el promovente reclama la inconstitucionalidad del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, aprobadas en sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados del 6 y el 15 de diciembre de 2022, y en la Cámara de Senadores en las sesiones ordinarias del 15 de diciembre de 2022 y el 22 de febrero de 2023. Dicho Decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo del presente año; por ende, la aplicación y ejecución de tal acto corresponderá a la autoridad del lugar en donde deba acatarse, ya que constituye un acto que sí amerita ejecución material precisamente en el lugar en que el gobernado tenga su domicilio como ********************, perteneciente a la Junta Distrital ******************** ********************, ********************. Al efecto, se destaca que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que el hecho de que una ley autoaplicativa tenga como característica la de obligar al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de ninguna manera puede servir de base para que se les identifique con las resoluciones a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, con aquellas que, por no requerir ejecución material, deben ser conocidas por el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que las dictó, pues se pronunció en el sentido de que una norma general federal autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones. Además, la Segunda Sala del Máximo Tribunal, ha sostenido que la circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no debe conducir a la conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, quedan automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos. Así las cosas, se concluye que una norma general reclamada como autoaplicativa, sí conlleva un principio de ejecución, ya que al momento en que entra en vigor el precepto normativo de que se trate, el gobernado que hace las veces de su destinario, se encuentra obligado a su acatamiento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, se ordena remitir el presente juicio al Juzgado de Distrito en el Estado de ********************, con residencia en Ciudad Obregón, en Turno, al ser este juzgado legalmente incompetente, por razón de territorio, para conocer del presente asunto. Es aplicable, por analogía, la tesis jurisprudencia 2a.11 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 193, del Tomo IV, primera parte, materia común, constitucional, del Semanario Judicial de la Federación, registro 206498, de rubro: "LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS." Por lo anterior, solicítese de la manera más atenta a la jueza de Distrito que reciba la demanda, acuse el recibo correspondiente, así como informe si acepta o rechaza la incompetencia planteada, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno; y, con copia de la papeleta de ingreso, demanda de amparo y anexos, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. V. Pronunciamiento en torno a la suspensión de los actos reclamados. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión de los actos reclamados, ya que no se advierte que se actualice alguno de los supuestos que prevé el primer párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo. VI. Domicilio y acceso electrónico. Téngasele como domicilio para oír y recibir notificaciones electrónicas el usuario que precisa en su demanda de amparo (********************), por así solicitarlo, ello, toda vez que se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), con lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Sin que obste el hecho de que el promovente también señala para tal efecto el domicilio físico que aduce en su demanda fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito; empero, a fin de privilegiar la efectividad de las notificaciones personales que en el presente sumario constitucional se ordenen, deberán realizarse a través del usuario arriba citado. Se comisiona a la Oficial Judicial "A", para que aperture los campos necesarios en los términos anteriormente apuntados. VII. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VIII. Acuerdos generales. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.

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