Sidonio Flores Calderón
Expediente 1632/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1632/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/11/2023
Partes del expediente
- Sidonio Flores Calderón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Incidental
Toluca, Estado de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que se encuentra prevista la audiencia incidental; sin embargo, del estado de autos se obtiene que no obra el informe previo de las autoridades responsables, ni el acuse de recibo remitido a efecto de que rinda el mismo, por tanto, se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que realice la entrega correspondiente. En consecuencia, a efecto de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia incidental fijada para el día de la fecha y en su lugar se fijan las once horas con veinte minutos del uno de diciembre dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la notificación de cuenta, se obtiene que en atención a los proveídos de seis y trece de noviembre del año que transcurre, el quejoso********************, realizó la siguiente manifestación: "En este acto ratifico el escrito que se me pone a la vista" Por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento que fue decretado en autos y se le tiene ratificando el contenido y firma del escrito de desahogo de prevención presentado el treinta y uno de octubre del año en curso, registrado con el número 16985, en el cual precisa cuáles son los efectos de la declaración de nulidad de lo actuado y la reposición total del procedimiento, en la causa ********************, del índice del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, por tanto, se tiene al quejoso dando cumplimiento a la prevención referida. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción, I, 35, 37, 107, fracción V, 108, 112, 115, 116, 117 y relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite la demanda de amparo presentada por********************, contra la resolución de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el toca ******************** en la cual el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, ordenó la reposición del procedimiento en la causa de juicio ********************, así como su ejecución; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención que le compete, con copia de la demanda que se acuerda, así como de esta determinación. Por otra parte, en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo, por separado, en cuaderno único físico y electrónico, fórmese el incidente de suspensión, por así haberlo solicitado la parte quejosa. De conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo, se programan las trece horas con treinta minutos del quince de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. En otro contexto, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere el informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días contado a partir de que reciban el oficio de notificación, solicitándoles privilegien el uso de medios tecnológicos y electrónicos para el envío de su informe; de conformidad con el artículo 251, incisos a), g) y h) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, lo cual podrán realizar a través del correo electrónico oficial 9jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, o en su caso, a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, de acuerdo a lo previsto en los artículos 75, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se apercibe a las responsables para que, al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan el expediente del cual emana el mismo, o en su defecto copias certificadas, legibles y completas de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo, de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se les impondrá en, lo individual, una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; sanción que también les será aplicada en el caso de que no rindan su informe dentro del plazo otorgado. Además, en atención a la última reforma a la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de junio de dos mil dieciséis y con apoyo en lo dispuesto en el citado artículo 117 de la Ley de Amparo, se solicita al Tribunal de Alzada Especializado en el sistema penal acusatorio señalado como responsable, para que, de ser cierto el acto reclamado, remita con su informe justificado el índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que haya dictado el acto reclamado, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, en caso de que dentro de la información que remitan como sustento al informe de Ley o sea requerida posteriormente, se envíe alguna que se encuentre clasificada como reservada, deberán enviar copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, a efecto de que este juzgado de Distrito, pueda constatar que la autoridad competente emitió la declaratoria correspondiente. En el entendido que, de no remitir la documental precisada en el párrafo que antecede, la información enviada será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al expediente. Como lo previenen los artículos 61, 62 y 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el juicio, sea por haber cesado los efectos de los actos reclamados o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este Juzgado; apercibidas que de no cumplir con esa obligación se les impondrá, en lo individual, una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238 y 251 del ordenamiento previamente citado, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en el entendido que de no tener conocimiento de que se actualicen tales hipótesis no deberán hacer comunicación alguna. Por otra parte, de la demanda de amparo se advierte que de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, le recae el carácter de terceros interesados a ******************** en representación de la víctima de iniciales ********************, de los cuales el quejoso manifiesta no conocer el domicilio en el cual puedan ser emplazados; por tanto, requiérase a la autoridad responsable a fin de que en el plazo de tres días contados a partir de la notificación del presente auto, emplacen a los citados terceros interesados al presente sumario constitucional, corriéndoles traslado en copia simple de la demanda de amparo; asimismo, les haga de su conocimiento el derecho con que cuentan para apersonarse al presente juicio, ofrecer pruebas y formular alegatos, y los requiera para que en plazo de tres días contado a partir de su legal notificación señalen domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este Juzgado de Distrito, apercibidos que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo las siguientes notificaciones se practicarán por lista de acuerdo al artículo 27, de Ley de Amparo. En diverso orden y en términos del numeral 5, fracción III, inciso e) de la ley citada, también se tiene como tercero interesado al Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, por lo que de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordena librar oficio para emplazarlo al presente asunto. Es aplicable al caso, la jurisprudencia XXVII.3o. J/3 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV, página 2713, Décima Época, del contenido literal siguiente: "NOTIFICACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN SU CALIDAD DE TERCERO INTERESADO. BASTA CON REALIZARLA AL QUE PARTICIPÓ EN EL PROCEDIMIENTO DE DONDE EMANA EL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 5o., fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, tiene el carácter de tercero interesado el Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual emana el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. Por otra parte, los procedimientos penales del sistema tradicional son: a) averiguación previa a la consignación a los tribunales, b) preinstrucción, c) instrucción, d) primera instancia o juicio, e) segunda instancia, f) ejecución y, g) procedimientos especiales. En cada uno de ellos, la ley prevé la participación de la institución ministerial federal como representante de la sociedad (parte acusadora de carácter público), empero, materialmente no es un solo agente quien participa en cada etapa del proceso, sino que la propia institución, con base en su organización interna, designa mediante adscripción, a los encargados de solventar las facultades que corresponden al Ministerio Público en cada procedimiento mencionado. Así, es claro que esa intervención está acotada en atención al procedimiento en que se genera el acto reclamado; por tanto, la calidad de tercero interesado se actualiza para el Ministerio Público de la Federación que intervino en el procedimiento respectivo. De ahí que, si el acto reclamado es la sentencia de segunda instancia, tendrá el carácter de tercero interesado el Ministerio Público adscrito al tribunal de alzada (Tribunal Unitario o Sala Penal) señalado como responsable, al ser el representante social que intervino en la fase del proceso penal de la que deriva el acto reclamado y, además, no tener la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo. Por consiguiente, basta con la notificación que la autoridad responsable practique al agente del Ministerio Público de su adscripción, para tener por satisfecho el emplazamiento en su carácter de parte tercero interesada, sin que sea necesario notificar también al agente ministerial que fungió en otros procedimientos, como el de primera instancia" Por otra parte, respecto de las pruebas que oferta el quejoso, consistente en: 1. La Instrumental de actuaciones. 2. La presuncional en su doble aspecto, legal y humano. En ese contexto, en relación con la prueba referida en el numeral 2, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la celebración de la audiencia constitucional. Luego, respecto a la prueba enunciada en el número 1, se reserva acordar lo propio hasta que se encuentre debidamente integrado este sumario constitucional. Finalmente, se faculta a la secretaria adscrita a este juzgado de Distrito para que, en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual.
- Incidental
Toluca, Estado de México, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, fórmese expediente electrónico y físico en atención al Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, mismo que entró en vigor en la fecha ahí indicada, relativo al juicio de amparo 1632/2023-I, promovido por Sidonio Flores Calderón, contra actos del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y otra autoridad. Con sustento en lo preceptuado por los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándoles al efecto una copia simple de la demanda de amparo; en él se concretarán a expresar si son ciertos los hechos que les atribuye la parte quejosa y que determina la existencia del acto reclamado y, en su caso, la cuantía del asunto, pudiendo agregar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Solicitándoles que de no existir inconveniente legal alguno, rindan su informe solicitado privilegiando el uso de medios tecnológicos y electrónicos para el envío de sus informes previos; de conformidad con el artículo 251, incisos a), g) y h) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, lo cual podrá realizar a través del correo electrónico oficial 9jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, o en su caso, a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Se apercibe a las responsables que en caso de ser omisas en rendir su informe previo, se presumirá cierto el acto reclamado para el sólo efecto de la suspensión; además, se harán acreedoras, en lo individual, a una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los preceptos legales 238 y 260, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos preceptos legales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se señalan las diez horas con veinticinco minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Ahora bien, debe puntualizarse que el marco jurídico que condiciona la procedencia de la suspensión del acto reclamado dentro del juicio de amparo, se prevé en los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República, 128 y 129 de la Ley de Amparo, de los cuales se desprende que para el otorgamiento de tal medida suspensiva el juzgador de amparo debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, además, debe atender a la naturaleza de la violación alegada. En ese contexto legal, destaca que el estudio que debe realizarse atendiendo a la naturaleza de la violación alegada no se limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto de autoridad controvertido, sino que conlleva, inclusive, a valorar si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa del quejoso, o más bien incorporar o constituir, a través de esa medida cautelar, un derecho cuyo ejercicio no se le había conferido legalmente. Ante tal exigencia constitucional, a fin de pronunciarse respecto a la procedencia de la suspensión del acto reclamado y previo al análisis de si el otorgamiento de la suspensión causaría perjuicio al interés social o contravendría disposiciones de orden público, debe verificarse la existencia del derecho cuya preservación se pretende obtener a través de la suspensión del acto reclamado, ya que siendo el objeto de esa medida cautelar conservar derechos y no constituir prerrogativas a favor de los gobernados, el presupuesto lógico del que debe partir el estudio de procedencia de la suspensión debe ser, precisamente, el fehaciente acreditamiento de que el derecho afectado por el acto de autoridad que se reclama, se ubica dentro de la esfera jurídica del peticionario de amparo, pues de lo contrario, de no constatar tal circunstancia, la medida cautelar tendría por efecto constituir el derecho cuya tutela se pretende. En el caso a estudio, el acto reclamado materia del presente incidente de suspensión, se hace consistir en: La resolución de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el toca 427/2023 en la cual el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, ordenó la reposición del procedimiento en la causa de juicio 349/2022, así como su ejecución Una vez precisado el acto reclamado por la parte quejosa; con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, procede negar la suspensión provisional solicitada, tocante a su emisión, ya que reviste el carácter de consumado y contra actos de esa naturaleza es improcedente conceder la medida cautelar, toda vez que la consumación se surte al momento en el cual los actos han sido real y materialmente ejecutados por la autoridad a quien se le atribuye; pues de concederse, este órgano jurisdiccional le daría efectos restitutorios, propios de la sentencia definitiva, lo que implicaría dejar sin materia el juicio de amparo principal. Es aplicable, la jurisprudencia 12 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 13, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 1917-2000, materia común, con número de registro 917546, que establece: "ACTOS CONSUMADOS SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie." Ahora, con relación a los efectos y consecuencias del acto reclamado, con fundamento en los artículos 128, 138 y 150 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada, a fin que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, es decir, para que no se ejecute la reposición de procedimiento ordenada en la causa de juicio 349/2022, hasta en tanto se comunique a las responsables lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva; sin que ello implique la suspensión del procedimiento en aquél asunto, en términos del precepto 150 de la ley en cita. Ello es así, pues suspender la reposición del procedimiento significa detener la ejecución de una resolución que ha invalidado un juicio en todas o algunas de sus etapas procesales; por tanto, debe concederse la suspensión del acto reclamado ya que no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, sino que atiende a la preservación de la materia del amparo que implica la no modificación de cuestiones resueltas y que puedan confirmarse en la sentencia definitiva del juicio de amparo, pues de lo contrario se obligaría a la parte quejosa a litigar nuevamente con la consecuente intervención de tiempo y recursos, pudiendo ocasionar daños de difícil reparación se repite. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 21/2011 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, página 205, con registro digital 2000472, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE OTORGARLA RESPECTO DE LOS JUICIOS EN QUE SE DECRETA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Suspender el procedimiento implica interrumpir el desarrollo del juicio en cuanto a sus etapas procesales e impedir el dictado de la sentencia con que se decida la controversia de que se trate. En cambio, suspender la reposición del procedimiento significa detener la ejecución de una resolución que ha invalidado un juicio concluido en todas sus etapas procesales, en el que posiblemente se ha dictado sentencia de fondo. Por tanto, conforme a los artículos 124 y 138 de la Ley de Amparo, debe concederse la suspensión del acto reclamado, a consideración del juez, respecto de los juicios en que se decreta la reposición del procedimiento, ya que no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, sino que atiende a la preservación de la materia del amparo que implica la no modificación de cuestiones resueltas y que pueden confirmarse en la sentencia definitiva del juicio de garantías, pues de lo contrario se obligaría a la quejosa a litigar nuevamente con la consecuente inversión de tiempo y recursos, pudiendo ocasionar daños de difícil reparación." La tesis XXV.3o.3 P (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, página 4669, con registro digital 2020350, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR VIOLACIONES PROCESALES EN LA FASE DE JUICIO ORAL. PROCEDE OTORGARLA PARA EL EFECTO DE QUE NO SE EJECUTE. Los artículos 138 y 150 de la Ley de Amparo establecen que promovida la suspensión del acto reclamado, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público y, en los casos en que la medida resulte procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él, a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso. Por otra parte, de la interpretación de los artículos 461, 468 y 480 del Código Nacional de Procedimientos Penales se desprende que el tribunal de alzada, en suplencia de la deficiencia de la queja, puede reparar oficiosamente violaciones a derechos fundamentales e, incluso, con esta finalidad ordenar la reposición de actos procesales, facultad que se encuentra acotada a la materia del recurso de apelación, según sean procesos abreviados u ordinarios. Ahora bien, cuando en el juicio de amparo se reclama la sentencia de segundo grado que ordena reponer el procedimiento por violaciones procesales en la fase de juicio oral, que afectan los derechos fundamentales del acusado o de la víctima, procede otorgar la suspensión para el efecto de que no se ejecute la aludida reposición, ya que no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, a fin de preservar la materia del amparo." Y la diversa I.7o.P.53 P (10a.) del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV, página 2702, con registro digital 2013482, de rubro y texto siguientes: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE IMPLICA MATERIALMENTE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN UN JUICIO PENAL. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA. La diferencia entre suspender el procedimiento y suspender el acto reclamado que ordena reponer aquél, radica en que, en el primer caso, implica interrumpir el desarrollo del juicio en cuanto a sus etapas procesales, impedir el dictado de la sentencia y decidir la controversia de que se trate. En cambio, suspender la reposición del procedimiento se traduce en detener la ejecución de una determinación que ha invalidado un fallo en primera instancia en el que se ha dictado resolución y está ordenando subsanar una violación procesal. Ahora bien, la resolución de segunda instancia que revoca un proveído y ordena llevar a cabo determinadas actuaciones previo a su dictado, conlleva la reposición del procedimiento; supuesto en que, mediante una ficción jurídica, el estado de las cosas se retrotrae al momento en que se ordena la reposición; caso en el cual, la suspensión provisional de la reposición del procedimiento detendrá la ejecución de la determinación que ha invalidado el fallo en primera instancia, en el que se dictó resolución y está ordenando subsanar una violación procesal, con lo que se evita que se consuma de manera irreparable la afectación que pueda ocasionarse; hipótesis que se actualiza cuando en el juicio de amparo se reclama la sentencia de segundo grado que modifica el acuerdo del Juez de la causa que negó la libertad provisional bajo caución al inculpado y lo instruyó para que, en términos de los artículos 153 y 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales otorgara nueva vista a las partes, y éstas investigaran y acreditaran lo conducente en torno a sus intereses en relación con la solicitud de sustitución de la prisión preventiva por una medida cautelar diversa, formulada con base en el artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre otras, del referido código procesal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, y hecho que fuera, señalara fecha y hora para la audiencia en la que se considerara la evaluación del riesgo y resolviera lo conducente, pues tal modificación implica la reposición del procedimiento en un juicio penal; por tanto, conforme a los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, procede conceder la medida precautoria para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan; máxime que, con su otorgamiento, no se causa perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público; de lo contrario, se permitiría la reposición del procedimiento, dejando sin materia el juicio de amparo, porque una vez desahogado lo ordenado por el tribunal de alzada, se resolvería sobre el fondo de la petición." Cabe destacar que la suspensión decretada no surtirá efecto legal alguno si el acto reclamado proviene de autoridades distintas a las señaladas como responsables o si el acto resulta ser uno distinto al combatido en el presente asunto. Por otra parte, de la demanda de amparo se advierte que de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, le recae el carácter de terceros interesados Margarito Ballina Rosario en representación de la víctima de iniciales L.B.G., de los cuales el quejoso manifiesta no conocer el domicilio en el cual puedan ser emplazados; por tanto, requiérase a la autoridad responsable a fin de que en el plazo de tres días contados a partir de la notificación del presente auto, notifique a los citados terceros interesados el presente auto, y los requiera para que en plazo de tres días contado a partir de su legal notificación señalen domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este Juzgado de Distrito, apercibidos que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo las siguientes notificaciones se practicarán por lista de acuerdo al artículo 27, de Ley de Amparo. En diverso orden y en términos del numeral 5, fracción III, inciso e) de la ley citada, también se tiene como tercero interesado al Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, por lo que de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordena librar oficio para notificarle el presente acuerdo. Sirve como sustento, la jurisprudencia 143/20001 del rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE". Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, la dirección que se proporciona en la demanda de cuenta, y se toma conocimiento del correo electrónico, como medio de contacto. Asimismo, se tiene por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Alejandro Vásquez Libien, en virtud de que cuenta con el registro de su cédula profesional en el sistema respectivo, en cuanto a las restantes personas, se autorizan para los efectos del párrafo segundo, del artículo 24 de dicha legislación, limitación que subsiste hasta en tanto registren su cédula profesional en el Sistema de Registro Único de Cédulas Profesionales del Consejo de la Judicatura Federal, hecho lo cual se deberá informar a este órgano federal mediante nueva promoción. Se sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, en la tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época, a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL". Además, toda vez que se advierte de la certificación de cuenta, se encontró registro del usuario "********************", en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se acuerda favorable la consulta del expediente electrónico, y se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste si señala el citado usuario para recibir notificaciones, apercibido que de no hacer manifestación al respecto, sin ulterior acuerdo se le continuará notificando en el domicilio físico indicado. Por otro lado, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por esa comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el este juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta a la secretaria adscrita a este juzgado de Distrito para que, en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Finalmente, en términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aludido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.
- Principal
Toluca, Estado de México, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, firmado por el quejoso ********************, mediante el cual en atención al proveído de seis de noviembre del año en curso, manifiesta su imposibilidad de comparecer ante este órgano jurisdiccional en vista de que se encuentra interno en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México, por lo que solicita se gire oficio al Director General de ese centro para efecto de que informe que se encuentra recluido en el mismo; además, en atención a que refiere ratificar el contenido y firma del escrito presentado ante este Juzgado de Distrito a través del cual desahogó la prevención realizada a la demanda de amparo promovida; por lo que, pide que se constituya el actuario judicial adscrito a efecto de que le ponga a la vista tanto la demanda como el referido ocurso. En ese sentido, se toma conocimiento de lo anterior y se comisiona al actuario judicial de la adscripción para efecto de que se constituya en el lugar de internamiento del quejoso ********************, y le ponga a la vista el escrito presentado en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el treinta y uno de octubre del año en curso, y manifieste si lo ratifica en contenido y firma. Hecho lo anterior se acordará respecto al mismo.
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