"Sigein Soluciones", Sociedad Civil

Expediente 634/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
634/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
21/08/2019

Partes del expediente

  • "Sigein Soluciones", Sociedad Civil

Actuaciones

  1. Principal

    I. Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído seis de agosto de dos mil diecinueve. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, ya que: Se desechó de plano la demanda de amparo. III. Devolución de constancias. Toda vez que es innecesario permanecer con los legajos de pruebas y un sobre con documentos que la autoridad responsable adjuntó al presente juicio de amparo, devuélvanse a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Hágase anotación de archivo y en su oportunidad remítase al lugar de su guarda.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 6 DE AGOSTO DE 2019, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato, seis de agosto de dos mil diecinueve. I. Se reciben constancias y se acepta competencia. Téngase por recibido el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato capital, mediante el cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional, que el Tribunal de su adscripción, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Sigein Soluciones, sociedad civil, por conducto de su apoderada legal Katya Morales Prado, por estimar que al consistir el acto reclamado en: "Audiencia de remate a verificarse el día treinta de abril de dos mil diecinueve a las diez horas con treinta minutos, precisando que no se cuentan con las condiciones legales necesarias para la realización de dicho remate en apego a lo señalado por la ley de la materia.", no constituye sentencia definitiva ni resolución que hubiese puesto fin al juicio de origen, sino un acto emitido dentro del mismo y su ejecución, en términos del artículo 170, fracción I de la Ley de Amparo. En consecuencia, remitió el original y cuatro copias de la demanda y sus anexos, así como expediente 69/2013 en dos tomos, un sobre cerrado y constancias de notificación, de los cuales se ordena formar dos tomos de pruebas. Acúsese recibo. Atento al contenido del oficio relacionado, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; así como en los numerales 1º, 37, 38, 45 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con los puntos de acuerdo PRIMERO, relativo al Décimo Sexto Circuito, y CUARTO, párrafo segundo, del punto XVI, derivados del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria de veintitrés de enero del dos mil trece, por unanimidad de votos, en vigor a partir de esa misma fecha y publicado en el Diario Oficial de la Federación hasta el quince de febrero de ese mismo año, por el que se deroga el diverso Acuerdo General 17/2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de junio del dos mil doce y deja sin efecto las disposiciones dictadas con anterioridad, este órgano de control constitucional, acepta la competencia declinada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital; por ende, se avoca al conocimiento de la demanda de amparo remitida por la superioridad. Sirve de apoyo a lo expuesto en el párrafo que precede el criterio sustenta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis Jurisprudencial número P./J. 40/97, visible en la página 6, Tomo V Junio de 1997, Materia Común, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE." II. Formación y registro del expediente. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo con el número 634/2019-IV y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. III. Parte quejosa. Sigein Soluciones, sociedad civil, por conducto de su apoderada legal Katya Morales Prado, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo con la documental que acompaña a su demanda. IV. Fijación del acto reclamado. Lo constituye el auto de veintidós de marzo de dos mil diecinueve en el que se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia de remate. V. Se desecha demanda de amparo. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del artículo transcrito se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En el particular, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, el presente juicio de amparo es improcedente. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Luego, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso de harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." [Lo destacado es de este Juzgado] De la transcripción anterior, se desprende que cuando se está en la hipótesis de actos de ejecución de sentencia, el amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva que se dicte en dicho procedimiento. En efecto, de conformidad con la fracción IV del artículo que antecede, y partiendo de la base de que el amparo indirecto es procedente contra actos judiciales de los tribunales administrativos, agrarios o del trabajo, emitidos fuera de juicio o después de concluido, se precisa que, tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia, el amparo procederá únicamente contra la última resolución, siendo ésta, en lo concerniente a los procedimientos de remate, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. En el caso que ocupa la atención, el acto que se reclama no tiene el carácter de definitivo, dentro del procedimiento de remate, puesto que, en el auto reclamado únicamente se señaló fecha para que tuviera verificativo el remate de los inmuebles embargados en el juicio de origen, por lo que es claro que no ha ocurrido el supuesto para que proceda el juicio de amparo indirecto en el periodo de remate, en la medida en que no se ha dictado la resolución que en forma definitiva ordena la entrega de los bienes rematados, menos aún se ha ordenado la entrega material de los inmuebles. Máxime que el auto reclamado no guarda autonomía con respecto al procedimiento de remate, sino que está vinculado directamente con éste, al ser su consecuencia final la entrega materia y escrituración de los inmuebles embargados. La razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio constitucional sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Con ese motivo en mente, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de los procedimientos de remate, a la última resolución, entendida como aquélla que, indistintamente, en forma "definitiva" ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega del bien rematado, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento de remate que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa y, además, hubieren trascendido al sentido de la resolución. Acude en apoyo la jurisprudencia 1ª./J. 13/2016 (10ª.), pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 74/2015, visible en la página 1066, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2011474, cuyo rubro dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Puesto que en el caso particular, no se trata de la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación, ni la entrega material del bien, pues como se dijo, el acto reclamado se hizo consistir en el auto de veintidós de marzo de dos mil diecinueve en el cual se señaló fecha para que tuviera verificativo el remate de los inmuebles embargados en el juicio de origen; es inconcuso que el juicio de amparo es improcedente en forma indudable. Atento a lo anterior, debe decirse que la demanda de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor; por tal motivo, con apoyo en el numeral 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, de rubro que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." VI. Autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su escrito de demanda y autorizada en términos restringidos del artículo 12 y su correlativo 24, ambos de la Ley de Amparo a Miriam García Camacho, por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en los mismos términos a Salvador Martínez Villegas y Alfonso Laborde Ramírez, por así haberlo solicitado. VII. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VIII. Acuerdos generales. En otro orden de ideas y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Notifíquese personalmente."

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