Servicios Educativos Integrados al Estado de México

Expediente 54/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
54/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
26/12/2019

Partes del expediente

  • Servicios Educativos Integrados al Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    MESA V VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 54/2019-V, promovido por Juan Manuel Morán Morán, en su carácter de__________________, contra actos de la Séptima Sala Regional Toluca del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; y, R E S U L T A N D O: 1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado, el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, __________, en su carácter de Apoderado Legal y Jefe del Departamento Jurídico Contencioso del Organismo Público Descentralizado de carácter Estatal denominado Servicios Educativos Integrados al Estado de México, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por los actos que se mencionan a continuación: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Séptima Sala Regional Toluca del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México;." "IV. ACTO RECLAMADO DE LA AUTORIDAD: El acuerdo de fecha Uno de Octubre del año Dos Mil Diecinueve, emitido por el Magistrado de la Séptima Sala Regional Toluca, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, dentro del Juicio Administrativo con número de expediente _________; respecto de que mi representado Director General de Servicios Educativos Integrados al Estado de México, acredite con documentales fehacientes, el total cumplimiento de la sentencia recaída en dicho juicio." Acto reclamado que el quejoso señaló violaba los derechos fundamentales protegidos por los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de siete de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que compete al Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional; esta última que previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer del presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 12/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones de este Juzgado de Distrito, porque se reclaman actos cuya ejecución puede realizarse en el ámbito territorial donde este Juzgado ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: El acuerdo de uno de octubre de dos mil diecinueve emitido por la Séptima Sala Regional Toluca del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, dentro del juicio administrativo número ___________en el presente juicio de amparo. Para corroborar lo anterior, dicha autoridad señalada como responsable, remitió copia certificada del expediente ______; documentos a los que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, al tratarse de documentales públicas expedidas por funcionario en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, publicada en la página ciento cuarenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, tomo VI, Materia Común, que establece lo siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia. El análisis de las causas de improcedencia es de orden público y estudio preferente, independientemente que lo aleguen o no las partes, como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente caso, del análisis de las constancias que obran en autos, permite advertir de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los artículos 5, fracción I, 6 y 7, de la Ley de Amparo; como incluso así hace valer el tercero interesado al formular sus alegatos. En efecto, resulta importante señalar que la improcedencia general de la acción de amparo se traduce en la imposibilidad jurídica del órgano de Control Constitucional de estudiar y decidir la cuestión planteada, por lo que deberá abstenerse de resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto de autoridad reclamado, de tal forma que ante dicho impedimento la acción de amparo no logra su objetivo y la pretensión de la parte quejosa no se realiza, no porque ésta pudiera ser infundada, sino porque, como ya se dijo, no debe analizarse la cuestión fundamental. De manera que, con motivo de la improcedencia de la acción de amparo, el juicio respectivo no concluye con la negativa de la protección federal, sino con el sobreseimiento decretado en el propio juicio; esto último acontece cuando la causa de improcedencia no es notoria, indudable o manifiesta, sino que se surte o se demuestra durante el procedimiento, pues de lo contrario, desde su inicio, daría lugar al desechamiento de plano de la demanda de amparo en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la citada Ley de Amparo. Tiene aplicación en este apartado, la jurisprudencia 228 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 186, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." En el caso, como ya se anticipó, luego del análisis de las constancias de autos, y como bien lo argumenta el tercero interesado en sus alegatos, el suscrito estima actualizada la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, en relación con los artículos 5, fracción I, 6 y 7 de la Ley de Amparo; toda vez que dichos preceptos disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 7. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares." Contextos normativos que, en su interpretación sistemática y armónica, permiten advertir que tratándose de personas morales públicas, la única posibilidad de que puedan promover juicio de amparo, es cuando lo hagan en defensa de sus intereses patrimoniales respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares, toda vez que lo que les otorga legitimación en el juicio de amparo es el perjuicio que les ocasione el acto o la ley que reclamen. Es decir, lo único que les otorga la potestad de acudir al juicio de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, ya que en este supuesto no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado. Lo anterior es así, debido a que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha concluido de la interpretación al artículo 7 de la Ley de Amparo, que una persona moral oficial puede promover el juicio de amparo cuando: 1. Exista una afectación patrimonial, es decir, una vulneración a alguna de las facultades, competencias o derechos que se comprenden dentro de su patrimonio y, 2. Que dicha afectación debe darse en una situación jurídica en la que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares, esto es, de manera subordinada frente a otra autoridad que, con imperio, le impone un acto de forma unilateral. Por lo cual, si una persona moral oficial cumple los anteriores elementos, tiene legitimación para promover el juicio de amparo, siempre y cuando no acuda a defender un acto emitido dentro de las funciones públicas que tiene encomendadas. Sin embargo, en el presente caso, conforme a las constancias que obran en autos, se obtiene que el ahora quejoso, no cumple con esas dos exigencias establecidas por la Ley de Amparo; de ahí que, como incluso lo argumenta el tercero interesado, el presente juicio de amparo no procede contra el acto que reclama, por carecer de interés jurídico. A fin de darle un mayor soporte a la actualización de dicha causa de improcedencia, resulta necesario tener presente los siguientes antecedentes del acto reclamado: El veintiocho de junio de dos mil diecisiete, el Director General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría, en cumplimiento a los recursos de revisión_______y ________ que confirman la sentencia emitida por la Séptima Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, del Estado de México de diez de marzo de dos mil quince en el juicio adminsitrativo _________, que instauro __________, contra la resolución emitida por el Director General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, en el expediente_________. El uno de agosto de dos mil diecisiete el Titular de la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, admitió a trámite la demanda presentada por Prócoro Misael Romero Andrade, contra los actos atribuidos al Director General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, consistente en la resolución de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, por lo que formó el expediente de juicio administrativo -------. El veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, al resolver el juicio administrativo ----------------, reconoció la validez del acto impugnado. En contra de lo anterior, __________, el once de diciembre de dos mil diecisiete, promovió recurso de revisión ante la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, el cual se registró con el número 1852/2017, y el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, se confirmó la sentencia de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete dictada en el juicio administrativo __________. Inconforme, el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la sentencia de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, dictada por la Primera Sección de la Sala Superior en el recurso de revisión número 1852/2017, el cual le correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo circuito, registrandolo con el número de amparo directo 555/2018, en el cual el treinta de mayo de dos mil diecinueve, resolvió dejar insubsistente la setencia dictada el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho en el recurso de revisión 1852/2017, asimismo revocó la sentencia de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete dictada en el juicio administrativo ______ y declaró la invalidez de la resolución de vientiocho de junio de dos mil diecisiete, dictada en el procedimiento de responsabilidad _______. En consecuencia, el doce de junio de dos mil diecinueve en el juicio administrativo __________, se requirió a las autoridades demandadas para dentro del plazo de tres días hábiles dieran cumplimiento a la condena impuesta en la sentencia defnitiva que recayó a dicho asunto, esto es, para que el Director General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, emitiera una nueva resolución, en la que decidiera sobre la individualización de la sanción a imponer al servidor público ____________ en el procedimiento __________, bajo un amplio margen de ponderación y objetividad, a fin de lograr un equilibrio adecuado entre la conducta infractora y la sanción a imponer, toda vez que no se actualizó la sanción de destitución ni de inhabilitación, por lo que la autoridad debería abstenerse de imponerlas. Por escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, en la oficialia de partes de la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, el Director General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, refirió que en el ámbito de sus atribuciones y dentro de los límites de su competencia, ha realizado los actos necesarios para dar cumplimiento al acuerdo de siete de agosto de dos mil diecinueve, así como las gestiones necesarias ante diversa autoridad, siendo ésta la Dirección General de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, lo cual acreditó con diversa documentación que anexó a su escrito y por lo cual solicitó se tuviera a dicha autoridad como vinculada al juicio administrativo; y, En proveído de uno de octubre de dos mil diecisete, se tuvo al Director General de los Sevicios Educativos Integrados al Estado de México, como autoridad vinculada, y le requirió para que en el plazo de tres días habiles acreditara con documentales fehacientes el total cumplimiento de la sentencia que recayó en el juicio administrativo 750/2017; esto en atención a las manfiestaciones que realizó el Director General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, así como con las documentales que exhibió en su escrito. De la narrativa expuesta, se evidencia que si bien es cierto la quejosa Servicios Educativos Integrados al Estado de México no fue parte del juicio administrativo de origen, también lo es, que el Magistrado adscrito a la Séptima Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia Administrativa del Estado de México, consideró vincularla al cumplimiento de la sentencia debido a que el Director General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, exhibió diversos oficios con los que acreditó que solicitó al Director General de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, que girara instrucciones a quien correspondiera con la finalidad de que se diera cumplimiento a la sentencia de treinta de mayo de dos mil diecinueve; lo anterior para corroborar, que había hecho las gestiones necesarias para poder dar cumplimiento a dicha ejecutoria. Con lo cual es inconcuso, como ya se dijo, que la quejosa no acude al juicio de amparo en un plano de igualdad con el particular, sino que lo hace como persona moral oficial; por lo que no hay razón jurídica para considerar que lo controvertido le permita a la autoridad quejosa adquirir la calidad de particular y con ello ser titular de los derechos humanos para su defensa conforme al arábigo 107, fracción I, de la Carta Magna, puesto que el objeto del juicio de amparo lo constituye la protección de los derechos humanos fundamentales, cuya titularidad recae en las personas físicas y morales, más no así, un juicio que permita a ninguna autoridad solicitar la protección constitucional respecto de una atribución legal vinculada con el desempeño de la función pública que le fue conferida a través de un ordenamiento jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de la jurisprudencia 2ª./J. 128/2017, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación, de rubro y texto siguientes: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos." Así como, por identidad jurídica la tesis aislada 1a. CXIII/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe: "PERSONAS MORALES OFICIALES. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE AMPARO, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA AL NEGARLE LEGITIMACIÓN A AQUÉLLAS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO SI ACUDEN A UN PROCESO EN DEFENSA DE UN ACTO EMITIDO CON POTESTAD PÚBLICA. El hecho de que una autoridad acuda a un proceso en el que debe respetarse la igualdad procesal, como principio de la teoría general del proceso que otorga a las partes las mismas oportunidades de participación dentro de un procedimiento, de ninguna manera elimina la potestad de la autoridad involucrada. Esto es así, ya que en este caso se trata únicamente de una igualdad de tipo procesal, mientras que la igualdad que se requiere para que una autoridad pueda promover juicio es aquella en la que no haya relación de supra subordinación. Lo que delimita la procedencia del juicio de amparo no es la participación que se tenga dentro de un procedimiento, sino la pretensión que se relaciona con el mismo; y dicha pretensión necesariamente debe ser la tutela de derechos fundamentales y no la defensa de un acto emitido dentro de las funciones públicas encomendadas. Por todo lo anterior, el artículo 9o. de la Ley de Amparo es congruente con los principios constitucionales en materia de amparo y no vulnera el artículo 17 constitucional, al impedir que las personas morales oficiales promuevan juicio de amparo para defender la legalidad de un acto emitido dentro de sus funciones, aunque hubiesen participado en un procedimiento ordinario con igualdad de oportunidades de defensa frente a un particular." No pasa inadvertido que la quejosa manifestó que no fue llamada a juicio en su calidad de tercero interesada, a pesar de que ______(tercero interesado) y la quejosa mantenía una relación laboral; pues, en realidad, a ésta no le asiste el carácter de tercero interesada, como lo refiere, en tanto que en el juicio de origen se le tuvo el carácter de autoridad vinculada al cumplimiento, sin que esa eventual intervención en el acatamiento de la ejecutoria la haga titular de un interés jurídico que subsista un acto reclamado que le resulta ajeno; demostrándose con ello, plenamente, que carece de legitimación para acudir al juicio de amparo en cuestión, dado que la pretensión de la quejosa deriva de la intervención que tiene en el cumplimiento de la sentencia del juicio de origen como un ente autoritario dotado de imperio, ya que en su carácter de autoridad tendrá que acatar y cumplimentar en sus términos lo determinado en dicho fallo. Es aplicable en lo conducente, -por identidad jurídica- el criterio aislado contenido en la tesis sin número, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto que a continuación se precisan: "EJECUCION DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL. A ELLA ESTAN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL JUICIO DE NULIDAD. Es principio generalmente aceptado en materia administrativa, que en la ejecución de una sentencia no solamente deben intervenir las autoridades que directamente tienen conocimiento del asunto, sino también aquéllas que por razón de sus funciones deban intervenir en esa ejecución, por lo que se entiende que aplicando tal principio, las resoluciones del Tribunal Fiscal de la Federación también deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que por razón de sus funciones deba intervenir en su ejecución, pues no solamente la autoridad que haya fijado con el carácter de demandada en el juicio de nulidad respectivo está obligada a cumplir la sentencia fiscal sino cualquiera otra autoridad que por sus funciones tenga que intervenir en la ejecución de ese fallo, como lo es el caso de las responsables en el juicio de garantías, de acuerdo con el artículo 204 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas." Consecuentemente, de conformidad con el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XII ambos de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio de amparo, respecto del acto y autoridades que han quedado precisados. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ------------------------------------------, en su carácter de Apoderado Legal y Jefe del Departamento Jurídico Contencioso del Organismo Público Descentralizado de carácter Estatal denominado Servicios Educativos Integrados al Estado de México, contra el acto y autoridad precisados en los Considerandos Segundo y Tercero de esta sentencia, y por los motivos expuestos en el Considerando Cuarto de la misma. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido de María de Lourdes Rivero Zamora, secretaria que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos que guardan los autos, se desprende que no ha trascurrido el plazo de ocho días que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, respecto del proveído de tres de diciembre de dos mil diecinueve, en el que se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable consistente en el Magistrado de la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de México. Atento a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de la fecha y para su verificativo se fijan las once horas con diez minutos del veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de María de Lourdes Rivero Zamora, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

  3. Principal

    MESA V.- Toluca, Estado de México, nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el ocurso de cuenta, a través del cual ****, en su carácter de tercero interesado dentro del presente juicio de amparo, se apersona al presente sumario con dicha calidad y formula alegatos. En ese tenor, con fundamento en el artículo 5, fracción lll, inciso b), de la Ley de Amparo, téngase por apersonada al presente juicio de amparo como tercero interesado; de igual forma, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en autos y, con relación a los alegatos, acuérdese lo conducente en la etapa correspondiente.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, tres de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta; a través del cual el Magistrado de la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, rinde informe justificado y remite copias certificadas del expediente relativo al juicio administrativo 750 2017; por tanto, con su contenido dése vista a las partes para que en el término de ocho días, manifiesten lo que a su interés convenga; sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo. Ahora bien, del estado que guardan los autos se advierte que en proveído de siete de noviembre del año en curso, este Juzgado de Distrito se reservó a acordar lo conducente tocante a la prueba documental que ofreció el quejoso, consistente en el juicio administrativo 750 2017 tramitado ante la responsable, hasta que se contara con la misma. Por lo cual, conforme a la razón de cuenta, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dicha prueba, dada su propia y especial naturaleza. Finalmente, previa carátula de identificación manéjese por separado el anexo remitido.

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