Sidi Ramirez Olivera

Expediente 241/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
241/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
30/08/2021

Partes del expediente

  • Sidi Ramirez Olivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Incidental

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha causó ejecutoria la sentencia ahí dictada y se ordenó el archivo del expediente principal; con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos del capítulo 7 el Manual de Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a que se negó la suspensión provisional y la definitiva solicitada, el cuaderno incidental original es destruible dentro de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando último de la interlocutoria del presente cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó y negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se sobreseyò se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, este expediente es depurable, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previsto por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA V "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 241/2021; y, (.) C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme al punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Ahora, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se desprende que la parte quejosa señala como autoridad responsable y actos los siguientes: Autoridad responsable: * Actuaria de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca habilitada para tramitar los asuntos sustanciados en esa sala. Actos reclamados: I] La omisión de acordar su escrito de ocho de diciembre de dos mil veinte, recibido el nueve del mismo mes y año, así como II] la omisión de resolver el cuaderno de suspensión relativo al juicio de nulidad 35/2020. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable, actuaria habilitada autorizada por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, para tramitar y desahogar diligencias de los asuntos que se llevan en la Sexta Sala Unitaria, al rendir informe justificado, negó la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de acordar su escrito de ocho de diciembre de dos mil veinte, recibido el nueve del mismo mes y año. Para acreditar lo anterior, remitió copia certificada de diversas constancias deducidas del cuaderno de suspensión relativo al juicio de nulidad 35/2020, a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con su arábigo 2º, entre las cuales, se encuentran, entre otras: El proveído de diez de diciembre de dos mil veinte, emitido en el cuaderno de suspensión relativo al juicio de nulidad 35/2020, en el que se aprecia dio contestación al escrito de la parte actora aquí quejosa de ocho de diciembre de dos mil veinte. Por tanto, se tiene plenamente probado que la responsable en mención no incurrió en la omisión que la parte quejosa manifestó en su demanda de amparo; lo anterior, pues a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, el directo quejoso ya había sido notificado de la determinación adoptada por la autoridad responsable respecto a su petición. En esas condiciones, ante la inexistencia de los actos reclamados, procede sobreseer en este juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia 284, consultable en la página 236, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, publicada con el rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. - Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia del diverso acto reclamado consistente en la omisión de resolver el cuaderno de suspensión relativo al juicio de nulidad 35/2020. Al rendir informe justificado, la actuaria habilitada autorizada por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, para tramitar y desahogar diligencias de los asuntos que se llevan en la Sexta Sala Unitaria, aceptó la existencia de ese acto reclamado. Por tanto, se tiene plenamente probado el acto reclamado a dicha autoridad responsable, al tenor de la jurisprudencia número doscientos setenta y ocho, publicada en la página doscientos treinta y uno, tomo VI, materia común, correspondiente al Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que literalmente dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Se robustece la existencia del acto reclamado con la copia certificada de diversas constancias deducidas del cuaderno de suspensión relativo al juicio de nulidad 35/2020, a las que se les concedió valor probatorio en párrafos precedentes. Quinto. Estudio de fondo del asunto. No existiendo alguna causa de improcedencia hecha valer por las partes o advertida de oficio por este juzgador, lo que procede es examinar el concepto de violación expresado por la parte quejosa, el cual se tiene por reproducido como si a la letra se insertara, en obvio de repeticiones innecesarias y por inexistir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". 5.1 Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión y previo al estudio de la litis, es necesario destacar algunos antecedentes del cuaderno de suspensión relativo al juicio de nulidad 35/2020, de su índice. a) Mediante auto tres de marzo de dos mil veinte, en atención a lo ordenado en el cuaderno principal, se aperturó el cuaderno de suspensión relativo al juicio de nulidad 35/2020, promovido por Sidi Ramírez Olivera y otras, contra la negativa ficta por parte la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca, de diversas solicitudes de renovación de concesiones; asimismo, se concedió a la parte actora la medida cautelar solicitada y se requirió a la autoridad demandada su informe relativo a la suspensión definitiva. b) El veintiuno de agosto de dos mil veinte, se certificó por parte de la actuaria judicial adscrita que del diecinueve de marzo al nueve de agosto del mismo año, fueron declarados inhábiles y se suspendieron los plazos procesales; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto a los diversos acuerdos emitidos por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con motivo de la contingencia sanitaria que acontece en el país. c) En proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, se tuvo a la autoridad demandada dando contestación al informe solicitado, y se le requirió para que en el plazo de tres días informara lo relativo al cumplimiento de la medida cautelar provisional decretada en el incidente de suspensión. d) El nueve de noviembre de dos mil veinte, se requirió a la autoridad demandada para que dentro del plazo de tres días informara lo relativo a lo manifestado por el autorizado de la parte actora, esto es, el inicio del procedimiento de extinción de concesión. e) En diverso proveído de diez de diciembre del mes y año mencionados, entre otros tópicos, en atención a lo solicitado por la parte actora se requirió a la autoridad demandada informara el motivo de detención del vehículo mencionado en dicho auto propiedad de la aquí quejosa; con apercibimiento que, en caso de incumplimiento, se le impondría una multa. f) El nueve de marzo de dos mil veintiuno, en atención a lo manifestado por el autorizado de la parte actora, se requirió nuevamente a la autoridad demandada informara lo relativo al inicio del procedimiento administrativo para la devolución del vehículo que refirió el autorizado de la parte actora. Actuaciones que la autoridad responsable argumenta haber realizado tendentes a satisfacer las peticiones de la parte quejosa; sin embargo, refiere que no ha resuelto el cuaderno de suspensión mencionado, toda vez que fue habilitada como actuaria encargada de la Sexta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, y que las facultades conferidas se ciñen única y exclusivamente a emitir acuerdos y realizar el trámite de las diligencias pendientes; lo anterior, de conformidad con el oficio TJAO/SGA/01/2021, emitido por el Secretario General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa en cumplimiento a la sesión extraordinaria del pleno de cuatro de enero del año en curso . Estudio de la litis constitucional. La parte quejosa establece en esencia, que se vulnera en su perjuicio el derecho humano que prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En primer término, debe traerse a colación el contenido del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice en lo conducente: "Artículo 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Tal dispositivo garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los Tribunales y que éstos le administren justicia pronta, completa e imparcial, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Ahora, cabe destacar que el motivo de disenso que expone la parte quejosa se circunscribe al especto de protección relacionado con ese artículo, consistente en la impartición de justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades competentes de resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de un término óptimo. Es necesario puntualizar que una demora prolongada y sin justificación, por sí misma, puede constituir una violación al derecho humano contenido en el citado numeral 17 Constitucional; así como el artículo 8°, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que literalmente establece: "Artículo 8.- Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. [.]" Por lo que, el concepto de "plazo razonable" debe concebirse como uno de los derechos mínimos de los justiciables y, correlativamente, como uno de los deberes del juzgador. De modo que, para determinar si un juzgador actuó en un tiempo razonable, debe atenderse precisamente a las peculiaridades que engloban una línea secuencial de diligencias que conforman un expediente en concreto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia III.3o.T. J/3 de la Décima Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, contenida en el libro 37, diciembre de 2016, tomo II, página 1569, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DILACIÓN PROCESAL. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS "ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" O "PARALIZACIÓN TOTAL DEL PROCEDIMIENTO", COMO EXCEPCIÓN A LA REGLA DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de mayo de 2016 a las 10:06 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Tomo II, mayo de 2016, página 1086, con el título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.", estableció que tratándose del reclamo de dilaciones procesales dentro del juicio, por regla general, el juicio de amparo es improcedente por no ser actos de "imposible reparación", entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; sin embargo, precisó una excepción a dicha regla, que se actualiza cuando el Juez de amparo advierte del contenido de la demanda que existe una "abierta dilación del procedimiento" o su "paralización total", pues en ese caso el amparo será procedente. Ahora bien, esos conceptos "abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", deben analizarse considerando el derecho fundamental al "plazo razonable", como parte del debido proceso, que debe entenderse como aquella dilación que muestra que el camino procesal se ha retardado de forma que su desarrollo sea superior al normal que debe llevarse en todo proceso jurisdiccional, causa de motivación prevista en el artículo 17 constitucional, lo que implica tomar en cuenta, para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso: a) La complejidad del asunto, ya sea técnica, jurídica o material; b) La actividad procesal del interesado, esto es, los actos que el solicitante haya desplegado para darle seguimiento, si con ello dificulta, obstaculiza o impide su pronta respuesta; c) La conducta de las autoridades jurisdiccionales, es decir, los actos que la propia autoridad llevó a cabo para agilizar la pronta respuesta a su petición, así como sus cargas de trabajo; d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso; y, e) El análisis global del procedimiento, que consiste en el conjunto de actos relativos a su trámite, que implica analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para establecer si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. De ahí, que para precisar el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos en que se reclama una dilación procesal, debe atenderse al caso particular, conforme a criterios de normatividad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a los derechos dentro del proceso, contenidos tanto en los artículos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, como en el numeral 17 de la Carta Magna. Así, a partir de la ponderación de esos elementos debe analizarse si en cada caso existe o no el supuesto de excepción a que se refiere la jurisprudencia en cita, pues sólo por excepción procede desechar una demanda de amparo, de suerte que si de su análisis permite considerar que existe una dilación procesal importante o inactividad procesal, aquélla debe admitirse." En el caso, si bien, desde el tres de marzo de dos mil veinte, existió pronunciamiento sobre la radicación del incidente relativo al juicio de nulidad que interpuso la quejosa y que constituye el acto de reclamo, debe decirse que no fue sino hasta el veintiuno de agosto de dos mil veinte, que se continuó con la tramitación del incidente; lo anterior, debido a la suspensión de plazos emitidos mediante diversos acuerdos por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, dada la contingencia sanitaria que acontece en país. Posteriormente, la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, decretó diversos requerimientos con la finalidad que la autoridad demanda cumpliera con la suspensión provisional decretada en autos, emitiendo un último requerimiento el nueve de marzo de dos mil veintiuno. Además, la autoridad responsable actuaria de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca al rendir informe justificado manifestó que no ha resuelto el cuaderno incidental, toda vez que fue habilitada como encargada de la sala mencionada y sus facultades conferidas se ciñen única y exclusivamente a emitir acuerdos y realizar el trámite de las diligencias pendientes; lo anterior, de conformidad con el oficio TJAO/SGA/01/2021, emitido por el Secretario General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa en cumplimiento a la sesión extraordinaria del pleno de cuatro de enero del año en curso . Cabe destacar que el oficio TJAO/SGA/01/2021 signado por el que el Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, en el que se determinó habilitar a la actuaria de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, como encargada del despacho con motivo de la licencia otorgada a la secretaria de acuerdos adscrita a la sala mencionada, se fundó en los numerales siguientes: Ley de procedimiento y justicia administrativa para el estado de Oaxaca. "ARTÍCULO 139.- Corresponde a los Actuarios: (.) IV. Las demás que le señale la Ley y el Reglamento. Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Oaxaca. "ARTÍCULO 20.- Son atribuciones y obligaciones del Presidente. (.) XIII. Proponer al Pleno los nombramientos y remociones del personal del Tribunal que correspondan". "ARTÍCULO 56.- Los Actuarios tendrán las siguientes atribuciones y obligaciones: (.) VIII. Las demás que deriven del ejercicio de las funciones que la ley les otorgue, las obligaciones que se les señalen expresamente, que les encomienden la Presidencia, la Sala Superior, las Salas Unitarias y la Especializada. Reglamento Interno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. "ARTÍCULO 13.- Corresponde a la presidencia del tribunal además de las atribuciones que le otorga la ley orgánica, las siguientes: (.) XVII. Las demás que señalen otros ordenamientos aplicables. "ARTÍCULO 72. Las ausencias de los secretarios de acuerdos de las salas, serán cubiertas por el actuario de la adscripción correspondiente". De los preceptos transcritos y del oficio de habilitación, no se advierte que se faculte a la actuaria a emitir resoluciones; por ello, como bien lo precisa la autoridad, sólo se encuentra facultada para emitir acuerdos y realizar el trámite de las diligencias pendiente de la Sala de su adscripción; en consecuencia, no se le puede obligar a emitir una resolución, toda vez que carece de facultades para ello. Máxime que de la certificación que se dio cuenta en la audiencia constitucional, se advierte que el doce abril de dos mil veintiuno, siendo las doce horas con cinco minutos la secretaria llevadora de este expediente entabló comunicación al número telefónico 9514383270 con el licenciado Michel Victoria Daniel, quien dijo ser secretario de Acuerdos de la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, a efecto de que informara si actualmente la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia de ese tribunal cuenta con un titular o encargado con facultades para emitir resoluciones en los asuntos radicados; quien manifestó que a partir del uno de abril de dos mil veintiuno, fue nombrada por el pleno de ese tribunal como secretaria de acuerdos de la sala mencionada la licenciada Adriana Arcega Ordoñez, para que tramite y resuelva asuntos de ese órgano. De ahí que, esos extremos se estiman suficientes para establecer que en el caso no existe la vulneración alegada por la parte quejosa, en contravención a lo que prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se hace esta afirmación, debido a que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye el derecho de acceso a la justicia mediante tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, de manera pronta completa, imparcial y gratuita. Empero, la tutela judicial efectiva también implica que la impartición de justicia sea mediante un juez competente, en concordancia con el citado artículo 8º, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, la omisión de resolver el incidente relativo al juicio de nulidad 35/2020 atiende a cuestiones justificables, esto es, en primer lugar, por la declaración de días inhábiles y suspensión de plazos procesales, de conformidad con lo dispuesto a los diversos acuerdos emitidos por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con motivo de la contingencia sanitaria que acontece en el país; en segundo lugar, por la actividad procesal que tuvo la parte actora en el mencionado cuaderno y, finalmente, porque la autoridad responsable fue habilitada como encargada de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca y las facultades conferidas se ciñen única y exclusivamente a emitir acuerdos y realizar el trámite de las diligencias pendientes. Por lo expuesto, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por la quejosa Sidi Ramírez Olivera, contra el acto reclamado a la actuaria de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. Sexto. Publicación de la sentencia. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por (..:) contra el acto reclamado a la actuaria de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, consistentes en la omisión de acordar su escrito de ocho de diciembre de dos mil veinte, recibido el nueve del mismo mes y año; en términos del considerando tercero de esta sentencia. Segundo. La justicia de la unión no ampara ni protege a (.) , contra el diverso acto reclamado, consistente en la omisión de resolver el cuaderno de suspensión relativo al juicio de nulidad 35/2020, por las razones contenidas en el penúltimo considerando de la presente determinación. Tercero. En su oportunidad, dese cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE; Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    En el Municipio de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las nueve horas con dos minutos del trece de abril de dos mil veintiuno, la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, licenciada D. Guadalupe Reyes García, en funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiocho de enero de dos mil veinte, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/326/2020 de la misma fecha, signado por el Secretario Técnico de la Comisión citada; con el(la) Secretario(a) licenciado(a) Concepción Aragón Santiago, que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional, sin asistencia de las partes, vía remota, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2 (COVID- 19), reformado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso acuerdo 1/2021 del aludido pleno. Relación de constancias. La secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran a) la demanda de amparo promovida por Sidi Ramírez Olivera y c) el informe justificado rendido por la autoridad responsable, entre otras; asimismo, da cuenta con la certificación que antecede. También, se hace constar que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales, como se les previno en auto admisorio. Enseguida, la secretaria en funciones acuerda: a) Téngase por hecha la relación de constancias que antecede y certificación correspondiente, para los efectos legales procedentes. b) Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. Etapa probatoria. Acto continuo, abierta la fase probatoria en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que las partes ofrecieron como pruebas, las siguientes: La parte quejosa. La documental consistente en: 1. Escrito de ocho de diciembre de dos mil veinte, con sello de recibido de nueve del mismo mes y año por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca y sus anexos relativos. 2. Copia simple del acuerdo emitido el tres de marzo de dos mil veinte, en el cuaderno de suspensión relativo al juicio de nulidad 35/2020, por el titular de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, 3. Presuncional legal y humana. 4. Instrumental de actuaciones. Por su parte, la autoridad responsable: actuaria habilitada autorizada por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, para tramitar y desahogar diligencias de los asuntos que se llevan en la Sexta Sala Unitaria, remitió copia certificada del: 5) Del cuaderno de suspensión relativo al juicio de nulidad 35/2020. 6) Oficio TJAO/SGA/01/2021, de cuatro de enero de dos mil veintiuno. Acto continuo, la secretaria en funciones acuerda: Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo se admiten las pruebas documentales, las que se desahogan por su propia naturaleza; con ello se cierra esta etapa. Fase de alegatos. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que las partes no los expresaron, por lo que la secretaria en funciones acuerda: como no se formularon alegatos, se cierra dicho periodo y se procede a dictar la siguiente resolución: LA SECRETARIA EN FUNCIONES DE JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA LIC. D. GUADALUPE REYES GARCÍA. LA SECRETARIA DE JUZGADO Lic. CONCEPCIÓN ARAGÓN SANTIAGO. CONCEPCION ARAGON LA PRESENTE DILIGENCIA SE PUBLICA HOY DEBIDO A QUE SE AUTORIZÓ EL DOS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO)

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